Fiscal Antitrata habla de intentos de secuestro

17 05 2017

El fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, remarcó que hicieron una investigación en cuanto a los posibles secuestros de personas, sobre todo de chicas, que fueron denunciados en los últimos tiempos y que de los 34 casos que recibieron 23 fueron judicializados y se comprobó que hubo “intentos de secuestro”.

De todas maneras, aclaró que puede tratarse de una modalidad parecida, pero no de trata de personas, aunque pidió “no subestimar las denuncias que pueden hacerse ante una comisaría o una sede judicial”.

“Tuvimos en el último mes un incremento no solo de denuncias, sino de noticias, reenvío de información por la web, consultas telefónicas, en los que nos hicieron llegar casos con posibles secuestros de personas en la vía pública. A partir de eso, nos propusimos con  la Dirección General de Análisis General de la Procuración General analizar toda esa información”, detalló Colombo en declaraciones al programa “La Verdad Concreta” que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por la radio online Conexión Abierta.

En ese sentido, el fiscal de la PROTEX señaló que “desde febrero hasta ahora hubo 34 de esos supuestos casos, de los cuales 33 fueron en Capital y uno en Provincia, más precisamente Olivos. De esa cantidad, 23 fueron judicializados, pero todos fueron intentos de secuestro, todas fueron mujeres”.

“Además, en ocho casos se individualizó que era una camioneta y en siete que era blanca”, añadió.

Colombo sostuvo que verificaron las condenas que hubo por trata de personas y explotación sexual “en ninguno de los hechos se usó como captación y secuestro una camioneta”, aunque aclaró que “eso no quiere decir que se lleven a cabo episodios parecidos para modalidades similares”.

“Le mandamos una nota a la Procuradora (Alejandra Gils Carbó) el viernes para que profundice este primer examen que hicimos nosotros sobre todas las fiscalías del país para ver si tuvieron casos similares a los nuestros. También le pedimos que le dé participación a la UFEM (Unidad especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales) para ver si tuvieron algunos antecedentes que revelen si en condenas o procesamientos registrados en la Ciudad si hubo alguno parecido a estos hechos”, precisó.

El fiscal pidió “que se actualicen y se pongan al día todas las cámaras de seguridad, porque no debería ser un gran problema acreditar ese hecho porque estaria filmado”.

“El problema es que hoy hay algunas cámaras que no funcionan o que no están ubicadas en lugares más críticos, como las cercanías a las escuelas. Esta puede ser una buena excusa para poner al día el circuito de cámaras y así poder tener una respuesta rápida ante hechos de esta magnitud”, sostuvo el fiscal.

Colombo indicó que “es débil la respuesta jurisdiccional en cuanto a una denuncia, ya que se recibieron en la PROTEX a personas que fueron a la comisaría a hacer la denuncia y no se la tomaron o lo hicieron sin la seriedad necesaria”.

“Esta modalidad (secuestro de mujeres con fines de trata) aparece y desaparece. Como se pone en el tapete en determinado momento ello llevó a autoridades judiciales y policiales a no darles la importancia que vale y ese es un error grave”, precisó.

Colombo indicó que le pidieron a la Procuración General “hacer otro estudio más profundo sobre esta hipótesis para ver qué hay de cierto y qué no”, al tiempo que remarcó que “no debe ni puede descalificarse este tipo de denuncias, ni tampoco referirse a las mismas como subestimándolas, más allá que no sean casos de trata al final del camino”.

Por último, señaló que “si existiera una sensibilización de este tema, está más que fundada por el aumento exponencial que tuvieron los casos de femicidios”.

“Lo que hacemos nosotros es ver que pasa para llevar una palabra objetiva a la población. Con que dos casos de estos fueran verdaderos ya es suficientes para encender la alarma como para no descalificar”, indicó.





Caso Araceli: “Jueces y fiscales no caratulan las causas correctamente”

28 04 2017

El titular de La Alameda, Gustavo Vera, remarcó en relación al crimen de Araceli Fulles que “los fiscales no caratulan las causas correctamente” y reveló que el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, “es el único que se vive peleando con sus pares y los jueces para que se caratulen bien las causas y se busque a las personas desaparecidas”.

