Fiscal Antitrata habla de intentos de secuestro

17 05 2017

El fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, remarcó que hicieron una investigación en cuanto a los posibles secuestros de personas, sobre todo de chicas, que fueron denunciados en los últimos tiempos y que de los 34 casos que recibieron 23 fueron judicializados y se comprobó que hubo “intentos de secuestro”.

De todas maneras, aclaró que puede tratarse de una modalidad parecida, pero no de trata de personas, aunque pidió “no subestimar las denuncias que pueden hacerse ante una comisaría o una sede judicial”.

“Tuvimos en el último mes un incremento no solo de denuncias, sino de noticias, reenvío de información por la web, consultas telefónicas, en los que nos hicieron llegar casos con posibles secuestros de personas en la vía pública. A partir de eso, nos propusimos con  la Dirección General de Análisis General de la Procuración General analizar toda esa información”, detalló Colombo en declaraciones al programa “La Verdad Concreta” que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por la radio online Conexión Abierta.

En ese sentido, el fiscal de la PROTEX señaló que “desde febrero hasta ahora hubo 34 de esos supuestos casos, de los cuales 33 fueron en Capital y uno en Provincia, más precisamente Olivos. De esa cantidad, 23 fueron judicializados, pero todos fueron intentos de secuestro, todas fueron mujeres”.

“Además, en ocho casos se individualizó que era una camioneta y en siete que era blanca”, añadió.

Colombo sostuvo que verificaron las condenas que hubo por trata de personas y explotación sexual “en ninguno de los hechos se usó como captación y secuestro una camioneta”, aunque aclaró que “eso no quiere decir que se lleven a cabo episodios parecidos para modalidades similares”.

“Le mandamos una nota a la Procuradora (Alejandra Gils Carbó) el viernes para que profundice este primer examen que hicimos nosotros sobre todas las fiscalías del país para ver si tuvieron casos similares a los nuestros. También le pedimos que le dé participación a la UFEM (Unidad especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales) para ver si tuvieron algunos antecedentes que revelen si en condenas o procesamientos registrados en la Ciudad si hubo alguno parecido a estos hechos”, precisó.

El fiscal pidió “que se actualicen y se pongan al día todas las cámaras de seguridad, porque no debería ser un gran problema acreditar ese hecho porque estaria filmado”.

“El problema es que hoy hay algunas cámaras que no funcionan o que no están ubicadas en lugares más críticos, como las cercanías a las escuelas. Esta puede ser una buena excusa para poner al día el circuito de cámaras y así poder tener una respuesta rápida ante hechos de esta magnitud”, sostuvo el fiscal.

Colombo indicó que “es débil la respuesta jurisdiccional en cuanto a una denuncia, ya que se recibieron en la PROTEX a personas que fueron a la comisaría a hacer la denuncia y no se la tomaron o lo hicieron sin la seriedad necesaria”.

“Esta modalidad (secuestro de mujeres con fines de trata) aparece y desaparece. Como se pone en el tapete en determinado momento ello llevó a autoridades judiciales y policiales a no darles la importancia que vale y ese es un error grave”, precisó.

Colombo indicó que le pidieron a la Procuración General “hacer otro estudio más profundo sobre esta hipótesis para ver qué hay de cierto y qué no”, al tiempo que remarcó que “no debe ni puede descalificarse este tipo de denuncias, ni tampoco referirse a las mismas como subestimándolas, más allá que no sean casos de trata al final del camino”.

Por último, señaló que “si existiera una sensibilización de este tema, está más que fundada por el aumento exponencial que tuvieron los casos de femicidios”.

“Lo que hacemos nosotros es ver que pasa para llevar una palabra objetiva a la población. Con que dos casos de estos fueran verdaderos ya es suficientes para encender la alarma como para no descalificar”, indicó.





Caso Araceli: “Jueces y fiscales no caratulan las causas correctamente”

28 04 2017

El titular de La Alameda, Gustavo Vera, remarcó en relación al crimen de Araceli Fulles que “los fiscales no caratulan las causas correctamente” y reveló que el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, “es el único que se vive peleando con sus pares y los jueces para que se caratulen bien las causas y se busque a las personas desaparecidas”.

Vera detalló que “es más frecuente que las asociaciones civiles, con participación ciudadana, y los medios encuentren a las personas antes que la Justicia y la Policía. A pesar que se sancionaron dos leyes de Trata, todavía en las comisarías, frente a una desaparición dicen que hay que esperar 48 horas de movida y una banda que secuestra a una mujer, una nena o un niño gana ese tiempo”.

ARACELI FULLES, LA JOVEN ASESINADA EN SAN MARTÍN

En declaraciones al programa “Minuto Uno”, que conduce Gustavo Sylvestre por C5N, el también diputado de la Ciudad, indicó que en el caso de Araceli “es increíble que se haya caratulado como averiguación de paradero cuando hay un entorno que está prontuariado y una situación de adicciones”.

