Vera pidió investigar la relación de Macri con la mafia calabresa ‘Ndrangheta. El trafico de cocaína y las Low Cost

6 07 2018

POR KONTRA INFO

Mucho se ha hablado de la posible relación de Mauricio Macri con la mafia calabresa ‘Ndrangheta, una de las principales mafias de tráfico de cocaína a nivel mundial. En este caso fue el ex legislador y dirigente social de La Alameda, Gustavo Vera, quien sugirió investigar esa relación, ya que el  sospechoso “apuro por las Low Cost” podría ser “una forma de blanquear la logística del tráfico de drogas”, tal el caso de Avianca, también de estrecha relación con la familia Macri.

“La situación del narcotráfico en la Argentina no se ha modificado, por más que Patricia Bullrich nos presente la caza de perejiles para hacer estadística. Nos preocupa mucho el apuro por inaugurar el sistema de aviones Low Cost, donde hay casos de lavado narco como en el caso de Avianca. No se habla más de las más de 2000 pistas clandestinas. Habrá que averiguar si con el Low Cost no se estará blanqueando alguna de las tantas maniobras de la mafia calabresa ‘Ndrangheta que tanta presencia tiene en la Argentina y que se dedica a la logística en estupefacientes. Habrá que averiguar si el clan Macrì, tiene algo que ver con Mauricio Macri”, afirmó Vera.

La mafia calabresa supo ser dirigida por Antonio Macrì, jefe de la ’Ndrangheta en Siderno, a 30 km de Polistena, donde el abuelo del presidente hizo fortuna como constructor y concesionario del Correo antes de dedicarse a la política y emigrar. Por su parte, Vicenzo Macri coordinó por más de diez años el tráfico de drogas como la cocaína y el hachís venidos de La República Dominicana, Holanda y Marruecos con destino a Italia, informó la policía.

Avianca, aerolíneas colombiana, pero cuya marca en Argentina pertenece a los Macri (tras una venta figurada de Mac Air a Avianca), estuvo involucrada en 2016 en una importante red de tráfico de drogas a Europa.

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Bullrich y Ocaña usaron pobres como falsos aportantes de campaña

20 06 2018

Bullrich y Ocaña

Denunció penalmente Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común de la ong Alameda, a quienes encabezaron la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires el año pasado tras revelarse por una investigación periodística que usaron más de 200 personas pobres como aportantes a la campaña millonaria con la cual accedieron a convertirse en senadores y diputados.

Cambiemos en su última campaña electoral usó la identidad de 205 personas pobres para hacerlos pasar como aportantes a su partido. Este método ilegal de recaudación fue denunciado penalmente este martes 19 por la mañana en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa iniciada por Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda, recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Stornelli (este de licencia por viaje).

Esta demanda penal es sobre Graciela Ocaña, Esteban Bullrich, Gladys Gonzalez y Héctor “Toti” Flores. Todos ellos cabeza de la campaña Cambiemos 2017 en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia aporta los datos de una lapidaria investigación realizada por el periodista Juan Amorín para El DestapeWeb.

“A Ocaña, Bullrich, Flores y Gonzalez les imputamos que se conformaron como asociación ilícita para encubrir fondos ilegales que no pueden justificar su origen por venir seguramente de la corrupción o de delitos mafiosos y por último falsificación de los documentos públicos al tomar la identidad de personas pobres del listado de programas sociales. Fue adrede que buscaron en los pobres por su falta de acceso a la justicia, la información y todas las dificultades que significa vivir en la vulnerabilidad social”.

En la denuncia se destaca que el método de falsear aportantes en pequeños montos es una práctica de narcotraficantes serbios, ya comprobados en causas penales en trámite, que realizaron este método de atomizar fondos para lavar activos a través de personas pobres.

En la demanda judicial firmada por Schaerer se solicita que se tome declaración testimonial al periodista Juan Amorín, se compile todos los aportantes de Cambiemos 2017 y que se analice su patrimonio con la base de datos de AFIP, Banco Central y Ministerio de Desarrollo Social.

Este martes fue el fiscal electoral, Jorge Di Lello, quién tomó la iniciativa de iniciar una investigación preliminar. Por ende le tomó declaración al periodista y al parecer haría lo mismo con algunos de los que figuran como aportantes y lo desmintieron para el informe televisivo del programa El Destape.

