Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.





Nuevas pruebas en la causa Aportantes Truchos

11 02 2019

Gustavo Vera hoy explicó en C5N la extensa investigación sobre los aportantes truchos que dejan temblando a Cambiemos, a camarista Irurzun y a la propia Carrió quien acusó de narco a un hombre que aparece aportando a la campaña de Macri presidente.





Aportantes truchos: más víctimas y las fundaciones PRO de tapadera

23 09 2018

Los miembros de la Alameda este lunes entregaron al juez Casanello una nueva lista de personas que fueron usadas como aportantes de campañas del partido gobernante. A su vez se denunció a las fundaciones PRO usadas para la recaudación ilegal.

Un total de 75 nuevas personas se comunicaron en las últimas semanas con la Fundación Alameda asegurando no ser aportantes voluntarios y que se comprometen a prestar declaración judicial. Esto lleva a un total de 300 personas que ya aportaron sus datos personales para presentarse a declarar en la causa por robo de identidad y lavado de dinero que se originó por la campaña de Cambiemos 2015 provincia de Buenos Aires que encabezó María Eugenia Vidal, y que luego se amplió a las campañas de Mauricio Macri presidente y Vamos Juntos de la Ciudad de Buenos Aires que lideró Elisa Carrió.

A fines de la semana pasada la Cámara Federal porteña, que preside Martín Irurzun, ordenó que el magistrado Casanello concentre todas las causas iniciadas por las recaudaciones ilegales de las campañas de Cambiemos.

En el expediente Nº 9900/2018 por la campaña presidencial hasta el momento la suma de dinero encubierta alcanza 1.437.350 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta) de pesos.

A su vez la Fundación Alameda, a través de Ximena Rattoni, Tamara Rosenberg y Gustavo Vera, aportan las publicaciones periodísticas con información vinculada al posible mecanismo de lavado de dinero. Un artículo del diario La Nación, escrito por Hugo Alconada Mon, titulada como “unas 300 empresas aportaron 84 millones al PRO en la última campaña”. Y la otra nota en El Destape de los periodistas Leandro Raduazzo y Juan Amorín que publicaron cerca de 4 mil mails sobre presuntas maniobras dirigidas por Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, para a financiar de manera ilegal la campaña electoral de Cambiemos en el año 2015. El artículo se titula “PeñaLeaks uno los correos que prueban la millonaria estafa marcos pena la campaña”.

Respecto a la campaña de Vamos Juntos las pruebas aportadas por los miembros de la Alameda Rattoni, Rosenberg y Vera tienen las siguientes particularidades, según la presentación judicial que se realizará este lunes 24:

– “El 65,90% de los aportes fueron realizados por empleados del Estado Nacional y Provincial, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– El 94,3% de esos aportes realizados por empleados públicos fue realizado en efectivo.

– Que el total de aportes realizados por los empleados públicos alcanzan los 8.166.000 (ocho millones ciento sesenta y seis mil) pesos.

– Un sector importante de los aportantes se encuentran registrados ante los organismos estatales como monotributista en locación de servicios, lo cual hace pensar que también podrían ser empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Que según el informe presentado ante la Cámara Nacional Electoral, una gran cantidad de los aportantes presentados se encuentran sectorizados en el mismo listado, según las dependencias en las cuales revisten funciones.

– Que la gran mayoría de los aportantes presentados que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron los aportes por el monto detallado supra en solo tres días del mes de octubre de 2017.

– Que una gran cantidad de los aportantes presentados y que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la fecha del aporte registrado, solo poseían cuatro meses de antigüedad en el cargo.

– Que aportantes son empleados de la empresa GlaxoSmithKline Argentina SA”, la cual es proveedora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

LAS FUNDACIONES COMO TAPADERAS

Por otro lado la Alameda investigó los millonarios fondos de las fundaciones de los miembros de Cambiemos y se estima que son usadas como otro mecanismo de recaudación ilegal para las campañas.

