Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.

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Denuncia penal a Natacha Jaitt

2 04 2018

Hoy martes 3 de Abril, a las 9:00 hs, el titular de la Alameda, Gustavo Vera, presenta ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal una querella criminal por calumnias e injurias contra Natacha Jaitt  por sus mentiras en el programa de Mirtha Legrand.

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PROMUEVE QUERELLA.

  1. JUEZ:

GUSTAVO JAVIER VERA, titular del D.N.I. Nº16.952.954, con domicilio en la calle Directorio 3998 de esta ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Andrés D. Popritkin, inscripto en el Tº107, Fº905 del C.P.A.C.F., constituyendo domicilio en la calle Monroe 2630, piso 8, oficina “B” de la ciudad de Buenos Aires, y electrónico 20289372033, respetuosamente comparezco y a V.S. digo:

I – OBJETO.-

Que vengo a promover querella criminal por los delitos de calumnias e injurias (artículos 109 y 110 del Código Penal de la Nación) contra Natacha Jaitt, con domicilio real en la calle Caracas 4518 de la ciudad de Buenos Aires, con motivo de las reiteradas expresiones falsas y agraviantes contra mi persona.-

Asimismo, en los términos de los artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal de la Nación vengo a solicitar se me tenga por parte querellante.-

II – HECHOS.-

El pasado sábado 31 de marzo en ocasión de participar del programa televisivo “La noche de Mirtha”, emitido por el canal 13, la Sra. Natacha Jaitt dolosamente descargó una andanada de calumnias e injurias contra mi persona (si bien sus dichos incluyeron a otras varias, la naturaleza individual de esta acción hará que me refiera exclusivamente a sus expresiones en cuanto a mí se refirieron).-

Concretamente, expresó en relación a mi persona “que es pedófilo y es trata”, “que baja prostíbulos y se los queda el ilegalmente”, “sos una enferma serial igual que Gustavo Vera” (dichos referidos a la periodista Mercedes Ninci, quien compartía la mesa con la nombrada Natacha Jaitt), “prostitutas de la calle y lamentablemente de departamentos tuvieron que soportar vejaciones, abusos sexuales de poder del señor Vera”, “el supuestamente despegaba los papelitos de ellas pero pegaba los suyos, se apropió de La Alameda, se apropió de prostíbulos, apretó a camareras, varios lugares para quedarse con ellos”.-

Tales afirmaciones las hizo mientras discutía con la periodista Mercedes Ninci, quien recordaba la trayectoria de la ONG La Alameda en la lucha contra la trata de personas, rebatiendo las falsas acusaciones. El contrapunto hizo que la querellada dirigiese su difamación también a la periodista a quien la espeto: “¿Vos también practicas la pedofilia con Vera? Vos sos cómplice de la pedofilia”.

Las expresiones difamatorias se produjeron mientras Natacha Jaitt decía haber sido contratada por una empresa, la cual no nombro, para hacer una investigación sobre mi persona: “el primer caso que me dan a investigar es el de tu amigo ¿Qué hago? Filmaciones, logística, un año de seguirlo”.-

Tales calumnias e injurias constan en el video que se acompaña y que también puede ser consultado en muchas páginas de internet:

https://radiomitre.cienradios.com/tiembla-papa-francisco-gustavo-vera-pedofilo-denuncio-natacha-jaitt/

http://chipiona.org/2018/04/02/jaitt-tir-contra-todos-abusos-en-independiente/

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-1-1-22-43-gravisima-acusacion-de-natacha-jaitt-contra-gustavo-vera

https://www.diariopopular.com.ar/espectaculos/natacha-jaitt-abrumo-mercedes-ninci-y-mirtha-se-puso-nerviosa-n348457

https://www.infobae.com/teleshow/2018/04/01/el-tenso-cruce-entre-mercedes-ninci-y-natacha-jaitt-en-la-mesa-de-mirtha-legrand/

https://www.filo.news/actualidad/Natacha-Jaitt-revelo-nombres-de-famosos-involucrados-a-la-pedofilia-20180331-0036.html

https://www.dobleamarilla.com.ar/superliga/natacha-jaitt-senalo-a-mas-personas-en-el-escandalo-por-la-red-de-trata_a5ac153a4ef76540f2867b48c