“Un juez y un fiscal con ganas de investigar y que sean perspicaces, caratula con la máxima gravedad y después tiene tiempo para bajarla, pero ponen todos los mecanismos de investigación para tratar de encontrar pistas e indicios, y no actuar después con los hechos ya consumados”, concluyó.

 





Flores: el Mapa del Delito

27 12 2016

mapa-delito-floresGustavo Vera, legislador porteño que preside la Comisión Especial de Trata y a su vez es titular de la Fundación Alameda, da a conocer el listado de delitos en Flores de este año que incluye narcotráfico, prostíbulos, y talleres textiles clandestinos en la jurisdicción de la Comisaría N° 38 y 50. 

Aquí el Mapa de la Mafia en el barrio de Flores, con el listado de las direcciones de los narco-prostíbulos, el narcomenudeo, y los talleres textiles clandestinos y las definiciones de Gustavo Vera respecto a los jefes policiales corruptos de la Comisaría N° 38, como los altos jefes de la Policía Federal, el rol de la Gendarmería con Cinturón Sur y el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

En el barrio donde se crió el Papa Francisco la caja de corrupción policial, judicial y política liberó hace muchos años la zona para el narcotráfico con la producción de laboratorios de cocaína en la villa 1-11-14 que lidera el nuevamente detenido Marco de Estrada Gonzalez, a su vez los narcos entremezclaron el narcomenudo en las esquinas y cuadras de colegios, jardines o el Hospital Alvarez a través de la prostitución callejera, que a su vez tejió una red de casi diez narco-prostíbulos con explotación sexual y trata de mujeres algunos de ellos aún encubiertos con habilitaciones de bares, boliches o pools,  y por supuesto con la industria textil esclavista que llega a casi 50 talleres textiles clandestinos dejando hasta cinco o tres talleres en la misma cuadra que el año pasado quedó a la luz con el incendio que se llevó la vida de dos niños de 6 y 9 años. 

Osvaldo Tapia, comisario inspector jefe de Circunscripción VI de la que depende la Comisaría N° 38 (Ayer asumió su cargo el comisario inspector Manuel Antonio Monzón), ayer se conoció que tenía entre sus bienes un yate que por supuesto no puede adquirir con su salario. El actual comisario de la seccional en Flores, Alejandro Attili, viene de dejar un mal recuerdo en su paso por la Comisaría N° 42 en el barrio de Mataderos. El ex comisario Guillermo Carlos Sodini que está siendo investigado en el juzgado de instrucción N° 28 por adquirir un yate junto al dueño de un prostíbulo, César Álvarez González. Doly’s (Ubicado en av Directorio y Lafuente) es el prostíbulo encubierto de bar que sigue activo por una puerta latera donde en el 2006 asesinaron a una menos de edad que allí era explotada sexualmente. Este prostíbulo tiene más de 25 años de existencia con una facturación, según la causa judicial, que superó los 10 millones de pesos para Álvarez González. Gustavo Vera señaló que “toeste negocio mafioso es el Estado presente para pasar la gorra y recaudar. La Comisaría N° 38 es una de las comisarías más corruptas de la Ciudad, ya que libera la zona para recaudar y esa recuadación se reparte en tres; una parte para el funcionamiento de la comisaría aunque parezca mentira; otra parte para el enriquecimiento ilícito de los jefes, y otra parte tiene que ver con los Jueces y sectores políticos cómplices que permiten estas zonas liberadas. Recaudación ilegal que se organiza con un mapa del delito perfectamente bien planificado, de jefe de brigada, los dos subcomisarios y comisarios para arriba están involucrados”.

Respecto del Operativo Cinturón Sur de la Gendarmería aseveró el legislador Vera que “era una farsa, la orden a Gendarmería era no intervenir puertas para adentro de la 1-11-14 por eso se entiende que nunca tuvo una baja Gendarmería en el Bajo Flores”.

Por el rol del Gobierno porteño, aseguró el Gustavo Vera, “no sólo sabe lo que ocurre en Flores hay síntomas muy preocupantes que esta semana se dijo que iban a desplazar a los Jefes de la Metropolitana, Horacio Gimenez y Ricardo Pedace, yo puedo tener diferencias de procedimientos pero debo reconocer que ha sido la fuerza más profesional de estos último años a la que recurren los jueces federal para investigar el delito complejo, y que no tiene un sólo funcionario apartado por corrupción o narcotráfico y ahora los están por separar, mientras tanto los comisarios traspasados de la PFA llegaron a la nueva policía con el Mapa del Delito bajo del brazo y sin beneficio de inventario, esto es preocupante”.

El actual jefe de la policía involucrado en causas penales por corrupción. “Si Horacio Rodríguez Larreta pudo soportar un año y medio a Guillermo Calviño, el jefe de la policía unificada de la PFA y Metropolitana, una persona vinculada al delito, algo comprobado, hay escuchas judiciales que comprometen al “Gitano” Calviño, donde protege a otros policias y asesorandolos como evadir a la justicia en temas de coimas, y no tomó ninguna medida como María Eugenia Vidal que aunque sea pidieron la declaración jurada”.

