Un mapa del delito que omite los cometidos en connivencia con la policía

25 01 2018

nota de Tiempo Argentino

Lo presentaron Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, como una herramienta online para que los vecinos de la Ciudad denuncien y sepan dónde ocurren. Incluye robos y hurtos, homicidios y lesiones en hechos viales, pero invisibiliza prostíbulos, talleres clandestinos, puntos de venta de droga y hasta las denuncias contra “trapitos”.

Nota de Gastón Rodríguez publicada por Tiempo Argentino, el sábado 20 de Enero de 2018

https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/74022/un-mapa-del-delito-que-omite-los-cometidos-en-connivencia-con-la-polica-a?utm_content=buffer7081a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#.WmSkuNY5_8M.buffer

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, presentaron durante los últimos días de diciembre lo que llamaron el primer Mapa del Delito, “con datos actualizados que permitirán relevar la dinámica criminal en los diferentes barrios y su evolución mensual” y, de paso, acabar con el “apagón estadístico” de los últimos años.

En esta primera versión, aclararon los funcionarios, fueron incluidos sólo los hechos registrados como de “mayor impacto en la vida de las personas” (homicidios dolosos, homicidios y lesiones por siniestros viales) y los de “mayor ocurrencia” (robos y hurtos, sin considerar los que fueron calificados preliminarmente como tentativas o frustrados por la fuerza policial).

Pero pese a los argumentos oficiales, vecinos y organizaciones sociales critican que, convenientemente, fueron “invisibilizados” aquellos delitos que gozan de protección policial o que, por acción u omisión, dejan “mal parado” al Gobierno de la Ciudad.

“Este depurado Mapa del Delito omite cualquier búnker, kiosco, bar, pool o boliche donde se venda cocaína, pasta base, éxtasis o marihuana a lo largo de todos los barrios de la Ciudad. Además, es llamativo que no deje constancias, por citar un caso muy evidente, de los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales”, se lee en el comunicado difundido por la organización La Alameda luego del anuncio de Rodríguez Larreta y Ocampo ante la prensa.

Respecto de esas omisiones, desde el gobierno sostienen que no incluye los puntos de venta de drogas para “evitar entorpecer las investigaciones” de la justicia federal. Idéntico argumento usa para los delitos sexuales. “Es para evitar identificar el domicilio del hecho, que suele coincidir con el de la víctima”.

Aun peor que esa escueta explicación es el silencio con respecto a la trata con fines sexuales y los prostíbulos. En octubre pasado, Tiempo publicó una nota denunciando los más de 500 prostíbulos que seguían funcionando en la Ciudad, pese a que ya había pasado un año de la sanción de la Ley 5639 que modificó el Código de Habilitaciones y Verificaciones derogando la figura de las “alternadoras”, que es la manera que tienen los tratantes de encubrir como empleadas a las mujeres que son explotadas sexualmente en locales nocturnos “Clase A”, identificados como whiskerías, cabarets, bares o boliches.

En la lista de delitos “borrados” también se encuentran los desarmaderos de autos, las denuncias sobre “trapitos”, el juego clandestino y los talleres textiles que se sostienen con trabajo esclavo.

Zonas liberadas

Este jueves, Larreta y Ocampo volvieron a mostrarse juntos para anunciar “el nuevo despliegue territorial de la Policía de la Ciudad” como parte del Sistema Integral de Seguridad Pública, por el cual “se asignarán las paradas policiales en base a criterios de densidad y circulación de la población, incidencia del mapa del delito y objetivos específicos de seguridad”. Sin embargo, este “despliegue” novedoso no es otra cosa que el viejo modelo de saturación policial que, en palabras de los especialistas, sólo sirve para mostrar que las autoridades “se están ocupando”, aunque nunca se logre la disminución del delito. Pero no es el único “vicio” enquistado. Para La Alameda, “los jefes policiales saben que este mapa fue depurado de los delitos que generan recaudación para ellos mismos y para funcionarios de los tres poderes del Estado”.

El 25 de abril del año pasado, el por entonces primer y flamante jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, quedó detenido (sólo obtuvo la excarcelación 100 días después con el pago de una fianza) cuando se presentó a declarar ante el juez Ricardo Farías en la causa en la que se lo acusa de ser el jefe u organizador de una asociación ilícita que le cobraba coimas a comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra.