Vera detalló que “es más frecuente que las asociaciones civiles, con participación ciudadana, y los medios encuentren a las personas antes que la Justicia y la Policía. A pesar que se sancionaron dos leyes de Trata, todavía en las comisarías, frente a una desaparición dicen que hay que esperar 48 horas de movida y una banda que secuestra a una mujer, una nena o un niño gana ese tiempo”.

ARACELI FULLES, LA JOVEN ASESINADA EN SAN MARTÍN

En declaraciones al programa “Minuto Uno”, que conduce Gustavo Sylvestre por C5N, el también diputado de la Ciudad, indicó que en el caso de Araceli “es increíble que se haya caratulado como averiguación de paradero cuando hay un entorno que está prontuariado y una situación de adicciones”.

“Un juez y un fiscal con ganas de investigar y que sean perspicaces, caratula con la máxima gravedad y después tiene tiempo para bajarla, pero ponen todos los mecanismos de investigación para tratar de encontrar pistas e indicios, y no actuar después con los hechos ya consumados”, concluyó.

 





Encuentro de secretario de jueces y fiscales

16 12 2016

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Los secretarios de jueces y fiscales federales además de la Procuradora Nacional, Alejandra Gils Carbó, junto al enviado del Papa, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, y el titular de la Comisión de Trata de la Legislatura, Gustavo Vera, mantuvieron este viernes un encuentro con eje en la encíclica Laudato Si. Acompañaron el obispo emérito, Jorge Casaretto, los jueces federales Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, y Ernesto Kleplak, y el camarista del fuero Penal y Económico, Marcos Grabivke.   

El legislador porteño de Bien Común fue el moderador de la charla y entre los presentes estuvieron el argentino monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia de Ciencias Pontificas del Vaticano; la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; Claudia Caputo, representante de la Asociación de Mujeres Juezas; el legislador porteño Gabriel Fuks; los jueces del fuero Contencioso porteño Andrés Gallardo y Patricia López Vergara, la ex Defensora del pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini; y el fiscal de la PROTEX, Marcelo Colombo.

Como exponentes, además de Vera, Sánchez Soronodo y Gils Carbó, estuvieron los secretarios Sebastián Bringas (juez federal Sebastián Casanello), Samanta Geddes (Paloma Ochoa), Diego Arce (Ariel Lijo), Alejandra Provítola (fiscal Carlos Stornelli) y Verónica Bresciani (Sergio Torres).

“Esta reunión es la continuidad del encuentro que se produjo en junio pasado entre jueces y fiscales en el Vaticano. El Papa Francisco nos llama a la reflexión por la destrucción del mundo, con el fin de evitarlo. El consumismo desenfrenado y el paradigma tecnocrático que al avanzar de manera imparable genera millones de descartados, víctimas de las nuevas formas de esclavitud, y empeora la vida”, sostuvo Vera al abrir el encuentro.

El titular de La Alameda agregó que “el Laudato Sí no es un texto partidario, por el contrario va a los dramas más acuciantes de la humanidad”.

“Quiero aclarar que invitamos a los jueces de la Corte Suprema, al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y  todos los secretarios de los Juzgados Federales porteños. Los secretarios son el alma de los juzgados y pensamos que acá está el futuro”, precisó Gustavo Vera.

Asimismo, citó al Papa al señalar que “se deben abrir procesos y esto significa que deben sociabilizar experiencias en común porque ustedes tendrán la responsabilidad más importante de impartir justicia cuando sean jueces y fiscales”.

“Marcelo Sánchez Sorondo es un amigo y una de las espadas más importantes del laudatismo. Quizá no se sabe, pero él es un hombre de mucha experiencia ya que tuvo una tarea de solidaridad cuando el Papa era Juan Pablo II”, precisó el legislador porteño de Bien Común.

Por su parte, monseñor Sánchez Sorondo aseveró que “el Papa es un pastor que está generando una gran onda para que gente sepa cuales son los desafíos de la humanidad y encuentren soluciones” y nombró como principales temas “el clima y el cambio climático”.

“Hoy por primera vez el petróleo y el gas, o sea la actividad del hombre, determina el clima, aunque siempre lo influyó. El aumento de tres grados va a provocar más desiertos, más lluvias. Se anularían las estaciones, se altera el ciclo del agua. Estos cambios afectan a los países más pobres y su movilidad. El desplazamiento de millones de personas. De países pobres a otros países. Y ahí se meten las nuevas formas de esclavitud”, advirtió el monseñor argentino que hace décadas trabaja en el Vaticano.