Como se observa de la gravedad de la ofensa, esta reúne todos los elementos normativos con lo que nuestro Código Penal castiga la falsa imputación de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública (la trata de personas, la explotación de la prostitución ajena, son delitos de acción pública) y las injurias contra el honor de una persona (llamarlo pedófilo).-

El lugar donde se formuló fue conscientemente escogido por la masividad de su audiencia. Este obrar a conciencia quedó evidenciado a través de los apuntes que la querellada llevó consigo al programa como ayuda memoria, en relación a los agravios que estaba llamada a realizar en la plataforma televisiva.-

El dolo es evidente ya que la autora comprendía la potencialidad lesiva de las expresiones utilizadas y precisamente por ello las formuló –animus injuriandi–. Sabía lo que decía y era parte de un plan previamente concebido. No hay duda, entonces, de que se tenía conocimiento de que las expresiones vertidas eran ofensivas, importando ello el dolo necesario como elemento integrante del tipo subjetivo de la conducta juzgada. (CNCRIM Sala IV (Correc.) – Barbarosch, Navarro, Escobar – (Correc. “H”, Sec. 57) C. 43.870, MONFARDINI, Norma I. Rta: 27/7/94.-).-

También sabía, pues es de dominio público, el cese de mis funciones de funcionario público y que la intención era agraviar y lesionar mi honor de manera ostensible. Como es sabido el honor, como bien jurídico que la ley penal protege, no es objeto de prueba: su existencia se presume como inherente a la personalidad de todos los seres humanos.-

III – LA LIBERTAD DE OPINION Y SUS LÍMITES.-

Como ex legislador comprendo bien que la libertad de expresión es un derecho imprescindible y fundamental para la subsistencia de la sociedad democrática. Sin embargo, aquella posee el límite que encuentran todos los actos humanos en una sociedad civilizada y este es el derecho de terceros. Cuando los dichos no solo resultan inexactos y afectan el honor de un tercero, sino que fueron dolosamente proferidos para calumniar e injuriar –como en este caso– no existen razones constitucionales para librar de responsabilidad al autor de aquella.-

Los artículos 109 y 110 del Código Penal de la Nación preservan el honor de los particulares contra estos ataques inspirados en un fin criminal.-

IV – LAS PRUEBAS.-

Con miras a la acreditación de los extremos invocados en la presente acusación, se ofrecen y adjuntan las siguientes pruebas:

  • Videos del referido programa televisivo.-
  • Se le reciba declaración testimonial a la periodista Mercedes Ninci.-
  • Se le reciba declaración testimonial al periodista Alejandro Fantino, para que deponga en relación a sus manifestaciones radiales del 2 de abril del corriente año.-

V – PETITORIO.-

Por lo expuesto, a V.S. solicito:

  1. Tenga por interpuesta la querella criminal por el delito de calumnias (Art. 109 del C.P.) e injurias (Art. 110 del C.P.) contra Natacha Jaitt.-
  2. Me tenga por parte querellante y constituido el domicilio procesal.-
  3. Se reserve la documentación acompañada.-
  4. Se practique las medidas probatorias ofrecidas.-
  5. Tenga por formulada acusación contra la querellada y oportunamente la condene al máximo de pena prevista.-

PROVEER DE CONFORMIDAD.-

SERÁ JUSTICIA.-





Apelación y repudio al procesamiento de Bonadio

13 07 2017

El legislador y candidato a renovar su banca por la lista Honestidad y Coraje en el frente Unidad Porteña, Gustavo Vera, apeló este jueves el procesamiento que dispuso el juez federal Claudio Bonadio.

El escrito fue presentado por el abogado Andrés Popritkin, quien pidió que se “revoque lo resuelto y se ordene la realización de las medidas de prueba solicitadas.

repudio en la puerta de los tribunales federales de Comodoro Py

En la presentación el letrado explicó que Vera y Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT “no eran meros depositarios judiciales, sino que tenían la expresa manda judicial de destinar los bienes entregados para su reutilización social en los términos planteados por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 (Ariel Lijo), lo que no ha sido siquiera contemplado” por el propio Bonadio.

En ese aspecto, “se omitió valorar las acciones realizadas por la parte para poner los bienes (dos máquinas de coser) en condiciones óptimas de uso y funcionamiento”.