El 30 de septiembre pasado, en la previa del partido de Los Pumas contra los All Blacks en el estadio de Vélez, los vecinos filmaron a los “trapitos” ubicando autos sobre la plazoleta Ceferino Namuncurá, a escasos 30 metros de la Comisaría 44ª. La impunidad para cobrar el espacio público se explica porque el jefe de la Comuna 10 es Daniel “El Tano” D’Ipollito, histórico barra de Vélez que supo hacer campaña con Rodríguez Larreta. Todo tiene más sentido al conocer que el actual jefe de seguridad del Fortín de Liniers es Eduardo Capuchetti, casualmente, excomisario de la 44ª. 

Una tarde en “la Siberia”, donde los policías nunca alcanzan

La mujer prácticamente le arrebata el micrófono a Juan Pablo Arenaza, subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, agita su bastón y grita: “¡La Siberia dijo basta! ¿Usted sabe qué es la Siberia?”. El funcionario se excusa, dice que es de Pacífico, y se gana la reprobación de unos 200 vecinos de ese rincón de Villa Urquiza, casi todos mayores de 65 años, reunidos en la “milonga” del club Sin Rumbo para conocer cómo funciona el Mapa del Delito, desilusionados por la ausencia del ministro Ocampo y sobrecogidos por la muerte, dos días antes, de Mauro Díaz, de 36, baleado en medio de un tiroteo entre policías y ladrones. La vecina reclama mayor presencia policial y exige que venga Gendarmería: “Les damos hasta el domingo a la noche para que empiecen a patrullar, y si no, la Siberia se levanta”. La aplauden.

Los vecinos hablan de la “ausencia total” de policía, en un barrio donde, en realidad, los efectivos de a pie y las luces de LED azul de los patrulleros de la Policía de la Ciudad parecen omnipresentes día y noche. La cantidad de hombres no sería el problema, sino dónde, cuándo y cómo actúan o dejan de hacerlo. Un comerciante de Núñez y Zado, donde murió Díaz, toma la palabra y dice: “Nuestro barrio era muy tranquilo, pero ahora explotó”. Arenaza promete una próxima reunión de Ocampo con los comerciantes. Arrecian los reclamos de más retenes en los accesos desde la Provincia, más controles de alcoholemia, quejas contra los cartoneros, los pibes que se meten en las plazas ya enrejadas y contra todo lo que huela a pobre. Aún no se sabe si la bala que mató al vecino salió del arma de uno de los tres delincuentes que, tras evadir con un Citroën C4 robado un control en General Paz y Constituyentes, huyeron en su Fiat Uno, o si partió de los policías que los perseguían y que de hecho mataron a un ladrón.

Hasta que otra vecina, Rita, habla de un tipo de delito que no está en el mapa. Dice que tiene miedo de denunciar una casa donde venden droga, a una cuadra de la comisaría, que le cuesta creer que no tenga protección policial. Arenaza la invita a hacer la denuncia en el Ministerio. Un instante después, un solícito joven de camisa celeste (son como 12) se acerca a tomarle los datos a la señora. Otro vecino, Luis, señala lo obvio: que estos delitos “fáciles de denunciar”, robos y hurtos, son los subproductos del crimen organizado, del narco y la trata, ausentes en el mapa. Se pregunta por qué. Le explican que es “para no entorpecer la investigación de la justicia federal”. Vuelve a preguntarse: ¿no será el barrio una “zona liberada”?Ahora todos gritan, pero del laberinto de inseguridad de este barrio como tantos, casi nadie pretende salir por arriba: la invariable respuesta es el pedido y la promesa de mayor presencia policial. Y Arenaza regresa rápidamente a los argumentos habituales: muestra en el mapa que la incidencia de tal o cual delito coincide con esta o aquella villa,  y de paso promete un inventario de casas tomadas, “para ver dónde hay conflictividad”. Los vecinos se retiran en paz.

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Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.





Continúa la lucha contra el narcotráfico en Esteban Echeverría

7 11 2017

El Municipio que encabeza Fernando Gray junto con La Alameda continúan con la iniciativa de la recepción de denuncias anónimas que hacen los vecinos de ese partido bonaerense  en los buzones instalados en el distrito y así detallar los lugares que funcionan como puntos narcos.

