Aportantes ilegales: la corrupción financió a Macri

12 02 2019

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Las nuevas revelaciones de la Alameda en la causa de la recaudación ilegal en las campañas de Cambiemos presidencial, gobernación en Provincia de Buenos Aires y en CABA. La sobrina del juez que apartó a Casanello es aportante de campaña y empleada del PRO, los contratistas del Estado aportaron a la campaña cuando es ilegal y un acusado de narco por Carrió aportó en la campaña de Macri presidente.

El año pasado se descubrió que el senador nacional Esteban Bullrich y la diputada nacional Graciela Ocaña habían robado la identidad de personas de bajos recursos para canalizar dinero ilegal y justificar algunos de sus gastos de campaña. A los pocos días más de 2 millones de personas se comunicaron con la Fundación Alameda para consultar si el gobierno le había robado su identidad; más de 500 comprobaron que así fue y que no solo fue para la campaña del año 2017, sino que también lo había hecho Mauricio Macri para convertirse presidente.

La Alameda presentó una denuncia penal por “sustracción de identidad, asociación ilícita, lavado de dinero y malversación de fondos públicos” y recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. En el juzgado declararon más de 300 víctimas para certificar que su identidad fue robada y que nunca habían aportado un solo peso a la campaña del año 2015 y del año 2017.

A los pocos días se comunicaron empleado de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar que a ellos también le habían robado su identidad y parte de su sueldo para justificar los gastos en la campaña también del año 2017, pero en la Ciudad de Buenos Aires y que encabezaba Elisa Carrió. El fiscal Stornelli después de haber pedido investigar las tres campañas y luego que varias víctimas declararon en el juzgado decidió cambiar la causa y planteó que no se trataban de delitos penales sino electorales. El juez de la causa se opuso y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien decidió que esos delitos eran electorales, contradiciéndose también ya que unas semanas antes el mismo había confirmado y apoyado el sentido de la causa.

La causa que investigaba los aportes truchos en la campaña de Graciela Ocaña pasó a la provincia de Buenos Aires y al fuero electoral. En el Juzgado Federal Penal se había mantenido la causa que investigaba la campaña de Mauricio Macri en 2015 y Elisa Carrió en 2017, hasta que el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que no se investigue más y nuevamente el juez Martín Irurzun le dio la razón pero sacándole la causa al juez ya que supuestamente “agregaba confusión al expediente”. La causa se sorteo y quedó a cargo Luis Rodríguez, el juez denunciado por cobrar coimas.

Desde hace ya más de tres meses, ante la complicidad de algunos jueces y fiscales con el gobierno de turno, la Fundación Alameda decidió revisar cada uno de los más de 4500 aportantes de la campaña de Mauricio Macri presidente. Además del robo de identidad a empleados públicos, ciudadanos que nada tienen que ver con la política y a personas de bajos recursos, se pudo comprobar que empresas contratistas que trabajan  para el Estado también aportaron, empresas involucradas en la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, familiares de jueces que intervinieron en la causa y hasta una persona denunciada por Carrió como narcotraficante.

DE LOS CUADERNOS A LOS APORTANTES TRUCHOS

En el listado de aportantes presentados de la campaña 2015 el PRO declaró que el día 19 de noviembre de 2015, los empresarios Gabriel Carlos Quantin y Pablo Alberto Quantin aportaron respectivamente 250.000 pesos en efectivo para el ballotage presidencial. Ambos son los dueños de la empresa “Vial Agro SA” y fueron llamados a indagatoria por el juez Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”. Otra de las empresas cuyos dueños aportó en la campaña pero de Graciela Ocaña en 2017 es “Conevial Constructora en Inversora SA” vinculada a Juan José Belardo.

UN NARCO COMO APORTANTE TRUCHO

Carlos Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y vinculado a redes narcos con origen en Colombia. Pero el PRO no se privó de robarle sus datos y hacerlo figurar como aportante para el ballotage. Según los datos publicados en la Camara Nacional Electoral, Carlos Tomeo “aportó” el 13 de noviembre de 2015 con 95.000 pesos en efectivo.

