Caso D’Alessio: Una vez más otra operación de inteligencia ilegal sobre la Alameda

18 03 2019

Gustavo Vera, titular de la Alameda, explica en este escrito porque está mencionado en la causa penal que tramita en localidad de Dolores, más conocida como caso D’Alessio.  

  1. Enterado por una publicación periodística que indicaba que en la documentación encontrada en el allanamiento a Marcelo D’Alessio había un voluminoso informe sobre mi persona (“El brazo de Estados Unidos detrás del agente D’Alessio” Juan Alonso, Diario Contexto 01/03/19)), el 12 de marzo me presente ante el Juzgado Federal en Dolores para tomar conocimiento de estos hechos, declarar y ponerme a disposición del juez Alejandro Ramos Padilla quien días antes me había anticipado que efectivamente existía documentación alusiva a mi persona.
  2. Al momento que me tomaron declaración, pude ver un supuesto dossier con decenas de páginas y en cual se hacía referencia en un 90 por ciento a mi persona y a la organización que presido. En ese mismo “dossier” también había numerosos recortes de diarios sobre denuncias que años antes habíamos hecho contra el proxeneta y tratante de personas Raúl Martins en el marco de una causa que tramita en el Juzgado de Servini de Cubría y en la cual somos querellantes.
  3. El supuesto “dossier” realizado por D’Alessio no era más que una compilación de publicaciones calumniosas que los servicios de inteligencia, las mafias que combatimos desde hace más de quince años realizan habitualmente en diferentes blogs y páginas web con el único objetivo de desacreditarnos. El “dossier” es un compilado de denuncias falsas que ya quedaron demostradas su absoluta falsedad en la justicia.
  4. Para mi sorpresa el “dossier” presumiblemente elaborado por Marcelo D’Alessio indica que nací en la provincia de Entre Ríos, cuando soy oriundo de la Ciudad de Buenos Aires; indica que mi domicilio es la sede de nuestra organización; e indica un teléfono al que refiere que se encuentra bajo mi titularidad cuando en realidad forma parte de una flota de la “Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre”, la cual funciona históricamente en la sede de la Alameda y el cual es de dominio público desde el año 2009 para todas las personas que buscan comunicarse con la organización ya que se encuentra publicado en nuestros portales web.
  5. También en el supuesto “dossier” se adjunta una planilla de supuestos cruces de comunicaciones a través de la plataforma Whatsapp entre el multi denunciado e investigado fiscal Miragaya, el proxeneta y tratante de personas Martins, el productor de televisión Nacho Viale, un periodista deportivo y mi persona. En esta supuesta planilla obtenida con un supuesto sofisticado equipo tecnológico de intercepciones de comunicaciones, indicaba que yo me había comunicado días antes de la emisión del programa de Mirtha Legrand con el multi investigado fiscal Miragaya, el proxeneta y tratante de personas Martins y el productor Viale. En mi declaración testimonial en el Juzgado Federal en Dolores negué rotundamente cualquier tipo de comunicación con cualquiera de estas personas, dos de las cuales (Miragaya y Martins) he denunciado ante la justicia. Respecto al Sr Viale la única comunicación que existió se realizó varios días después de la emisión del programa de Mirtha Legrand en la que fui calumniado por la Sra Jaitt. Viale llamó a teléfonos de nuestra organización para acordar las condiciones del derecho a réplica luego de la intimación que enviamos por carta documento a su productora en la cual solicitábamos la réplica o directamente iniciar demandas por daños y perjuicios.
  6. Es obvio que el magistrado Ramos Padilla cuenta con mi total colaboración y tiene a disposición mi celular para constatar que la supuesta planilla obtenida con un supuesto sofisticado equipo tecnológico de intercepciones de comunicaciones en absolutamente falsa porque jamás he tenido ni directa, ni indirectamente contacto alguno con Martins y con Miragaya, a quienes he denunciado.
  7. Es de público conocimiento que desde el inicio de la causa que tramita en el Juzgado Federal de Servini de Cubría nos constituimos como querellantes y hemos realizado diferentes presentaciones en el expediente y no hemos encontrado ninguna respuesta positiva en la misma. También es público que hemos denunciado al multi denunciado e investigado fiscal Miragaya a raíz de un artículo de abril del año 2017 del periodista Carlos Pagni titulado “El pestilente círculo negro del espionaje”, y en el cual se indicaba que yo era víctima de espionaje por órdenes de Miragaya con la anuencia de Silvia Majdalani. Es por esto mismo que nos hemos constituido como querellante en una causa que investiga estos hechos y que tramita ante el Juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