“Mauricio Macri y Elisa Carrió junto a los radicales oficialistas dijeron que venían a combatir la corrupción pero ellos son la corrupción. Mauricio es el mismo de su encuentro en un narco-prostíbulo en Cancún y que recibió aportes de Raúl Martins zar de los prostíbulos, y también Gabriela Michetti quedó vinculada a un tratante y proxeneta que sumó a su campaña a senado. O sea no es nuevo que los líderes de Cambiemos están ligados al financiamiento mafioso de sus campañas”, agregó el denunciante Lucas Schaerer miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda que preside Gustavo Vera.  





Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.





Robaron el Mapa del Delito

9 01 2018

Rodríguez Larreta capturó el mapa de los vecinos y luego depuró

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta borró de su Mapa del Delito toda denuncia de los vecinos sobre narcotráfico, trata sexual, prostíbulos, talleres textiles clandestinos, desarmaderos de autos, juego clandestinos y hasta trapitosLas Zonas Liberadas siguen garantizadas en este nuevo camuflaje del viejo pacto de omertá (código del silencio de la mafia italiana) que se convirtió la Policía de la Ciudad y que históricamente construyó la Policía Federal y los servicios de inteligencia de la ex SIDE.

El Mapa del Delito fue primero robado y luego depurado. Sin tapujos el 21 de diciembre, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, junto a su ministro de Seguridad y Justicia, Martín Ocampo, decía ante los medios de prensa que habían construido el primer Mapa del Delito de la Ciudad. Con este anuncio provocaron dos cortocircuitos, al interior de su propio gobierno y hacia la sociedad.

Por parte del Ministerio Público Fiscal porteño, por lo bajo en las oficinas y en los cafés del microcentro, desmentían esta afirmación que es el primer Mapa del Delito. Es cierto que es más accesible. Pero todos los años el Ministerio Público Fiscal en manos de Germán Garavano (actual Ministro de Justicia Nacional) hace años venían imprimiendo en formato libro las estadísticas de las denuncias barrio por barrio, comuna por comuna.

El primer desacierto de Rodríguez Larreta y Ocampo (quien también fue Fiscal General de la Ciudad) por no haber reconocido el trabajo de Garavano, uno de sus hombres nacido en las inferiores del gobierno de Mauricio Macri.

Ministro Ocampo responsable de omitir el delito mafioso

OMITEN LOS DELITOS MAFIOSOS

“Por primera vez tenemos todos los delitos denunciados”. Anunciaba Rodríguez Larreta y reproducían los medios. El propio mapa y la realidad lo desmienten. Porque en este Mapa del PRO sólo figura homicidios, robos y hurtos. Nada dice, lo borraron adrede, sobre narcotráfico, narcomenudeo, transas.

Es llamativo que este nuevo Mapa no deje constancias, por citar un caso muy evidente, los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la Villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales.

Este depurado “Mapa del Delito” omite cualquier bunker, kiosco, bar, pool, boliche, donde se venda cocaína, pasta base, éxtasis o marihuana a lo largo de todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los delitos de gran preocupación de la ciudadanía es la trata sexual y los prostíbulos. La esclavitud sexual no aparece en el Mapa del Delito de Larreta y Ocampo. Es evidente su ocultamiento del millar de prostíbulos judicializados instalados en la Ciudad de Buenos Aires por lo que se han producido decenas de cámaras ocultas, rescate de víctimas, hasta incautaciones de los inmuebles tampoco aparecen en este “Mapa del Delito”.

Las razones ocultas del jefe de Gobierno y su ministro en Seguridad han producido un Mapa que tampoco mencionan los talleres textiles clandestinos y la trata de personas para la industria de la moda.

Nada se menciona en la Ciudad que el PRO gobierna hace una década de los 3 mil talleres textiles clandestinos, con dos grandes tragedias con menores muertos en incendios y que produce por año 2 mil contagios de tuberculosis entre las 30 mil personas reducidas a la servidumbre.

La lista de delitos ligados al crimen organizado que fueron borrados por Larreta y su ministro Ocampo es más extensa. El juego clandestino, los desarmaderos de autos y hasta los llamados trapitos están denunciandos en cientos de sumarios iniciados en las 54 comisarias, pero no existen en el tan anunciado moderno Mapa del Delito.