Por último, el legislador y titular de la Alemda analizó que “el ajuste en la economía legal también llegó a la economía criminal en lo que tiene con venta de drogas, entonces el circuito local de distribuidores, acopiadores de drogas y de armas que recibían una retribución ilegal, y como se contrae el consumo interno las periferias de las bandas narcos entonces salen hacer estos delitos”. 

Homicidios:

Av. Asamblea 2100 24 dic – Brian Aguinaco (14 años)

Av. Cnel. Ramón Falcón 2400 – 13 nov Daniela Velázquez (26 años)

Rivera Indarte 515 10 dic – Pacual Mollo (69 años)

Venta de Droga:

Av. Nazca 52 al 72

Av. Cnel. Ramón Falcón 3100

Bacacay 2671

Narcomenudeo:

La explotación sexual de mujeres víctimas de trata de nacionalidad dominicanas en la vía públicas sobre Ramón Falcón, como en la puerta misma y manzana del Hospital Alvarez, sobre Bacacay entre Carabobo y Nazca con mucha presencia. Todo esto sucede en la misma cuadra con colegios y jardines cuando debería funcionar senderos seguro.

Además sobre av Alberti con los cruces de José Martí, Pergamino y Portela, y en Yerbal desde Portela hasta Fray Cayetano. Todas estas cuadras también mujeres siendo explotadas en la vía pública y sometidas entre el consumo y la venta.

Prostíbulos:

Argerich 34

Av. Juan Bautista Alberdi 3100

Av. Lafuente 23

Av. Lafuente 27

Av. Lafuente 403

Av. San Pedrito 250

Av. San Pedrito 556

Av. Varela 64

Bacacay 2671

Quirno 656

Quirno 603

Tandil 2892

Av. Rivadavia 6210

Talleres Clandestinos:

Argerich 94

Av. Cobo 1900

Av. Juan Bautista Alberdi 2974

Av. Lafuente 1082

Av. Lafuente 1249

Av. Lafuente 1633

Av. Lafuente 1635

Av. San Pedrito 291

Av. San Pedrito 960

Bacacay 2082

Bacacay 3606

Culpina1384

Echeandía 2891

Echeandía 2895

Felipe Vallese 3059

Gral. Gervasio Artigas 521

José Martí 3455

Neuquén 2612

Neuquén 2663

Neuquén 2706

Neuquén 2748

Neuquén 2776

Páez 1721

Páez 2365

Páez 2775

Pedernera 51

Pedernera 53

Pedernera 55

Pergamino 1645

Pergamino 1684

Pergamino 1690

Portela 1349

Portela 1523

Portela 1557

Quirno 944

Terrada850

Terrada981

Tres Arroyos 2816

Tte. Cnel. Casimiro Recuero 3455

Zuviría 3021

Zuviría 3023

Zuviría 3034

Zuviría 3056

Zuviría 3093

Zuviría 3165

Zuviría 3193

Zuviría 3243

Zuviría 3244

Zuviría 3246

Zuviría 3285





Vera reunido con Gils Carbó

25 10 2016
Alejandra Gils Carbó procuradora nacional y Gustavo Vera legislador porteño de Bien Común

Alejandra Gils Carbó procuradora nacional y Gustavo Vera legislador porteño de Bien Común

La defensa de la autarquía y autonomía del Ministerio Público Fiscal, como señala la Constitución que es el cuarto poder del Estado, fue la razón para que pese a las diferencias públicas con la fiscal general Alejandra Gils Carbó, el legislador porteño y titular de la Alameda se reuniera con ella para brindarle su apoyo.

Gustavo Vera señaló al salir de la reunión este martes 25 de octubre que “este desplazamiento que intenta el Poder Ejecutivo nacional, sin siquiera iniciar un proceso judicial, viola la división de poderes que marca nuestra Constitución, y por ende es un avasallamiento de las instituciones democráticas”.

A lo que añadió Vera “tampoco estamos de acuerdo que de un plumazo se terminen las procuradurias especiales, como la especialidad en Trata y Búsqueda de Personas PROTEX (a cargo de Marcelo Colombo) y la que se ocupa del narcotráfico PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias)”.

Y para finalizar el diputado de la Ciudad afirmó que “es un retroceso en la lucha contra el crimen organizado que la política criminal deje de estar diseñada por el titular de la Procuración y pase al Consejo de Seguridad, porque significa que lo controla el Poder Ejecutivo algo que la ley no establece”.





Concientización sobre trata de personas

3 10 2016

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) organizó una charla de concientización sobre trata de personas en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se recuerda todos los 23 de septiembre desde el año 1999.

La mesa de debate se realizó el día 22 de septiembre a la 14:30 en el Auditorio de la UMET, Sarmiento 2037, con la presencia de Madres Víctimas de Trata, Alejandra Mángano, fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, Ximena Rattoni, fundadora de La Alameda, la periodista Mariana Carbajal, especialista en temáticas de género y violencia contra la mujer de Página 12 y el impulsor de la actividad, Víctor Santa María, Secretario General del SUTERH.