  8. Lamentablemente quienes integramos la Alameda, debimos acostumbrarnos a las calumnias sistemáticas sobre nuestra organización replicadas en blogs de servicios y plumas y reproducida por el sistema de trolls montado por el gobierno en las redes, ya que hemos denunciado con numerosas pruebas en la justicia los vínculos promiscuos entre la política, la justicia y los servicios de inteligencia con el crimen organizado en todas sus formas.
  9. El supuesto “dossier” es un rejunte de calumnias y datos falsos de principio a fin. Los datos básicos sobre mi persona son totalmente equivocados, y la supuesta planilla obtenida con un supuesto sofisticado equipo tecnológico de intercepciones de comunicaciones puro humo. Mi declaración testimonial en el Juzgado Federal en Dolores se encuentra disponible para quien la requiera y quiero reafirmar que nos encontramos a disposición del juez de la causa para prestar toda la colaboración que el mismo necesite.
  10. Esperamos con ansias que el juez Ramos Padilla lleve esta investigación hasta las últimas consecuencias, es un reclamo de muchos años por parte de nuestra organización y por lo cual hemos sufrido intimidaciones, agresiones físicas sobre diferentes compañeros referentes de la organización, atentados a nuestra sede y persecuciones judiciales de todo tipo. Es por todo esto y fundamentalmente por la consolidación de la democracia que se deben desarticular las relaciones promiscuas que existen entre los servicios de inteligencia, los sectores mafiosos del poder estatal y las bandas del crimen organizado.
  11. Finalizo con las conclusiones que manifesté en mi declaración ante el Juzgado de Ramos Padilla: “Cabe recordar que esta no es la primer operacional de inteligencia ilegal sobre mi persona y la organización a la que pertenezco. En el año 2016 hubo un seguimiento, un domingo a una quinta de Moreno, a un asado informal que hicimos con funcionarios judiciales y especialistas con los que estábamos preparando, como todos los años, un coloquio en la Legislatura al mes siguiente. Posteriormente el diario Clarín hablo de un “asado secreto” de Gustavo Vera con jueces supuestamente para “bajarles línea” desde Roma. El artículo mencionó algunas patentes de autos estacionados delante de la quinta y no logró identificar al resto de los asistentes. En los días siguientes pidió entrevistarse conmigo Julio Saguier, Director del diario La Nación, por lo que lo invito el 2 de diciembre del 2016 al departamento que alquilaba en el barrio de Boedo, donde me manifestó su admiración por el trabajo que hacíamos contra la trata y por la libertad de las personas, pero me advirtió que si sigo “llevando jueces impresentables al Vaticano” (sic) iba a tener serios problemas. También me pregunto insistentemente quienes eran los que participaron del asado que retrató la inteligencia ilegal y publicó Clarín. Por supuesto que no le di nombres, ni acepte sus condicionamientos. A los pocos días, Antonio “Jaime” Stiuso nos denunció a mí, a los jueces Daniel Rafecas y Sebastián Casanello por tráfico de influencias, en una causa que fue archivada en primera instancia y que Stiuso, miembro de la ex SIDE hoy AFI, acaba de presentar una apelación, argumentándose con el artículo de Clarín que se basa en una operación de inteligencia ilegal. En otra oportunidad, ante requerimientos formales, pero confidenciales de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la Alameda, curiosamente se filtro información y deformadamente en el programa televisivo de Luis Majul, razón por la cual denunciamos a esos funcionarios de la IGJ por violación de secreto. En lo sucesivo me hicieron denuncias falsas armadas por “plumas” de la policía, como por ejemplo, encubrir bandas de narcotraficantes en El Barrio del Bajo Flores, entre otras, que fueron rápidamente desestimadas por la justicia. Lo que vino después fueron las calumnias de Jaitt, las imputaciones falsas de Bonadío que fueron dos veces desestimadas por la Cámara y luego directamente la prohibición expresa en varios medios de comunicación de no darnos espacios televisivos , lo que nos fue dicho por varios periodistas o incluso por periodistas que nos invitaron y que después tenían problemas laborales. Todo ello me hace pensar que el Gobierno Nacional actual ha resuelto establecer una relación promiscua con la cloaca parainstitucional que representan los servicios de inteligencia y que se vale de ellos para amedrentar, extorsionar, neutralizar y destruir a quienes consideren un oponente”

Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda.

