Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.

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“Tenemos un gobierno de ocupación”

26 12 2018

Entrevista en El Ciudadano de Rosario

Un reportaje al titular de la Alameda y referente nacional de la Multisectorial 21 F, donde explica con detalles porque Cambiemos se transformó en un gobierno de ocupación, que a las elecciones llegamos de visitante y el referí vendido y que la falta de unidad del peronismo es la derrota segura como sucedió hace un año atrás.  

Por Guillermo Correa

https://www.elciudadanoweb.com/gustavo-vera-el-fmi-sabe-que-es-mas-barato-pagar-planes-que-salarios/

“El #21F es la primera expresión masiva después de la paliza que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina perdió con Bullrich y Ocaña, y fuimos divididos en tres listas. ¿Qué dijo la militancia el #21F? Basta, únanse. Hugo y Pablo interpretaron ese mensaje, fueron los que se pusieron la Patria al hombro en la lucha contra la reforma laboral, acompañados por la CTA, por la Corriente Federal, por las organizaciones sociales y ahora por el Frente Sindical”, definió el militante social Gustavo Vera. De regreso a Rosario, donde precisamente había sido cofundador de la Multisectorial #21F local –se creó en mayo pasado y era la cuarta del país, ahora suman 44 en todo el territorio nacional– el dirigente de la ONG La Alameda y amigo del papa Francisco realzó la figura de los Moyano como contendientes del plan de ajuste del gobierno nacional. Con ese tono pasó revista a la situación social económica y política del país, y lo hizo en el máximo epicentro del moyanismo en la ciudad: el Sindicato de Recolectores de Residuos, que conduce Marcelo “Pipi” Andrada y se domicilia en la misma red de estructuras edilicias de la Federación de Camioneros, en La Paz al 1400.

Vera había estado en mayo en el Círculo Católico de Obreros, donde se reunió un conglomerado de organizaciones que protagonizaron o apoyaron la movilización del 21 de febrero que desbordó la 9 de Julio para exigir un cambio de rumbo al gobierno. Aquella convocatoria devolvió a primer plano a los Moyano, pero tuvo otra particularidad: tanto en el palco como en la calle se abrió a un sinfín de expresiones que incluían a sindicatos del interior que no formaban parte de la coalición que la convocaba –CTA, Corriente Federal de Trabajadores, movimientos sociales y pymes entre ellas– y marcharon al margen de sus conducciones nacionales.

“El #21F es más grande que la CGT”, proclamó esta semana Gustavo Vera en Rosario. Es que 48 horas antes había estado en la capital provincial, donde quedó conformada la Multisectorial #21F Santa Fe, y ya tenía una agenda cargada hasta febrero de 2019, que transcurrirá por las provincias de Córdoba y La Pampa, entre otros rincones. Si todo sale como lo tienen previsto, a principios de año ya habrá medio centenar de multisectoriales en funcionamiento, y cada una con al menos 15 organizaciones –“Es la regla, si no, no hay multisectorial”, aclara Vera– que incluyen desde poderosos gremios hasta pequeñas bibliotecas populares, pasando por clubes, entidades intermedias organizaciones sociales, fuerzas políticas.

“Esta lucha después se empezó a materializar en las provincias y está generando un nivel de unidad extraordinario. Cuando se juntan 4 mil militantes y no hay ningún dirigente conocido y habla toda gente de base y no se mueve ninguno de los que están, esto nos tiene que llamar la atención. La gente concelebra movilizarse y defender a la Patria. El pueblo está reclamando acción”, sostiene Vera sobre experiencias que se fueron concretando en diferentes lugares del país. El extremo vaivén pendular de la conducción cegetista le da viento a favor al entramado que impulsan los Moyano: en pocos días la central sindical pasó de evaluar un paro general por 36 horas para exigir  un cambio de rumbo económico a pactar un bono de 5 mil pesos y quedarse quieta, mientras que los gremios, por paritarias, por federación, por seccional, o por fábrica que cierra, suspende o despide, todos los días protagonizan protestas en alguna parte del país.

“El #21F ha tenido un papel decisivo en marchas contra los tarifazos, en apoyo a conflictos, en apoyo a los jubilados, en crear solidaridad en los propios trabajadores”, grafica Vera. Y elogia la Multisectorial de Rosario: “Marcó un camino que incluso fue tomado por otras provincias y otros distritos”.

