Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

Resultado de imagen para macri y aportantes truchos

Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.

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Ratificamos denuncia contra Acuña, Grindetti y Kravetz

18 10 2018

Por asociación ilícita, enriquecer su patrimonio e ingresar dinero ilícito en actividades legales es que la Fundación Alameda, con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos, ratificó la denuncia contra la ministra de Educación porteña, el intendente de Lanús y a su secretario de seguridad y jefe de gabinete.

En el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, este miércoles 17 de octubre, es que Lucas Manjon, miembro de la Fundación Alameda, ratificó la denuncia penal contra Soledad Acuña, ministra de Educación porteña; Néstor Grindetti, intendente de Lanús y a su secretario de Seguridad y Jefe de Gabinete, Diego Kravetz.

A estos tres funcionarios se los acusa de asociación ilícita, enriquecer su patrimonio e ingresar dinero ilícito en actividades legales. Para sostener la demanda, es que a través del abogado Daniel Llermanos, se presentó el listado de todas las propiedades que comparten entre sí Acuña, Kravetz y su actual mujer. Además las constancias de las falsas licitaciones avaladas por Grindetti para ganar contratos millonarios a través de la empresa de su actual jefe de gabinete. Todo esto ocurrió diez días antes de dejar la cartera de Hacienda porteña en el período que Mauricio Macri era Jefe de Gobierno.

El fiscal Jorge Taiano es quien debe imputar a los funcionarios denunciados.

Los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos surgen porque Kravetz fundó dos empresas llamadas “Signica SRL” y “Scipema SA”.

La primera empresa constituida en el año 2012 junto a su histórica jefe de prensa de nacionalidad norteamericana, Mariana Feuermann, donde Signica SRL dice tener como objetivo brindar servicios de consultoría, asesoramiento e información, tanto a personas físicas como jurídicas, para la gestión, campañas electorales o comunicacionales. La consultora cuenta con una sola empleada, Susana René López, la cual ingresó formalmente a la empresa en noviembre de 2013, y quien además es empleada de la Legislatura Porteña desde febrero de 2007 hasta la actualidad.

Signica SRL entre el 2012 y 2014 facturó al Gobierno porteño por relevamientos e informes un total de 4.055.722 pesos. Los dos últimos contratos fueron aprobados por el entonces titular de la cartera de Hacienda o intendente Grindetti e implicaron un valor de 1.8868.322 pesos, y fueron pagados pocos días antes de finalizar las funciones de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

La contratación se dividió en dos partes para no tener que pasar por los controles establecidos por el mismo Gobierno de la Ciudad: una primera contratación por 895.966 pesos (Resolución 1529/15) por un “Estudio de Satisfacción de Contribuyentes sobre los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

La segunda contratación bajo la (Resolución 1624/15) por 972.356 pesos para generar “Estudios de Percepción y Responsabilidad Tributaria, de satisfacción de proveedores del gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires y de imagen del Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.-

Otra de las particularidades en estas contrataciones es que para brindar esos“servicios” pujaron dos empresas más: “Trespuntozero” y “Fundación Tercer Milenium”. La empresa “Trespuntozero” registra el mismo número de teléfono que registra la empresa de Kravetz y Feuermann Signidica SRL.

Para la Alameda una empresa con un solo empleado pueda realizar una consultoría para el Gobierno porteño es motivo de investigación judicial sumado a que las empresas que “compiten” entre sí comparten el mismo número de teléfono.

MINISTRA MILLONARIA DOCENTES EMPOBRECIDOS

En el año 2011, Kravetz mantenía una relación personal con la entonces Subsecretaria de Promoción Social porteña y actual ministra de Educación, María Soledad Acuña. Mientras a los docentes le niega un salario digno, Acuñaincrementó de manera exponencial su patrimonio, alcanzando un 368 por ciento nominal del año 2016 al año 2017.

Desde la Alameda se accedió al Registro de la Propiedad Inmueble (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y resulta la ministra y el secretario de Seguridad de Lanús en el 2016 accedieron a una propiedad en la calle Cabello 3329 “UF: 33”, barrio de Recoleta, de la Ciudad de Buenos Aires.

Acuña cobra del Gobierno porteño hace una década. En la declaración jurada presentada en el 2016, la ministra declara un salario anual neto de 496.023. Registra una propiedad en el barrio de Nuñez, del cual es propietaria en un 50 por ciento y el cual fue adquirido por 244.125 pesos. En la misma declaración jurada del año 2016, refiere tenencias de dinero en efectivo por 125.000 pesos y 3.500 dólares estadounidenses.