En ese sentido, el objetivo es que luego se recolecten esas denuncias y sean presentadas en la Justicia, como hace unos meses lo hicieron el legislador porteño de Bien Común y titular de La Alameda, Gustavo Vera, con el propio Gray.

La iniciativa de los buzones, que nació en la Ciudad con La Alameda, se la trasmitieron los referentes de Esteban Echeverría al intendente, quien aceptó la sugerencia y ahora juntos luchan contra el narcotráfico, denunciando puntos de ventas de drogas, búnkers, prostíbulos y talleres clandestinos.

 

Las urnas fueron depositadas en distintas delegaciones de la Municipalidad de Esteban Echeverría y forman parte del programa realizado por la Mesa Interinstitucional contra el Narcotráfico.

Las denuncias deben ser colocadas en un sobre cerrado que luego será analizado y en caso de que sea real será derivada a la Justicia.

 





La trama mafiosa de los prostíbulos en la Ciudad PRO

4 09 2017

 

 

Así se publicó en Tiempo argentino

 Aquí la columna de opinión que publicó el diario Tiempo Argentino del legislador porteño, titular de la Comisión de Trata y presidente de la ong Alameda, Gustavo Vera.

La doble desaparición de Nadia Rojas, hallada en el mismo lugar donde los familiares decían que estaba con su proxeneta, y la de Layla Nayeli Sainz Fernández, el año pasado, se produjeron en la Ciudad que gobierna hace diez años el PRO, que en este período sumó más de 1200 prostíbulos, sin olvidar que los laboratorios de producción de cocaína se instalaron en la Ciudad PRO y que nuestro país tiene una penetración del narcotráfico que nos ha posicionado como el tercer exportador de cocaína en el mundo. Tampoco nos olvidamos que el propio presidente Mauricio Macri tiene estrechos vínculos con la mafia de la trata internacional, como demuestra la foto que se tomó en el narco-prostíbulo Mix, de la ciudad de Cancún, México, junto al condenado por explotación sexual Gabriel Conde, quien comandó hasta fines de los ’90 el prostíbulo Shampoo, en el barrio de Recoleta, hasta que lo metió preso el fiscal José María Campagnoli.

Desde la Legislatura y desde nuestra ONG en la calle podemos decir que la desaparición de adolescentes, jóvenes y mujeres es un negocio del crimen organizado, porque tras la captación de las chicas, vienen la explotación sexual y el narcotráfico, que usa a estas víctimas no sólo para captar clientes prostibularios sino también en lo que respecta al consumo de drogas. Tanto para usar a las drogas como esclavitud química para sus víctimas, como para multiplicar sus ganancias con los prostituyentes/clientes.

Desde nuestro bloque hemos avanzado en un reclamo histórico, que consiste en poner fin a las habilitaciones en comercios (boliches, whiskerías, pubs) donde se explota sexualmente a las mujeres, mal llamadas coperas o alternadoras. Ahora también tenemos que lograr la aplicación del cierre de los prostíbulos con la adecuada asistencia a sus víctimas, para tener una exitosa reinserción social.

Esto debe construirse de abajo hacia arriba. Ya que en la Ciudad no es política pública la lucha antimafia. Y esto es notorio: los dos jefes de policía que eligió el propio jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, José Pedro Potocar y Guillermo Calviño, terminaron presos por corrupción en las zonas liberadas. 

 





Cañuelas: lanzan buzones antimafia

25 07 2017

Vera titula de la Alameda y Fassi intendenta

El titular de La Alameda y legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, participó hoy martes del lanzamiento de los buzones antimafia en  localidad bonaerense de Cañuelas junto a la intendenta de ese distrito, Marisa Fassi.

Los buzones antimafia se van a instalar en iglesias, centros de jubilados, clubes y sociedades de fomento de Cañuelas, en una iniciativa que fue creada por La Alameda.

De esa manera, el municipio bonaerense de Cañuelas se suma a la experiencia instalada el año pasado en Esteban Echeverría, que encabeza Fernando Gray, y de Merlo con su intendente Gustavo Menendez. Estas tres intendentes bonaerense entendieron que la lucha contra las nuevas formas de esclavitud (la química que son las drogas, la laboral y sexual) es replicar el pedido del Papa Francisco que nos llama a poner a la política en el plano del bien común.

En la Ciudad de Buenos Aires la experiencia nunca contó con el apoyo del Estado entonces fueron los vecinos con las iglesias que construyeron los buzones y mapas del delito. 