Los jefes policiales también saben que este Mapa fue “depurado” de los delitos de la que ellos mismos hacen recaudación para nutrir las cuentas bancarias y bienes a familiares o testaferros, de ellos mismos y de miles de funcionarios de los tres poderes del Estado.

EL Mapa de los vecinos, la Alameda en las iglesias

EL MAPA DEL DELITO SIN CENSURAS

El Mapa del Delito sin recortes, ni omisiones, fue confeccionado por primera vez en el 2008 en pleno barrio de Constitución. Esta articulación de vecinos con la Alameda fue posible por la lucha pública contra los talleres textiles clandestinos y los prostíbulos. El método de la cámara oculta, el escrache callejero a estos tugurios mafiosos, la denuncia penal y mediática había generado tanto impacto entre los vecinos rodeados de mafia que ellos mismos pidieron en numerosas ocasiones ayuda a la Alameda.

Este método generó algunos resultados positivos, al punto que la experiencia se replicó en otros barrios cada vez que se enciende el reclamo vecinal por la inseguridad.

La Alameda en ese entonces con el respaldo del cardenal Jorge Bergoglio hizo que esa experiencia de construcción del Mapa del Crimen Organizado o el Mapa de las Zonas Liberadas se multiplicara en las parroquias incluyendo también Sinagogas y templos evangélicos.

Esta construcción comunitaria del Mapa del Delito dejó en evidencia que la madre de la inseguridad no es la falta de personas policial en las calles o recursos tecnológicos. Por el contrario es la presencia del Estado mediante policías, inspectores, fiscales, jueces quienes son los garantes de las zonas liberadas.

Quizás una razón de Rodríguez Larreta y su ministro Ocampo por depurar el Mapa del Delito es evitar el dolor de cabeza de mencionar la frase popularizada de “zonas liberadas”.

Está demostrado que la presencia policial (somos la Ciudad con más fuerzas de seguridad en territorio ya que contamos en distintos barrios con Gendarmería, Prefectura, PSA-) ni la tecnología (más de 2 mil cámaras de seguridad estatales y equipamiento a nuevo) hicieron aún descender el reclamo popular por la inseguridad.

Aunque si ha dado resultados más concretos los mapas de las zonas liberadas construido en diversos barrios de distintas clases sociales. Esta comunidad organizada más allá de las diferencias políticas o religiosas han reflejado a lo largo de casi diez años que si no se combate la corrupción de los funcionarios, y si no se nutre de valores a los funcionarios donde el dinero es el objetivo central, el drama de la inseguridad es imposible de terminar o si siquiera reducir.

LA POLICÍA SIN DERECHOS

Las bases policiales (incluyendo al personal civil administrativo) por la nueva Ley de Seguridad porteña siguen bloqueadas en el derecho de sindicalización.

Es rotunda la negativa de los jefes policiales argentinos en replicar la experiencia que sí existe en países de la región como Chile, Uruguay y Brasil. Nadie en cargos inferiores se anima a denunciar las zonas liberadas de los jefes porque saben los aprietes mafiosos en los que terminarían involucrados ellos y sus familias.

No sólo se debe parecer honestos además se debe ser. Y este pensamiento difícilmente aplique al propio ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, quien tiene un proceso judicial en curso porque pagó 4 pesos argentinos cada hectárea que compró en la localidad de Nueva Palmira, República Oriental del Uruguay, o un inmueble en el barrio de Belgrano al costo de 130 mil pesos, según consta en su propia declaración jurada.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene la oportunidad de revertir su política del ocultamiento de las zonas liberadas y del crimen organizado, y que la próxima presentación del Mapa del Delito refleje los negocios de las mafias que hace décadas en nuestra Ciudad vienen acumulando cada vez más poder, muerte y terror.





Trapitos: Zona liberada en la Comuna 10

12 10 2017

La plazoleta repleta de autos

Los vecinos del barrio Versailles nos aportaron las fotos de los autos que los llamados “trapitos” ubicaron de los concurrentes al partido de los Pumas en el estadio de Velez.

D’Ipollito con su padrino político Larreta

Por primera vez la zona liberada fue tan amplia y brutal que se hizo a 30 metros de la Comisaría 44 sobre la plazoleta Ceferino Namuncurá (ubicada en Arregui y Manuel Porcel de Peralta). El comisario Gerardo Rofrano no pudo evitarlo.

