Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.

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Zona liberada en jurisdicción Comisaría 44

23 01 2019

La Alameda con los vecinos viene denunciando el incremento del delito desde las fiestas de navidad a la fecha.

Por eso el móvil desde la parroquia donde nos organizamos, Nuestra Señora de La Salud, y desde el canal, Gustavo Vera.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli sigue haciendo agua en seguridad porque siguen pactando con la corrupción y las mafias que organizan el delito.





Extinción de dominio: El decreto de Macri es inconstitucional e inútil 

22 01 2019

La opinión de Gustavo Vera, coordinador nacional de la Multisectorial 21 F y titular de la Alameda, tras el decreto por la extinción de dominio del presidente Macri. 

  1. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que no se puede modificar el código penal por un decreto y mucho menos darle un carácter retroactivo, lo cual violenta una regla general del derecho. Además es incongruente que habiendo una ley en estado parlamentario sobre el mismo tema, se use el argumento de la “necesidad y urgencia” que obviamente no corresponde porque el poder legislativo está trabajando sobre el punto.
  2. El artículo 23 del código penal y el artículo 233 del código procesal penal ya permiten incautar y reutilizar los bienes depositandolos en personas físicas o jurídicas e incluso reintegrarlos si la sentencia judicial firme va en dirección contraria al procesamiento inicial. El gobierno sabe que cuenta con esta herramienta con colaboración del poder judicial y respetando plenamente derechos, garantías y el cuerpo legal penal argentino. El decreto de ayer es pura demagogia.

    Ferrari incautada

  3. Los reparos que tuvo el gobierno para avanzar con la actual legislación sobre los bienes de los corruptos amparados en la “presunción de inocencia” resultan incoherentes cuando el mismo gobierno apoya fervientemente avanzar sobre la libertad de las personas procesadas, pero que no tienen una sentencia judicial firme. Hasta el momento el gobierno, en la práctica solo reconoce la presunción de inocencia en los bienes materiales, pero no en la libertad de las personas.
  4. En los bienes en los que se avanzó por disposición del gobierno como, por ejemplo, una Ferrari o los aviones de Lázaro Baez al que la ministra de seguridad Patricia Bullrich le pone calcamonías alusivas a “bienes recuperados a la corrupción” no tienen ninguna utilidad concreta y encima le cuestan al estado dinero en mantenerlos en buenas condiciones (algo que la misma ley le exige hasta tanto no haya sentencia judicial definitiva y disposición final del bien). Por tanto, es falso que el decreto que impulsa el gobierno permita hacer ingresar dinero al Estado, cuando más bien ocurre al revés. Lo más probable es que se use el decreto con sentido discrecional para hacer circo y demagogia electoral.

    El avión incautado

  5. En el marco de la legislación vigente es posible reutilizar masivamente miles de bienes incautados ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y si el gobierno no lo ha hecho es porque no tiene el más mínimo interés en el bien común. Cementerios de autos en distritos del conurbano, cientos de propiedades de delincuentes sin uso, campos y talleres clandestinos clausurados por trabajo esclavo, avionetas capturadas y vinculadas al narcotráfico que se pudren sin uso alguno son claros ejemplos de que pese a que el gobierno podía legalmente disponer de ellas, no tenía interés alguno en avanzar sobre la reparación a la sociedad y mucho menos a las víctimas directas de estos flagelos. Es muy claro que el decreto solo persigue instalar la idea de que los únicos bienes a recuperar por la corrupción son los de aquellos que eventualmente hayan cometido delitos del gobierno anterior, pero no del crimen organizado en general. Y tiene su lógica, a Macri, que hizo su campaña lavando dinero de aportantes truchos, amigo del procesado Raúl Martins, el esposo de la regenteadora de talleres clandestinos, Juliana Awada y con parentela entre el clan Macrí perteneciente a la mafia calabresa de la ‘Ndrangheta le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.




Acuña, Grindetti y Kravetz denunciados por lavado y enriquecimiento

26 09 2018

Ministra de Educación, Soledad Acuña

Por asociación ilícita, enriquecer su patrimonio e ingresar dinero ilícito en actividades legales es que la Fundación Alameda, con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos, denunció a la ministra de Educación porteña, al intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño y a su secretario de seguridad y jefe de gabinete.