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Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

Resultado de imagen para macri y aportantes truchos

Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.





Video: descuartizan la causa de aportantes truchos

16 10 2018

Robaron la identidad de miles de personas para camuflar millones de pesos que no pueden decir su origen pero la justicia está descuartizando la causa para que no se investigue la verdad.

Todas las pruebas pero claro la justicia persigue al dirigente político y sindical que más pelea por los trabajadores, Pablo Moyano.

Mientras tanto la gobernador María Eugenia Vidal, las diputadas nacionales Elisa Carrió y Graciela Ocaña siguen impunes porque el poder las necesita para bancar este inhumano ajuste que impone Cambiemos y el FMI.





Aportantes truchos: más víctimas y las fundaciones PRO de tapadera

23 09 2018

Los miembros de la Alameda este lunes entregaron al juez Casanello una nueva lista de personas que fueron usadas como aportantes de campañas del partido gobernante. A su vez se denunció a las fundaciones PRO usadas para la recaudación ilegal.

Un total de 75 nuevas personas se comunicaron en las últimas semanas con la Fundación Alameda asegurando no ser aportantes voluntarios y que se comprometen a prestar declaración judicial. Esto lleva a un total de 300 personas que ya aportaron sus datos personales para presentarse a declarar en la causa por robo de identidad y lavado de dinero que se originó por la campaña de Cambiemos 2015 provincia de Buenos Aires que encabezó María Eugenia Vidal, y que luego se amplió a las campañas de Mauricio Macri presidente y Vamos Juntos de la Ciudad de Buenos Aires que lideró Elisa Carrió.

A fines de la semana pasada la Cámara Federal porteña, que preside Martín Irurzun, ordenó que el magistrado Casanello concentre todas las causas iniciadas por las recaudaciones ilegales de las campañas de Cambiemos.

En el expediente Nº 9900/2018 por la campaña presidencial hasta el momento la suma de dinero encubierta alcanza 1.437.350 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta) de pesos.

A su vez la Fundación Alameda, a través de Ximena Rattoni, Tamara Rosenberg y Gustavo Vera, aportan las publicaciones periodísticas con información vinculada al posible mecanismo de lavado de dinero. Un artículo del diario La Nación, escrito por Hugo Alconada Mon, titulada como “unas 300 empresas aportaron 84 millones al PRO en la última campaña”. Y la otra nota en El Destape de los periodistas Leandro Raduazzo y Juan Amorín que publicaron cerca de 4 mil mails sobre presuntas maniobras dirigidas por Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, para a financiar de manera ilegal la campaña electoral de Cambiemos en el año 2015. El artículo se titula “PeñaLeaks uno los correos que prueban la millonaria estafa marcos pena la campaña”.

Respecto a la campaña de Vamos Juntos las pruebas aportadas por los miembros de la Alameda Rattoni, Rosenberg y Vera tienen las siguientes particularidades, según la presentación judicial que se realizará este lunes 24:

– “El 65,90% de los aportes fueron realizados por empleados del Estado Nacional y Provincial, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– El 94,3% de esos aportes realizados por empleados públicos fue realizado en efectivo.

– Que el total de aportes realizados por los empleados públicos alcanzan los 8.166.000 (ocho millones ciento sesenta y seis mil) pesos.

– Un sector importante de los aportantes se encuentran registrados ante los organismos estatales como monotributista en locación de servicios, lo cual hace pensar que también podrían ser empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Que según el informe presentado ante la Cámara Nacional Electoral, una gran cantidad de los aportantes presentados se encuentran sectorizados en el mismo listado, según las dependencias en las cuales revisten funciones.

– Que la gran mayoría de los aportantes presentados que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron los aportes por el monto detallado supra en solo tres días del mes de octubre de 2017.

– Que una gran cantidad de los aportantes presentados y que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la fecha del aporte registrado, solo poseían cuatro meses de antigüedad en el cargo.