En ese sentido, indicó que Francisco “llama a eso la globalización de la indiferencia” y explicó que “hoy el telón de fondo es el desarrollo sostenible integral y humano”.

“Hoy el Papa es diferente porque su encíclica incluye los temas sociales en el magisterio y no quiere que esto quede en la Iglesia. Quiere mover a la sociedad. Por eso hizo dos sínodos para hablar a la familia y luego a las ciudades. El Papa cita a Moisés que eligió a 40 jueces, como la primera medida, porque la Justicia es lo que caracteriza a un pueblo ordenado”, precisó el enviado del Papa Francisco.

Sánchez Sorondo precisó que “desde la Argentina se pueda crear un modelo más perfecto de la Justicia” y agregó que “los jueces deben ser libres de las presiones de Gobierno, de las empresas privadas y de las estructuras de pecado como las mafias”.

Por su parte, Gils Carbó destacó el encuentro de secretarios “que hacen una gran labor en juzgados o fiscalías”.

“Ellos coordinan el personal, llevan el día a día en la mesa de entrada, hacen el 70 u 80 por ciento de las tareas y, es más, nos acercan muchas especialidades. Los secretarios nos completan y tienen el rol fundamental en las investigaciones y los juicios. Sin ellos no se podría hacer”, señaló la Procuradora General de la Nación.

Además, completó: “Si se quiere luchar contra el crimen organizado se debe ir sobre las cabezas de estas organizaciones”.

Ahora Sebastian Bringas, secretario del juez Casanello, aseguró que “debemos conformarnos como grupo de trabajo que debe tejer buenas lazos entre sí. Con estas motivaciones y buenos grupos humanos q son los juzgados va a potenciar nuestra respuesta”. Se refirió el secretario que el caso Time Warp “logró una rápida respuesta por el trabajo.mancomunado”.               

Samanta Guede, secretaría de la fiscal Ochoa, señaló que el 30 por ciento “son mujeres fiscales y juezas de primera. O sea tenemos una sola mujer jueza, y una sola fiscalía. Y en los cargos jerárquicos sólo un 90% de mujeres ocupan el lugar de poder o decisión”.

Por su lado, Diego Arce, secretario del juez Lijo, fue lapidario al decir que “muchas veces tenemos dificultades con la administración de bienes incautados y el tratamiento a una víctima de trata. Ahí el rol central de las ongs  Y tenemos que ocupar el espacio una vez que intervenimos no sólo física También social fue el caso de la villa 31 que hicimos con el fiscal Jorge Di Lello que desalojamos a las bandas narcos y tuvimos que convocar al Estado y ong’s para crear bibliotecas y Centros de salud. Porque si no lo hacíamos, las bandas criminales rivales o propias vuelven a ocupar los inmuebles.

Arce, además recordó la incautación de maquinaria del 2013, que sirvió para favorecer a 850 personas de la comunidad Q’om de Formosa. Aunque resaltó que “tenemos que cuidarnos en no caer en la confiscación que hoy está penada. De hecho tenemos conflicto por ejemplo con la incautación de ropa que falta terminar. Por ejemplo quisimos donar esa ropa pero habían pasado el tiempo y se inundó el depósito donde estaba la ropa”. 

Por su parte, Alejandra Provitola. secretaría del fiscal Stornelli,“estamos en un sentido de crisis por coyuntura de cambios y por la evolución. En 2010 se elevaron unas más de 500 causas y en el 2015 más de 700 causas elevadas a juicio. Pero en general seguimos con la misma cantidad de personal q hace 20 años

Verónica Bresciani, secretaria del juez Torres, dijo “que a partir del 2009 por las intervenciones en las causas por narcotráfico en las villas se creo una comisión con magistrados para ver que hacer con las víctimas del paco. Por ellos los bienes de los narcos se entregaron al CENARESO. O camionetas para el Estado para zonas muy vulnerable”.





