Video: descuartizan la causa de aportantes truchos

16 10 2018

Robaron la identidad de miles de personas para camuflar millones de pesos que no pueden decir su origen pero la justicia está descuartizando la causa para que no se investigue la verdad.

Todas las pruebas pero claro la justicia persigue al dirigente político y sindical que más pelea por los trabajadores, Pablo Moyano.

Mientras tanto la gobernador María Eugenia Vidal, las diputadas nacionales Elisa Carrió y Graciela Ocaña siguen impunes porque el poder las necesita para bancar este inhumano ajuste que impone Cambiemos y el FMI.

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Aportantes truchos: más víctimas y las fundaciones PRO de tapadera

23 09 2018

Los miembros de la Alameda este lunes entregaron al juez Casanello una nueva lista de personas que fueron usadas como aportantes de campañas del partido gobernante. A su vez se denunció a las fundaciones PRO usadas para la recaudación ilegal.

Un total de 75 nuevas personas se comunicaron en las últimas semanas con la Fundación Alameda asegurando no ser aportantes voluntarios y que se comprometen a prestar declaración judicial. Esto lleva a un total de 300 personas que ya aportaron sus datos personales para presentarse a declarar en la causa por robo de identidad y lavado de dinero que se originó por la campaña de Cambiemos 2015 provincia de Buenos Aires que encabezó María Eugenia Vidal, y que luego se amplió a las campañas de Mauricio Macri presidente y Vamos Juntos de la Ciudad de Buenos Aires que lideró Elisa Carrió.

A fines de la semana pasada la Cámara Federal porteña, que preside Martín Irurzun, ordenó que el magistrado Casanello concentre todas las causas iniciadas por las recaudaciones ilegales de las campañas de Cambiemos.

En el expediente Nº 9900/2018 por la campaña presidencial hasta el momento la suma de dinero encubierta alcanza 1.437.350 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta) de pesos.

A su vez la Fundación Alameda, a través de Ximena Rattoni, Tamara Rosenberg y Gustavo Vera, aportan las publicaciones periodísticas con información vinculada al posible mecanismo de lavado de dinero. Un artículo del diario La Nación, escrito por Hugo Alconada Mon, titulada como “unas 300 empresas aportaron 84 millones al PRO en la última campaña”. Y la otra nota en El Destape de los periodistas Leandro Raduazzo y Juan Amorín que publicaron cerca de 4 mil mails sobre presuntas maniobras dirigidas por Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, para a financiar de manera ilegal la campaña electoral de Cambiemos en el año 2015. El artículo se titula “PeñaLeaks uno los correos que prueban la millonaria estafa marcos pena la campaña”.

Respecto a la campaña de Vamos Juntos las pruebas aportadas por los miembros de la Alameda Rattoni, Rosenberg y Vera tienen las siguientes particularidades, según la presentación judicial que se realizará este lunes 24:

– “El 65,90% de los aportes fueron realizados por empleados del Estado Nacional y Provincial, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– El 94,3% de esos aportes realizados por empleados públicos fue realizado en efectivo.

– Que el total de aportes realizados por los empleados públicos alcanzan los 8.166.000 (ocho millones ciento sesenta y seis mil) pesos.

– Un sector importante de los aportantes se encuentran registrados ante los organismos estatales como monotributista en locación de servicios, lo cual hace pensar que también podrían ser empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Que según el informe presentado ante la Cámara Nacional Electoral, una gran cantidad de los aportantes presentados se encuentran sectorizados en el mismo listado, según las dependencias en las cuales revisten funciones.

– Que la gran mayoría de los aportantes presentados que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron los aportes por el monto detallado supra en solo tres días del mes de octubre de 2017.

– Que una gran cantidad de los aportantes presentados y que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la fecha del aporte registrado, solo poseían cuatro meses de antigüedad en el cargo.