Al micrófono Ximena Rattoni a su lado Víctor Santa María líder del gremio de Encargados de Edificio

Al micrófono Ximena Rattoni a su lado Víctor Santa María líder del gremio de Encargados de Edificio

Asimismo se inauguró la muestra multidisciplinaria “Visible, Invisible “Miradas sobre la Trata de Mujeres de la fotógrafa documental Cecilia Antón y la artista plástica Mariana Gabor, en donde se aborda la temática de trata de personas, la vida de familiares y víctimas de la trata con fines de explotación sexual en el territorio argentino.

El SUTERH y el Ministerio Público fiscal realizaron durante 2015 y 2016 capacitaciones sobre trata de personas en todo el país, en el marco del convenio de colaboración mutua. A su vez, recientemente se firmó un convenio con La Alameda, para realizar capacitaciones a delegados y afiliados del gremio para concientizar sobre su rol en la prevención y rescate de víctimas de trata, entre otros. A su vez el sindicato busca promover el arte y llamar a la reflexión a través del mismo.

La actividad es abierta a toda la comunidad, y la muestra “Visible, Invisible” se podrá recorrer de forma gratuita durante Septiembre y Octubre en  la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

“Donde hay vulnerabilidad y vacío existencial, allí existe terreno fácil para los tratantes”, dijo Ximena Rattoni  dijo Ximena Rattoni, miembro de la Alameda y también secretaria adjunta de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ) e integrante de la CTA Autónoma.

En la muestra de fotos junto a Ximena la fiscal Antitrata, Alejandra Mángano

En la muestra de fotos junto a Ximena la fiscal Antitrata, Alejandra Mángano





Dictamen fiscalía por los 170 talleres textiles clandestinos

18 02 2016

maquinas

El fiscal Federico Delgado elevó un alarmante informe sobre los datos de 170 inmuebles denunciados por trata y sus dueños. La zona “administrativamente liberada” y el planteo a la Justicia

http://www.infobae.com/2016/02/15/1790177-cuanto-gana-mes-un-trabajador-esclavo-un-taller-textil

Por: Federico Fahsbender ffahsbender@infobae.com

En un principio, se trató de 170 domicilios denunciados como talleres de trabajo esclavo, una presentación hecha el 10 de noviembre pasado por el legislador Gustavo Vera, cabeza de La Alameda, y remitida por la PROTEX, el ala del Ministerio Público que investiga la trata tanto laboral como sexual a cargo del fiscal Marcelo Colombo. La sospecha se volvió obvia: el conjunto de estos domicilios sería el cuadro definitivo de la trata laboral de personas en suelo porteño, con zonas como Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.

La cuestión recayó en el fiscal Federico Delgado y su equipo en los tribunales de Comodoro Py, que requirieron informes y allanamientos a gran escala. Con los datos finales sobre sus escritorios, comenzaron a hacer cuentas a comienzos de este mes. Y la matemática final es deprimente. Los 175 trabajadores consultados que pasaban sus días ante máquinas de coser en talleres clandestinos –148 de ellos extranjeros, un 97% de ellos ciudadanos bolivianos– reconocieron cumplir un promedio de algo más de nueve horas diarias; poco más de cinco los sábados, para promedios de 52 horas semanales y 184 horas mensuales. Un promedio, por otra parte, es meramente eso: un promedio. Hubo casos que admitieron trabajar turnos de hasta doce y trece horas diarias. Otros diez trabajadores incluso aseguraron estar “a prueba” sin ver un solo peso en su bolsillo al momento de ser entrevistados por la Justicia.

Delgado también pudo establecer cuánto cobraban, al menos en la mitad de los obreros consultados: 31 pesos por hora fue el valor promedio. También, su sueldo básico. Por trabajar sin vacaciones ni aguinaldo,sin ningún tipo de seguridad, con su libertad controlada, en un ambiente de alto riesgo de enfermedad o incendio, y de cara a jeans de dos mil pesos en locales de moda, tan solo $5.766 por mes, menos que el salario mínimo en bruto que asciende a $6.060. La conclusión de Delgado al respecto es deprimente también: “Aquí se nota la funcionalidad de la ineficacia administrativa de las autoridades comunales que carecen de una planificación expresa para hacer un control que exceda el plano formal”.

Esta información forma parte de una larga investigación preliminar que Delgado elevó el día 11 de este mes al Juzgado Nº 8 en Comodoro Py a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, el juez original de la causa de los 170 domicilios. Actualmente, el expediente se encuentra bajo un recurso de queja presentado por Delgado ante la Cámara de Apelaciones, de la que todavía se espera una respuesta: Martínez de Giorgi decidió fragmentar el expediente, algo a lo que Delgado se opuso. El fiscal plantea la investigación como un hecho colectivo, tomar a los domicilios como un todo.

La información que nutre la preliminar –citada por la periodista Catalina de Elía en su blog y a la cual Infobaeaccedió en forma completa– incluyó actas de inspección de la Dirección General de Protección del Trabajo porteñas sobre los domicilios denunciados remitidos a la PROTEX así como protocolos requeridos a la Agencia Gubernamental de Control y el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, más una profunda búsqueda en el Registro de la Propiedad Inmueble. Del relevamiento de las actas surgió otro punto enervante: la esquina de Cobo y Curapaligüe en Flores, donde trabajadores eran levantados en vehículos para ser llevados a talleres. Así, se llegó a más de diez domicilios en calles como Puán, Miró y Emilio Mitre que no formaban parte de la lista original.