FAMILIARES APORTANTES

El 31 de Julio de 2015 el Pro que su recaudación de aportantes privados había recibido 20.000 pesos de Sol Irurzun, la sobrina del juez de Cámara que había decidido enviar la causa a la justicia electoral y que le sacó el último tramo de la investigación al juez Sebastián Casanello. La sobrina de Irurzun es además empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013.

CONTRATISTAS DEL ESTADO

La cantidad de aportantes vinculados a empresas contratistas del estado supera las cien personas. Entre ellas figuran diferentes empresas del rubro de la seguridad, de la construcción y de la publicidad. Los empleados de empresas como Murata, Briefing Security, Miavasa, Evassa SA, Lurovial SRL, Publicidad Sarmiento y otras más figuran “aportando” más de 5.000.000 de pesos, entre los años 2015 y 2017 todas las empresas que se sumaron a la campaña del PRO en 2015 ganaron licitaciones por 2.587.446.537.

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Nuevas pruebas en la causa Aportantes Truchos

11 02 2019

Gustavo Vera hoy explicó en C5N la extensa investigación sobre los aportantes truchos que dejan temblando a Cambiemos, a camarista Irurzun y a la propia Carrió quien acusó de narco a un hombre que aparece aportando a la campaña de Macri presidente.





La 21F se arma en casi todo Mendoza y suma cientos de organizaciones

6 02 2019

Encuentro en Malargüe

Se crearon nuevas Multisectoriales en Malargüe y General Alvear. Hoy miércoles 6 de febrero se suman Luján y Maipú.

Publicado en: http://www.minutoya.com/nota/86054/

“Bienvenidas las nuevas Multisectoriales 21F Malargüe y General Alvear que fueron recientemente oficializadas. En los próximos días se viene Lujan de Cuyo, Maipú, entre otras. El 21F no para de crecer para servir a la Patria en todos los rincones de la Argentina”, expresó Gustavo Vera, uno de los Coordinadores Nacionales de la 21F junto con Juan “Perita” Garcia Longhi.

El Frente Multisectorial 21F agrupa a en la actualidad a más de 1400 organizaciones gremiales, sociales y políticas desde Usuahia a la Quiaca, habiendo surgido a partir de la movilización que el 21 de febrero pasado convoco al sindicato de camioneros junto a las CTAs, la Corriente Federal y las organizaciones sociales en la avenida 9 de julio y congregó a más de medio millón de trabajadores.

El Frente Multisectorial 21 F resiste las políticas de ajuste en lo social, en lo gremial y en lo político y además propone la construcción de un Frente Nacional contra el ajuste que impulsa el actual gobierno nacional.

A las Multisectoriales de Malargüe y General Alvear, se sumarán durante este miércoles sus pares en Luján de Cuyo y Maipú.





El gobernador Zamora recibió a Vera

4 02 2019

El titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, realizó una visita protocolar al Gobernador de lSantiago del Estero, Gerardo Zamora. También participó el secretario general del Sindicato de Camioneros de Santiago del Estero, Daniel Navarrete.

La reunión fue en el marco de una visita a Santiago del Estero que realizó Gustavo Vera para disertar en la conferencia “Nuevas formas de esclavitud en el siglo XXI” que se llevó a cabo en el paraninfo de la UNSE organizada por el Frente Nacional Multisectorial 21 F a nivel local.





Charla en La Plata: Vera, Díaz, Forte y D’Attellis en debate

30 01 2019

Forte, Vera y Díaz

Hoy miércoles 30 de enero, en la ciudad de La Plata charla de la Multisectorial 21 F

A partir de las 18 hs, en el local del gremio docente UDOCBA, debate sobre política y economía del coordinador nacional, Gustavo Vera; el concejal y secretario general local de Camioneros, Miguel Forte; el secrecretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, y el economista, Agustín D’Attellis.