– Que aportantes son empleados de la empresa GlaxoSmithKline Argentina SA”, la cual es proveedora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

LAS FUNDACIONES COMO TAPADERAS

Por otro lado la Alameda investigó los millonarios fondos de las fundaciones de los miembros de Cambiemos y se estima que son usadas como otro mecanismo de recaudación ilegal para las campañas.

Esto derivó en otra causa penal contra las autoridades de la IGJ por el no control de las fundaciones vinculadas al PRO (causa Nº  15277/2018 en el Juzgado Federal Nº 8 de Martinez Di Giorgi) y ese expediente este lunes también será presentado en la causa que lleva adelante el juez Casanello.

Según la denuncia iniciada por la Alameda, las fundaciones del PRO “tienen como denominador común: a empresas contratistas del Estado que aportan dinero a las mismas y cuyo destino de los fondos claramente podrían ser utilizados para campañas políticas,  la Inspección General de Justicia (IGJ) con su actual administración (la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky) nunca investigó ni denunció el funcionamiento de estas Fundaciones Formar (de Guillermo Dietrich), Pensar y Suma (de Gabriela Michetti)”.

Las alianzas o partidos políticos solo pueden recibir aportes de personas físicas para las campañas electorales así lo establece la Ley de Financiamiento de los partidos políticos.

Por eso la Alameda dice en su denuncia que “la utilización de estas fundaciones entre las empresas y los partidos políticos pone de manifiesto esta situación. Razón por la cual se debería haber realizado una exhaustiva investigación por parte de la IGJ cuestión que nunca aconteció, donde se observa en la reiteración de esta conducta por parte de la IGJ un claro sesgo de protección hacia determinadas Fundaciones vinculadas a un partido político como es el Pro, dándose el caso de la responsabilidad del inspector actuante como el de la máxima autoridad del organismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La Fundación Pensar declaró que recibió Ingresos entre 2013 y 2015 por 11,5 millones de pesos, Fundación Formar por 6 millones, y Fundación Suma por 5,9 millones de pesos.

Entonces, la Alameda solicita al juez la indagatoria de inspectora Catalina Dembitzky que actuó directamente en los expedientes y al titular de la IGJ, Sergio Brodsky. “No hay dudas que se trata de un delito doloso, el autor tiene conocimiento de la ilegalidad de su accionar al no controlar a las fundaciones de los funcionarios”.





Aportantes truchos: Marijuán atomiza la investigación

13 08 2018

 

Fiscal Marijuan

El fiscal Stornelli pidió licencia de la causa iniciada por los aportantes truchos y lavado en la campaña Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Su reemplazo el fiscal Marijuan atomiza la investigación enviando a otro expediente las campañas presidencial y porteña

Carlos Stornelli se alejó de la causa penal que inició la Alameda por los falsos aportantes y lavado de dinero en la campaña de Cambiemos provincia de Buenos Aires.

A su vez designa como reemplazo a Guillermo Marijuan. Éste sin demora rompe la integralidad de la investigación que sumaba a las campañas de Cambiemos presidencial y porteña. Al atomizar la causa no se investiga de manera integral la metodología del lavado, del robo de identidad y la asociación ilícita que hizo posible recaudaciones multimillonarias para las campañas que encabezaron Mauricio Macri, María Eugenial Vidal y Elisa Carrió.

El nuevo expediente recayó en el juez Marcelo Martínez Di Giorgi. Ahora es potestad de este magistrado aceptar o declararse incompetente para que la causa vuelva al magistrado original, Sebastián Casanello.





Condenan a tratante prostibulario de Recoleta

13 08 2018

El Tribunal Oral Federal Nº 3 condenó a 4 años de cárcel por trata con fines de explotación sexual al proxeneta, Gabriel Nicolás Athanassopoulos. Los magistrados no aceptaron el decomiso del bar que camuflaba un prostíbulo en el barrio de Recoleta.

El viernes 10 de agosto al mediodía en la sala de juicios orales de planta baja de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py, en el barrio de Retiro, tres jueces dictaron la condena a 4 años de cárcel por trata con fines de explotación sexual del proxeneta, Gabriel Nicolás Athanassopoulos.

