Alejandro Amor habló en el comedor comunitario de la Alameda

El defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, escuchó y tomó reclamos de las personas que almuerzan y cenan en el centro comunitario de la Alameda, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Falta de viviendas, desalojos y sin techos, pensiones en trámite, trabajo tercerizado por el Estado en talleres clandestinos, impunidad en homicidios sea por tránsito o una obra que se derrumbó, nuevos bomberos voluntarios sin cuartel, maltrato policial, la atención del PAMI o los hospitales públicos, las quejas sobre empresas privadas de telefonía o de televisión por cable, el impacto del narcotráfico y el acceso al subte de ancianos, discapacitados o mujeres con bebés.

Todas estas problemáticas surgieron en la charla que encabezó, Alejandro Amor, el defensor del Pueblo de la Ciudad, este viernes 19 de julio, en el centro comunitario de la Alameda (Av. Directorio 3998, barrio Parque Avellaneda) con un centenar de personas que asistieron este mediodía al comedor para almorzar.

Amor dedicó sus primeras palabras a la emoción de volver a la Alameda porque en la época de la dictadura era un lugar de reunión. “Le tengo un cariño especial”. Luego pidió a todos que lo llamaran Alejandro, no defensor ni por el apellido. Por la Defensoría contó que tiene como esencia salir a la calle “porque ahí están los problemas. Es más para fin de año vamos a llegar a todos los barrios con presencia. Eso es gracias a que establecemos comodato con organizaciones sindicales o barriales que ponen su lugar a disposición”.

Cuando la palabra le tocó al titular de la Alameda lo primero que planteó Gustavo Vera fue que el centro comunitario tuviera una oficina destinada para la atención de la Defensoría del Pueblo. A lo que Amor respondió que por supuesto y sonaron los aplausos.

“No es la primera vez la presencia de un defensor del pueblo en la Alameda. Alicia Oliveira, Alicia Pierini y ahora Alejandro tienen la impronta como buenos defensores de escuchar y estar con los más débiles, con los excluidos y vulnerables”, reflexionó Vera.

En lo que respecta a la denuncia por los talleres textiles clandestinos y la trata laboral la Defensoría del Pueblo porteña tuvo un rol protagónico junto a la Alameda. Al punto que la primera causa por trabajo esclavo con sentencia judicial firme tramitó con los costureros dando testimonio en la Defensoría. “En ese momento no existía ni la ley de Trata”, recordó el titular de la Alameda.

Alejandro Amor pidió a la Alameda que para el próximo censo de la personas sin techo sea parte de la confección del relevamiento de lo que el gobierno omite que son “las guardias de los hospitales, como en el Pirovano donde murió una persona, en los bajo autopista, y hasta en los autos abandonados como en el caso de Tarzán del barrio Rodrigo Bueno que hace años vive en un auto”.

El cuestionado juez federal que ocupará el lugar de Soto Dávila, preso por narcotráfico

Gustavo Fresneda, vinculado a causas de trata y tráfico de influencias, será trasladado al juzgado federal de Corrientes tras la renuncia de Carlos Soto Dávila, detenido por narcotráfico.

por Cecilia Di Lodovico

https://www.perfil.com/noticias/politica/polemico-juez-federal-gustavo-corazon-fresneda-ocupara-lugar-carlos-soto-davila-preso-narcotrafico.phtml

El Juzgado Federal N°1 de Corrientes, una dependencia muy pretendida por su carácter de juzgado electoral, estuvo vacante desde la renuncia de Carlos Soto Dávila, el ex juez procesado y detenido acusado de beneficiar narcos. Se trata de Gustavo del Corazón Fresneda, que fue designado por Mauricio Macri al frente del juzgado de Paso de Los Libres en febrero de este año y quien logró que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobara su traslado al Juzgado Federal N°1 de Corrientes, sólo dos meses después. Esa dependencia judicial tiene competencia electoral.

El juzgado no es territorio desconocido para el magistrado -que no goza de la mejor consideración por parte del resto de los integrantes del poder judicial correntino-: Fresneda -cercano al ex gobernador y referente del radicalismo Ricardo Colombi- fue secretario penal de Soto Dávila y ambos fueron a juicio político en 2004 por las mismas irregularidades que terminaron en el procesamiento del ahora ex juez. Embargan a un juez por $ 20 millones pero él dice que su único lujo son “dos bicicletas” Ante la decisión del Consejo -que desestimó el mismo pedido por parte del juez Juan Carlos Vallejos- el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, presentó su oposición a su Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo. En el escrito, Vera sostiene que Fresneda no cumple con los requisitos.