 





Zona liberada en jurisdicción Comisaría 44

23 01 2019

La Alameda con los vecinos viene denunciando el incremento del delito desde las fiestas de navidad a la fecha.

Por eso el móvil desde la parroquia donde nos organizamos, Nuestra Señora de La Salud, y desde el canal, Gustavo Vera.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli sigue haciendo agua en seguridad porque siguen pactando con la corrupción y las mafias que organizan el delito.





Extinción de dominio: El decreto de Macri es inconstitucional e inútil 

22 01 2019

La opinión de Gustavo Vera, coordinador nacional de la Multisectorial 21 F y titular de la Alameda, tras el decreto por la extinción de dominio del presidente Macri. 

  1. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que no se puede modificar el código penal por un decreto y mucho menos darle un carácter retroactivo, lo cual violenta una regla general del derecho. Además es incongruente que habiendo una ley en estado parlamentario sobre el mismo tema, se use el argumento de la “necesidad y urgencia” que obviamente no corresponde porque el poder legislativo está trabajando sobre el punto.
  2. El artículo 23 del código penal y el artículo 233 del código procesal penal ya permiten incautar y reutilizar los bienes depositandolos en personas físicas o jurídicas e incluso reintegrarlos si la sentencia judicial firme va en dirección contraria al procesamiento inicial. El gobierno sabe que cuenta con esta herramienta con colaboración del poder judicial y respetando plenamente derechos, garantías y el cuerpo legal penal argentino. El decreto de ayer es pura demagogia.

    Ferrari incautada

  3. Los reparos que tuvo el gobierno para avanzar con la actual legislación sobre los bienes de los corruptos amparados en la “presunción de inocencia” resultan incoherentes cuando el mismo gobierno apoya fervientemente avanzar sobre la libertad de las personas procesadas, pero que no tienen una sentencia judicial firme. Hasta el momento el gobierno, en la práctica solo reconoce la presunción de inocencia en los bienes materiales, pero no en la libertad de las personas.
  4. En los bienes en los que se avanzó por disposición del gobierno como, por ejemplo, una Ferrari o los aviones de Lázaro Baez al que la ministra de seguridad Patricia Bullrich le pone calcamonías alusivas a “bienes recuperados a la corrupción” no tienen ninguna utilidad concreta y encima le cuestan al estado dinero en mantenerlos en buenas condiciones (algo que la misma ley le exige hasta tanto no haya sentencia judicial definitiva y disposición final del bien). Por tanto, es falso que el decreto que impulsa el gobierno permita hacer ingresar dinero al Estado, cuando más bien ocurre al revés. Lo más probable es que se use el decreto con sentido discrecional para hacer circo y demagogia electoral.

    El avión incautado

  5. En el marco de la legislación vigente es posible reutilizar masivamente miles de bienes incautados ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y si el gobierno no lo ha hecho es porque no tiene el más mínimo interés en el bien común. Cementerios de autos en distritos del conurbano, cientos de propiedades de delincuentes sin uso, campos y talleres clandestinos clausurados por trabajo esclavo, avionetas capturadas y vinculadas al narcotráfico que se pudren sin uso alguno son claros ejemplos de que pese a que el gobierno podía legalmente disponer de ellas, no tenía interés alguno en avanzar sobre la reparación a la sociedad y mucho menos a las víctimas directas de estos flagelos. Es muy claro que el decreto solo persigue instalar la idea de que los únicos bienes a recuperar por la corrupción son los de aquellos que eventualmente hayan cometido delitos del gobierno anterior, pero no del crimen organizado en general. Y tiene su lógica, a Macri, que hizo su campaña lavando dinero de aportantes truchos, amigo del procesado Raúl Martins, el esposo de la regenteadora de talleres clandestinos, Juliana Awada y con parentela entre el clan Macrí perteneciente a la mafia calabresa de la ‘Ndrangheta le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.