Maria Soledad Acuña (ministra de Educación porteña), Néstor Osvaldo Grindetti (intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño) y Diego Gabriel Kravetz (secretario de seguridad y jefe de gabinete de Lanús) armaron encuestas y auditorías desde el Gobierno porteño que resultan ser falsas y así se transfirieron millones de pesos de los contribuyentes a sus propias cuentas bancarias.

Este método de corrupción fue investigado y denunciado por un miembro de la Fundación Alameda, Lucas Manjon, con el patrocinio de Daniel Llermanos. Este miércoles a la mañana se presentó la causa judicial que recayó en el juez federal Marcelo Mártinez Di Giorfi y el fiscal Eduardo Taiano.

Kravetz y Grindetti

Por cuatro delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos fueron denunciados a partir de descubrir que Kravetz fundó dos empresas “Signica SRL” y “Scipema SA”. La primera empresa constituida en el año 2012 junto a su histórica jefe de prensa de nacionalidad norteamericana, Mariana Feuermann, donde Signica SRL dice tener como objetivo brindar servicios de consultoría, asesoramiento e información, tanto a personas físicas como jurídicas, para la gestión, campañas electorales o comunicacionales. La consultora cuenta con una sola empleada, Susana René López, la cual ingresó formalmente a la empresa en noviembre de 2013, y quien además es empleada de la Legislatura Porteña desde febrero de 2007 hasta la actualidad.

Signica SRL entre el 2012 y 2014 facturó al Gobierno porteño por relevamientos e informes un total de 4.055.722 pesos. Los dos últimos contratos fueron aprobados por el entonces titular de la cartera de Hacienda o intendente Grindetti e implicaron un valor de 1.8868.322 pesos, y fueron pagados pocos días antes de finalizar las funciones de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

La contratación se dividió en dos partes para no tener que pasar por los controles establecidos por el mismo Gobierno de la Ciudad: una primera contratación por 895.966 pesos (Resolución 1529/15) por un “Estudio de Satisfacción de Contribuyentes sobre los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

La segunda contratación bajo la (Resolución 1624/15) por 972.356 pesos para generar “Estudios de Percepción y Responsabilidad Tributaria, de satisfacción de proveedores del gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires y de imagen del Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

Otra de las particularidades en estas contrataciones es que para brindar esos “servicios” pujaron dos empresas más: “Trespuntozero” y “Fundación Tercer Milenium”. La empresa “Trespuntozero” registra el mismo número de teléfono que registra la empresa de Kravetz y Feuermann Signidica SRL.

Para la Alameda una empresa con un solo empleado pueda realizar una consultoría para el Gobierno porteño es motivo de investigación judicial sumado a que las empresas que “compiten” entre sí comparten el mismo número de teléfono.

MINISTRA MILLONARIA DOCENTES EMPOBRECIDOS

En el año 2011, Kravetz mantenía una relación personal con la entonces Subsecretaria de Promoción Social porteña y actual ministra de Educación, María Soledad Acuña. Mientras a los docentes le niega un salario digno, Acuña incrementó de manera exponencial su patrimonio, alcanzando un 368 por ciento nominal del año 2016 al año 2017.

Desde la Alameda se accedió al Registro de la Propiedad Inmueble (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y resulta la ministra y el secretario de Seguridad de Lanús en el 2016 accedieron a una propiedad en la calle Cabello 3329 “UF: 33”, barrio de Recoleta, de la Ciudad de Buenos Aires.

Acuña cobra del Gobierno porteño hace una década. En la declaración jurada presentada en el 2016, la ministra declara un salario anual neto de 496.023. Registra una propiedad en el barrio de Nuñez, del cual es propietaria en un 50 por ciento y el cual fue adquirido por 244.125 pesos. En la misma declaración jurada del año 2016, refiere tenencias de dinero en efectivo por 125.000 pesos y 3.500 dólares estadounidenses.