“Los bienes incautados a la mafia deben reutilizarse en beneficio de las víctimas”

16 09 2016

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, el juez federal Sergio Torres y el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, coincidieron este viernes en remarcar que “no alcanza solo con incautar los bienes a la mafia” sino que también “deben reutilizarse rápidamente en beneficio de los sectores sociales que más lo necesitan”.

“El imperativo moral es que estos bienes deben reutilizarse rápidamente en beneficio de los que más lo necesitan”, precisó Garavano durante la conferencia que encabezó junto a Vera y al titular del Juzgado Federal número 12 en la biblioteca de la Legislatura porteña.

Del encuentro también participaron la legisladora porteña del Frente para la Victoria Magdalena Tiesso, la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, Susana Medina; el legislador porteño del PRO Octavio Calderón; Asuntos Culturales y de Prensa de la Embajada Armenia en la Argentina, Rubén Mozian; la referente de los familiares de la tragedia de Once, María Luján Rey, el fiscal Antitrata Marcelo Colombo y la secretaria adjunta de la Asociación del Personal Jerárquico del GAS en la CTA Autónoma, Ximena Rattoni; y Tamara Rosenberg de Campaña Ropa Limpia Ar.

Garavano explicó que “es central para el Estado cortar el flujo del dinero, golpear allí donde más le duele a la mafia, que es el dinero, los bienes”.

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“Los narcos tienen ‘soldaditos’, que son las nuevas formas de esclavitud, pero eso es una variable. Lo que no es una variable son sus propiedades, sus bienes y el dinero”, agregó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

A su vez, el funcionario nacional agradeció al juez federal Torres y a La Alameda por el trabajo que vienen haciendo a la hora de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, y la trata de personas. Ustedes trabajan concretamente y cambian vidas”, sostuvo.

Además, señaló que el magistrado federal “fue el primero en dar sentido social a estos bienes incautados a la mafia y que vuelvan a las víctimas explotadas”.

“Esto fue valioso y es el desafío en el Senado, que se regule el uso de bienes incautados a la mafia”, precisó Garavano.

Vera indicó que en este tipo de casos “el ejemplo es la ley Pío La Torre de Italia, que crea un instituto apara administrar bienes y al titular lo eligen por mayoría en el Parlamento”.

vera-mafia-3“Esto permite a los jueces ocuparse de la investigación y no de lo engorroso que es administrar esos bienes”, precisó el legislador porteño de Bien Común.

“Si no se incautan esos bienes para reutilizarlos socialmente, ocurre como con (el ex juez federal, Norberto) Oyarbide, cuando decenas de máquinas se destruyeron por quedar a la intemperie”, recordó el presidente de La Alameda.

Por su parte, el juez federal Torres, explicó que esto “es un cambio cultural, ir hacia la incautación de bienes con la reutilización social”.

“En mi juzgado lo logramos en casos de tvera-mafia-4alleres textiles clandestinos. Hubo búnker narcos que no destruimos, sino que los entregamos como hicimos en barrio Zavaleta y Barrio Mitre, cuando se lo dimos a los curas villeros, al Cenareso y las madres que pelean a favor de los chicos adictos”, indicó el magistrado.

Por último, Torres contó uno de los operativos vinculados a esta problemática, en el que se incautó una camioneta de un grupo narco y que hoy hace traslado de adictos para su recuperación”.





Rafecas, Casanello y Sánchez Sorondo coincidieron: “La trata es lesa humanidad”

29 08 2016
Colombo, Casanello, Sanchez Sorondo, Rafecas y VEra

Colombo, Casanello, Sanchez Sorondo, Rafecas y Vera

Los jueces federales Daniel Rafecas y Sebastián Casanello y el enviado del Papa Francisco, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo coincidieron este lunes en señalar que “la trata de personas debe tomarse como un delito de lesa humanidad”.

El legislador porteño de Bien Común, el partido de La Alameda, Gustavo Vera, abrió la charla en la Legislatura porteña sobre Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad y sostuvo que “en los talleres textiles clandestinos se violan sistemáticamente los Derechos Humanos” y detalló que “solo en la Ciudad hay 3.000 talleres”.

Luego llegó el turno de Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, quien afirmó que “la trata es la nueva forma de esclavitud y debe ser sancionada como delito de lesa humanidad, porque afecta la dignidad más esencial que es la libertad”.