“Al respecto las maquinarias en cuestión exigen la debida capacitación para su uso y un lugar adecuado para su correcta y segura manipulación. En esa línea han sido reparadas y también se han firmado contratos de comodato con dos organizaciones sociales, ello con autorización expresa del juez instructor. Se realizó una donación de dinero que, un vez recibidas las máquinas, se solicitó que sea destinada al acondicionamiento de un espacio para colocar las mismas”, agregó Popritkin en el escrito.

Posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones revocó el fallo y ordenó devolver ambas máquinas a sus dueños, quienes están imputados por trata de personas.

En ese sentido, se detalló: “Que no haya avanzado el trámite no es imputable a los señores Vera y Piumato, sino a los avatares judiciales que le tocó atravesar a aquél legajo, dando cuenta que desde que se firmaron los contratos de comodato y se presentaron en la Justicia, hasta que la Cámara Federal resolvió los autos principales y el incidente de entrega transcurrieron únicamente 20 días, y no cuatro meses como se señala en el resolutorio apelado”.

El abogado del diputado de la Ciudad continuó en ese línea y explicó que Bonadio, al procesarlo, “no ha comprendido que la función de Vera y Piumato no era la de mantener simplemente las máquinas en custodia y resguardo, sino en la de arbitrar todos los medios necesarios para que los bienes entregados sean reutilizados socialmente”.

Volantes repartidos en Comodoro Py

“Al no comprender esa función social, devenida de manera directa de la orden de un juez” es que Bonadio “ha valorado la prueba de manera parcial y sesgada”.

“A las claras se advierte que dicha obligación no recaía sobre Vera y Piumato, sino que era una deber del juzgado. Al respecto, recuérdese que los jueces federales cuentan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un Cuerpo de Peritos Tasadores Oficiales, en tanto que Vera y Piumato son únicamente dirigentes en distintas organizaciones de la sociedad civil, por lo que mal podrían haber realizado la tasación que se les pretende endilgar”, añadió.

Asimismo, se remarcó que se solicitó en esta causa que el magistrado “reciba declaración testimonial al Dr. Ariel Lijo, pero esa prueba -en claro perjuicio de esta parte- nunca fue proveída”.

Asimismo, se cuestionó el procesamiento de Vera, ya que si el legislador porteño fue designado depositario judicial junto a Piumato “y sobre ambos recayeron las mismas obligaciones” cómo puede ser que al dirigente de la CGT lo haya desvinculado sin siquiera ponerlo en conocimiento de la acusación que pesa sobre su persona”.

Respecto al embargo trabado al titular de La Alameda, el letrado sostuvo que “el monto elegido resulta totalmente arbitrario y antojadizo” y aclaró que el juez Bonadio, al momento de fijarlo “enumera una serie de rubros en los que se basa, lo cierto es que no especifica cómo se compone cada uno de ellos, y por ende, cómo llega a esa suma final”.

El letrado precisó que “la tasación la ha realizado la parte querellante, desconociendo el mecanismo, procedimiento y criterio utilizado”

“En el descargo se ha solicitado, en los términos del citado articulado, una gran cantidad de medidas de prueba, y absolutamente ninguna de ellas ha sido si quiera proveída por la afirmativa o negativa. De esta manera se ha denegado ejercer de manera plena el derecho de defensa, no se ha convocado a los testigos que se han solicitado, no se los ha podido escuchar, no le hemos podido hacer preguntas, no se han podido acreditar las distintas cuestiones que esta defensa ha argumentado. En definitiva, este expediente resulta ser el resultado de la voluntad única de la querella y del juzgador, por cuanto nada se ha dicho de lo solicitado por la defensa”, remarcó.

Por último, y en la misma línea, el letrado recordó que “pese a haber peticionado que se convoque a Ezequiel Conde, quien gestionó la reparación de las máquinas y quien recibió la documentación oportunamente acompañada” Bonadio “no tuvo la mínima intención de convocarlo, lo que podría arrojar luz sobre ese tema”.





“Stiuso tiene 65 empresas con dinero del Estado”

23 01 2017

El legislador porteño de Bien Común, el partido de La Alameda, Gustavo Vera, denunció este lunes que el espía “Antonio Stiuso tiene 65 empresas con dinero del Estado” y precisó que durante su gestión en la SIDE “lo único que creció es la corrupción y el narcotráfico”.