La lista se redujo: de 170 domicilios, la AGC envió actas sobre 161. De esos 161, a 29 no se pudo ingresar; aunque en muchos casos hubo sospechas de existencia de actividad textil, como ruidos de máquinas o medidores de energía con alto consumo. De los restantes, 72 resultaron ser talleres textiles. Solo tres tenían habilitación para hacerlo. Sesenta y nueve de ellos eran clandestinos.

También, hubo un análisis casi total de la titularidad de los 170 inmuebles. Los nombres, asegura una voz cercana a la fiscalía de Delgado, no se repiten. Sin embargo, hubo algo llamativo: el 30% de los dueños son de los talleres extranjeros, principalmente coreanos y bolivianos; en la mitad de estos domicilios se encontraron talleres clandestinos. La pregunta de Delgado, entonces, se vuelve evidente: el fiscal indagará aún más en estos nombres, en busca de posibles testaferros. Para Delgado, muchos de estos bolivianos simplemente no pueden ser los dueños de estos talleres.

Luego de todo su análisis, el fiscal consideró lo siguiente: que hay un sistema de fragmentación y controles laxos que beneficia al sistema de trata laboral. Delgado concluyó: “En efecto, del análisis de las actas remitidas se observa que existe en los barrios de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda una zona administrativamente liberada, donde los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente, ya sea que se trate de edificios tomados o no, y donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad. O, lo que es peor, saben que en caso de ser molestados a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente que podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador”.

Así, el fiscal no solo eleva sus planteos hasta el juez. Piensa hacerlo incluso a la jefa de los fiscales misma, la procuradora Alejandra Gils Carbó, “para que pondere la posibilidad de sugerir a las fiscalías de primera instancia un criterio común a la hora de ejercer la acción penal pública, dado que la fragmentación de las investigaciones actúa en su desmedro”.

nota pagina

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-292547-2016-02-16.html

SOCIEDAD › UN INFORME JUDICIAL DENUNCIA AL BARRIO DE FLORES COMO ZONA LIBERADA

Se trata de tapar la trata

El fiscal federal Federico Delgado elaboró un informe en base a talleres textiles allanados en la CABA. Sólo el 3 por ciento funcionaba en blanco. Describe la facilidad con que operan los explotadores y considera la zona de Flores como “administrativamente liberada”.

Por Mariana Carbajal

Una investigación judicial determinó que existe en los barrios porteños de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda “una zona administrativamente liberada”, donde “los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente”, en edificios tomados o no, y “donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad”. El informe fue realizado por el fiscal federal Federico Delgado en el marco de una causa por trata de personas para explotación laboral, iniciada a partir de una presentación realizada por el legislador Gustavo Vera, fundador de La Alameda, y que llamativamente avanzó poco en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8.

La pesquisa dio resultados alarmantes: de los 72 domicilios allanados, sólo tres estaban habilitados como talleres textiles y 69 funcionaban clandestinamente. La mayoría de las personas allí encontradas eran bolivianas y paraguayas, que en promedio trabajan casi 9 horas y media por día y cobran apenas 31 pesos por hora, aproximadamente la mitad de lo que gana una empleada doméstica. Mientras que quienes figuran como encargados, explotadores, son de nacionalidad china y coreana. Los investigadores sospechan que podría tratarse de testaferros. En la zona relevada funcionaba el taller clandestino en cuyo sótano, con ventanas tapiadas, diez meses atrás, murieron asfixiados dos hermanitos, de 7 y 10 años, hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana que se desempeñaba en el lugar. El fiscal Delgado remitió el informe al juez De Giorgi y le reclamó “una investigación profunda” y “global” porque, advirtió, no se puede fragmentar la causa y se debe mirar integralmente el problema por las interrelaciones que se observan en el funcionamiento de los talleres. También envió una copia a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, y a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

nota pagina 2

En su investigación preliminar, fechada el 11 de febrero, Delgado advirtió sobre la “irracionalidad” del sistema: si los explotadores de un taller clandestino son detectados por un inspector de la Dirección de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control la ciudad de Buenos Aires, “saben que a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador”. El fiscal destacó que ese procedimiento “esconde muchos problemas”, y señaló entre ellos que los operadores judiciales no indagan en la responsabilidad penal de “esos explotadores” frente a la existencia de habilitaciones formales, de la agencia gubernamental, “que únicamente reclamará dinero frente a las irregularidades detectadas durante las inspecciones”. Delgado indicó que, “obviamente, la existencia de talleres habilitados administrativamente no implica que en el lugar no trabajen personas que sean explotadas laboralmente e incluso sean objeto de accionar delictivo y por ende, competencia de la justicia federal”.