Tras el éxito de la experiencia, si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lo replicó en las Comunas con urnas de cartón para denunciar prostíbulos, pero con diferencias notables ya que en las intendentecias los buzones son de material y su apertura se hace de manera oficial con testigos y luego de haber armado una Mesa Inter Institucional con la presencia de la justicia, del poder ejecutivo, legislativo y las organizaciones locales.

 





Calviño detenido: “Larreta nombró dos jefes de Policía y ambos están presos”

16 06 2017

“El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, logró lo que ningún político había alcanzado: que los dos jefes de policía que él nombro estuvieran presos, tras la detención de este viernes de Guillermo Calviño”, sostuvo el legislador porteño de Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera.

Rodríguez Larreta designó en 2016 a Calviño como jefe de los  traspasados a la Ciudad, mientras que en 2017 nombró a José Pedro Potocar como el jefe de la flamante Policía de la Ciudad (fusión de la Federal y la Metropolitana) hasta que fue detenido por la Justicia en el marco de la causa por asociación ilícita que para el juez Ricardo Farías y el fiscal José María Campagnoli lidera Calviño.

 

Calviño detenido en sede Gendarmería en Retiro

“Lo venimos diciendo en el recinto en la Legislatura y en cada reportaje, Larreta no hizo más que trasladar la vieja estructura corrupta de las zonas liberadas a la Ciudad, sin hacer ningún inventario del patrimonio de los jefes policiales y sus actuaciones frente a los narcos, prostíbulos, trapitos. De hecho no es menor que Calviño fue allanado en su domicilio del country Brickland, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría“, afirmó el también titular de la ONG antimafia Alameda.

Gustavo Vera agregó que no le sorprende la detención de Calviño y remarcó: “Ya sabíamos de su proceder cuando dirigió las 54 comisarías en la Ciudad de Buenos Aires a través de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y su segundo era Pedro Potocar en ese momento director General de Comisarías”.

“Desde entonces que venimos denunciando las zonas liberadas para los laboratorios narcos instalados en la villa del Bajo Flores, la zona liberada para los traficantes y explotadores de niñas y mujeres en más de 1200 prostíbulos, como las zonas liberadas para los esclavistas en 3 mil talleres textiles clandestinos distribuidos a lo largo de la Ciudad”, añadió Vera.

Para cerrar el legislador se refirió a la investigación judicial y destacó la tarea del fiscal Campagnoli.

“El fiscal que más conoce a la mafia policial es Campagnoli. Por eso veníamos anticipando que iba ir hasta las últimas consecuencias. Tener fiscales que investigan a fondo con su equipo y un juez que respalda lo actuado por la fiscalía es un gran paso para tener mejor seguridad, porque depurando de mafia a la Policía de la Ciudad todos vamos a tener mejor calidad de vida”, cerró Vera.

Potocar y Calviño sonriendo para la foto en los buenos tiempos

“El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, logró lo que ningún político había alcanzado: que los dos jefes de policía que él nombro estuvieran presos, tras la detención de este viernes de Guillermo Calviño”, sostuvo el legislador porteño de Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera.

Rodríguez Larreta designó en 2016 a Calviño como jefe de los  traspasados a la Ciudad, mientras que en 2017 nombró a José Pedro Potocar como el jefe de la flamante Policía de la Ciudad (fusión de la Federal y la Metropolitana) hasta que fue detenido por la Justicia en el marco de la causa por asociación ilícita que para el juez Ricardo Farías y el fiscal José María Campagnoli lidera Calviño.

“Lo venimos diciendo en el recinto en la Legislatura y en cada reportaje, Larreta no hizo más que trasladar la vieja estructura corrupta de las zonas liberadas a la Ciudad, sin hacer ningún inventario del patrimonio de los jefes policiales y sus actuaciones frente a los narcos, prostíbulos, trapitos”, afirmó el también titular de la ONG antimafia Alameda.

Gustavo Vera agregó que no le sorprende la detención de Calviño y remarcó: “Ya sabíamos de su proceder cuando dirigió las 54 comisarías en la Ciudad de Buenos Aires a través de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y su segundo era Pedro Potocar en ese momento director General de Comisarías”.

