Maleteros: Quieren sueldo no vivir de la propina

reclamo de los maleteros para dejar la propina y tener salario

Los trabajadores maleteros de las terminales de ómnibus reclamaron en la sede de la cartera laboral nacional ser reconocidos en sus derechos porque hace décadas que el salario es la buena voluntad del pasajero. En la Secretaría de trabajo, a cargo de Lucas Fernández Aparicio, prometieron una respuesta.

La fundadora de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, pidió hace tiempo atrás no cortar las propinas en momentos de crisis económica. Eso generó gran polémica pero ahora en cambio los trabajadores maleteros de las terminales de ómnibus marcharon a la Secretaria de Trabajo Nacional para dejar la propina y tener un salario como todo trabajador dentro de la legalidad y que su actividad tenga representatividad gremial que el Estado sigue negando.

Para que las autoridades cumplan con la ley es que el Sindicato de Trabajadores Maleteros de la República Argentina (SITMARA), acompañados por la solidaridad de la Multisectorial 21F, el Sindicato de Custodios (SUTCA) y la Fundación Alameda se movilizaron este martes 12 de febrero, a la mañana, a la Secretaria de Trabajo para denunciar la precarización laboral del sector y reclamar por la personería gremial que esta cartera viene cajoneando hace más de un año.

Fue Adolfo Saglio Zamudio, asesor del secretario de Trabajo Lucas Fernández Aparicio, quien recibió a los trabajadores con la excusa que al ser una nueva gestión no tenía el tema y se comprometió a tomar vista del expediente de la personería gremial e ir avanzando en la regularización del sector hoy totalmente en la ilegalidad.

Los maleteros trabajan en las terminales de ómnibus de todo el país cobrando las propinas que les dan los pasajeros, pero las patronales de las terminales son los que marcan las pautas laborales, los horarios de entrada/salida, los obligan a descargar los camiones de encomiendas de manera gratuita y hasta les piden “canon” de las propinas recibidas, pero se niegan a registrarlos con la mirada cómplice del Estado Nacional y sus organismos de control.

En la asamblea realizada cuando terminó la audiencia con Saglio Zamudio, los trabajadores de las distintas terminales, entre ellos había de Posadas, Rosario, Paraná, Retiro, Liniers, quedaron en alerta y expectantes a que se cumplan las promesas para terminar con esta súper explotación que sufren día tras día.

Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.