“El griego o nico” como es apodado este hombre nacido en Haedo, provincia de Buenos Aires, que sometió sexualmente y con cocaína a decenas de jóvenes y mujeres durante más de 10 años en  lo que llamó Hellas y luego Stavros, que con complicad de los funcionarios municipales (prontos a juicio oral uno de ellos junto a un policía) camuflaron el prostíbulo como bar.

Los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 3 Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni, y Javier Ríos no incluyeron los agravantes por la vulnerabilidad de la víctima (madre soltera que llegó por un aviso de trabajo del diario Clarín). Tampoco aceptaron el decomiso que en su alegato había exigido el fiscal de juicio y titular de la fiscalía anti-trata, Marcelo Colombo.

El fallo marca una jurisprudencia que no es común en el fuero federal que es un proxeneta de los vips condenado por trata sexual.

Sin dudas la condena no solo es posible por una pesquisa judicial que en primera instancia estuvo en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado.

Fue clave el contexto de un trabajo sistemático de la Alameda que hace años denunciaron a Hellas y Stavros junto a los vecinos de Recoleta que se reunían en la Iglesia Patrocinio de San José. Además para el juicio oral se sumó el apoyo de diversos referentes religiosos que al concurrir a la audiencia pública no les permitieron ingresar, entre ellos las pastoras evangélicas Graciela Giménez y Jane Caldcleugh, como Enrique Halac Secretario de Culto de la Sinagoga Comunidad Israelita Sefaradí, y Alejandro Salomón de la Mezquita Attauhid.

Link del Centro Informativo Judicial (CIJ): http://www.cij.gov.ar/nota-31385-Trata-de-personas–condenaron-al-responsable-de-un-local-ubicado-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.html





La impunidad sobrevuela un juicio por trata

29 06 2018

Los jueces del Tribunal Oral Federal Nro. 3 devolvieron un inmueble donde funcionó por más de una década el narco-prostíbulo Stravos, en el barrio de Recoleta. Aunque había sido decomisado en primera instancia para su reutilización social. A su vez la víctima no es parte del juicio, no tiene asistencia y su madre como único sostén tiene cuatro juicios comerciales provocados por el tratante y proxeneta. Falta elevar a juicio a un policía y un alto funcionario de Habilitaciones del Gobierno porteño.

El presidente del Tribunal Oral en los Criminal Federal Nº 3, Andrés Basso, no brindó su aprobación pero sí su vicepresidente Fernando Machado Pelloni, y el vocal Javier Ríos decidieron devolver a los dueños el inmueble de Vicente López 2229 que sirvió por más de diez años de narco-prostíbulo en el barrio de Recoleta.

La decisión de los jueces es contradictoria con el artículo 23 del Código Penal que ordena el decomiso de todo inmueble donde ocurra secuestro o trata.

Este artículo fue esgrimido por el juez de primera instancia para resolver el decomiso preventivo. Sebastián Casanello designó al Gobierno de la Ciudad, más precisamente al aérea de Asistencia a la Víctima que reutilice el inmueble con un destino social junto a la Fundación Alameda. Este fallo nunca fue aplicado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pese a los pedidos de nuestra organización.

Este antro de la trata sexual, la explotación sexual, el narcotráfico y la coima sobrevivió más de una década con distintos nombres porque era camuflado con la habilitación de bar. Primero lo apodaron Hellas y luego Stravos. Desde hace tres semanas están siendo juzgados en juicio oral los proxenetas y tratantes Gabriel Nicolás “el Griego” Athanassopoulos, junto a su esposa Betiana Alles.

No son los únicos sentados en el banquillo de los acusados por explotar mujeres y traficarlas.

Gabriel Trovato, de la Dirección de Habilitaciones del Gobierno porteño, quien levantaba clausuras de Stravos y que quedó comprobado la amistad con Athanassopoulos con quien compartió tribuna en Brasil durante el Mundial de Fútbol de 2014.