“Por eso se produce el crimen organizado, el tráfico de órganos, el tráfico de niños, el narcotráfico”, indicó el enviado del Sumo Pontífice en un panel que compartió con Rafecas, Casanello y el fiscal antitrata Marcelo Colombo.

Justamente, Colombo, señaló: “Hoy, después de instalarse la ley de trata y mediante un convenio internacional del crimen organizado, consideraban a la explotación como un delito tipificado. Igual, falta conseguir una verdadera reparación de esas víctimas”.

Por su parte, Rafecas señaló que hay “1.500 procesados por delitos de Lesa Humanidad y un tercio fueron condenados”.

“Estas personas se habían reciclado en democracia ya que llegaron a gobernador, diputados, intendentes, fiscales, jueces. Hoy podemos decir que para la comunidad internacional es histórico”, sostuvo el magistrado federal.

Sin embargo, aclaró que “la cultura autoritaria continúa por la trata y explotación de personas, como las torturas en cárceles y comisarías”.

“El punto en común es la deshumanización en la cultura autoritaria y ver entonces a las víctimas sin derechos. Los crímenes de hace 30 años y los actuales de trata y tortura son crímenes contra el Estado de derecho”, indicó.

Asimismo, Rafecas remarcó que “así como se logró una política de Estado contra los delitos de la Dictadura, se debe lograr con la trata y la tortura, que también son de lesa humanidad”.

En tanto, Casanello precisó que los delitos de tortura de la dictadura, la trata y la explotación laboral tienen en común “la cosificación” y son “delitos de lesa humanidad”.

Asimismo, el juez citó al Papa Francisco y sostuvo que hay “una globalización de la indiferencia”, al tiempo que precisó que “los delitos generalizados contra la población civil también forman parte de una indiferencia”.

“La política como algo virtuoso es el ejemplo del juzgamiento a la Junta y el Nunca Más. Y la política cancerígena es la de los delitos de trata y explotación”, detalló.

Además, explicó: “Los funcionarios judiciales necesitamos que exista un movimiento social-político para prevenir, investigar y sancionar estos delitos”.

Por su parte, Vera cerró la charla con la beatificación de Mama Antula en Santiago del Estero y la citó “como el ejemplo en la lucha contra la trata, desde los orígenes, incluso antes de la creación del Estado argentino, siguiendo la labor de los jesuitas”.





Casanello y Rafecas exponen sobre Derechos Humanos y Lesa Humanidad

28 08 2016

Vera Lesa HumanidadLos jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas encabezarán este lunes 29 de agosto una charla sobre Derechos Humanos y delitos de Lesa Humanidad en la Legislatura porteña.

El evento se llevará a cabo este lunes a las 18:30 en el Salón Montevideo, ubicado en la calle Perú 160 de la ciudad de Buenos Aires. 

En ese sentido, además de los dos magistrados especializados en este tipo de delitos, estáran como oradores el diputado porteño de Bien Común, Gustavo Vera; Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano; y Marcelo Colombo, titular de la Fiscalía Antitrata.

Al evento asistirán el diputado nacional y secretario General del gremio de los Canillitas, Omar Plaini; el senador nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas; el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; el excanciller y actual diputado del Parlasur Jorge Taiana; y el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés.

En la charla se abordarán los delitos de Lesa Humanidad y el planteo de la violación de los Derechos Humanos, tanto en la última Dictadura Militar, como así también en los gobiernos democráticos que le siguieron.





Dictamen fiscalía por los 170 talleres textiles clandestinos

18 02 2016

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El fiscal Federico Delgado elevó un alarmante informe sobre los datos de 170 inmuebles denunciados por trata y sus dueños. La zona “administrativamente liberada” y el planteo a la Justicia

http://www.infobae.com/2016/02/15/1790177-cuanto-gana-mes-un-trabajador-esclavo-un-taller-textil

Por: Federico Fahsbender ffahsbender@infobae.com

En un principio, se trató de 170 domicilios denunciados como talleres de trabajo esclavo, una presentación hecha el 10 de noviembre pasado por el legislador Gustavo Vera, cabeza de La Alameda, y remitida por la PROTEX, el ala del Ministerio Público que investiga la trata tanto laboral como sexual a cargo del fiscal Marcelo Colombo. La sospecha se volvió obvia: el conjunto de estos domicilios sería el cuadro definitivo de la trata laboral de personas en suelo porteño, con zonas como Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.

