Congreso Antimafia. Primera parte

13 04 2018

juez Lijo al micrófono, al lado juez Rodriguez, periodista Klipphan y Saín

La Red Nacional Antimafia realiza su sexto Congreso. En su primera parte hablaron Jueces, líderes religiosos, un ex director del Banco Central, un economista, un sociólogo experto en seguridad y un periodista de investigación.

En la biblioteca Eva Perón, del Sindicato de Chóferes de Camiones, en el barrio de Parque Chacabuco, se desarrolla desde las 10 de la mañana, de este viernes 13 de abril, el VI Congreso Antimafia.

Diversas ong’s, lideradas por la Fundación Alameda, fueron creadoras en el 2013 de la Red Nacional Antimafia. Desde entonces que todos los años realizan un encuentro nacional abierto y público para conocer el diagnóstico de crimen organizado en nuestro país y de esa manera encontrar las mejores políticas públicas para erradicar a las mafias que operan en toda la Argentina en diversas modalidades.

En la primera parte del Congreso Antimafia se pudo escuchar a tres jueces federales, Ariel Lijo (Fuero federal CABA), Jorge Rodriguez (fuero Federal en la localidad bonaerense de Morón), y Javier López Biscayart (juez en lo Penal y Económico).

“Terminemos con la puesta en escena”. Frase contundente del juez Lijo. “En causas de consumo de drogas por año se tiran a la basura 12 millones de dólares. Esto se calcula de sueldos que se pagan a los funcionarios policiales, judiciales, en los insumos. Porque son causas que luego terminan siendo calificadas como conductas licitas. Entonces todo el proceso judicial que hace más de diez años se inicia por consumo terminan en nada. Ya gastamos 100 millones de dólares. Por año llegan a los juzgados 15 mil expedientes de este tipo”, aseguró este juez en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires ubicados en la avenida Comodoro Py, barrio de Retiro.

Desde la mirada económica, algo que no es usual para analizar al crimen organizado, el director del Banco Central echado por el gobierno de Mauricio Macri sostuvo que “debemos analizar los sistemas de pago de la mafia. Son las redes financieras, los fideicomisos, off-shore, financieras, bancos, vinculados al pago de la mafia. Y es justamente este gobierno quien hace una semana autoriza girar utilidades sin pasar por el Banco Central”, aseveró Pedro Biscay. Que cerró su exposición dando el ejemplo de “Mercado Libre como intermediario ilícito que el Estado no controla”.

En sintonía con la economía, Agustín D’Attelis habló de los 23 mil millones de pesos que se fugaron desde que dirige el gobierno Mauricio Macri. “Para revertir esto tenemos que dar una pelea cultural. Esa es la manera de revertir esta política”.

Los referentes religiosos fueron diversos. Un rabino, un sheij, un monseñor católico y un católico siriano de Antioquia. Desde el público escuchaba con atención una pastora evangélica.

El sheijk Mahmud Aid, que viajó desde la provincia de Tucumán, fue contundente con la falta de diálogo interreligioso profundo y sincero. “Es el gobierno de Tucumán quien maneja el diálogo entre las religiones, que es un diálogo elitista. Desde el 2001 hasta el 2006 que participamos pero luego nos apartaron cuando se produce la guerra de Libia y hubo una nuevo apartamiento discriminatorio cuando un miembro de nuestra comunidad brindó una entrevista a la Gaceta desde Siria. Por eso queremos que se vuelva al diálogo porque el hombre es enemigo de lo que desconoce”.

Ugo Adams, de la iglesia ortodoxa Siriana de Antioquia, explicó que su iglesia llega a la Argentina en 1915 tras la conocida masacre de Armenia, que la mitad eran sirianos. “Nuestra iglesia es pobre, de trabajadores, por eso trabajamos en nuestra identidad, y vemos que el diálogo interreligioso es posible hasta en la propia Siria donde ningún musulmán, por ejemplo, me ha cobrado una comida por ser sacerdote católico”.

Por su lado el rabino Damián Karo, de la sinagoga en la calle Libertad y miembro de la Fundación Judaica, destacó el dilema entre “el héroe pagano y los mártires. Que en definitiva es ser versus tener. Es amor versus ego. Ahí la figura de los profetas. Quienes son los emergentes sociales de una época. Hace 28 siglos atrás el profeta Amos, que era un campesino, se quejaba de lo mismo que nosotros las injusticias sobre el hombre. Por eso hoy nuestro profeta es Jorge Bergoglio, el Papa Francisco quien denuncia las injusticias de este sistema. Por eso debemos ser hacedores de nuestra época haciendo llegar al Papa a su país”.