Es comprensible esta impunidad para cobrar el espacio público y su mal uso porque el jefe de Comuna 10 es Daniel “El Tano” D’Ipollito, quien antes de asumir en la Comuna fue barra brava de Veléz.

Tampoco es un dato menor que el jefe de seguridad del Club Veléz Sarfield es el ex comisario de la 44, Eduardo Capuchetti.

En Versailles el actuar mafioso de los funcionarios políticos y policiales parece no tener límites.





La trama mafiosa de los prostíbulos en la Ciudad PRO

4 09 2017

 

 

Así se publicó en Tiempo argentino

 Aquí la columna de opinión que publicó el diario Tiempo Argentino del legislador porteño, titular de la Comisión de Trata y presidente de la ong Alameda, Gustavo Vera.

La doble desaparición de Nadia Rojas, hallada en el mismo lugar donde los familiares decían que estaba con su proxeneta, y la de Layla Nayeli Sainz Fernández, el año pasado, se produjeron en la Ciudad que gobierna hace diez años el PRO, que en este período sumó más de 1200 prostíbulos, sin olvidar que los laboratorios de producción de cocaína se instalaron en la Ciudad PRO y que nuestro país tiene una penetración del narcotráfico que nos ha posicionado como el tercer exportador de cocaína en el mundo. Tampoco nos olvidamos que el propio presidente Mauricio Macri tiene estrechos vínculos con la mafia de la trata internacional, como demuestra la foto que se tomó en el narco-prostíbulo Mix, de la ciudad de Cancún, México, junto al condenado por explotación sexual Gabriel Conde, quien comandó hasta fines de los ’90 el prostíbulo Shampoo, en el barrio de Recoleta, hasta que lo metió preso el fiscal José María Campagnoli.

Desde la Legislatura y desde nuestra ONG en la calle podemos decir que la desaparición de adolescentes, jóvenes y mujeres es un negocio del crimen organizado, porque tras la captación de las chicas, vienen la explotación sexual y el narcotráfico, que usa a estas víctimas no sólo para captar clientes prostibularios sino también en lo que respecta al consumo de drogas. Tanto para usar a las drogas como esclavitud química para sus víctimas, como para multiplicar sus ganancias con los prostituyentes/clientes.

Desde nuestro bloque hemos avanzado en un reclamo histórico, que consiste en poner fin a las habilitaciones en comercios (boliches, whiskerías, pubs) donde se explota sexualmente a las mujeres, mal llamadas coperas o alternadoras. Ahora también tenemos que lograr la aplicación del cierre de los prostíbulos con la adecuada asistencia a sus víctimas, para tener una exitosa reinserción social.

Esto debe construirse de abajo hacia arriba. Ya que en la Ciudad no es política pública la lucha antimafia. Y esto es notorio: los dos jefes de policía que eligió el propio jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, José Pedro Potocar y Guillermo Calviño, terminaron presos por corrupción en las zonas liberadas. 

 





Cañuelas: lanzan buzones antimafia

25 07 2017

Vera titula de la Alameda y Fassi intendenta

El titular de La Alameda y legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, participó hoy martes del lanzamiento de los buzones antimafia en  localidad bonaerense de Cañuelas junto a la intendenta de ese distrito, Marisa Fassi.

Los buzones antimafia se van a instalar en iglesias, centros de jubilados, clubes y sociedades de fomento de Cañuelas, en una iniciativa que fue creada por La Alameda.

De esa manera, el municipio bonaerense de Cañuelas se suma a la experiencia instalada el año pasado en Esteban Echeverría, que encabeza Fernando Gray, y de Merlo con su intendente Gustavo Menendez. Estas tres intendentes bonaerense entendieron que la lucha contra las nuevas formas de esclavitud (la química que son las drogas, la laboral y sexual) es replicar el pedido del Papa Francisco que nos llama a poner a la política en el plano del bien común.

En la Ciudad de Buenos Aires la experiencia nunca contó con el apoyo del Estado entonces fueron los vecinos con las iglesias que construyeron los buzones y mapas del delito. 

Tras el éxito de la experiencia, si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lo replicó en las Comunas con urnas de cartón para denunciar prostíbulos, pero con diferencias notables ya que en las intendentecias los buzones son de material y su apertura se hace de manera oficial con testigos y luego de haber armado una Mesa Inter Institucional con la presencia de la justicia, del poder ejecutivo, legislativo y las organizaciones locales.