También quedó implicado el policía Damián Vera de la Comisaría Nº 19 cómplice de esta mafia.

LA INVESTIGACIÓN PREVIA AL JUICIO

Fue el 15 de julio de 2016 que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 – secretaria nº 14, en el exp. 3893/2016, procesó a los dueños del prostíbulo camuflado como bar Stravos. Fueron imputados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima.

La causa inició en el 2013 en el marco de la declaración bajo identidad reservada de una mujer ante la Fiscalía Especializada en Trata y Explotación llamada PROTEX.

La víctima es una madre soltera que buscaba trabajo de camarera, fue un aviso en el diario Clarín que hizo conocer Hellas y así llegó a este bar que camuflaba un prostíbulo.

El domingo en A 24 Lucas Schaerer denunciando la debilidad del juicio oral

El proxeneta Athanassopoulos hizo de novio, la forzaba a la explotación y al consumo de cocaína para “aguantar el trabajo”. “el griego” conoce muy bien el sistema de sometimiento porque fue durante un tiempo lugarteniente del capo mafia, Raúl Martins, agente de los servicios de inteligencia de la entonces SIDE, que montaron una red de narco-prostíbulos VIP para la extorsión y acumular fortunas. Martins se mantuvo en nuestro país hasta que fue acorralado por el fiscal José María Campagnoli a fines de la década del noventa.

La víctima llegó a nuestra sede hace poco más de un mes junto a su hijo y su madre. En colectivo vinieron a nuestra sede ubicada en el barrio de Parque Avellaneda. Esto demuestra la falta de protección. Sumado a que hace pocos días fue robado su celular.

La desprotección sobre esta familia denunciante provoca que se llega a un juicio con un total desamparo de los denunciantes, con todos los implicados de poder que saben muy bien quien aportó el testimonio que los incrimina en un delito federal de extrema gravedad y además con los jueces que en su primera decisión devuelven el inmueble que sirvió de sometimiento a quienes hicieron la vista gorda durante diez años.

La víctima cuenta como único sostén económico a su madre, de profesión enfermera, quien por presión del proxeneta Athanassopoulos firmó pagares. Esto implica que la quieren ejecutar de cuatro juicios y el embargo de su salario. Que debería haberse declarado nulos pero nunca ocurrió. La falta de asistencia jurídica como ordena la ley de trata nunca fue aplicada.

Al punto que iniciaron la víctima y su madre dos denuncias por coacción, esto para demostrar que los pagarés eran firmados por la madre a cambio de la libertad de su hija. Agregar que estas dos denuncias se hicieron pese a no contar con ningún tipo de asesoramiento jurídico.

La desesperación de la víctima junto a su madre la acercaron a nuestra organización que hizo todos los esfuerzos posibles ante las distintas autoridades nacionales, porteñas y judiciales sin encontrar una real asistencia.

Tampoco han tenido asistencia permanente en lo psicológico, ni laboral.

EL DECOMISO DEL PROSTÍBULO

El 7 de Septiembre de 2016 el juez Casanello decomisó el inmueble aplicando el párrafo sexto del art. 23 del Código de Fondo que establece: “…En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los arts. 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima”-.

De allí que el juez solicita a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que junto a esta ong, y dice textual “elabore una propuesta de utilización provisoria del inmueble de la calle Vicente López 2229, de esta ciudad, para llevar adelante “programas de asistencia a la víctima” (de conformidad con lo normado por el art. 23 apartado sexto del C.P. (Párrafo sustituido por art. 20 de la Ley Nº 26.842 -B.O. 27/12/2012-)”.

Desde la Alameda nunca pudimos articular con la Dirección para la Víctimas.

Por año la gran participación de los vecinos de la cuadra y el barrio que durante varios años mostraron su descontento con los prostíbulos, puntualmente Stavros, al punto de realizar repudios públicos tras organizar el Mapa de los prostíbulos del barrio desde la Iglesia Patrocinio de San José.