El último orador de la mesa de diálogo interreligioso, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, quien dirige la Academia de Ciencias del Vaticano. “Es cierto como dijeron mis hermanos que en la tradición se encuentra el diálogo interreligioso. Por eso que el Papa Francisco invitó a todas las religiones a enfrentar juntos a las nuevas formas de esclavitud que son lesa humanidad. Debemos obrar juntos para defender la dignidad humana”.

El creador de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la primera fuerza de seguridad tras el regreso de la democracia es Marcelo Saín. Este sociólogo creador de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en su primera versión luego deformada, dijo que la manera de enfrentar “al narcotráfico es teniendo el culo limpio, como es Gustavo Vera. También debemos tener nuestro propio mapeo criminal que este en manos de las fuerzas de seguridad. Más la creación de una policía científica anti-narcotraficantes”.

Para el periodista de investigación, Andrés Klipphan, “los políticos se mueven por interés político y nunca abordaron la lucha contra los narcos desde la salud pública tampoco la trata laboral que hasta involucra hoy a la primera dama. Por eso el propio Forgione, periodista italiano, en su libro Mafia Export registra como capos mafiosos italianos residían en la Argentina con total complicidad de jefes policiales y gobernadores”.

Por el panel de la Casa Común y Desarrollo hablaron el senador nacional Fernando “Pino” Solanas, el juez federal Sebastián Casanello y el miembro de la Pastoral Social Nacional, Joaquín Cocconi.

“Francisco con la encíclica Laudato Si creó un manifiesto contra la desigualdad de generaciones. Es un llamado a una reacción”, aseguró el juez Casanello.

Mientras que el líder de Proyecto Sur, director de cine y reconocido parlamentario por el medio ambiente. sostuvo que “Laudato Si ni se estudia en las parroquias y es un documento más y propone un cambio cultural para toda la civilización. Nos invita a salvar la humanidad consumiendo menos energía.”

Para el joven Coccini de Cuidadores de Casa Común “la iglesia es articuladora de luchas y las políticas públicas hay que hacerse con la gente y no solo para la gente”.

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Inscripción al VI Congreso Antimafia

20 03 2018

Se viene el VI Congreso Antimafia. Se realizará el próximo viernes 13 de abril. Para la inscripción a este congreso de acceso gratuito deben hacerlo a través de: https://www.redantimafia.org/ 

Cómo nació el Congreso Antimafia

La Red Nacional Antimafia nació en 2013, con el apoyo del entonces Cardenal Jorge Bergoglio y hoy Papa Francisco. En la Argentina del siglo XXI, tenemos frente y contra nosotros a las bandas que trafican personas, que esclavizan trabajadores, que explotan la prostitución ajena, que trafican droga y están generando un verdadero genocidio con nuestros pibes, que venden bebés y niños, que trafican órganos, que lavan todo ese dinero ilícito pasándolo a la economía formal al tiempo que degradan sin freno aparente a la comunidad en la que vivimos.

Pero así como existe una transversalidad mafiosa, así como las bandas del crimen organizado cooptan y corrompen funcionarios de todos los estratos y jurisdicciones, también es cierto que, como lo plantea la Declaración del Congreso Contra la Trata y el Crimen Organizado de Abril de 2013, “estamos convencidos que hay también una transversalidad de ciudadanos honestosde diferentes creencias políticas y/o religiosas, que enfrentan como pueden a estas mafias desde su función o desde el territorio, la mayoría de las veces aisladamente y a riesgo de sus vidas. La transversalidad de la mafia se organiza y disciplina alrededor de los negocios y el dinero. Es hora de organizar la transversalidad de los que queremos un país sin mafias, esclavitud y exclusión y que más allá de las creencias políticas o religiosas, defendemos los valores de la libertad, la dignidad y el respeto por la vida. Es necesario comenzar a reunir voluntades de todos los que queremos un país sin trata, trabajo esclavo, narcotráfico, corrupción, lavado, contaminación y destrucción de los recursos naturales”.

La Red Antimafia Nacional es la herramienta para tejer esa transversalidad. La que permita dar en mejores condiciones la decidida batalla material y cultural contra las mafias, que permita disminuir la inseguridad y la violencia al mismo tiempo que recuperar miles de millones de pesos de recursos que podrían perfectamente servir para solucionar problemas de pobreza y exclusión.





