Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.





Aportantes truchos: Marijuán atomiza la investigación

13 08 2018

 

Fiscal Marijuan

El fiscal Stornelli pidió licencia de la causa iniciada por los aportantes truchos y lavado en la campaña Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Su reemplazo el fiscal Marijuan atomiza la investigación enviando a otro expediente las campañas presidencial y porteña

Carlos Stornelli se alejó de la causa penal que inició la Alameda por los falsos aportantes y lavado de dinero en la campaña de Cambiemos provincia de Buenos Aires.

A su vez designa como reemplazo a Guillermo Marijuan. Éste sin demora rompe la integralidad de la investigación que sumaba a las campañas de Cambiemos presidencial y porteña. Al atomizar la causa no se investiga de manera integral la metodología del lavado, del robo de identidad y la asociación ilícita que hizo posible recaudaciones multimillonarias para las campañas que encabezaron Mauricio Macri, María Eugenial Vidal y Elisa Carrió.

El nuevo expediente recayó en el juez Marcelo Martínez Di Giorgi. Ahora es potestad de este magistrado aceptar o declararse incompetente para que la causa vuelva al magistrado original, Sebastián Casanello.





Bullrich y Ocaña usaron pobres como falsos aportantes de campaña

20 06 2018

Bullrich y Ocaña

Denunció penalmente Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común de la ong Alameda, a quienes encabezaron la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires el año pasado tras revelarse por una investigación periodística que usaron más de 200 personas pobres como aportantes a la campaña millonaria con la cual accedieron a convertirse en senadores y diputados.

Cambiemos en su última campaña electoral usó la identidad de 205 personas pobres para hacerlos pasar como aportantes a su partido. Este método ilegal de recaudación fue denunciado penalmente este martes 19 por la mañana en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa iniciada por Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda, recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Stornelli (este de licencia por viaje).

Esta demanda penal es sobre Graciela Ocaña, Esteban Bullrich, Gladys Gonzalez y Héctor “Toti” Flores. Todos ellos cabeza de la campaña Cambiemos 2017 en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia aporta los datos de una lapidaria investigación realizada por el periodista Juan Amorín para El DestapeWeb.

“A Ocaña, Bullrich, Flores y Gonzalez les imputamos que se conformaron como asociación ilícita para encubrir fondos ilegales que no pueden justificar su origen por venir seguramente de la corrupción o de delitos mafiosos y por último falsificación de los documentos públicos al tomar la identidad de personas pobres del listado de programas sociales. Fue adrede que buscaron en los pobres por su falta de acceso a la justicia, la información y todas las dificultades que significa vivir en la vulnerabilidad social”.

En la denuncia se destaca que el método de falsear aportantes en pequeños montos es una práctica de narcotraficantes serbios, ya comprobados en causas penales en trámite, que realizaron este método de atomizar fondos para lavar activos a través de personas pobres.

En la demanda judicial firmada por Schaerer se solicita que se tome declaración testimonial al periodista Juan Amorín, se compile todos los aportantes de Cambiemos 2017 y que se analice su patrimonio con la base de datos de AFIP, Banco Central y Ministerio de Desarrollo Social.

Este martes fue el fiscal electoral, Jorge Di Lello, quién tomó la iniciativa de iniciar una investigación preliminar. Por ende le tomó declaración al periodista y al parecer haría lo mismo con algunos de los que figuran como aportantes y lo desmintieron para el informe televisivo del programa El Destape.

“Mauricio Macri y Elisa Carrió junto a los radicales oficialistas dijeron que venían a combatir la corrupción pero ellos son la corrupción. Mauricio es el mismo de su encuentro en un narco-prostíbulo en Cancún y que recibió aportes de Raúl Martins zar de los prostíbulos, y también Gabriela Michetti quedó vinculada a un tratante y proxeneta que sumó a su campaña a senado. O sea no es nuevo que los líderes de Cambiemos están ligados al financiamiento mafioso de sus campañas”, agregó el denunciante Lucas Schaerer miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda que preside Gustavo Vera.  