– Que aportantes son empleados de la empresa GlaxoSmithKline Argentina SA”, la cual es proveedora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

LAS FUNDACIONES COMO TAPADERAS

Por otro lado la Alameda investigó los millonarios fondos de las fundaciones de los miembros de Cambiemos y se estima que son usadas como otro mecanismo de recaudación ilegal para las campañas.

Esto derivó en otra causa penal contra las autoridades de la IGJ por el no control de las fundaciones vinculadas al PRO (causa Nº  15277/2018 en el Juzgado Federal Nº 8 de Martinez Di Giorgi) y ese expediente este lunes también será presentado en la causa que lleva adelante el juez Casanello.

Según la denuncia iniciada por la Alameda, las fundaciones del PRO “tienen como denominador común: a empresas contratistas del Estado que aportan dinero a las mismas y cuyo destino de los fondos claramente podrían ser utilizados para campañas políticas,  la Inspección General de Justicia (IGJ) con su actual administración (la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky) nunca investigó ni denunció el funcionamiento de estas Fundaciones Formar (de Guillermo Dietrich), Pensar y Suma (de Gabriela Michetti)”.

Las alianzas o partidos políticos solo pueden recibir aportes de personas físicas para las campañas electorales así lo establece la Ley de Financiamiento de los partidos políticos.

Por eso la Alameda dice en su denuncia que “la utilización de estas fundaciones entre las empresas y los partidos políticos pone de manifiesto esta situación. Razón por la cual se debería haber realizado una exhaustiva investigación por parte de la IGJ cuestión que nunca aconteció, donde se observa en la reiteración de esta conducta por parte de la IGJ un claro sesgo de protección hacia determinadas Fundaciones vinculadas a un partido político como es el Pro, dándose el caso de la responsabilidad del inspector actuante como el de la máxima autoridad del organismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La Fundación Pensar declaró que recibió Ingresos entre 2013 y 2015 por 11,5 millones de pesos, Fundación Formar por 6 millones, y Fundación Suma por 5,9 millones de pesos.

Entonces, la Alameda solicita al juez la indagatoria de inspectora Catalina Dembitzky que actuó directamente en los expedientes y al titular de la IGJ, Sergio Brodsky. “No hay dudas que se trata de un delito doloso, el autor tiene conocimiento de la ilegalidad de su accionar al no controlar a las fundaciones de los funcionarios”.





Aportantes truchos: Marijuán atomiza la investigación

13 08 2018

 

Fiscal Marijuan

El fiscal Stornelli pidió licencia de la causa iniciada por los aportantes truchos y lavado en la campaña Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Su reemplazo el fiscal Marijuan atomiza la investigación enviando a otro expediente las campañas presidencial y porteña

Carlos Stornelli se alejó de la causa penal que inició la Alameda por los falsos aportantes y lavado de dinero en la campaña de Cambiemos provincia de Buenos Aires.

A su vez designa como reemplazo a Guillermo Marijuan. Éste sin demora rompe la integralidad de la investigación que sumaba a las campañas de Cambiemos presidencial y porteña. Al atomizar la causa no se investiga de manera integral la metodología del lavado, del robo de identidad y la asociación ilícita que hizo posible recaudaciones multimillonarias para las campañas que encabezaron Mauricio Macri, María Eugenial Vidal y Elisa Carrió.

El nuevo expediente recayó en el juez Marcelo Martínez Di Giorgi. Ahora es potestad de este magistrado aceptar o declararse incompetente para que la causa vuelva al magistrado original, Sebastián Casanello.





Condenan a tratante prostibulario de Recoleta

13 08 2018

El Tribunal Oral Federal Nº 3 condenó a 4 años de cárcel por trata con fines de explotación sexual al proxeneta, Gabriel Nicolás Athanassopoulos. Los magistrados no aceptaron el decomiso del bar que camuflaba un prostíbulo en el barrio de Recoleta.

El viernes 10 de agosto al mediodía en la sala de juicios orales de planta baja de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py, en el barrio de Retiro, tres jueces dictaron la condena a 4 años de cárcel por trata con fines de explotación sexual del proxeneta, Gabriel Nicolás Athanassopoulos.