Un mapa del delito que omite los cometidos en connivencia con la policía

25 01 2018

nota de Tiempo Argentino

Lo presentaron Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, como una herramienta online para que los vecinos de la Ciudad denuncien y sepan dónde ocurren. Incluye robos y hurtos, homicidios y lesiones en hechos viales, pero invisibiliza prostíbulos, talleres clandestinos, puntos de venta de droga y hasta las denuncias contra “trapitos”.

Nota de Gastón Rodríguez publicada por Tiempo Argentino, el sábado 20 de Enero de 2018

https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/74022/un-mapa-del-delito-que-omite-los-cometidos-en-connivencia-con-la-polica-a?utm_content=buffer7081a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#.WmSkuNY5_8M.buffer

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, presentaron durante los últimos días de diciembre lo que llamaron el primer Mapa del Delito, “con datos actualizados que permitirán relevar la dinámica criminal en los diferentes barrios y su evolución mensual” y, de paso, acabar con el “apagón estadístico” de los últimos años.

En esta primera versión, aclararon los funcionarios, fueron incluidos sólo los hechos registrados como de “mayor impacto en la vida de las personas” (homicidios dolosos, homicidios y lesiones por siniestros viales) y los de “mayor ocurrencia” (robos y hurtos, sin considerar los que fueron calificados preliminarmente como tentativas o frustrados por la fuerza policial).

Pero pese a los argumentos oficiales, vecinos y organizaciones sociales critican que, convenientemente, fueron “invisibilizados” aquellos delitos que gozan de protección policial o que, por acción u omisión, dejan “mal parado” al Gobierno de la Ciudad.

“Este depurado Mapa del Delito omite cualquier búnker, kiosco, bar, pool o boliche donde se venda cocaína, pasta base, éxtasis o marihuana a lo largo de todos los barrios de la Ciudad. Además, es llamativo que no deje constancias, por citar un caso muy evidente, de los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales”, se lee en el comunicado difundido por la organización La Alameda luego del anuncio de Rodríguez Larreta y Ocampo ante la prensa.

Respecto de esas omisiones, desde el gobierno sostienen que no incluye los puntos de venta de drogas para “evitar entorpecer las investigaciones” de la justicia federal. Idéntico argumento usa para los delitos sexuales. “Es para evitar identificar el domicilio del hecho, que suele coincidir con el de la víctima”.

Aun peor que esa escueta explicación es el silencio con respecto a la trata con fines sexuales y los prostíbulos. En octubre pasado, Tiempo publicó una nota denunciando los más de 500 prostíbulos que seguían funcionando en la Ciudad, pese a que ya había pasado un año de la sanción de la Ley 5639 que modificó el Código de Habilitaciones y Verificaciones derogando la figura de las “alternadoras”, que es la manera que tienen los tratantes de encubrir como empleadas a las mujeres que son explotadas sexualmente en locales nocturnos “Clase A”, identificados como whiskerías, cabarets, bares o boliches.

En la lista de delitos “borrados” también se encuentran los desarmaderos de autos, las denuncias sobre “trapitos”, el juego clandestino y los talleres textiles que se sostienen con trabajo esclavo.

Zonas liberadas

Este jueves, Larreta y Ocampo volvieron a mostrarse juntos para anunciar “el nuevo despliegue territorial de la Policía de la Ciudad” como parte del Sistema Integral de Seguridad Pública, por el cual “se asignarán las paradas policiales en base a criterios de densidad y circulación de la población, incidencia del mapa del delito y objetivos específicos de seguridad”. Sin embargo, este “despliegue” novedoso no es otra cosa que el viejo modelo de saturación policial que, en palabras de los especialistas, sólo sirve para mostrar que las autoridades “se están ocupando”, aunque nunca se logre la disminución del delito. Pero no es el único “vicio” enquistado. Para La Alameda, “los jefes policiales saben que este mapa fue depurado de los delitos que generan recaudación para ellos mismos y para funcionarios de los tres poderes del Estado”.

El 25 de abril del año pasado, el por entonces primer y flamante jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, quedó detenido (sólo obtuvo la excarcelación 100 días después con el pago de una fianza) cuando se presentó a declarar ante el juez Ricardo Farías en la causa en la que se lo acusa de ser el jefe u organizador de una asociación ilícita que le cobraba coimas a comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra.