La pesquisa se inició a partir de la presentación de Vera, con 170 domicilios donde funcionarían talleres clandestinos. El relevamiento encontró 72 talleres textiles, de los cuales el 96 por ciento no tenía la habilitación correspondiente. En los talleres clandestinos se encontraron 175 personas, 27 eran de nacionalidad argentina y 148 extranjeros (mayoría de bolivianos y paraguayos). Al analizar las horas trabajadas por persona, se encontró que de lunes a viernes son un promedio de más de 9 horas diarias, mientras que los sábados rondan las 5 horas y media. Del relevamiento surge, que algunos de los trabajadores son “levantados” por sus explotadores en la esquina de Cobo y Curapaligüe, del barrio de Flores, donde funciona una especie de mercado humano, de día y de noche.





Premio ADEPA por: “Ropa sin esclavos: renacer en las cooperativas textiles libres de trata”

2 01 2016

la nacionEn la 26 edición de los premios que entrega la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) a la excelencia periodística, donde participaron 550 periodistas, fotoperiodistas y dibujantes de todo el país, con un total de 1150 trabajos presentados, entre ellos hubo una mención especial en la categoría Derechos humanos al periodista Mauricio Giambartolomei por su trabajo titulado “Ropa sin esclavos: renacer en las cooperativas textiles libres de trata”. 

Aquí la nota premiada que refleja el trabajo de la Alameda a través de su textil, Soho cooperativa y el Centro Demostrativo de Indumentaria de Barracas.  

http://www.lanacion.com.ar/1804098-ropa-sin-esclavos-renacer-en-las-cooperativas-textiles-libres-de-trata

 

Los emprendimientos gestionados por los trabajadores se convierten en espacios donde las víctimas del maltrato logran una continuidad laboral digna en la industria textil; cada vez más diseñadores los contratan. 

Si supieras que tu teléfono celular fue producto de un arrebato en el subte, ¿lo usarías para whatsappear tranquilamente con tus amigos? O si te dijeran que el estéreo del auto está manchado con sangre, ¿podrías manejar por la ciudad y escuchar música sin culpa? Y si tus camisas, remeras, jeans o vestidos fueron confeccionados por inmigrantes reducidos a la servidumbre, sometidos a jornadas laborales de 16 horas, hacinados en pequeñas habitaciones, despojados de su documentación y mal alimentados, ¿sentirías la libertad de mirarte al espejo? Tal vez ha llegado la hora de preguntarse: ¿quién hizo esa ropa? 

Se estima que en toda el área metropolitana los “talleres del sudor”, o “talleres esclavos”, son abastecidos por una red de 30.000 obreros costureros, en su mayoría provenientes de Bolivia. Sólo en la ciudad de Buenos Aires estarían asentados al menos 3000 espacios clandestinos donde se confeccionan miles de prendas por semana. Hay quienes arriesgan que el 80% de la indumentaria que circula por todo el país proviene del circuito ilegal.

Se estima que en toda el área metropolitana los “talleres del sudor”, o “talleres esclavos”, son abastecidos por una red de 30.000 obreros costureros .

Hacinamiento, esclavitud y muerte son las tres palabras que resumen cada una de las historias de este tipo, desde el incendio del 30 de marzo de 2006 en Caballito, en el que fallecieron cuatro menores y dos adultos -y que originó una ola de denuncias e inspecciones- hasta el del 27 de abril pasado en Flores, donde perdieron la vida dos niños, de 7 y 10 años.

la nacion 2Detrás de las tragedias, sin embargo, renace una nueva forma de entender la industria textil y que podría convertirse en la punta del iceberg para barrer el trabajo esclavo: las cooperativas, llamadas a ser la red de contención de obreros costureros que padecieron malos tratos y sometimiento.

Un nuevo paso hacia ese concepto se dio hace dos semanas en el Mercado de Economía Solidaria Bonpland, en Palermo, donde se realizó el desfile “Ropa Limpia. Libre de trabajo esclavo”. Participaron 20 marcas de diseñadores independientes que comenzaron a abastecerse en las cooperativas Mundo Alameda, Lacar, Soho y otras que funcionan en el Centro Demostrativo de Indumentaria de Barracas (CDI), bajo la órbita de la Fundación Alameda y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Son ellos los primeros clientes que intentan ser la locomotora de la revolución.

Hacinamiento, esclavitud y muerte son las tres palabras que resumen cada una de las historias de este tipo.

“El cambio tiene que empezar por los chicos”, le dice Tamara Rosemberg a LA NACION mientras muestra las remeras de la serie Heroicotoons con las imágenes estampadas de Belgrano y San Martín. Son dibujos de Luciano Giraldez y fueron diseñados “pensando en los chicos que usan las remeras de superhéroes”.