En declaraciones al programa “Mañana Sylvestre”, que se emite por Radio 10, Vera sostuvo que denunciaron a Stiuso por “enriquecimiento ilícito”, ya que “no puede justificar las propiedades que tiene con el sueldo que cobraba, porque en su declaración jurada explicó que ese era el único ingreso que declaró”.

“Estoy cada vez más sorprendido de ver cómo se lo trata a este señor Jaime Stiuso, como un prócer  cuando es de público conocimiento que se ha hecho de 65 empresas con dinero del Estado, que bajo su gestión en la SIDE lo único que ha crecido es la corrupción y el narcotráfico, y que ha generado escenarios, como en el secuestro de (Alfonso) Severos (testigo que fue secuestrado y amedrentado), en el caso Mariano Ferreyra, donde fue denunciado incluso por José María Campagnoli”, indicó.

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GUSTAVO VERA Y ANTONIO STIUSO

El legislador de Bien Común afirmó: “Ahora el tipo marca la agenda en algunos temas judiciales y su propia causa ya pasó por cuatro jueces, una especie de forum shopping  que no lo citan siquiera a dar declaración testimonial, con lo cual alguien le garantizó impunidad a cambio que el agente de la CIA este venga a hacer circo”.

Vera justificó sus dichos de que Stiuso es un agente de la CIA al revelar que de eso puede explicarlo (el ex gobernador de Santa Cruz y máximo jefe de los espías), Sergio Acevedo.

“Cuando asumió Néstor Kirchner, estaba en ese momento el Plan Integral de Seguridad, que preparaban Gustavo Béliz, José María Campagnoli, que pretendía disolver la SIDE y crear un FBI local con fuerte control parlamentario. En ese tiempo hubo una visita del Gobierno de Argentina a Estados Unidos, cuando Néstor Kirchner se entrevista con George Bush. En ese momento la CIA hizo una reunión con Acevedo reconociendo que sabían de la disolución para pedir por su gente que eran Alejandro Patricios, Damián Sierra, que estaba en la Aduana, Horacio Germán García, Stiuso”, precisó.

DENUNCIAS CONTRA MIEMBROS DE LA EX SIDE Y LA AFI

Vera explicó que “la denuncia principal contra Stiuso estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello  y cuando estuvo a punto de ser llamado a indagatoria (el espía) el 18 de de diciembre de 2015 le arrancan la causa a Casanello con una excusa banal de que se excedió en su requisitoria a la oficina que tenía que investigar la declaración jurada”.

“Luego, por sorteo le cae a Claudio Bonadio y se la sacan, le cae a Rodolfo Canicoba Corral se la sacan Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, que eran los que estaban haciendo este forum shopping. Así hasta que cayó en Marcelo Martínez De Giorgi, amigo, que lo primero que hace es sacar a La Alameda como querellante de la causa”, detalló el titular de La Alameda.

Además, prosiguió: “Otra causa fue por el enriquecimiento ilícito de Darío Richarte y Juan José Gallea, el director finanzas actual de la AFI y el de la SIDE en la época de la Banelco . Buen muchacho, se quedó con propiedades de la SIDE, las hizo propias, se hizo multimillonario”.

Vera remarcó que “esa causa se tramita lamentablemente en el Juzgado del doctor Luis Rodríguez, que es el padrino de la hija de Javier Fernández, íntimo amigo de Stiuso, y todo queda en casa”.

“La tercera, con dictamen preliminar del fiscal Federico Delgado, tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de Silvia Majdalani (subjefa de la actual AFI) y las empresas a su alrededor. Las tres causas están abiertas, pero dos de ellas a cargo de amigos de Stiuso”, agregó.

El legislador porteño de Bien Común consideró que “Casanello, Canicoba Corral y hasta Bonadio lo iban a citar a declarar a Stiuso, porque es obvio, ya que no puede justificar semejante cantidad de propiedades con su salario de la SIDE, que es lo único que declaró”.

Asimismo, Vera reveló que “la mujer de Stiuso aparece en otra empresa, vinculada a Richarte, Juan José Gallea y Sergio Szpolski, que es la panificadora Sacaan, en la que figuraba como empleada cuando en realidad estaba supuestamente en el exilio en Estados Unidos”.