El 30 de septiembre pasado, en la previa del partido de Los Pumas contra los All Blacks en el estadio de Vélez, los vecinos filmaron a los “trapitos” ubicando autos sobre la plazoleta Ceferino Namuncurá, a escasos 30 metros de la Comisaría 44ª. La impunidad para cobrar el espacio público se explica porque el jefe de la Comuna 10 es Daniel “El Tano” D’Ipollito, histórico barra de Vélez que supo hacer campaña con Rodríguez Larreta. Todo tiene más sentido al conocer que el actual jefe de seguridad del Fortín de Liniers es Eduardo Capuchetti, casualmente, excomisario de la 44ª. 

Una tarde en “la Siberia”, donde los policías nunca alcanzan

La mujer prácticamente le arrebata el micrófono a Juan Pablo Arenaza, subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, agita su bastón y grita: “¡La Siberia dijo basta! ¿Usted sabe qué es la Siberia?”. El funcionario se excusa, dice que es de Pacífico, y se gana la reprobación de unos 200 vecinos de ese rincón de Villa Urquiza, casi todos mayores de 65 años, reunidos en la “milonga” del club Sin Rumbo para conocer cómo funciona el Mapa del Delito, desilusionados por la ausencia del ministro Ocampo y sobrecogidos por la muerte, dos días antes, de Mauro Díaz, de 36, baleado en medio de un tiroteo entre policías y ladrones. La vecina reclama mayor presencia policial y exige que venga Gendarmería: “Les damos hasta el domingo a la noche para que empiecen a patrullar, y si no, la Siberia se levanta”. La aplauden.

Los vecinos hablan de la “ausencia total” de policía, en un barrio donde, en realidad, los efectivos de a pie y las luces de LED azul de los patrulleros de la Policía de la Ciudad parecen omnipresentes día y noche. La cantidad de hombres no sería el problema, sino dónde, cuándo y cómo actúan o dejan de hacerlo. Un comerciante de Núñez y Zado, donde murió Díaz, toma la palabra y dice: “Nuestro barrio era muy tranquilo, pero ahora explotó”. Arenaza promete una próxima reunión de Ocampo con los comerciantes. Arrecian los reclamos de más retenes en los accesos desde la Provincia, más controles de alcoholemia, quejas contra los cartoneros, los pibes que se meten en las plazas ya enrejadas y contra todo lo que huela a pobre. Aún no se sabe si la bala que mató al vecino salió del arma de uno de los tres delincuentes que, tras evadir con un Citroën C4 robado un control en General Paz y Constituyentes, huyeron en su Fiat Uno, o si partió de los policías que los perseguían y que de hecho mataron a un ladrón.

Hasta que otra vecina, Rita, habla de un tipo de delito que no está en el mapa. Dice que tiene miedo de denunciar una casa donde venden droga, a una cuadra de la comisaría, que le cuesta creer que no tenga protección policial. Arenaza la invita a hacer la denuncia en el Ministerio. Un instante después, un solícito joven de camisa celeste (son como 12) se acerca a tomarle los datos a la señora. Otro vecino, Luis, señala lo obvio: que estos delitos “fáciles de denunciar”, robos y hurtos, son los subproductos del crimen organizado, del narco y la trata, ausentes en el mapa. Se pregunta por qué. Le explican que es “para no entorpecer la investigación de la justicia federal”. Vuelve a preguntarse: ¿no será el barrio una “zona liberada”?Ahora todos gritan, pero del laberinto de inseguridad de este barrio como tantos, casi nadie pretende salir por arriba: la invariable respuesta es el pedido y la promesa de mayor presencia policial. Y Arenaza regresa rápidamente a los argumentos habituales: muestra en el mapa que la incidencia de tal o cual delito coincide con esta o aquella villa,  y de paso promete un inventario de casas tomadas, “para ver dónde hay conflictividad”. Los vecinos se retiran en paz.





Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.





Continúa la lucha contra el narcotráfico en Esteban Echeverría

7 11 2017

El Municipio que encabeza Fernando Gray junto con La Alameda continúan con la iniciativa de la recepción de denuncias anónimas que hacen los vecinos de ese partido bonaerense  en los buzones instalados en el distrito y así detallar los lugares que funcionan como puntos narcos.

En ese sentido, el objetivo es que luego se recolecten esas denuncias y sean presentadas en la Justicia, como hace unos meses lo hicieron el legislador porteño de Bien Común y titular de La Alameda, Gustavo Vera, con el propio Gray.