“El griego o nico” como es apodado este hombre nacido en Haedo, provincia de Buenos Aires, que sometió sexualmente y con cocaína a decenas de jóvenes y mujeres durante más de 10 años en  lo que llamó Hellas y luego Stavros, que con complicad de los funcionarios municipales (prontos a juicio oral uno de ellos junto a un policía) camuflaron el prostíbulo como bar.

Los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 3 Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni, y Javier Ríos no incluyeron los agravantes por la vulnerabilidad de la víctima (madre soltera que llegó por un aviso de trabajo del diario Clarín). Tampoco aceptaron el decomiso que en su alegato había exigido el fiscal de juicio y titular de la fiscalía anti-trata, Marcelo Colombo.

El fallo marca una jurisprudencia que no es común en el fuero federal que es un proxeneta de los vips condenado por trata sexual.

Sin dudas la condena no solo es posible por una pesquisa judicial que en primera instancia estuvo en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado.

Fue clave el contexto de un trabajo sistemático de la Alameda que hace años denunciaron a Hellas y Stavros junto a los vecinos de Recoleta que se reunían en la Iglesia Patrocinio de San José. Además para el juicio oral se sumó el apoyo de diversos referentes religiosos que al concurrir a la audiencia pública no les permitieron ingresar, entre ellos las pastoras evangélicas Graciela Giménez y Jane Caldcleugh, como Enrique Halac Secretario de Culto de la Sinagoga Comunidad Israelita Sefaradí, y Alejandro Salomón de la Mezquita Attauhid.

Link del Centro Informativo Judicial (CIJ): http://www.cij.gov.ar/nota-31385-Trata-de-personas–condenaron-al-responsable-de-un-local-ubicado-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.html





La impunidad sobrevuela un juicio por trata

29 06 2018

Los jueces del Tribunal Oral Federal Nro. 3 devolvieron un inmueble donde funcionó por más de una década el narco-prostíbulo Stravos, en el barrio de Recoleta. Aunque había sido decomisado en primera instancia para su reutilización social. A su vez la víctima no es parte del juicio, no tiene asistencia y su madre como único sostén tiene cuatro juicios comerciales provocados por el tratante y proxeneta. Falta elevar a juicio a un policía y un alto funcionario de Habilitaciones del Gobierno porteño.

El presidente del Tribunal Oral en los Criminal Federal Nº 3, Andrés Basso, no brindó su aprobación pero sí su vicepresidente Fernando Machado Pelloni, y el vocal Javier Ríos decidieron devolver a los dueños el inmueble de Vicente López 2229 que sirvió por más de diez años de narco-prostíbulo en el barrio de Recoleta.

La decisión de los jueces es contradictoria con el artículo 23 del Código Penal que ordena el decomiso de todo inmueble donde ocurra secuestro o trata.

Este artículo fue esgrimido por el juez de primera instancia para resolver el decomiso preventivo. Sebastián Casanello designó al Gobierno de la Ciudad, más precisamente al aérea de Asistencia a la Víctima que reutilice el inmueble con un destino social junto a la Fundación Alameda. Este fallo nunca fue aplicado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pese a los pedidos de nuestra organización.

Este antro de la trata sexual, la explotación sexual, el narcotráfico y la coima sobrevivió más de una década con distintos nombres porque era camuflado con la habilitación de bar. Primero lo apodaron Hellas y luego Stravos. Desde hace tres semanas están siendo juzgados en juicio oral los proxenetas y tratantes Gabriel Nicolás “el Griego” Athanassopoulos, junto a su esposa Betiana Alles.

No son los únicos sentados en el banquillo de los acusados por explotar mujeres y traficarlas.

Gabriel Trovato, de la Dirección de Habilitaciones del Gobierno porteño, quien levantaba clausuras de Stravos y que quedó comprobado la amistad con Athanassopoulos con quien compartió tribuna en Brasil durante el Mundial de Fútbol de 2014.

También quedó implicado el policía Damián Vera de la Comisaría Nº 19 cómplice de esta mafia.

LA INVESTIGACIÓN PREVIA AL JUICIO

Fue el 15 de julio de 2016 que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 – secretaria nº 14, en el exp. 3893/2016, procesó a los dueños del prostíbulo camuflado como bar Stravos. Fueron imputados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima.