Pero en esa ebullición, la red de multisectoriales no sólo aspira a resistir o batirse en retirada. Avanzó en un programa económico, social y político, al estilo de los recordados 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini,  y espera tallar en las alianzas de 2019, ocupando un lugar no menor, acorde a su protagonismo. Uno de los puntos que va a machacar Vera es en la unidad, sin matices, con la sola y única frontera del macrismo. “Nosotros no queremos una muy buena discursera o discursero jefe de la oposición: nosotros queremos recuperar la Patria. Por eso tenemos que mantenernos unidos, desde (Guillermo) Moreno a (Juan) Grabois, desde Guardia de Hierro a La Cámpora, desde Nuevo Encuentro a  UPCN, desde Camioneros a Comercio. Todos adentro”, sintetiza.

Y en esa dirección apunta, lógicamente, al peronismo federal y abre paraguas sobre los gobernadores, a los que considera forzados por la billetera de la administración central. “Hay provincias que dependen en un 80 por ciento de la coparticipación. Y si se retrasa un día la coparticipación, estallan. Entonces, ¿con qué dedo puedo yo acusar y decirle, por ejemplo, a Catamarca por qué vota lo que vota, con el nivel de dependencia de la coparticipación que tiene? No es fácil tener una provincia autosustentable cuando no se tienen los recursos… Una cosa es juzgar a los gobernadores en el marco de una comunidad organizada, y otra es juzgarlos en el marco de una política de ajuste brutal”, mapea Vera.

Y ratifica de nuevo: “Yo creo que necesitamos a todos unidos, y esto significa a Cristina y al peronismo federal. Tenemos que encontrar el común denominador. Y entiendo que Cristina plantea lo mismo, porque ella dijo claramente: «Yo voy a  apoyar aquella fórmula que se la más efectiva para ganarle al macrismo»”.

Para Vera el problema es que “hay algunos que son más papistas que el Papa”. Pero les baja el precio en la pelea que para él es la clave de todo. “Están más preocupados por sus puestos o por la cantidad de diputados que van a meter, que por ganarle a este gobierno de ocupación. Insisto: tenemos un gobierno de ocupación, porque llegó democráticamente a través de la mentira, y hoy le ha entregado llave en mano los destinos el país al Fondo Monetario Internacional”.

En esa línea Vera advierte que  el gobierno conserva para 2019, más que una carta, los dos anchos y los dos siete buenos en la manga. “Vamos  a  una elección donde la mayoría de las elecciones provinciales ya se hicieron, donde vas a jugar en cancha visitante, con referí bombero, y ellos con el aparato del Estado. Ellos tienen plan A, plan B, plan C y plan D. Piensan en (María) Vidal, piensan en (Martín) Lousteau. El sector más hiperconcentrado de la economía tiene diferentes variables para tratar de que continúe este régimen oligárquico al servicio de los más poderosos. En cambio, el campo popular todavía estamos tratando de armar un plan A, un plan B…”.

Vera aclara que ni siquiera el cúmulo de evidencias de la responsabilidad directa del gobierno en la situación económica (y no la herencia del gobierno anterior ni menos el disparate sobre la culpa presente de un gobierno futuro) está impactando. “Todavía el gobierno sigue teniendo un treinta y pico por ciento de apoyo. Claro, si no hubiera recibido el apoyo del Fondo Monetario Internacional naturalmente estaríamos en default, con corralito, y estarían quemando las palmeras como aquel 19 de diciembre lo hizo la clase media y alta, que es el núcleo de apoyo que hoy tiene el gobierno”, sostiene. Pero advierte: “No está descartado que esto ocurra, a pesar del FMI”.

“Hay que ver qué pasa en febrero y marzo con el fenómeno Brexit, con Inglaterra separándose de Europa y chupando capitales golondrina a lo pavote, hay que ver cómo trastabilla el mercado internacional, qué pasa con el curro de las Leliq y si les dan los números y las cuentas. Hasta que eso no ocurra, todavía la clase media alta y la clase alta –no me refiero a la masa asalariada que gana entre 8 mil y 70 mil pesos– se va a mantener en una posición donde no apoya abiertamente al gobierno, pero tampoco a ninguna variante de la oposición. Esto sí puede llegar a ocurrir si hay un desbarranque financiero, de lo cual no estamos lejos”.

