Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.





Aportantes truchos: más víctimas y las fundaciones PRO de tapadera

23 09 2018

Los miembros de la Alameda este lunes entregaron al juez Casanello una nueva lista de personas que fueron usadas como aportantes de campañas del partido gobernante. A su vez se denunció a las fundaciones PRO usadas para la recaudación ilegal.

Un total de 75 nuevas personas se comunicaron en las últimas semanas con la Fundación Alameda asegurando no ser aportantes voluntarios y que se comprometen a prestar declaración judicial. Esto lleva a un total de 300 personas que ya aportaron sus datos personales para presentarse a declarar en la causa por robo de identidad y lavado de dinero que se originó por la campaña de Cambiemos 2015 provincia de Buenos Aires que encabezó María Eugenia Vidal, y que luego se amplió a las campañas de Mauricio Macri presidente y Vamos Juntos de la Ciudad de Buenos Aires que lideró Elisa Carrió.

A fines de la semana pasada la Cámara Federal porteña, que preside Martín Irurzun, ordenó que el magistrado Casanello concentre todas las causas iniciadas por las recaudaciones ilegales de las campañas de Cambiemos.

En el expediente Nº 9900/2018 por la campaña presidencial hasta el momento la suma de dinero encubierta alcanza 1.437.350 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta) de pesos.

A su vez la Fundación Alameda, a través de Ximena Rattoni, Tamara Rosenberg y Gustavo Vera, aportan las publicaciones periodísticas con información vinculada al posible mecanismo de lavado de dinero. Un artículo del diario La Nación, escrito por Hugo Alconada Mon, titulada como “unas 300 empresas aportaron 84 millones al PRO en la última campaña”. Y la otra nota en El Destape de los periodistas Leandro Raduazzo y Juan Amorín que publicaron cerca de 4 mil mails sobre presuntas maniobras dirigidas por Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, para a financiar de manera ilegal la campaña electoral de Cambiemos en el año 2015. El artículo se titula “PeñaLeaks uno los correos que prueban la millonaria estafa marcos pena la campaña”.

Respecto a la campaña de Vamos Juntos las pruebas aportadas por los miembros de la Alameda Rattoni, Rosenberg y Vera tienen las siguientes particularidades, según la presentación judicial que se realizará este lunes 24:

– “El 65,90% de los aportes fueron realizados por empleados del Estado Nacional y Provincial, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– El 94,3% de esos aportes realizados por empleados públicos fue realizado en efectivo.

– Que el total de aportes realizados por los empleados públicos alcanzan los 8.166.000 (ocho millones ciento sesenta y seis mil) pesos.

– Un sector importante de los aportantes se encuentran registrados ante los organismos estatales como monotributista en locación de servicios, lo cual hace pensar que también podrían ser empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Que según el informe presentado ante la Cámara Nacional Electoral, una gran cantidad de los aportantes presentados se encuentran sectorizados en el mismo listado, según las dependencias en las cuales revisten funciones.

– Que la gran mayoría de los aportantes presentados que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron los aportes por el monto detallado supra en solo tres días del mes de octubre de 2017.

– Que una gran cantidad de los aportantes presentados y que son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la fecha del aporte registrado, solo poseían cuatro meses de antigüedad en el cargo.

– Que aportantes son empleados de la empresa GlaxoSmithKline Argentina SA”, la cual es proveedora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

LAS FUNDACIONES COMO TAPADERAS

Por otro lado la Alameda investigó los millonarios fondos de las fundaciones de los miembros de Cambiemos y se estima que son usadas como otro mecanismo de recaudación ilegal para las campañas.

Esto derivó en otra causa penal contra las autoridades de la IGJ por el no control de las fundaciones vinculadas al PRO (causa Nº  15277/2018 en el Juzgado Federal Nº 8 de Martinez Di Giorgi) y ese expediente este lunes también será presentado en la causa que lleva adelante el juez Casanello.

Según la denuncia iniciada por la Alameda, las fundaciones del PRO “tienen como denominador común: a empresas contratistas del Estado que aportan dinero a las mismas y cuyo destino de los fondos claramente podrían ser utilizados para campañas políticas,  la Inspección General de Justicia (IGJ) con su actual administración (la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky) nunca investigó ni denunció el funcionamiento de estas Fundaciones Formar (de Guillermo Dietrich), Pensar y Suma (de Gabriela Michetti)”.

Las alianzas o partidos políticos solo pueden recibir aportes de personas físicas para las campañas electorales así lo establece la Ley de Financiamiento de los partidos políticos.

Por eso la Alameda dice en su denuncia que “la utilización de estas fundaciones entre las empresas y los partidos políticos pone de manifiesto esta situación. Razón por la cual se debería haber realizado una exhaustiva investigación por parte de la IGJ cuestión que nunca aconteció, donde se observa en la reiteración de esta conducta por parte de la IGJ un claro sesgo de protección hacia determinadas Fundaciones vinculadas a un partido político como es el Pro, dándose el caso de la responsabilidad del inspector actuante como el de la máxima autoridad del organismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La Fundación Pensar declaró que recibió Ingresos entre 2013 y 2015 por 11,5 millones de pesos, Fundación Formar por 6 millones, y Fundación Suma por 5,9 millones de pesos.