Esto derivó en otra causa penal contra las autoridades de la IGJ por el no control de las fundaciones vinculadas al PRO (causa Nº  15277/2018 en el Juzgado Federal Nº 8 de Martinez Di Giorgi) y ese expediente este lunes también será presentado en la causa que lleva adelante el juez Casanello.

Según la denuncia iniciada por la Alameda, las fundaciones del PRO “tienen como denominador común: a empresas contratistas del Estado que aportan dinero a las mismas y cuyo destino de los fondos claramente podrían ser utilizados para campañas políticas,  la Inspección General de Justicia (IGJ) con su actual administración (la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky) nunca investigó ni denunció el funcionamiento de estas Fundaciones Formar (de Guillermo Dietrich), Pensar y Suma (de Gabriela Michetti)”.

Las alianzas o partidos políticos solo pueden recibir aportes de personas físicas para las campañas electorales así lo establece la Ley de Financiamiento de los partidos políticos.

Por eso la Alameda dice en su denuncia que “la utilización de estas fundaciones entre las empresas y los partidos políticos pone de manifiesto esta situación. Razón por la cual se debería haber realizado una exhaustiva investigación por parte de la IGJ cuestión que nunca aconteció, donde se observa en la reiteración de esta conducta por parte de la IGJ un claro sesgo de protección hacia determinadas Fundaciones vinculadas a un partido político como es el Pro, dándose el caso de la responsabilidad del inspector actuante como el de la máxima autoridad del organismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La Fundación Pensar declaró que recibió Ingresos entre 2013 y 2015 por 11,5 millones de pesos, Fundación Formar por 6 millones, y Fundación Suma por 5,9 millones de pesos.

Entonces, la Alameda solicita al juez la indagatoria de inspectora Catalina Dembitzky que actuó directamente en los expedientes y al titular de la IGJ, Sergio Brodsky. “No hay dudas que se trata de un delito doloso, el autor tiene conocimiento de la ilegalidad de su accionar al no controlar a las fundaciones de los funcionarios”.





Todos libres por Time Warp: los acusan de un delito menor 

5 07 2016
Nota La Nación

Nota La Nación

El legislador porteño y titular de la Alameda, Gustavo Vera, sostuvo al diario LA NACION: “Llama la atención lo que resolvió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones cuando está claro lo que hicieron los organizadores de la fiesta electrónica para que terminara en tragedia. Está claro que son camaristas permeables al lobby de abogados vinculados con la vieja Secretaría de Inteligencia comandada por Antonio Stiuso”.

Mientras que en el diario Clarín afirmó Vera que  “es un disparate. Si tomaron los argumentos del juez y dieron por probado que los organizadores liberaron el territorio deliberadamente, generaron hacinamiento, vendieron agua trucha y que se vendía droga apenas se ingresaba al predio, ¿alguien puede decir que no sabían que estaban armando un cóctel explosivo que podía tener consecuencias mortales? En Big One ya hubo un muerto, y en otras fiestas organizadas por ellos hubo internados con intoxicaciones severas, no entiendo cómo les pueden bajar la calificación”. 

05/07/2016 La Nación – Nota – Sociedad – Pag. 16 

Time Warp: ordenaron liberar al abogado Stinfale 

Lo decidió la Cámara Federal de Apelaciones, al modificar la calificación legal contra los organizadores 

Gabriel Di Nicola

Los organizadores de la trágica fiesta electrónica Time Warp, donde murieron cinco jóvenes después de consumir drogas sintéticas, fueron beneficiados por la Cámara Federal de Apelaciones, que modificó la calificación legal por la que habían sido procesados en primera instancia y ordenó que los sospechosos que estaban detenidos fueran excarcelados porque “los riesgos de obstaculización de la investigación mermaron notoriamente”.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani (que no firmó la resolución porque está de licencia).

En su fallo, Irurzun y Farah revocaron la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Víctor Stinfale y sobre Adrián Conci, Carlos Garat y Carlos Nicodemo Penise.
En mayo pasado, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, había procesado con prisión preventiva a Stinfale, Conci, Garat y Nicodemo Penise como coautores de los delitos de comercio de estupefacientes agravado y abandono de personas seguido de muerte.