En el 2017 la ministra dejó asentado en su declaración jurada que su salario anual neto de 638.836 (seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis) pesos. Ya no declara la propiedad de la cual era propietaria del 50 por ciento en el barrio porteño de Núñez, siendo el mismo enajenado en dólares en el año 2017; pero si declara la titularidad del 50 por ciento un departamento de 195 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue adquirido en el año 2016 a través de ingresos propios y un crédito. Según el informe del Registro de la Propiedad de Inmueble, esta propiedad sería la adquirida en conjunto con Diego Kravetz. La valuación del inmueble es declarado en 955.411 (novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos once) pesos y adquirido por la actual ministra en 2.850.000(dos millones ochocientos cincuenta mil) pesos.-

También en la declaración jurada se puede apreciar dos inmuebles más: una cochera de 8 metros cuadrados adquirida en 2016, de la cual la ministra es la titular del 50 por ciento y que sobre la misma, declara una valuación de 8.579(ocho mil quinientos setenta y nueve) pesos. Por último, un terreno adquirido en 2017 en la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 902(novecientos dos) metros cuadrados, con un valor de adquisición declarado en 813.020 (ochocientos trece mil veinte) pesos.

Asimismo, Acuña es titular de tres cajas de ahorro en pesos y dólares. Las cuentas bancarias en pesos alcanzan los 107.684 (ciento siete mil seiscientos ochenta y cuatro mil) pesos y una en dólares por un total de 14.385 (catorce mil trescientos ochenta y cinco) dólares.-

La Ministra de Educación registra un crédito hipotecario en pesos para la adquisición de sus inmuebles. Según el registro crediticio de septiembre de 2016 poseía deudas con el Banco Santander Río y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por 213.400 (doscientos trece mil cuatrocientos) pesos. Solo alcanza un pico de endeudamiento con las entidades financieras en diciembre de 2017 con 244.000 (doscientos cuarenta y cuatro mil) pesos.

La organización ilícita de Kravetz, Acuña y Grindetti fue cuidadosamente diseñada con la finalidad de obtener dinero de las arcas públicas de la Ciudad.





Acuña, Grindetti y Kravetz denunciados por lavado y enriquecimiento

26 09 2018

Ministra de Educación, Soledad Acuña

Por asociación ilícita, enriquecer su patrimonio e ingresar dinero ilícito en actividades legales es que la Fundación Alameda, con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos, denunció a la ministra de Educación porteña, al intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño y a su secretario de seguridad y jefe de gabinete.

Maria Soledad Acuña (ministra de Educación porteña), Néstor Osvaldo Grindetti (intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño) y Diego Gabriel Kravetz (secretario de seguridad y jefe de gabinete de Lanús) armaron encuestas y auditorías desde el Gobierno porteño que resultan ser falsas y así se transfirieron millones de pesos de los contribuyentes a sus propias cuentas bancarias.

Este método de corrupción fue investigado y denunciado por un miembro de la Fundación Alameda, Lucas Manjon, con el patrocinio de Daniel Llermanos. Este miércoles a la mañana se presentó la causa judicial que recayó en el juez federal Marcelo Mártinez Di Giorfi y el fiscal Eduardo Taiano.

Kravetz y Grindetti

Por cuatro delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos fueron denunciados a partir de descubrir que Kravetz fundó dos empresas “Signica SRL” y “Scipema SA”. La primera empresa constituida en el año 2012 junto a su histórica jefe de prensa de nacionalidad norteamericana, Mariana Feuermann, donde Signica SRL dice tener como objetivo brindar servicios de consultoría, asesoramiento e información, tanto a personas físicas como jurídicas, para la gestión, campañas electorales o comunicacionales. La consultora cuenta con una sola empleada, Susana René López, la cual ingresó formalmente a la empresa en noviembre de 2013, y quien además es empleada de la Legislatura Porteña desde febrero de 2007 hasta la actualidad.