“Desde entonces que venimos denunciando las zonas liberadas para los laboratorios narcos instalados en la villa del Bajo Flores, la zona liberada para los traficantes y explotadores de niñas y mujeres en más de 1200 prostíbulos, como las zonas liberadas para los esclavistas en 3 mil talleres textiles clandestinos distribuidos a lo largo de la Ciudad”, añadió Vera.

Para cerrar el legislador se refirió a la investigación judicial y destacó la tarea del fiscal Campagnoli.

“El fiscal que más conoce a la mafia policial es Campagnoli. Por eso veníamos anticipando que iba ir hasta las últimas consecuencias. Tener fiscales que investigan a fondo con su equipo y un juez que respalda lo actuado por la fiscalía es un gran paso para tener mejor seguridad, porque depurando de mafia a la Policía de la Ciudad todos vamos a tener mejor calidad de vida”, cerró Vera.





“Quienes nos espían son aquellos a quienes hemos denunciado”

11 04 2017

Tras haberse presentado como querellante en la causa por escuchas ilegales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, atribuyó el espionaje clandestino del que es víctima a ex integrantes de la SIDE como Stiuso y a miembros actuales de la AFI como su subdirectora y el secretario de Finanzas.

“Quienes nos espían son aquellos a quienes hemos denunciado por lavado y enriquecimiento ilícito. No solamente la banda de (Antonio) Stiuso sino algunos que están adentro como Juan José Gallea (secretario de Finanzas), Darío Richarte, (Silvia) Majdalani. Estamos preocupados, pero no sorprendidos”, precisó Vera en declaraciones al programa “Mañana Sylvestre”, que se emite por Radio 10.

“Ayer nos constituimos como querellantes. (Gustavo) Arribas y Majdalani se presentaron en Tribunales Federales y realizaron una denuncia en donde piden que se investigue a su propio organismo porque citan una red de inteligencia ilegal, lo que me parece ridículo porque el artículo de Carlos Pagni en La Nación apunta a Majdalani. Nosotros decimos cambiar la estrategia y constituirnos como querellantes en esa causa como damnificados e imputando a Arribas, Majdalani y a los funcionarios de los que ellos dependen”, explicó el diputado de la Ciudad.

Vera consideró que “todos los domingos nos damos cuenta que hay un festival de escuchas como si fuera algo naturalizado con el fin que sea” y agregó que “la SIDE siempre hizo este tipo de descontroles, pero ahora de manera muchísima más obscena”.

Asimismo, indicó que “el modelo neoliberal de ajuste sin fin se choca con las libertades democráticas que cada vez se acotan más y esto se ve en este festival de escuchas de la SIDE, del mismo modo que entran con gas pimienta a un comedor infantil, o reprimen una carpa itinerante o hay una presa política como Milagro Sala, lo dice desde la ONU hasta el Departamento de Estado, salvo Gerardo Morales y su troup”.

“Las garantías democráticas se van acotando al calor de este neoliberalismo feroz”, sostuvo el legislador porteño.

ARMADO DE CAUSAS PENALES

“Me han armado dos causas, una en diciembre de un NN por supuesto tráfico de influencias donde lo acusan a Daniel Rafecas, a Sebastián Casanello y a mí. Después me hacen otra un NN en donde me acusan de encubrimiento de los narcos en la villa 1-11-14, cuando fuimos los que más denunciamos el narcotráfico”, señaló Vera.

Para el diputado de la Ciudad, “están tratando de encuadrar las escuchas ilegales en algún marco pseudo-legal tratando de buscar alguna precausa”.

“Eso por un lado. Y por otro las investigaciones que hacemos sobre narcotráfico trata de personas mafias italianas y mafias argentinas. Compartimos información con la Red Antimafia Libera. Hay una preocupación enorme, porque la Argentina sigue siendo el tercer país exportador en el mundo de cocaína. Esto ocurre porque los puertos no se controlan. La ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich dijo que no podía controlarlos porque el 90 por ciento de los barcos son de otra bandera y hay que cambiar la legislación”, detalló.

Vera afirmó que la Argentina “es un corredor y un festival  del narcotráfico bastante grave” y recordó que “uno de los tres objetivos que prometió en campaña el presidente Mauricio Macri que era combatir el narcotráfico es un cuento chino, una anécdota, en la que solo se buscan ciertas cuestiones como el narcomenudeo o el tráfico con Paraguay, pero los grandes negocios están protegidos y no se hace nada para protegerlos”.