La iniciativa de los buzones, que nació en la Ciudad con La Alameda, se la trasmitieron los referentes de Esteban Echeverría al intendente, quien aceptó la sugerencia y ahora juntos luchan contra el narcotráfico, denunciando puntos de ventas de drogas, búnkers, prostíbulos y talleres clandestinos.

 

Las urnas fueron depositadas en distintas delegaciones de la Municipalidad de Esteban Echeverría y forman parte del programa realizado por la Mesa Interinstitucional contra el Narcotráfico.

Las denuncias deben ser colocadas en un sobre cerrado que luego será analizado y en caso de que sea real será derivada a la Justicia.

 





La trama mafiosa de los prostíbulos en la Ciudad PRO

4 09 2017

 

 

Así se publicó en Tiempo argentino

 Aquí la columna de opinión que publicó el diario Tiempo Argentino del legislador porteño, titular de la Comisión de Trata y presidente de la ong Alameda, Gustavo Vera.

La doble desaparición de Nadia Rojas, hallada en el mismo lugar donde los familiares decían que estaba con su proxeneta, y la de Layla Nayeli Sainz Fernández, el año pasado, se produjeron en la Ciudad que gobierna hace diez años el PRO, que en este período sumó más de 1200 prostíbulos, sin olvidar que los laboratorios de producción de cocaína se instalaron en la Ciudad PRO y que nuestro país tiene una penetración del narcotráfico que nos ha posicionado como el tercer exportador de cocaína en el mundo. Tampoco nos olvidamos que el propio presidente Mauricio Macri tiene estrechos vínculos con la mafia de la trata internacional, como demuestra la foto que se tomó en el narco-prostíbulo Mix, de la ciudad de Cancún, México, junto al condenado por explotación sexual Gabriel Conde, quien comandó hasta fines de los ’90 el prostíbulo Shampoo, en el barrio de Recoleta, hasta que lo metió preso el fiscal José María Campagnoli.

Desde la Legislatura y desde nuestra ONG en la calle podemos decir que la desaparición de adolescentes, jóvenes y mujeres es un negocio del crimen organizado, porque tras la captación de las chicas, vienen la explotación sexual y el narcotráfico, que usa a estas víctimas no sólo para captar clientes prostibularios sino también en lo que respecta al consumo de drogas. Tanto para usar a las drogas como esclavitud química para sus víctimas, como para multiplicar sus ganancias con los prostituyentes/clientes.

Desde nuestro bloque hemos avanzado en un reclamo histórico, que consiste en poner fin a las habilitaciones en comercios (boliches, whiskerías, pubs) donde se explota sexualmente a las mujeres, mal llamadas coperas o alternadoras. Ahora también tenemos que lograr la aplicación del cierre de los prostíbulos con la adecuada asistencia a sus víctimas, para tener una exitosa reinserción social.

Esto debe construirse de abajo hacia arriba. Ya que en la Ciudad no es política pública la lucha antimafia. Y esto es notorio: los dos jefes de policía que eligió el propio jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, José Pedro Potocar y Guillermo Calviño, terminaron presos por corrupción en las zonas liberadas. 

 





Cañuelas: lanzan buzones antimafia

25 07 2017

Vera titula de la Alameda y Fassi intendenta

El titular de La Alameda y legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, participó hoy martes del lanzamiento de los buzones antimafia en  localidad bonaerense de Cañuelas junto a la intendenta de ese distrito, Marisa Fassi.

Los buzones antimafia se van a instalar en iglesias, centros de jubilados, clubes y sociedades de fomento de Cañuelas, en una iniciativa que fue creada por La Alameda.

De esa manera, el municipio bonaerense de Cañuelas se suma a la experiencia instalada el año pasado en Esteban Echeverría, que encabeza Fernando Gray, y de Merlo con su intendente Gustavo Menendez. Estas tres intendentes bonaerense entendieron que la lucha contra las nuevas formas de esclavitud (la química que son las drogas, la laboral y sexual) es replicar el pedido del Papa Francisco que nos llama a poner a la política en el plano del bien común.

En la Ciudad de Buenos Aires la experiencia nunca contó con el apoyo del Estado entonces fueron los vecinos con las iglesias que construyeron los buzones y mapas del delito. 

Tras el éxito de la experiencia, si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lo replicó en las Comunas con urnas de cartón para denunciar prostíbulos, pero con diferencias notables ya que en las intendentecias los buzones son de material y su apertura se hace de manera oficial con testigos y luego de haber armado una Mesa Inter Institucional con la presencia de la justicia, del poder ejecutivo, legislativo y las organizaciones locales.