La cuestión recayó en el fiscal Federico Delgado y su equipo en los tribunales de Comodoro Py, que requirieron informes y allanamientos a gran escala. Con los datos finales sobre sus escritorios, comenzaron a hacer cuentas a comienzos de este mes. Y la matemática final es deprimente. Los 175 trabajadores consultados que pasaban sus días ante máquinas de coser en talleres clandestinos –148 de ellos extranjeros, un 97% de ellos ciudadanos bolivianos– reconocieron cumplir un promedio de algo más de nueve horas diarias; poco más de cinco los sábados, para promedios de 52 horas semanales y 184 horas mensuales. Un promedio, por otra parte, es meramente eso: un promedio. Hubo casos que admitieron trabajar turnos de hasta doce y trece horas diarias. Otros diez trabajadores incluso aseguraron estar “a prueba” sin ver un solo peso en su bolsillo al momento de ser entrevistados por la Justicia.

Delgado también pudo establecer cuánto cobraban, al menos en la mitad de los obreros consultados: 31 pesos por hora fue el valor promedio. También, su sueldo básico. Por trabajar sin vacaciones ni aguinaldo,sin ningún tipo de seguridad, con su libertad controlada, en un ambiente de alto riesgo de enfermedad o incendio, y de cara a jeans de dos mil pesos en locales de moda, tan solo $5.766 por mes, menos que el salario mínimo en bruto que asciende a $6.060. La conclusión de Delgado al respecto es deprimente también: “Aquí se nota la funcionalidad de la ineficacia administrativa de las autoridades comunales que carecen de una planificación expresa para hacer un control que exceda el plano formal”.

Esta información forma parte de una larga investigación preliminar que Delgado elevó el día 11 de este mes al Juzgado Nº 8 en Comodoro Py a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, el juez original de la causa de los 170 domicilios. Actualmente, el expediente se encuentra bajo un recurso de queja presentado por Delgado ante la Cámara de Apelaciones, de la que todavía se espera una respuesta: Martínez de Giorgi decidió fragmentar el expediente, algo a lo que Delgado se opuso. El fiscal plantea la investigación como un hecho colectivo, tomar a los domicilios como un todo.

La información que nutre la preliminar –citada por la periodista Catalina de Elía en su blog y a la cual Infobaeaccedió en forma completa– incluyó actas de inspección de la Dirección General de Protección del Trabajo porteñas sobre los domicilios denunciados remitidos a la PROTEX así como protocolos requeridos a la Agencia Gubernamental de Control y el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, más una profunda búsqueda en el Registro de la Propiedad Inmueble. Del relevamiento de las actas surgió otro punto enervante: la esquina de Cobo y Curapaligüe en Flores, donde trabajadores eran levantados en vehículos para ser llevados a talleres. Así, se llegó a más de diez domicilios en calles como Puán, Miró y Emilio Mitre que no formaban parte de la lista original.

La lista se redujo: de 170 domicilios, la AGC envió actas sobre 161. De esos 161, a 29 no se pudo ingresar; aunque en muchos casos hubo sospechas de existencia de actividad textil, como ruidos de máquinas o medidores de energía con alto consumo. De los restantes, 72 resultaron ser talleres textiles. Solo tres tenían habilitación para hacerlo. Sesenta y nueve de ellos eran clandestinos.

También, hubo un análisis casi total de la titularidad de los 170 inmuebles. Los nombres, asegura una voz cercana a la fiscalía de Delgado, no se repiten. Sin embargo, hubo algo llamativo: el 30% de los dueños son de los talleres extranjeros, principalmente coreanos y bolivianos; en la mitad de estos domicilios se encontraron talleres clandestinos. La pregunta de Delgado, entonces, se vuelve evidente: el fiscal indagará aún más en estos nombres, en busca de posibles testaferros. Para Delgado, muchos de estos bolivianos simplemente no pueden ser los dueños de estos talleres.