Signica SRL entre el 2012 y 2014 facturó al Gobierno porteño por relevamientos e informes un total de 4.055.722 pesos. Los dos últimos contratos fueron aprobados por el entonces titular de la cartera de Hacienda o intendente Grindetti e implicaron un valor de 1.8868.322 pesos, y fueron pagados pocos días antes de finalizar las funciones de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

La contratación se dividió en dos partes para no tener que pasar por los controles establecidos por el mismo Gobierno de la Ciudad: una primera contratación por 895.966 pesos (Resolución 1529/15) por un “Estudio de Satisfacción de Contribuyentes sobre los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

La segunda contratación bajo la (Resolución 1624/15) por 972.356 pesos para generar “Estudios de Percepción y Responsabilidad Tributaria, de satisfacción de proveedores del gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires y de imagen del Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

Otra de las particularidades en estas contrataciones es que para brindar esos “servicios” pujaron dos empresas más: “Trespuntozero” y “Fundación Tercer Milenium”. La empresa “Trespuntozero” registra el mismo número de teléfono que registra la empresa de Kravetz y Feuermann Signidica SRL.

Para la Alameda una empresa con un solo empleado pueda realizar una consultoría para el Gobierno porteño es motivo de investigación judicial sumado a que las empresas que “compiten” entre sí comparten el mismo número de teléfono.

MINISTRA MILLONARIA DOCENTES EMPOBRECIDOS

En el año 2011, Kravetz mantenía una relación personal con la entonces Subsecretaria de Promoción Social porteña y actual ministra de Educación, María Soledad Acuña. Mientras a los docentes le niega un salario digno, Acuña incrementó de manera exponencial su patrimonio, alcanzando un 368 por ciento nominal del año 2016 al año 2017.

Desde la Alameda se accedió al Registro de la Propiedad Inmueble (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y resulta la ministra y el secretario de Seguridad de Lanús en el 2016 accedieron a una propiedad en la calle Cabello 3329 “UF: 33”, barrio de Recoleta, de la Ciudad de Buenos Aires.

Acuña cobra del Gobierno porteño hace una década. En la declaración jurada presentada en el 2016, la ministra declara un salario anual neto de 496.023. Registra una propiedad en el barrio de Nuñez, del cual es propietaria en un 50 por ciento y el cual fue adquirido por 244.125 pesos. En la misma declaración jurada del año 2016, refiere tenencias de dinero en efectivo por 125.000 pesos y 3.500 dólares estadounidenses.

En el 2017 la ministra dejó asentado en su declaración jurada que su salario anual neto de 638.836 (seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis) pesos. Ya no declara la propiedad de la cual era propietaria del 50 por ciento en el barrio porteño de Núñez, siendo el mismo enajenado en dólares en el año 2017; pero si declara la titularidad del 50 por ciento un departamento de 195 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue adquirido en el año 2016 a través de ingresos propios y un crédito. Según el informe del Registro de la Propiedad de Inmueble, esta propiedad sería la adquirida en conjunto con Diego Kravetz. La valuación del inmueble es declarado en 955.411 (novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos once) pesos y adquirido por la actual ministra en 2.850.000 (dos millones ochocientos cincuenta mil) pesos.

También en la declaración jurada se puede apreciar dos inmuebles más: una cochera de 8 metros cuadrados adquirida en 2016, de la cual la ministra es la titular del 50 por ciento y que sobre la misma, declara una valuación de 8.579 (ocho mil quinientos setenta y nueve) pesos. Por último, un terreno adquirido en 2017 en la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 902 (novecientos dos) metros cuadrados, con un valor de adquisición declarado en 813.020 (ochocientos trece mil veinte) pesos.

Asimismo, Acuña es titular de tres cajas de ahorro en pesos y dólares. Las cuentas bancarias en pesos alcanzan los 107.684 (ciento siete mil seiscientos ochenta y cuatro mil) pesos y una en dólares por un total de 14.385 (catorce mil trescientos ochenta y cinco) dólares.-

La Ministra de Educación registra un crédito hipotecario en pesos para la adquisición de sus inmuebles. Según el registro crediticio de septiembre de 2016 poseía deudas con el Banco Santander Río y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por 213.400 (doscientos trece mil cuatrocientos) pesos. Solo alcanza un pico de endeudamiento con las entidades financieras en diciembre de 2017 con 244.000 (doscientos cuarenta y cuatro mil) pesos.

La organización ilícita de Kravetz, Acuña y Grindetti fue cuidadosamente diseñada con la finalidad de obtener dinero de las arcas públicas de la Ciudad.