La cooperativa, que ya tiene su marca propia y confecciona prendas de la marca No Chains (Sin cadenas), con presencia en varios países, tuvo sus primeros clientes en 2005 y hoy fabrica los productos de 25 diseñadores. “Muchos de ellos venden en el interior. Algunos estaban en el circuito de los talleres clandestinos y se pasaron a las cooperativas”, agrega Tamara, una de las fundadores de La Alameda.

lanacion 3La Fundación, que funciona en una antigua casona de la esquina de la avenida Directorio y Lacarra, en Flores, comenzó siendo un Centro Comunitario debido a las urgencias de los vecinos autoconvocados en el parque Avellaneda desde diciembre de 2001. Las primeras actividades fueron un comedor, clases de apoyo escolar para los niños y un taller de desarrollo infantil.

“Venían muchas mujeres bolivianas que habían llegado al país engañadas para trabajar en talleres esclavos. Eran reducidas a la servidumbre, les retenían la documentación y les decían que acercarse a los argentinos «era peligroso»”, recuerda Tamara.

Primero con subsidios, luego con fondos propios, comenzaron a comprar máquinas textiles para producir y generar puestos de trabajo.

En una de ellas está Olga Cruz, especialista en la terminación de los cuellos y los dobladillos de las remeras, que se realizan con las máquinas collareta y recta. “Cuando empecé en la cooperativa pensé que siempre sería ayudante y ahora manejo todas las máquinas. Ascendí”, dice, riendo tímidamente.

En ese taller esclavo trabajaba de 7 a 22; tenía que cocinar, limpiar las prendas y asear toda la casa.

Olga es una de las que participaba de las reuniones del parque Avellaneda. Cuando llegó al país le pagaban cinco centavos por prenda; hoy gana entre $ 45 y 55 por hora. “Vine como cualquier inmigrante, pensando en un futuro mejor, con dos hijos y la idea de nunca abandonarlos. Pensé que iba a encontrar un trabajo digno, como lo decían en muchas radios. Ofrecían pagar en dólares, casa y comida. Pero cuando llegué me encontré con otra realidad”, recuerda.

En ese taller esclavo trabajaba de 7 a 22; tenía que cocinar, limpiar las prendas y asear toda la casa. “No entendía por qué la gente trabajaba sin moverse de la máquina. ¡Les tenía que servir el desayuno y el almuerzo allí mismo!”

La historia de Luis Fernando Calle es parecida, como la de cientos de sus compatriotas que fueron arrancados de su país. En 2012 llegó a la Argentina desde La Paz junto a su esposa. Cuando el colectivo los dejó en Liniers una combi los esperaba para trasladarlos a un taller de González Catán. Luego, el encierro, y nada más. “Mi mujer se hizo la enferma y nos pudimos escapar. Dejamos todo porque no había otra forma de salir de eso”, explica.

Olga Cruz

Olga Cruz

Hace un mes que trabaja en Mundo Alameda con un sueldo que le alcanza para alquilar y ahorrar. Está terminando un lote de remeras No Chains, pero se toma una pausa para compartir los momentos agrios que vivió. “Toda la producción del taller iba a La Salada; teníamos que abastecer tres ferias por semana y entregar 100 camperas por día cada uno. Desayunábamos y almorzábamos en las máquinas, no nos pagaban con dinero, sino que nos daban la mercadería que necesitábamos y a fin de año entregaban algo de plata. Era terrible. Nunca había visto eso”, cuenta.

Causas y procesamientos

En la Justicia Federal hay un total de 51 procesamientos por explotación en talleres textiles de todo el país. Por trata laboral hubo 16 sentencias condenatorias: diez corresponden a talleres textiles, cuatro a explotación agropecuaria, una a servicio doméstico y una al comercio.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, existen dos sentencias por reducción a la servidumbre en talleres del mismo rubro y previas a la Ley de Trata de Personas (26.364), sancionada y promulgada en abril de 2008, modificada en 2012 y reglamentada, con sus cambios, en enero de este año.

En 2013 La Alameda denunció la existencia de 200 talleres clandestinos. La presentación la realizaron el legislador de Bien Común, Gustavo Vera (que es además presidente de La Alameda y de la Comisión Especial de Trata de la Legislatura) y Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Desde ese año, hasta hoy, la Fundación La Alameda denunció más de 500 direcciones en las que habría explotación laboral. El uso del potencial no es antojadizo ya que en la mayoría de los casos la eventual falta de pragmatismo de la Justicia impidió comprobarlo.

En la Justicia Federal hay un total de 51 procesamientos por explotación en talleres textiles de todo el país.

Luis Fernando

Luis Fernando Calle

Las “talleres del sudor” se detectan por las denuncias que La Alameda recibe vía mail, a través del blog de la ONG, por teléfono o en la Legislatura. A todas se les da curso a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), creada en abril de 2013 en reemplazo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. Si la demanda es personal, y si el caso lo requiere, actúa el equipo del Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata para evaluar la situación y disponer si la persona damnificada queda bajo su órbita y necesita algún tipo de asistencia especial.

Otras alternativas de contención e integración son posibles. En el CDI de Barracas funcionan siete cooperativas textiles y al menos otras 20 ya pasaron por allí. En promedio, permanecen tres años hasta que logran afianzar los lazos con sus clientes, aunque el período de tiempo puede extenderse. Luego es el momento de volar, para continuar con el trabajo en un espacio propio.