Luego de todo su análisis, el fiscal consideró lo siguiente: que hay un sistema de fragmentación y controles laxos que beneficia al sistema de trata laboral. Delgado concluyó: “En efecto, del análisis de las actas remitidas se observa que existe en los barrios de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda una zona administrativamente liberada, donde los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente, ya sea que se trate de edificios tomados o no, y donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad. O, lo que es peor, saben que en caso de ser molestados a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente que podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador”.

Así, el fiscal no solo eleva sus planteos hasta el juez. Piensa hacerlo incluso a la jefa de los fiscales misma, la procuradora Alejandra Gils Carbó, “para que pondere la posibilidad de sugerir a las fiscalías de primera instancia un criterio común a la hora de ejercer la acción penal pública, dado que la fragmentación de las investigaciones actúa en su desmedro”.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-292547-2016-02-16.html

SOCIEDAD › UN INFORME JUDICIAL DENUNCIA AL BARRIO DE FLORES COMO ZONA LIBERADA

Se trata de tapar la trata

El fiscal federal Federico Delgado elaboró un informe en base a talleres textiles allanados en la CABA. Sólo el 3 por ciento funcionaba en blanco. Describe la facilidad con que operan los explotadores y considera la zona de Flores como “administrativamente liberada”.

Por Mariana Carbajal

Una investigación judicial determinó que existe en los barrios porteños de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda “una zona administrativamente liberada”, donde “los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente”, en edificios tomados o no, y “donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad”. El informe fue realizado por el fiscal federal Federico Delgado en el marco de una causa por trata de personas para explotación laboral, iniciada a partir de una presentación realizada por el legislador Gustavo Vera, fundador de La Alameda, y que llamativamente avanzó poco en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8.

La pesquisa dio resultados alarmantes: de los 72 domicilios allanados, sólo tres estaban habilitados como talleres textiles y 69 funcionaban clandestinamente. La mayoría de las personas allí encontradas eran bolivianas y paraguayas, que en promedio trabajan casi 9 horas y media por día y cobran apenas 31 pesos por hora, aproximadamente la mitad de lo que gana una empleada doméstica. Mientras que quienes figuran como encargados, explotadores, son de nacionalidad china y coreana. Los investigadores sospechan que podría tratarse de testaferros. En la zona relevada funcionaba el taller clandestino en cuyo sótano, con ventanas tapiadas, diez meses atrás, murieron asfixiados dos hermanitos, de 7 y 10 años, hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana que se desempeñaba en el lugar. El fiscal Delgado remitió el informe al juez De Giorgi y le reclamó “una investigación profunda” y “global” porque, advirtió, no se puede fragmentar la causa y se debe mirar integralmente el problema por las interrelaciones que se observan en el funcionamiento de los talleres. También envió una copia a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, y a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

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En su investigación preliminar, fechada el 11 de febrero, Delgado advirtió sobre la “irracionalidad” del sistema: si los explotadores de un taller clandestino son detectados por un inspector de la Dirección de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control la ciudad de Buenos Aires, “saben que a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador”. El fiscal destacó que ese procedimiento “esconde muchos problemas”, y señaló entre ellos que los operadores judiciales no indagan en la responsabilidad penal de “esos explotadores” frente a la existencia de habilitaciones formales, de la agencia gubernamental, “que únicamente reclamará dinero frente a las irregularidades detectadas durante las inspecciones”. Delgado indicó que, “obviamente, la existencia de talleres habilitados administrativamente no implica que en el lugar no trabajen personas que sean explotadas laboralmente e incluso sean objeto de accionar delictivo y por ende, competencia de la justicia federal”.

La pesquisa se inició a partir de la presentación de Vera, con 170 domicilios donde funcionarían talleres clandestinos. El relevamiento encontró 72 talleres textiles, de los cuales el 96 por ciento no tenía la habilitación correspondiente. En los talleres clandestinos se encontraron 175 personas, 27 eran de nacionalidad argentina y 148 extranjeros (mayoría de bolivianos y paraguayos). Al analizar las horas trabajadas por persona, se encontró que de lunes a viernes son un promedio de más de 9 horas diarias, mientras que los sábados rondan las 5 horas y media. Del relevamiento surge, que algunos de los trabajadores son “levantados” por sus explotadores en la esquina de Cobo y Curapaligüe, del barrio de Flores, donde funciona una especie de mercado humano, de día y de noche.