“Esta gente viene robando propiedades extorsionando la democracia sirviendo a países extranjeros y se los toma como próceres con las barbaridades que dice”, sostuvo.

Además, planteó: “Todos estos cachivaches entraron todos en la época de (Alejandro) Lanusse, el resto se incorporó en la Dictadura y trabajaron para el Plan Cóndor. Se han ligado a redes de trata profundas como la de Raúl Martins, donde participó Pedro ‘el Lauchón’ Viale. No entiendo cómo se le puede dar prensa a Stiuso”.





La CGT y la Alameda denunciaron penalmente a más de 80 talleres esclavos y una decena de marcas

19 02 2013

El martes 19 de febrero Julio Piumato por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, y Gustavo Vera por la Alameda denunciaron penalmente ante la Fiscalia Federal N° 6, a cargo de Federico Delgado, a más de 80 talleres clandestinos con trabajo esclavo que trabajan para una decena de marcas de primer nivel o para negocios de Avellaneda y la Salada.

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Los talleres fueron detectados en los barrios de Mataderos, Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Paternal, Devoto, Liniers, Villa Real, Caballito, San Cristobal, Villa Crespo y Recoleta. Las marcas que aparecen involucradas en la denuncia son Martina Di Trento, Tiziana, Muaa, Allo Martinez, Ayres, Rimmel, Luciana, Campo, entre otras además la Feria de la Salada y negocios de Avellaneda.
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Alrededor de 600 costureros son esclavizados en los talleres denunciados que carecen de habilitación y no cumplen las normas más elementales de higiene y seguridad. La abrumadora mayoría traídos desde Bolivia mediante promesas falsas de «buen trabajo, casa y comida» para luego ser reducidos a la servidumbre de jornadas laborales de 14 y hasta 16 horas por salarios que en ningún caso llegan a 2000 pesos.
No solamente son ferozmente explotados y sin ningún derecho, sino que además viven hacinados, aspirando polvillo, mal alimentados y sin poder salir del taller durante la semana, a excepción de una pequeña y vigilada libertad ambulatoria los sábados a la tarde y los domingos. En varios de estos talleres se ha detectado la presencia de menores esclavizados al igual que los mujeres que han sido abusadas y golpeadas por los talleristas. En uno de los talleres de una marca de primera línea, los costureros deben dormir en colchones en el piso junto al perro del tallerista. Los más elementales derechos laborales y humanos son avasallados en estos talleres ante la vista cómplice de las comisarias y los cuerpos inspectivos del Estado.
Denunciamos a los dueños de esos talleres y a los responsables de las marcas para las que trabajan por los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre, violación a la ley de trabajo a domicilio y evasión impositiva .
Exigimos juicio y castigo para los talleristas y marcas esclavistas y el rescate de los costureros y su contención y reinserción social digna por parte del Estado. Reclamamos que la justicia siga el camino iniciado por el Juez Federal Torres que en el 2007 no sólo allanó talleres esclavos, rescató victimas y procesó a talleristas y fabricantes, sino que además incautó los bienes y dispuso su reutilización social por parte del Estado. Hoy existe en Barracas un Centro Demostrativo de Indumentaria a cargo del INTI donde un centenar de costureros que antes estaban en talleres clandestinos, trabajan en forma digna con gran parte de las máquinas que en su momento incautó el juzgado federal de Torres. Ese es el camino que la CGT y la Alameda reclaman a los poderes del Estado en la lucha contra el trabajo esclavo, no solamente castigar a los esclavistas, sino reutilizar esas maquinarias para viabilizar concretamente el trabajo digno de las víctimas rescatadas.
La CGT y la Alameda continuarán con la Campaña Nacional contra el Trabajo Esclavo donde seguiremos denunciando toda situación de precarización, trabajo forzoso y esclavitud en toda rama de la economía donde se detecten estas situaciones y seguiremos reclamando políticas públicas para erradicar toda forma de esclavitud y exclusión. En el bicentenario de la Asamblea del año XIII, aspiramos a una Patria donde realmente sea digno y libre todo habitante que pise el suelo argentino.
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Julio Piumato

Secretaria de Derechos Humanos de la CGT

Gustavo Vera
Titular de la Fundación Alameda
CONTACTO: Gustavo Vera – 156158-4835 // Laura Iparraguirre: 154492-9321