En primer lugar, no contaría con los cuatro años de antigüedad como juez exigidos la normativa vigente. Además, el referente indica que candidato al puesto de Soto Davila “quedó involucrado en nuevas investigaciones –por “lavado de activos” y “tráfico de influencias”- que la misma Justicia Federal inició a partir de causas anteriores por “trata de personas” y “explotación sexual de mujeres””.

Testigos aseguran que el intendente de Itatí recibía órdenes de un capo narco El dirigente social se refiere a una causa impulsada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien subrogaba el juzgado de Pasos de Los Libres, pero que fue desplazada tras la denuncia que también salpica a Colombi.

Otro dato: Fresneda fue defensor entre 2008 y 2010 en una causa por “enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, falseamiento de declaración jurada patrimonial, asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.  Fresneda aparece mencionado en la causa que llevó a la detención de su ex jefe, tras el Operativo “Sapucay”, en 2017.

La investigación, a cargo del juez federal Sergio Torres, reveló el funcionamiento de una red de narcotráfico, en la que participaron Soto Davila y sus dos secretarios penales.

Extinción de dominio: El decreto de Macri es inconstitucional e inútil 

La opinión de Gustavo Vera, coordinador nacional de la Multisectorial 21 F y titular de la Alameda, tras el decreto por la extinción de dominio del presidente Macri. 

  1. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que no se puede modificar el código penal por un decreto y mucho menos darle un carácter retroactivo, lo cual violenta una regla general del derecho. Además es incongruente que habiendo una ley en estado parlamentario sobre el mismo tema, se use el argumento de la “necesidad y urgencia” que obviamente no corresponde porque el poder legislativo está trabajando sobre el punto.
  2. El artículo 23 del código penal y el artículo 233 del código procesal penal ya permiten incautar y reutilizar los bienes depositandolos en personas físicas o jurídicas e incluso reintegrarlos si la sentencia judicial firme va en dirección contraria al procesamiento inicial. El gobierno sabe que cuenta con esta herramienta con colaboración del poder judicial y respetando plenamente derechos, garantías y el cuerpo legal penal argentino. El decreto de ayer es pura demagogia.

    Ferrari incautada

  3. Los reparos que tuvo el gobierno para avanzar con la actual legislación sobre los bienes de los corruptos amparados en la “presunción de inocencia” resultan incoherentes cuando el mismo gobierno apoya fervientemente avanzar sobre la libertad de las personas procesadas, pero que no tienen una sentencia judicial firme. Hasta el momento el gobierno, en la práctica solo reconoce la presunción de inocencia en los bienes materiales, pero no en la libertad de las personas.
  4. En los bienes en los que se avanzó por disposición del gobierno como, por ejemplo, una Ferrari o los aviones de Lázaro Baez al que la ministra de seguridad Patricia Bullrich le pone calcamonías alusivas a “bienes recuperados a la corrupción” no tienen ninguna utilidad concreta y encima le cuestan al estado dinero en mantenerlos en buenas condiciones (algo que la misma ley le exige hasta tanto no haya sentencia judicial definitiva y disposición final del bien). Por tanto, es falso que el decreto que impulsa el gobierno permita hacer ingresar dinero al Estado, cuando más bien ocurre al revés. Lo más probable es que se use el decreto con sentido discrecional para hacer circo y demagogia electoral.

    El avión incautado

  5. En el marco de la legislación vigente es posible reutilizar masivamente miles de bienes incautados ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y si el gobierno no lo ha hecho es porque no tiene el más mínimo interés en el bien común. Cementerios de autos en distritos del conurbano, cientos de propiedades de delincuentes sin uso, campos y talleres clandestinos clausurados por trabajo esclavo, avionetas capturadas y vinculadas al narcotráfico que se pudren sin uso alguno son claros ejemplos de que pese a que el gobierno podía legalmente disponer de ellas, no tenía interés alguno en avanzar sobre la reparación a la sociedad y mucho menos a las víctimas directas de estos flagelos. Es muy claro que el decreto solo persigue instalar la idea de que los únicos bienes a recuperar por la corrupción son los de aquellos que eventualmente hayan cometido delitos del gobierno anterior, pero no del crimen organizado en general. Y tiene su lógica, a Macri, que hizo su campaña lavando dinero de aportantes truchos, amigo del procesado Raúl Martins, el esposo de la regenteadora de talleres clandestinos, Juliana Awada y con parentela entre el clan Macrí perteneciente a la mafia calabresa de la ‘Ndrangheta le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.