También Casanello había procesado a Martín Gontad, el denominado “rey de la electrónica”, pero en calidad de partícipe necesario.

Pero las defensas de los acusados apelaron la resolución de primera instancia y la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones modificó la calificación por el delito de facilitación de lugar para el comercio de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas, que tienen prevista una pena menor.

Al igual que Casanello, Irurzun y Farah consideraron coautores a Stinfale, Conci, Garat y Nicodemo Penise, y a Gontad, partícipe secundario.

“La atribución de los daños a la salud y muertes ocurridas deviene acertada. Sin embargo, y pese a su gravedad, no surgen elementos que permitan sostener que los responsables hayan actuado con el dolo que exige la figura escogida por el a quo [Casanello], sin perjuicio de lo cual las características de los hechos constatados -multiplicidad de atenciones médicas, el estado crítico de algunos y el desenlace fatal de otros, en las condiciones en que se verificaron- acreditan con la suficiencia propia de esta etapa que obraron culposamente”, sostuvieron los camaristas.
Sí Irurzun y Farah confirmaron los embargos fijados por Casanello sobre los bienes de los acusados. Por ejemplo, sobre Stinfale había ordenado embargar bienes hasta cubrir la suma de $ 50.000.000.

Después de que se hizo público el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, el abogado y socio de Stinfale Matías Morla publicó en su cuenta de Twitter: “Víctor Stinfale es abogado, padre de familia y honesto. Hoy quedó claro. Preparate Fiscal [Federico] Delgado, ahora seguís vos…[sic]. Los chicos fueron asesinados por un narcotraficante”.

El legislador porteño y titular de la Fundación La Alameda (ONG que en el expediente figura como amicus curiae del tribunal), Gustavo Vera, sostuvo a LA NACION: “Llama la atención lo que resolvió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones cuando está claro lo que hicieron los organizadores de la fiesta electrónica para que terminara en tragedia. Está claro que son camaristas permeables al lobby de abogados vinculados con la vieja Secretaría de Inteligencia comandada por Antonio Stiuso”.

La rave que terminó en tragedia comenzó en el complejo Costa Salguero la noche del 15 de abril pasado y terminó en la madrugada siguiente. Las víctimas fatales fueron Nicolás Becerra, Francisco Ernesto Bertotti, Bruno Claudio Boni, Martín Bazano y Andrés Valdez. Otros cinco jóvenes estuvieron varios días internados.

En su momento, por su estado de salud, Stinfale fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Lo mismo había sucedido con Garat.

Para Casanello, al igual que para el fiscal federal Delgado, que lo sostuvo en varios dictámenes, durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, en el predio de Costa Salguero, hubo una zona liberada. Para Casanello, los dealers que comercializaron droga en Costa Salguero “tenían presente Time Warp como un ámbito en el que la comercialización de estupefacientes era posible”.

Nota Clarin

Nota Clarin

05/07/2016 Clarín – Nota – Sociedad – Pag. 31 

Para la Cámara, no hay pruebas para acusar a los organizadores por la venta de drogas en la fiesta electrónica. 

Gisele Sousa Dias gsousa@clarin.com.ar El juez federal Sebastián Casanello los había procesado con prisión preventiva: un poco por creer que había riesgo de fuga –de hecho, aún hay tres prófugos– y otro tanto por el riesgo de que entorpecieran la investigación. Los consideró “el cerebro” de la trágica fiesta Time Warp: “organizadores” que, según su criterio, fueron coautores del delito de venta de drogas y responsables del abandono de personas que terminó con 5 jóvenes muertos y otros 5 heridos. Ayer, sin embargo, la Cámara Federal cambió el rumbo drásticamente: resolvió procesarlos por facilitar el lugar para la venta de drogas (no por venderlas activamente) y por homicidio culposo, es decir, por haber causado las muertes por imprudencias y no con intención. Además, ordenó que todos queden en libertad.