Video: Los falsos aportantes a la campaña de Cambiemos

22 06 2018

El único programa de la televisión que dedicó unos minutos a la denuncia por los falsos aportantes de la última campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Habrá ampliación de la causa penal porque este domingo 24 de junio, a partir de las 21 hs, el periodista Juan Amorín en el Destape Web va dar a conocer más personas que figuran como aportantes de campañas sin saberlo.





Trapitos: el PRO baja las penas

26 01 2016

trapitos

El legislador porteño Gustavo Vera de Bien Común, el partido de la Alameda, habló del proyecto de trapitos del macrista Cristina Ritondo presentado el año pasado. “Hace demagogia ya que existen leyes para perseguir a las barras bravas de los clubes que controlan a los trapitos mucho más fuertes que una contravención. Pero buscan con este proyecto decir que ellos van contra los trapitos y en realidad nunca atacan a los grupos de choques de los clubes que controlan a los excluidos  sociales”.

Y agregó “ya que los jueces nacionales y policía federal no quieren enfrentarse a las barras y los grupos organizados debería votarse la transferencia de los delitos al Poder judicial de la Ciudad para aplicar lo que hoy señala la ley de Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal) y extorsión (art. 168 del Código Penal)”.

La ley de Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal) “impone reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población”.

Mientras que la extorsión (art. 168 del Código Penal) “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Mientras que el proyecto PRO que impulsa Ritondo (proyecto 2726/13) transforma el delito penal en mera contravención. La baja de la penalidad es notable. Ya que se habla de penalizar con 1 a 5 días de arresto y multas de 200 pesos a 2 mil pesos.

En la propuesta de Ritondo se habla del artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad, en el que señala “cuidar coches, limpiar vidrios o prestar otros servicios sin  autorización legal. Quien ofrece de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios no requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de arresto o multa de doscientos ($200) a dos mil ($2000) pesos”.

Mientras que en el artículo artículo 4º del proyecto del vicepresidente 1º de la Legislatura se cambia el Artículo 52 del Código Contravencional de la Ciuda “Hostigar. Maltratar. Intimidar. Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con cinco (5) a veinte (20) días de arresto”.





Trapitos: el PRO baja las penas

11 12 2014

trapitos

El legislador porteño Gustavo Vera del partido Bien Común habló del proyecto de trapitos del macrista Cristina Ritondo. “Hace demagogia ya que existen leyes para perseguir a las barras bravas de los clubes que controlan a los trapitos mucho más fuertes que una contravención. Pero buscan con este proyecto decir que ellos van contra los trapitos y en realidad nunca atacan a los grupos de choques de los clubes que controlan a los excluidos  sociales”.

Y agregó “ya que los jueces nacionales y policía federal no quieren enfrentarse a las barras y los grupos organizados debería votarse la transferencia de los delitos al Poder judicial de la Ciudad para aplicar lo que hoy señala la ley de Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal) y extorsión (art. 168 del Código Penal)”.

La ley de Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal) “impone reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población”.

Mientras que la extorsión (art. 168 del Código Penal) “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Mientras que el proyecto PRO que impulsa Ritondo (proyecto 2726/13) transforma el delito penal en mera contravención. La baja de la penalidad es notable. Ya que se habla de penalizar con 1 a 5 días de arresto y multas de 200 pesos a 2 mil pesos.

En la propuesta de Ritondo se habla del artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad, en el que señala “cuidar coches, limpiar vidrios o prestar otros servicios sin  autorización legal. Quien ofrece de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios no requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de arresto o multa de doscientos ($200) a dos mil ($2000) pesos”.

Mientras que en el artículo artículo 4º del proyecto del vicepresidente 1º de la Legislatura se cambia el Artículo 52 del Código Contravencional de la Ciuda “Hostigar. Maltratar. Intimidar. Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con cinco (5) a veinte (20) días de arresto”.

PLAN MAESTRO COMUNA 8

“Lo que votó el bloque PRO con su aliado de Graciela Ocaña y su compañera de Confianza Pública y Javier Gentilini (Proyecto Sur) es una entrega total de las tierras públicas al negocio inmobiliario contra los intereses de los ciudadanos ya que la entrega de tierras para escritura sin aportar los básicos elementos de urbanización (cloacas, gas natural, conexión de agua, luz, pavimento) es mera expulsión de los pobres”.

Respecto al Distrito del Deporte las exenciones impositivas alcanzarán a empresas deportivas con trabajo esclavo y es tan patético que incluyen a empresas de embarcaciones”.