En el 2017 la ministra dejó asentado en su declaración jurada que su salario anual neto de 638.836 (seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis) pesos. Ya no declara la propiedad de la cual era propietaria del 50 por ciento en el barrio porteño de Núñez, siendo el mismo enajenado en dólares en el año 2017; pero si declara la titularidad del 50 por ciento un departamento de 195 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue adquirido en el año 2016 a través de ingresos propios y un crédito. Según el informe del Registro de la Propiedad de Inmueble, esta propiedad sería la adquirida en conjunto con Diego Kravetz. La valuación del inmueble es declarado en 955.411 (novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos once) pesos y adquirido por la actual ministra en 2.850.000 (dos millones ochocientos cincuenta mil) pesos.

También en la declaración jurada se puede apreciar dos inmuebles más: una cochera de 8 metros cuadrados adquirida en 2016, de la cual la ministra es la titular del 50 por ciento y que sobre la misma, declara una valuación de 8.579 (ocho mil quinientos setenta y nueve) pesos. Por último, un terreno adquirido en 2017 en la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 902 (novecientos dos) metros cuadrados, con un valor de adquisición declarado en 813.020 (ochocientos trece mil veinte) pesos.

Asimismo, Acuña es titular de tres cajas de ahorro en pesos y dólares. Las cuentas bancarias en pesos alcanzan los 107.684 (ciento siete mil seiscientos ochenta y cuatro mil) pesos y una en dólares por un total de 14.385 (catorce mil trescientos ochenta y cinco) dólares.-

La Ministra de Educación registra un crédito hipotecario en pesos para la adquisición de sus inmuebles. Según el registro crediticio de septiembre de 2016 poseía deudas con el Banco Santander Río y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por 213.400 (doscientos trece mil cuatrocientos) pesos. Solo alcanza un pico de endeudamiento con las entidades financieras en diciembre de 2017 con 244.000 (doscientos cuarenta y cuatro mil) pesos.

La organización ilícita de Kravetz, Acuña y Grindetti fue cuidadosamente diseñada con la finalidad de obtener dinero de las arcas públicas de la Ciudad.





Corrupción PRO en un coloquio internacional e interreligioso

20 08 2018

Tamara Rosenberg al micrófono y en las pantallas la cifra de las campañas corruptas

Tamara Rosenberg, de la Alameda, expuso sobre el financiamiento ilegal de las campañas de Cambiemos en un coloquio organizado por la Academia de Ciencias del Vaticano.

La corrupción es el debate central de un nuevo capítulo entre las importantes personalidades políticas y religiosas que conforman Ética en la Acción, un grupo que impulsa la Academia de Ciencias del Vaticano, que encabeza moseñor Marcelo Sánchez Sorondo.

En la localidad de Alpbach, en Austria, hoy lunes 20 por la tarde europea, por el país del Papa Francisco expuso Tamara Rosenberg, miembro de la Fundación Alameda.

El financiamiento ilegal de la política en las últimas campañas de Cambiemos, la alianza gobernante, fue la exposición de Rosenberg quien acompañó su discurso de 15 minutos junto a un didáctico power point para mayor comprensión de los cardenales, rabino, musulmanes, asesores de Naciones Unidas y demás presentes en este coloquio que hace eje en la corrupción.

Monseñor Sánchez Sorondo, Sachs de la ONU y cardenal Rodríguez Madariaga

Mañana martes 21 expondrá el titular de la Alameda. Gustavo Vera informará sobre diversas causas penales que investigan la relación de funcionarios estatales con el tráfico humano para la explotación laboral o sexual y el narcotráfico.

Las personalidades más destacadas que escucharon la corrupción de los integrantes del gobierno argentino se encuentra el cardenal hondureño y líder del Concejo de los 9 para la reforma del Vaticano, Oscar Rodríguez Madariaga. Asimismo el Director Internacional de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano, rabino David Rosen; el asesor personal del titular de las Naciones Unidas, Jeffrey Sachs; el secretario general del Comité de Diálogo Nacional Cristiano Libano, Mohammad Sammak; el obispo metropolitano de la iglesia ortodoxa griega, John Zizioulas; el reverendo Kosho Niwano, y diversas ong’s como Transparencia Internacional, como universidades estadounidenses, de Alemania.

El discurso completo de Tamara Rosenberg:

Hoy les voy a presentar un caso de corrupción que involucra nada más y nada menos que al actual gobierno argentino: tanto a nivel nacional, como de sus principales distritos como son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Bs. As.