Allí, entre cumbia boliviana, retazos de telas y rollos de hilos hay mujeres y hombres que trabajaron en talleres clandestinos. Algunos cooperativistas están a cargo de las máquinas que hasta hace unos meses atrás operaban en el hacinamiento de un cuarto pequeño; el CDI suele ser el depósito judicial de indumentaria y maquinaria confiscada en allanamientos textiles. En uno de los pasillos hay 10.000 jeans para terminar provenientes de un operativo de 2007. Cuando se destrabe la causa judicial serán materia prima de las cooperativas. Y algunas máquinas fueron enviadas a Chaco y a Formosa, donde la comunidad Qom las utiliza para sus emprendimientos.

“Acá se les da espacio y acompañamiento técnico a los cooperativistas. También se los asesora para que busquen financiación cuando se independicen y se les prestan algunas máquinas. Es un período limitado, lo que se llama de incubación”, detalla Néstor Escudero, técnico del INTI y miembro de La Alameda.

En el CDI de Barracas funcionan siete cooperativas textiles y al menos otras 20 ya pasaron por allí.

El polo textil de Barracas funciona en un espacio cedido por el gobierno porteño a través de la Corporación Buenos Aires Sur. La cooperativa más grande tiene 30 personas, pero hay otras que funcionan con seis miembros. Entre ellas se encuentra Lacar, una marca de camperas que quebró y fue recuperada por los trabajadores. Allí fabrican los productos que luego venden en un local de Morón y en otro ubicado en el mercado Bonpland.

Una iniciativa similar tiene lugar en SOHO Coop, que funciona en lo que fue la casa central de la marca antes de su quiebra. Unas 17 personas lograron la continuidad laboral en junio de 2014 con los avales de la Justicia, aunque todavía existe un litigio por el uso de la marca. Fueron los mismos trabajadores quienes, en 2007, formaron parte de las denuncias contra los propietarios de la empresa, que utilizaban la mano de obra de unos 300 talleres clandestinos para confeccionar 35.000 prendas por semana que abastecían a 45 locales.

“De acá se mandaba a los talleres, no había intermediario. Venían los talleristas a buscar los cortes o nuestros compañeros los llevaban. Los lugares eran espantosos. Hay dos compañeros que aportaron testimonio de los talleres denunciados. Eso ocurrió durante toda la historia de SOHO”, recuerda Ezequiel Conde, quien trabajaba en el depósito de la empresa y hoy es uno de los referentes de la cooperativa, que suele recibir máquinas incautadas en allanamientos.

Eso pasó, por ejemplo, tras el operativo que se realizó el 2 de este mes en un taller de Parque Patricios, donde se confeccionaban uniformes de la policía bonaerense. Las máquinas fueron cedidas a SOHO Coop para su reutilización. “Nosotros nos ofrecemos a darles una asistencia transitoria a las víctimas de los talleres esclavos. Acá tenemos lugar. Se pueden estabilizar, comer, dormir, bañar, tener asistencia social y comenzar a trabajar en una cooperativa con las mismas máquinas que incautó la Justicia”, propone Ezequiel.

#BastaDeTrabajoEsclavo, #RopaLimpia y #QuienHizoMiRopa son los lemas que apuestan a instalar el tema en las redes sociales para barrer el trabajo esclavo. “Donde esté la ropa barata, habrá explotación. Mientras existan La Salada o los manteros de Avellaneda habrá explotación”, resume Luis Fernando. Nadie mejor que él para decirlo.

Olga Cruz: de Sucre a un taller clandestino en Flores

Llegó de Bolivia con sus dos hijos, Johan y Daniela. “Cuando vinimos tuvimos que comprar documentos falsos en la frontera. Estuvimos unos días allí hasta que nos pidieron 400 dólares para entrar. El que te falsificaba el documento te prestaba ese dinero hasta entrar en la Argentina”, recuerda. Una vez instalada aprendió el oficio y comenzó a producir en un taller clandestino prendas que eran comercializadas en La Salada y en Once. “Se labura mal, no hay espacios para moverse, está lleno de prendas y de telas. Los costureros sólo pueden moverse para ir al baño”, cuenta. “El desayuno es té o mate cocido con pan o galletitas. El almuerzo es pésimo: arroz con un poco de tuco o una sopa de verduras. No entendía por qué pagaban tan poco.”

Luis Fernando Calle: preso en el conurbano profundo

Lo primero que vieron, junto a su esposa, al llegar a la estación de Liniers fue una combi blanca que los transportaría a un taller de González Catán. Después llegó un largo encierro, días de oscuridad e incertidumbre. “Nos trajo un paisano de La Paz. Ahí, por la Ceja del Alto, hay avisos clasificados: «Se necesita personal para taller de costura en la Argentina, se paga pasaje, se da un cuarto individual, viáticos, trabajo de siete horas y US$ 500 al mes». Era buena plata para Bolivia”, explica. “La mayoría de las personas acceden a eso porque en Bolivia no hay mucho trabajo, menos en el rubro textil. Muchos compatriotas optan por esa opción que parece la más fácil, pero acá las cosas cambian”, dice.