Con la revocación de la prisión preventiva dictada ayer al mediático abogado Víctor Stinfale (acusado de ser el organizador “desde las sombras”), a Adrián “El Pollo” Conci (presidente de Dell producciones, organizadora de la fiesta), a Carlos Garat (encargado del operativo de seguridad), y a Carlos “El Chino” Penise (encargado de controlar el acceso), no queda nadie detenido.
Stinfale estaba cumpliendo prisión domiciliaria por problemas cardíacos, al igual que Garat, que obtuvo ese beneficio porque tiene 73 años.
Conci, en cambio, estaba detenido en el penal de Ezeiza y Penise en el de Marcos Paz. La sala 2 de la Cá- mara Federal tampoco hizo lugar al pedido de prisión preventiva para el apoderado, Maximiliano Avila.

En sus fundamentos, los jueces dicen que los organizadores no podían desconocer que se consumían drogas y que si bien evitar el consumo es una tarea que los excede, “sí era posible adoptar todos los recaudos posibles para minimizarlo”.

Dieron por acreditado que hubo “una libre circulación de estupe- facientes” y que los organizadores controlaron mal (“la voluntad nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrentes”) “para garantizar el éxito económico del evento: proveer un ambiente donde la venta y el consumo de estupefacientes se desenvolviera sin inconvenientes”.
Sin embargo, consideraron que no hay pruebas para vincularlos con la venta de drogas y resolvieron cambiar la calificación por una más leve: facilitar la venta de drogas (agravado porque había menores, varios organizadores y porque fue en un lugar de diversión pública).

A la vez, entendieron que la ausencia de controles sumada al hacinamiento (porque ingresó el doble de gente que la permitida), la falta de ventilación, de agua y la escasa atención médica “transformaron los excesos –o imprudencias– en episodios inusuales de características fatales”. De este modo, los acusó de causar las muertes “sin dolo” sino por “imprudencia, negligencia o impericia”.

Fernando Burlando, abogado de Conci, estaba exultante: “Creo que la Cámara adecuó la calificación de manera correcta, porque la investigación había magnificado la conducta de varios de los protagonistas.

Para nosotros, la única responsable es Prefectura, que era la encargada de investigar la venta de drogas en la fiesta”. El legislador Gustavo Vera, uno de los particulares que se presentaron como “amicus curiae” (amigos del tribunal) está en la vereda opuesta: “Me parece un disparate. Si tomaron los argumentos del juez y dieron por probado que los organizadores liberaron el territorio deliberadamente, generaron hacinamiento, vendieron agua trucha y que se vendía droga apenas se ingresaba al predio, ¿alguien puede decir que no sabían que estaban armando un cóctel explosivo que podía tener consecuencias mortales? En Big One ya hubo un muerto, y en otras fiestas organizadas por ellos hubo internados con intoxicaciones severas, no entiendo cómo les pueden bajar la calificación”. 

Beneficiados con el fallo

Víctor Stinfale Al mediático abogado se le atribuye la propiedad de Energy Group, que fabrica el agua Block. Ya le habían dado la prisión domiciliaria.
Adrián Conci Es el titular de Dell Producciones, encargada de armar la Time Warp en Costa Salguero. Estuvo 8 días prófugo y luego fue preso a Ezeiza.
Carlos María Garat Fue el nexo entre la organización y los prefectos adicionales. Es un ex marino. Antes de la liberación le habían concedido la prisión domiciliaria, al igual que a Stinfale.
Carlos Penise Apodado “El Chino”, fue uno de los responsables de la seguridad.
Estaba preso en Marcos Paz.
Maximiliano Avila El apoderado de Dell Producciones ya había sido liberado tras su procesamiento. Ahora también tiene una acusación menor.
Martín Gontad Dueño de la marca Time Warp.
Nunca estuvo preso.

5 muertos dejó la fiesta electrónica de Costa Salguero. También, cinco internados graves que lograron recuperarse.

80 días pasaron desde la madrugada en que se desencadenó la tragedia, la madrugada del sábado 16 de abril.

43 procesados tiene la causa Time Warp en total, entre los organizadores, los dealers, los prefectos de narcóticos y los inspectores porteños.