Con todo, Vera asusta, pero diferencia aquel 2001 de los tiempos que corren, aunque no necesariamente para bien. De hecho, su organización, La Alameda, surgió a principios de siglo como una de las asambleas barriales que brotaron por todos los barrios porteños. La “20 de diciembre” del Parque Avellaneda, recuperó, entre sus primeras acciones, un antiguo y emblemático bar, que ya estaba cerrado en 2001, y  lo convirtió en comedor comunitario. Se llamaba La Alameda.

Durante meses la asamblea preparó raciones para más de un centenar y medio de personas, vecinos de Parque Avellaneda, que no tenían qué comer. Después emprendió batalla contra talleres clandestinos de costura que esclavizaban a los trabajadores –muchos de ello extranjeros que durante el 1 a 1 soportaban esas condiciones para mandar remesas en dólares a sus familias– y contra la trata y la explotación laboral o sexual de personas.

Por eso Vera no reconoce aquellas condiciones en la realidad presente. “En 2001 los protagonistas eran la clase media alta y alta que les habían tomado los ahorros, y los sectores totalmente excluidos que no tenían ni para comer. Los asalariados recién entraron a la lucha tiempo después, en abril, mayo de 2002, cuando se empezó a sentir en el bolsillo el impacto de la devaluación. Mientras tanto los actores principales eran las asambleas de los sectores medios y los piquetes de los excluidos. Hoy todo el sector que está siendo excluido tiene un engranaje de ayuda social que ya funcionaba en el gobierno anterior, que este gobierno incrementó y que el Fondo Monetario autorizó incrementar. El FMI no autoriza a hacer un puente, una escuela, pero sí a subir un punto y medio el presupuesto para dar más planes, porque aprendió la lección de 2001. Y porque sabe que es más barato pagar planes sociales que salarios de convenio”.





Los comisarios de las zonas liberadas

26 01 2017
Lucas Schaerer, Director Comisión de Trata Legislatura porteñoa

Lucas Schaerer, Director Comisión de Trata Legislatura porteñoa

El director de la Comisión de Trata de la Legistura porteña y miembro de la Alameda, Lucas Schaerer, denunció en América 24 que varios de los comisarios y comisarios inspectores que ascendieron en la “nueva” policía de la Ciudad “están vinculados a las zonas liberadas”.

En ese sentido Schaerer recordó que el ahora comisario inspector Héctor Valdivia, al igual que los procesados por enriquecimiento ilícito Claudio Lucione (comisario) y Osvaldo Tapia (comisario inspector) “se desempeñaron en la comisaría 7ma, del barrio de Once, donde recaudaban de los manteros, prostíbulos, explotación laboral y narcotráfico”.

“Lamentablemente el Gobierno de la Ciudad avaló los ascensos que hubo y que fueron dispuestos por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Pueyrredón, y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. Ascendieron a Valdivia, a quien conocemos de Once, cuando los vecinos y La Alameda presentamos el mapa del delito en 2013 en la Iglesia San Expedito y en la sinagoga de Paso y Avenida Corrientes”, precisó Schaerer en declaraciones al programa “Tercera Posición”, que conduce Rolandro Graña.

El director de la comisión de Trata de la Legislatura porteña sostuvo que entre los ascensos a comisario inspector están los de “Valdivia, Alejandro Attili, el comisario de la seccional 38, donde los vecinos reclamaron por la muerte de Brian, y Roxana Corbo, la jefa de la seccional en la que hicieron explotar un petardo en la foto del ministro Martín Ocampo”.

“También ascendió, pero a comisario mayor, Orlando Gavilán y va a estar en la cúpula de la Policía de la Ciudad, vinculados a las mafias de trata laboral, sexual, narcotráfico”.

Respecto a la comisaría 7ma., Schaerer recordó que “en uno de los escraches” que hicieron “vecinos, familiares del boliche Cromañón y La Alameda contra el prostíbulo de Rafael Levy, quien era dueño del local donde estaba Cromañón-2 el entonces comisario Luis Poggi llamó a un vecino y le dijo que la ‘cortaran’ con meterse con la plata que le da de comer a sus hijos”.

“Para Poggi, de la recaudación del prostíbulo de Levy salía el dinero del que hablaba que le daba de comer a sus hijos”, concluyó.