María Eugenia Vidal actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Elisa Carrió diputada por la ciudad y Graciela Ocaña diputada nacional por la provincia de buenos aires se muestran y son presentadas en los grandes medios de comunicación argentinos como las corajudas que luchan contra la corrupción.

Sin embargo algo hizo que esto sea cuestionado. Es que se descubrió que las campañas que estas señoras encabezaron, fueron financiadas en base a un claro hecho de corrupción. Ellas y también el presidente argentino, llevaron adelante sus campañas políticas para acceder al gobierno, a través de un calculado mecanismo ilegal de ocultamiento de millones de pesos a través del robo masivo identidad. Algunos de dichos mecanismos explicare más adelante.

Desde La Alameda, denunciamos penalmente estos hechos ante un juzgado federal, como asociación ilícita, lavado de dinero y robo de identidad. Hemos presentado innumerables pruebas a la justicia, basadas en testimonios de cientos de personas que fueron utilizadas como aportantes “truchos” para financiar la campaña con dinero de dudosa proveniencia.

La investigación que llevo a la presentación de esta causa judicial en la que denunciamos graves hechos de corrupción, se inició a partir de una investigación periodística por la cual se descubrió que personas en situación de pobreza absoluta , beneficiarios de planes sociales y socios de cooperativas utilizadas por el estado para precarizar a los trabajadores, figuraban en los listados oficiales presentados por la alianza partidaria gobernante en la provincia de buenos Aires como habiendo aportado entre 500 y 2000 pesos en algunos casos. Luego aparecieron candidatos que habían estado en las listas de cambiemos, también figuraban como apostantes de entre 15.000 y 50.000 pesos, y negaban haberlo hecho.

 A partir de esta situación la alameda tomó el tema y desarrollo una aplicación virtual, un buscador que permitiera a quien lo desee verificar si también figuraba en esos listados como habiendo aportado dinero para la campaña. Fue tal el impacto que esto género, que en pocos días más de 2 millones de personas utilizaron la aplicación y nos convirtieron durante dos semanas en un call center anticorrupción que demostró que estos mecanismos no eran sólo para la campaña de uno de los distritos más importantes de la argentina, sino que era un modus operandi de larga data:

Por el momento tenemos datos de las campañas de 2015 a nivel nacional y de las campañas 2017 a nivel provincial y ciudad de buenos aires en total estamos hablando de 214 millones de pesos que se utilizaron para financiar las campañas del actual gobierno. ese dinero no fue aportado de ninguna manera, ni por beneficiarios de planes sociales, ni por jubilados a los que apenas les alcanza su jubilación para sobrevivir, ni por empleados del estado, como figuran en los listados oficiales.

Si bien le cabe a la justicia investigar la procedencia de ese dinero, a partir de todos los testimonios recibidos, y de cruce de datos e información, estamos en condiciones de decir que ese dinero provino de diversas fuentes: del mismo estado, que hizo figurar pagos extras a empleados a los que luego se les pidió que devuelvan ese dinero para la campaña,  de empresas contratistas del estado que por la ley de financiamiento de los partidos políticos tienen prohibido aportar, pero que necesitan colaborar para luego poder obtener contratos millonarios con el estado  en forma fraudulenta, estas empresas hicieron figurar a decenas de sus empleados como aportantes, muchos de los cuales se contactaron con nosotros para denunciar y aportar pruebas a la justicia, y no podemos descartar que además provenga de negocios ilícitos del crimen organizado.

Entonces vemos que además de investigar la procedencia del dinero blanqueado a través de aportantes truchos, hay también un abuso de poder de funcionarios que facilitaron el robo de identidad de organismos públicos.

Nos duele que el partido gobernante haya accedido al poder prometiendo transparencia y luchar contra la corrupción, promoviendo la esperanza de los ciudadanos, cuando la realidad nos muestra que hicieron todo lo contrario. Pero Hoy la ciudadanía en una gran proporción esta no solo decepcionada e indignada frente a estos hechos, sino que lo más importante para nosotros es que está involucrada para descubrir la gran estafa que llevo adelante el gobierno de cambiemos que dijo también que iba a combatir la pobreza, y utilizo a los pobres para encubrir un financiamiento ilegal de sus campañas. Todo esto además fue posible porque si bien la ley indica que los aportes deben ser bancarizados, en sus rendiciones económicas Cambiemos informo que el 90 % de los aportes fueron realizados en efectivo, con lo cual se buscó deliberadamente encubrir quien lo aportó realmente.