La causa inició en el 2013 en el marco de la declaración bajo identidad reservada de una mujer ante la Fiscalía Especializada en Trata y Explotación llamada PROTEX.

La víctima es una madre soltera que buscaba trabajo de camarera, fue un aviso en el diario Clarín que hizo conocer Hellas y así llegó a este bar que camuflaba un prostíbulo.

El domingo en A 24 Lucas Schaerer denunciando la debilidad del juicio oral

El proxeneta Athanassopoulos hizo de novio, la forzaba a la explotación y al consumo de cocaína para “aguantar el trabajo”. “el griego” conoce muy bien el sistema de sometimiento porque fue durante un tiempo lugarteniente del capo mafia, Raúl Martins, agente de los servicios de inteligencia de la entonces SIDE, que montaron una red de narco-prostíbulos VIP para la extorsión y acumular fortunas. Martins se mantuvo en nuestro país hasta que fue acorralado por el fiscal José María Campagnoli a fines de la década del noventa.

La víctima llegó a nuestra sede hace poco más de un mes junto a su hijo y su madre. En colectivo vinieron a nuestra sede ubicada en el barrio de Parque Avellaneda. Esto demuestra la falta de protección. Sumado a que hace pocos días fue robado su celular.

La desprotección sobre esta familia denunciante provoca que se llega a un juicio con un total desamparo de los denunciantes, con todos los implicados de poder que saben muy bien quien aportó el testimonio que los incrimina en un delito federal de extrema gravedad y además con los jueces que en su primera decisión devuelven el inmueble que sirvió de sometimiento a quienes hicieron la vista gorda durante diez años.

La víctima cuenta como único sostén económico a su madre, de profesión enfermera, quien por presión del proxeneta Athanassopoulos firmó pagares. Esto implica que la quieren ejecutar de cuatro juicios y el embargo de su salario. Que debería haberse declarado nulos pero nunca ocurrió. La falta de asistencia jurídica como ordena la ley de trata nunca fue aplicada.

Al punto que iniciaron la víctima y su madre dos denuncias por coacción, esto para demostrar que los pagarés eran firmados por la madre a cambio de la libertad de su hija. Agregar que estas dos denuncias se hicieron pese a no contar con ningún tipo de asesoramiento jurídico.

La desesperación de la víctima junto a su madre la acercaron a nuestra organización que hizo todos los esfuerzos posibles ante las distintas autoridades nacionales, porteñas y judiciales sin encontrar una real asistencia.

Tampoco han tenido asistencia permanente en lo psicológico, ni laboral.

EL DECOMISO DEL PROSTÍBULO

El 7 de Septiembre de 2016 el juez Casanello decomisó el inmueble aplicando el párrafo sexto del art. 23 del Código de Fondo que establece: “…En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los arts. 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima”-.

De allí que el juez solicita a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que junto a esta ong, y dice textual “elabore una propuesta de utilización provisoria del inmueble de la calle Vicente López 2229, de esta ciudad, para llevar adelante “programas de asistencia a la víctima” (de conformidad con lo normado por el art. 23 apartado sexto del C.P. (Párrafo sustituido por art. 20 de la Ley Nº 26.842 -B.O. 27/12/2012-)”.

Desde la Alameda nunca pudimos articular con la Dirección para la Víctimas.

Por año la gran participación de los vecinos de la cuadra y el barrio que durante varios años mostraron su descontento con los prostíbulos, puntualmente Stavros, al punto de realizar repudios públicos tras organizar el Mapa de los prostíbulos del barrio desde la Iglesia Patrocinio de San José.

Esta voluntad vecinal con el apoyo de las parroquias locales y la Alameda se reflejó en movilizaciones con cientos de vecinos y fuera reflejado en la prensa.

Por ende el contexto de un inmueble decomisado a estas mafias para ser reutilizado por el Estado junto a la ong vinculada a la denuncia y asistencia a las víctimas creemos que contará con una gran aceptación social algo no menor también en la concientización de la ciudadanía para evitar estos delitos que consideramos, al igual que El Papa Francisco, de lesa humanidad.

Se incautan autos de lujo para hacer publicidad pero no se vota el proyecto de ley por decomiso, ni se incauta para la reutilización social en favor de las víctimas de trata.