Esta voluntad vecinal con el apoyo de las parroquias locales y la Alameda se reflejó en movilizaciones con cientos de vecinos y fuera reflejado en la prensa.

Por ende el contexto de un inmueble decomisado a estas mafias para ser reutilizado por el Estado junto a la ong vinculada a la denuncia y asistencia a las víctimas creemos que contará con una gran aceptación social algo no menor también en la concientización de la ciudadanía para evitar estos delitos que consideramos, al igual que El Papa Francisco, de lesa humanidad.

Se incautan autos de lujo para hacer publicidad pero no se vota el proyecto de ley por decomiso, ni se incauta para la reutilización social en favor de las víctimas de trata. 





Bullrich y Ocaña usaron pobres como falsos aportantes de campaña

20 06 2018

Bullrich y Ocaña

Denunció penalmente Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común de la ong Alameda, a quienes encabezaron la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires el año pasado tras revelarse por una investigación periodística que usaron más de 200 personas pobres como aportantes a la campaña millonaria con la cual accedieron a convertirse en senadores y diputados.

Cambiemos en su última campaña electoral usó la identidad de 205 personas pobres para hacerlos pasar como aportantes a su partido. Este método ilegal de recaudación fue denunciado penalmente este martes 19 por la mañana en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa iniciada por Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda, recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Stornelli (este de licencia por viaje).

Esta demanda penal es sobre Graciela Ocaña, Esteban Bullrich, Gladys Gonzalez y Héctor “Toti” Flores. Todos ellos cabeza de la campaña Cambiemos 2017 en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia aporta los datos de una lapidaria investigación realizada por el periodista Juan Amorín para El DestapeWeb.

“A Ocaña, Bullrich, Flores y Gonzalez les imputamos que se conformaron como asociación ilícita para encubrir fondos ilegales que no pueden justificar su origen por venir seguramente de la corrupción o de delitos mafiosos y por último falsificación de los documentos públicos al tomar la identidad de personas pobres del listado de programas sociales. Fue adrede que buscaron en los pobres por su falta de acceso a la justicia, la información y todas las dificultades que significa vivir en la vulnerabilidad social”.

En la denuncia se destaca que el método de falsear aportantes en pequeños montos es una práctica de narcotraficantes serbios, ya comprobados en causas penales en trámite, que realizaron este método de atomizar fondos para lavar activos a través de personas pobres.

En la demanda judicial firmada por Schaerer se solicita que se tome declaración testimonial al periodista Juan Amorín, se compile todos los aportantes de Cambiemos 2017 y que se analice su patrimonio con la base de datos de AFIP, Banco Central y Ministerio de Desarrollo Social.

Este martes fue el fiscal electoral, Jorge Di Lello, quién tomó la iniciativa de iniciar una investigación preliminar. Por ende le tomó declaración al periodista y al parecer haría lo mismo con algunos de los que figuran como aportantes y lo desmintieron para el informe televisivo del programa El Destape.

“Mauricio Macri y Elisa Carrió junto a los radicales oficialistas dijeron que venían a combatir la corrupción pero ellos son la corrupción. Mauricio es el mismo de su encuentro en un narco-prostíbulo en Cancún y que recibió aportes de Raúl Martins zar de los prostíbulos, y también Gabriela Michetti quedó vinculada a un tratante y proxeneta que sumó a su campaña a senado. O sea no es nuevo que los líderes de Cambiemos están ligados al financiamiento mafioso de sus campañas”, agregó el denunciante Lucas Schaerer miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda que preside Gustavo Vera.  





Campaña de falsas denuncias contra la Alameda

1 06 2018

Plan criminal así considera en una denuncia penal la Alameda a las reiteradas denuncias que recibió su titular aunque carecen de fundamentos jurídicos pero útiles para campañas de difamación en los medios y redes sociales.

El juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Mairjuán recibieron una denuncia de la Fundación Alameda, representada en su titular Gustavo Vera, que señala un plan criminal contra la organización que hace 17 años trabaja en los social, político, gremial y anti mafia y que este conjunto de actividades, los miembros de la fundación han sufrido más de 18 atentados (agresiones físicas, incendios intencionales en la sede, vandalismo, violencia simbólica, destrucción de la propiedad).

En el expediente 8423/18 se indica que “esta denuncia demostrará que la constitución de la asociación para cometer delitos ha sido cuidadosamente diseñada con la finalidad de provocar mi desprestigio como dirigente social y de la organización que me toca presidir, la Fundación Alameda. Los responsables de esta campaña judicial y mediática, procuran crear la idea de que mi persona y de la organización, lleva adelante prácticas delictivas que desde su propio origen y como fundamento mismo se constituyó para denunciar y proponer políticas públicas tendientes a desalentar la constitución de los delitos que hoy se me acusa”.

Para Vera “detrás de las falsas denuncias judiciales y mediáticas existen personas que podrían estar vinculados a actividades criminales y que la Fundación Alameda denunció por delitos tipificados en el Código Penal”. En la denuncia penal se detallan el listado de seis causas penales iniciadas: dos por anónimos, dos por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y otra por un abogado vinculado a los servicios de inteligencia que también había denunciado sin fundamentos a la Diputada Nacional Elisa Carrió.

Estas falsas denuncias generan inconvenientes en el normal funcionamiento de la organización, ya que los abogados deben presentarse periódicamente en los diferentes juzgados para demostrar la falsedad injuriosa de las denuncias, conllevan una gravosa carga humana y económica sobre el ya agobiado sistema judicial argentino.

LAS DENUNCIAS SIN SENTIDO

El 19 de Octubre de 2016, de manera anónima se presentó una denuncia por trata de personas, reducción a la servidumbre y escuchas ilegales en el sistema telefónico 145, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual tiene como objeto recepcionar denuncias vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o la desaparición de personas. En la denuncia se refería que en la sede de la Fundación Alameda, ubicada en la intersección de la calle Lacarra y Av. Directorio, en el primer piso del inmueble funcionaba un taller clandestino de confección de prendas de vestir, en el cual diez personas eran sometidas a trabajar y vivir en condiciones insalubres. En la misma denuncia se plantea que en subsuelo del inmueble se practicaban intervenciones telefónicas contra miembros de la Policía Federal Argentina asentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 20 de Octubre de 2016, la Lic. Vanesa Lorenzetti, en su carácter de Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata, la cual es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó la denuncia ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El sorteo realizado determinó que la causa trámite ante el Juzgado Nº 10 de Julián Ercolini y en la Fiscalía Nº 3 de Eduardo Taiano. Sobre esto el fiscal solicitó que la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina identifique si dentro del inmueble se encuentra emplazado un taller textil; que individualizara a la persona que se encontrará a cargo; si se llevaba adelante explotación laboral de personas; si las personas que allí trabajaban se mantenían en el lugar fuera del horario laboral; y sé que también se establezca qué actividades lleva adelante la Fundación Alameda en el subsuelo del inmueble. En noviembre de 2016 la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, respondiendo al oficio enviado por la Fiscalía Nº 3, a cargo de Eduardo Taiano, de fecha 20 de octubre, informó que realizó tareas de inteligencia en distintos días, horarios y sectores sobre el inmueble de la Fundación Alameda. El informe refirió que pudo identificar los horarios de ingresos de las personas al inmueble donde funciona la ONG y que pudo identificar con nombre, apellido, y documento nacional identidad a miembros de la organización. El informe certifica que de las vigilancias practicadas sobre el lugar, no se observó movimiento alguno que haga presumir que se estaría infringiendo a la Ley 26.364. Recién para febrero de 2017 el juez Ercolini,  resolvió archivar la causa Nº 15184/16 refiriéndose a que no se ha logrado acreditar siquiera mínimamente las circunstancias denunciadas. Ya en esta causa queda expuesto que los miembros de la organización fueron víctimas de tareas de inteligencia y a individualizó a diferentes miembros de la misma.-