Cabe destacar que ninguno de los funcionarios involucrados se puso a disposición de la justicia para esclarecer estos hechos, la gobernadora solo pidió la renuncia de una contadora de su máxima confianza y mando a realizar una auditoría interna que tiene nula validez. Siendo que María Eugenia Vidal es presidenta del partido y por la ley financiamiento de los partidos políticos es también responsable.

Nunca la gobernadora bonaerense explicó el origen de su millonaria campaña que alcanzó casi 80 millones de pesos en efectivo, y esta cifra es sólo lo declarado en la Cámara Nacional Electoral.

La Alameda denunció el lavado de dinero, asociación ilícita y los robos de identidad como los delitos más graves, que exceden a la justicia electoral que son delitos de menor peso en cuanto a la condena que le corresponde.

Nadie puede responder al pueblo y el bien de su comunidad si se financió de las coimas, la venta de drogas, la trata sexual, la esclavitud laboral, el tráfico de bebés y la venta de órganos.

 Nosotros creemos que la política es la más alta caridad al servicio del ser humano como reiteradas veces nos dijo el Papa Francisco y está claro que esto se opone a los mecanismos corruptos de nuestros gobernantes.

muchas gracias!





Ampliamos denuncia contra Ocaña

14 05 2018

La casa no declarada

Una casa en el balneario Mar de Las Pampas provincia de Buenos Aires fue oculta de su declaración jurada. La diputada nacional Graciela Ocaña dice que donó la casa a las hijas de su pareja, dos de ellas empleadas en el PAMI cuando ella fue interventora.

La diputada nacional Graciela Ocaña, dueña de varias propiedades una de ellas en un costoso country, ahora es investigada por una nueva propiedad. A una cuadra del mar, más precisamente en la calle Petrel, entre Albatros y Almirante Brown, en el balneario de Mar de Las Pampas, en la provincia de Buenos Aires, tiene su casa y lo ocultó de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Gustavo Vera, titular de la Alameda, junto a su abogado patrocinante Daniel Llermanos, amplió la denuncia penal contra Ocaña investigada por enriquecimiento ilícito, falsear su declaración jurada e incompatibilidad del funcionario público.

El Fiscal Federal, Jorge Di Lello hace un mes imputó a Ocaña en la causa Nº 2809/2018 caratulada “OCAÑA, MARIA GRACIELA s/Enriquecimiento ilicito (art.268 inc.2), Negociaciones incompatibles (art.265) y Enriquecimiento ilícito (art 268 (3)”. El Juzgado Federal que interviene se encuentra a cargo de Julián Ercolini.

Tras conocerse la denuncia Ocaña aseguró que les donó la casa a las hijas de su pareja, Nancy Elena Amado y Cecilia Beatriz Amado, ambas empleadas del PAMI de la época que fue interventora. Lo que no explicó la diputada de Cambiemos que ellas no la compraron con sus propios ingresos sino que justamente fue una donación que hizo con su pareja, Juan Elías Amado, con quien se encuentran en concubinato hace años.

El denunciante busca conocer por la justicia como la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y antes colega suya en la Legislatura porteña, mantiene tres inmuebles (uno de ellos en un barrio privado de altos costos mensuales), autos y un patrimonio que alcanza los 5 millones de pesos, cuando hace veinte años recibe ingresos por ocupar cargos en el estado, y su pareja es jubilado.





Vera en el programa de Legrand

16 04 2018

Este sábado 14 de abril, en el programa de Mirtha Legrand, en canal 13, estuvo el titular de la ong Alameda.

Gustavo Vera en controversia con el jefe del bloque Cambiemos en la Cámara de Diputados Nacional, Nicolás Massot, este reconoció que le gustaría un sueldazo de 300 mil pesos los diputados, todo lo contrario a la práctica de Vera que siendo legislador porteño devolvió el 60 por ciento de su sueldo todos los meses.

También habló de corrupción, narcotráfico, trata, economía, y el rol de los servicios de inteligencia en operaciones políticas.