“A Szpolski no lo investigan por sus vínculos con la ex SIDE”

6 07 2016
Matías Garfunkel, Mariano Martínez y Sergio Szpolski

Matías Garfunkel, Mariano Martínez y Sergio Szpolski

Gustavo Vera, legislador porteño y titular de la ONG La Alameda habló de las relaciones entre el empresario Sergio Szpolski fundador del diario Tiempo Argentino con funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y considera que el mismo goza de impunidad por sus relaciones con la ex SIDE. 

http://www.urgente24.com/254368-gustavo-vera-afirma-que-a-szpolski-no-lo-investigan-por-sus-vinculos-con-la-ex-side

GRUPO 23: VACIAMIENTO Y CONJETURAS

Por Urgente24

El legislador de Bien Común y titular de Fundación La Alameda, Gustavo Vera, habló de las relaciones entre el empresario Sergio Szpolski con funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Gustavo Arribas y que como secretario de Finanzas tiene a Juan José Gallea, un contador muy cercano al ex subjefe de la SIDE, Darío Richarte y al presidente de Boca, Daniel Angelici. De la mano de Richarte, Gallea también fue directivo del grupo de medios kirchnerista Veintitrés, de Szpolski.

En febrero pasado, Gustavo Vera presentó una denuncia que involucra al ex agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, al ex SIDE Darío Richarte y al empresario de medios Matías Garfunkel por el manejo de fondos del Estado y lavado de dinero a través de sociedades anónimas. “A Gallea también lo hemos denunciado por enriquecimiento ilícito, porque no puede justificar su situación patrimonial. Lamentablemente, nos tocó por sorteo el juez Luis Rodríguez, vinculado a la SIDE, padrino de Javier Fernández (Auditoria General de la Nación), intimo de Stiuso. Además, el fiscal de la causa es (Carlos) Stornelli, que pedimos se excusara porque comparte cargos en la comisión directiva de Boca Juniors (fue Jefe de Seguridad del club)”, expresó.

Vera resaltó el supuesto vínculo entre el funcionario de la AFI y el empresario K. “Gallea se hizo empresario el 27 de diciembre de 2001, en el momento más caótico de la Argentina. Creó, por boletín oficial, la empresa Investment Corporation, que sospechamos lo hizo robando fondos de la ex SIDE, postulándose como presidente. Lo hizo a través de la fusión de dos empresas del Uruguay”.

Gallea fue designado como secretario de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia con el aval de Daniel Angelici, señalado como uno de los operadores judiciales del macrismo. Es la segunda vez que ocupa ese cargo sensible: había estado en la SIDE durante la presidencia de Fernando De la Rúa, y había quedado bajo la lupa por el supuesto manejo de los fondos reservados para el pago de sobornos por la ley Banelco.

Mediante una denuncia penal, Vera pidió “que se investigue de donde salió su capital. En la época de la Alianza, era quien administraba las empresas pantalla de la ex SIDE, por las cuales sospechamos que se transfirió bienes que eran del Estado”.

Vera afirmó que “a través de Richarte, Gallea se asoció con Sergio Spolski, no sólo como CEO del Grupo 23, sino en la empresa Sacaan, la panificadora que financiaba a ese grupo y en la cual está la propia mujer de Stiuso, María Cecilia Rossero”.

Según Vera, a Szpolski no se lo investiga como a Lázaro Báez o Cristobal López porque “respetan los códigos de Omertá, los códigos mafiosos. Estos son los casos donde vos tirás de la cuerda y caen de los dos lados. Te das cuenta que la grieta es una truchada. Por ejemplo, cuando Lázaro Báez mencionó a Calcaterra, disminuyó mucho la publicidad sobre su causa. Creo que cuando alguna causa se investigue a fondo, salpica a cualquier aparato del Estado. No es una cuestión K o anti K”.

Vera estuvo de acuerdo en destacar el supuesto rol de Javier Fernández en la Auditoría General de la Nación, de blindar a Szpolski, mediante su vínculo con Angelici y Richarte, presidente y vicepresidente tercero de Boca Juniors, respectivamente.