Una segunda denuncia fue el 24 de febrero de 2017 cuando un anónimo denuncia a la Fundación Alameda por un supuesto encubrimiento a un reconocido narcotraficante y financiamiento económico del Papa Francisco. Nuevamente los abogados de la fundación tomaron conocimiento de la causa de manera fortuita, ya que en días posteriores en varios medios de internet se presentaba la denuncia. La causa después de algunos meses fue también archivada.  

La campaña siguió y creció en métodos y personas involucradas.

En diciembre de 2016, un abogado de nombre Mariano Noel Valdez presentó una denuncia contra Gustavo Vera y los Jueces Federales, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas por el supuesto delito de trafico de influencias. La denuncia se presenta en base a una nota del periodista del diario Clarín, Claudio Savoia donde se habla de una reunión con esos magistrados para organizar una actividad publica en la Legislatura Porteña. La causa recayó en el Juzgado a cargo de la Dra. Maria Servini de Cubría. El 3 de febrero de 2017 la Fiscalía Nº 12, que en ese entonces se encontraba a cargo del Dr. Patricio Evers, solicitó desestimar la denuncia. Días después, cuando la causa no tenia impulso por parte del fiscal para ser abierta, se presentó en la causa Antonio Horacio Stiuso, ex Director de la ex Secretaria de Inteligencia y a quien la Alameda denuncio en dos oportunidades por enriquecimiento ilícito para constituirse en querellante ya que podría ser victima de un plan en su contra por parte de Vera, Casanello y Rafecas. El 3 de mayo de 2017, Servini de Cubría aceptó la solicitud para constituirse como querellante, aunque la nueva titular de la Fiscalia Nº 12 también volvió a desestimar la denuncia.

Todavía lo más increíble es que el 20 de mayo de 2017, el mismo periodista del Diario Clarín, publicó una nota titulada “La sombra de la AFI, detrás de una falsa denuncia contra Carrió por corrupción”, en la que se describe una conversación que tuvo el periodista con un ex agente de la ex Secretaria de Inteligencia, quien le afirmo que  varios miembros de la Agencia Federal de Inteligencia estaban detrás de una falsa denuncia contra la Diputada Elisa Carrio; la denuncia también fue hecha por Mariano Noel Valdez y que la hizo a cambio de dinero. En la misma nota, el periodista Claudio Savoia afirma que la Jueza Servini de Cubría le aviso al juez de la causa contra Carrio, que la denuncia era trucha.

Es llamativo que la jueza Servini de Cubría reconoce en el denunciante Mariano Noel Valdez una falsa denuncia y una posible vinculación con los agentes de la AFI y la ex SIDE, pero decide sostener a la denuncia de ese mismo sujeto contra Gustavo Vera, y los jueces Casanello y Rafecas, pese a los reiterados pedidos de desestimación por parte de los fiscales y encima aceptar el pedido de querellante por parte de Antonio “Jaime” Stiuso.

Uno de los últimos casos sucedió hace muy poco tiempo. Natacha Jaitt acusó en el programa de Mirtha Legrand (un programa de televisión de importante cantidad de audiencia en todo el país) que Gustavo Vera y otras personas públicas están vinculados con delitos como la pedofilia y la explotación sexual.

Jaitt ese día en el programa estuvo acompañada en el programa de televisión por un ex agente de inteligencia de la AFI y empleada del portal de noticias INFOBAE, la cual desde hace varios años se dedica en sus redes sociales a desacreditar el trabajo de la Fundación Alameda.

Nuevamente los servicios de inteligencia en maniobras sucias de difamación con delitos que la organización pelea hace mas de 15 años y por la cual sufrió todo tipo de agresiones.