Entonces, la Alameda solicita al juez la indagatoria de inspectora Catalina Dembitzky que actuó directamente en los expedientes y al titular de la IGJ, Sergio Brodsky. “No hay dudas que se trata de un delito doloso, el autor tiene conocimiento de la ilegalidad de su accionar al no controlar a las fundaciones de los funcionarios”.





“Calviño se esconde en esta asociación ilícita”

28 04 2017

Por la detención del jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, advirtió que Guillermo Calviño, hoy superintendente de la Policía porteña y ex jefe de las 54 comisarias de la PFA, “es el jefe real de esta fuerza y se esconde detrás de esta asociación ilícita”.

Vera reveló que “el cuñado del comisario Villarreal es barra brava de Boca, Calviño, que está arriba de Potocar tiene tres causas, una por encubrir a policías coimeros que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, otra por encubrir a un barra de Boca y la otra por encubrir a la barra brava de Boca y fue designado por Daniel Angelici, que es presidente de Boca. Pero además tiene un familiar en la barra de Boca”.

“El jefe formal de la policía unificada es Potocar y el jefe real es Calviño, que a pesar de tener tres causas abiertas fue reincorporado a la Superintendencia y puesto por Horacio Rodríguez Larreta”, explicó el diputado de la Ciudad en declaraciones al programa “Minuto Uno”, que se emite por C5N.

En ese sentido, el también titular de La Alameda recordó: “En 2008 hicimos una investigación con un periodista (Claudio Mardones) y llegamos a la suma de 4.500 millones de pesos de recaudación por todas las comisarías cuando el presupuesto oficial era de 2500 millones de pesos.

 

JOSÉ PEDRO POTOCAR Y GUILLERMO CALVIÑO

LEY DE SEGURIDAD PORTEÑA

Vera recordó que “cuando se votó la Ley de Seguridad Pública en la Legislatura porteña” exigieron “que haya mecanismos de participación ciudadana, audiencia pública, control legislativo, presentación de declaración jurada”.

“Esperábamos que los jefes de la Policía Metropolitana fueran premiados, porque en definitiva no estaban en ninguna situación de procesamiento. Pero pasó al contrario, desplazaron a los jefe de la Metropolitana y pasaron sin beneficio de inventario a todos los comisarios de la estructura anterior, con Calviño a la cabeza, que es el que se está escondiendo en esta asociación ilícita”, agregó.

MÉTODO DE RECAUDACIÓN

El legislador porteño explicó que “de jefe de la brigada para arriba todos participan de la recaudación ilegal y se divide en tres: una para el funcionamiento corriente de la comisaría, otra para enriquecimiento ilícito de los jefes y otra parte va para arriba, a los políticos”.

“Hay una anécdota graciosa que me contó quien hoy es el Papa Francisco. Cuando hicimos la investigación de la recaudación ilegal, una persona asumió como comisario en una jurisdicción de Capital Federal y el jefe de la brigada le llevó el mapa de la recaudación ilegal, pero él le dijo que como era católico practicante se podía hacer el distraído con algunas cosas, pero no con los prostíbulos. Y ahí se produce una discusión y le dicen que no era solo para ellos”, arrancó Vera.

Y añadió: “Esto el comisario lo comentó con un cura, quien le dijo que lo hablara con Néstor Vallecas, el por entonces jefe de la Policía Federal. Y al contarle a Vallecas, este le respondió que no se hicieras problemas que él le mandaba a alguien de la brigada que recaudara en su zona y le daba los 27 mil pesos proporcionales de la comisaría. Sucedió en 2008, miren si esto no está verticalizado”.

GUSTAVO VERA Y JOSÉ PEDRO POTOCAR

SOSPECHOSO ROBO EN GENDARMERÍA 

Asimismo, Vera afirmó que “tan grave es la situación que luego de la detención de Potocar hubo una misteriosa incursión a un departamento de inteligencia de Gendarmería Nacional, de donde se llevaron computadoras que tenían transcripciones de escuchas”.

“Por eso, sospechamos que los sectores mafiosos y la inteligencia de la Federal están preocupados por el curso que está tomando la causa que no se suscribe solo al cuaderno”, precisó.

Vera sostuvo que “el fiscal José María Camapgnoli plantea que es un tema estructural, porque la liberación de zonas, la recaudación ilegal, la relación del comisario con el jefe de zona -el comisario inspector y el director General de Comisarías perfectamente se puede replicar en las 54 comisarías”.

El diputado de Bien Común indicó que “la información que tienen los medios se acota al cuaderno y el cuaderno es el 2 por ciento de la información, ya que hay una cantidad importante de policías que se fueron arrepintiendo, algunos están presos y otros no, que son de altas jerarquías y otros a niveles de sargentos, cabos y principales”.

“Ellos detallaron a lo largo de un año, junto con escuchas, todo el funcionamiento aceitado entre el comisario Norberto Villarreal, que está prófugo, la comisario inspector Susana Aveni y Potocar, estos dos están detenidos”, señaló Vera.

GUILLERMO CALVIÑO, GUSTAVO VERA Y JOSÉ PEDRO POTOCAR

Además, remarcó: “Algunos declararon para mejorar su situación procesal, otros que voluntariamente declararon de como es  dentro la estructura que funciona, el sistema de recaudación mafiosa y dieron detalles, lugares, búsquedas de elementos”.