Además, según publicó el empresario Matias Garfunkel en Twitter, “Szpolski me contó que Javier Fernández le prestó dinero al grupo Veintitrés y su tío Manuel Menéndez es director de alguna de las empresas”.

El legislador cercano al Papa Francisco afirmó que “hace mucho tiempo, en los principios de los 90, Szpolski daba vueltas por la SIDE, con personajes oscuros como (Esteban) Caselli”, ex embajador en el Vaticano y vinculado con Alejandro Colombo, reciente agregado de la AFI en la embajada argentina en Italia.

También disparó contra el ex director de Inteligencia de la SIDE, Alberto Pocino “quien hace tareas part time para el Gobierno” y agregó que “junto a Stiuso y Milani, hacen como ‘Titanes en el Ring’, fingen que se pelean, pero en realidad toda esta lacra sobrevive a todos los gobiernos de turno, mientras se enriquecen a costa del Estado y pactan con el crimen organizado”. 

Vera hizo estas declaraciones a Radio América, que perteneció a Szpolski hasta el 22/01, cuando se la vendió al empresario correntino, Mariano Martínez Rojas, acusado de desalojar en forma violenta el periódico Tiempo Argentino, también de su pertenencia. También irrumpió a la fuerza en la emisora el mes pasado, ante el reclamo de los trabajadores de ambos medios, que no cobran sus sueldos desde enero y formaron una cooperativa para continuar con su trabajo.

Los trabajadores en el Congreso

La Comisión de Libertad de Expresión de Diputados recibió este martes 05/07 a los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América, desalojados a los golpes ayer a la madrugada por el empresario correntino Mariano Martínez Rojas, quien irrumpió con patovicas adjudicándose la propiedad de los medios.

La comitiva de empleados tuvo varias sorpresas en el Congreso: sólo asistieron diputados kirchneristas y, no sin cierta incomodidad, aceptaron citar próximamente a Sergio Szpolski, dueño original los medios y aliado editorial de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández.

“Vamos a citar a Szpolski a la Comisión”, prometió Remo Carlotto, su presidente y flamante miembro del bloque Peronismo para la victoria, integrado con los seis diputados del Movimiento Evita que se fueron del FpV-PJ, varios presentes en la reunión.

 





Carta abierta al boxeador Sergio “Maravilla” Martínez

21 06 2013

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Desde la Fundación Alameda queremos hacerle llegar al deportista Sergio “Maravilla” Martínez nuestra profunda preocupación respecto del uso de su figura, tan querida popularmente, como “cara pública” de la marca textil Cara Cruz. Y queremos contarle las razones.
Esta semana, por segunda vez en dos meses, se pudo detectar que la marca de indumentaria Cara Cruz basa su producción en talleres clandestinos, utilizando trabajo esclavo e infantil.
Nuestra Fundación ha rescatado siete costureros, de los cuales dos son menores, que se encontraban esclavizados en un taller textil clandestino de Floresta que produce para la marca Cara Cruz.
También queremos comentarle que dicha situación ya se encuentra judicializada, tramitando la Causa bajo el N° 5857/13, a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli.
La denuncia contra Cara Cruz es por trata y tráfico de personas, violación a la ley de migraciones, reducción a la servidumbre mediante deuda, utilización de trabajo infantil, configurando un trato absolutamente inhumano hacia los trabajadores que, además, viven hacinados en el taller y les dan de comer alimentos en mal estado.
Creemos que figuras públicas de relevancia para la sociedad como es su caso, no deben ser utilizadas por empresarios inescrupulosos capaces de tales atropellos a los más elementales Derechos Humanos y que, por el contrario, dar señales claras de repudio a estas prácticas colabora en el camino de construir el bien común.
Como las monedas, esta marca de indumentaria que se instala en el mercado a través de su figura, tiene dos lados: una CARA simpática en la vidriera de un shopping y una CRUZ pesada en la espalda de sus trabajadores.
La gravedad de la situación nos motiva a hacerle llegar estas líneas, decirle que están a su disposición los registros fílmicos y documentación pertinente y lo invitamos a visitar La Alameda si lo creyera necesario para mayor información.

Contacto:

www.fundacionalameda.org

fundación.alameda@yahoo.com.ar

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