El INTI vacia el Polo Textil para víctimas de trata

21 05 2019

Costureros en la puerta del Polo Textil

Jueces, fiscales y hasta Acción Católica enviaron nota al titular del INTI, Javier Ibáñez, para que no avance en el vaciamiento de la única política pública de reinserción laboral para víctimas de trata y explotación. Los organismos internacionales del Trabajo, OIT, y migrantes, OIM, fueron notificados del retroceso provocado por el gobierno de Cambiemos. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), la OIM Cono Sur y Argentina (Organización Internacional para los Migrantes), jueces federales, fiscales federal, el Consejo Federal de Trata y hasta Acción Católica están preocupados por el vaciamiento del Polo Textil, en el barrio porteño de Barracas, por ser la primer y única política pública para víctimas de trata y explotación que salieron de talleres clandestinos o prostíbulos.

Nota recibida en OIT

Este retroceso lo encabeza Javier Ibáñez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien retiró a todo su personal técnico del Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), como se conoce formalmente al Polo, que tiene un tamaño de mil metros cuadrados, con 40 costureros y 180 maquinas. 

“Esto significa que los costureros ya no contamos con los técnicos en diseño, arreglo de maquinas, en lo administrativo, para la proyección económica, como  comercial todas aéreas claves para el funcionamiento del Polo frente a una industria que el 80 por ciento produce en talleres clandestinos, con trabajo esclavo, sin respecto de las leyes laborales o el pago de impuestos, con empresas que ganan licitaciones del Estado sin tener empleados o acreditado solo uno, encima todo esto en el marco de la brutal caída del consumo y la inflación que no para”, reflexionó Ezequiel Conde, miembro de la Alameda y una de las textiles en el Polo.

Nota en OIM

Asimismo el INTI retiró de su organigrama al CDI y esto fue justiciado por el propio titular del INTI en una reunión con los costureros. “Ibáñez nos chamuyó con el empredurismo y el sí se puede, pero ellos en los hechos ya dejaron la política pública abandonada, se retira el Estado, entonces tenemos una libertad en realidad falsa, porque nos bloquearon los teléfonos de las oficinas, no nos permiten ir a otros sectores del Polo, y lo único que dejan es un personal de seguridad privada para abrir y cerrar la puerta”, agregó Conde, quien no se olvida que este es el segundo recorte del INTI, el primero sucedió hace dos años atrás con el despido de 256 trabajadores, entre ellos del Polo Textil el delegado gremial y técnico, Néstor Escudero.

Asimismo, la Corporación del Sur, a cargo de Karina Spalla, también se le dirigió una nota por el vaciamiento del Polo Textil, porque de este organismo depende el predio y figuran como creadores de esta política pública, que en su momento fue inédito además por poder unir organismos del Estado nacional, porteño, justicia y trabajadores.

Juez Torres, ascendido a la Corte Bonaerense

Por otro lado, quien puso el grito en el cielo, fue el juez federal porteño que en el año 2008 decomiso la maquinaria de una fábrica esclavista y la entregó en comodato para la ayuda a los costureros.

“El Polo Textil es sanador y da dignidad”, así definió Sergio Torres, que hace días atrás fue ascendido a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Torres se refirió al Polo Textil de Barracas, en un encuentro del Equipo No a la Trata en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Asimismo el magistrado, ascendido al máximo tribunal bonaerense, le dirigió una nota al titular del INTI, señalando su “preocupación porque mucha de las maquinas en el Centro son producto del secuestro en el marco de la causa 7.786/08, en el juzgado Nº 12” y de la que “considera de suma importancia que siga el centro bajo un régimen laboral acorde a la ley”.

Fiscales de PROTEX Colombo y Mangano

A la oficina de Ibáñez en el INTI también llegó una nota de preocupación firmada por los titulares de la Fiscalía Anti-Trata. Marcelo Colombo y Alejandra Mangano señalan que el Polo Textil “constituye un espacio de reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad”, y le recordó las palabras del ingeniero Enrique Martínez, ex presidente del INTI, que dijo el día de la inauguración del Polo “se trata de una planta textil preparada para la instalación de cooperativas de trabajadores costureros”.

Estos fiscales además lograron hace pocos días que se aprobara una nota en defensa del Polo Textil por el Consejo Federal de Trata y Explotación, que va dirigir la misma una carta al Comité de Trata que depende de Marcos Peña, titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los titulares de la Procuraduría sobre Trata y Explotación (PROTEX) señalaron que el INTI también es depositario judicial de las maquinas entregadas por el juzgado federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, en el expediente 3692/2013 quien expresó en un fallo que “no tiene sentido que las maquinarias secuestradas se mantengan ociosas hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva, mientras las víctimas se encuentran desocupadas y sin sustento”.

Por otra parte, Acción Católica Argentina (ACA), dirigió una nota, con la firma de su titular Rafael Corso, al presidente del INTI, donde explica que se reunieron con “trabajadores del Polo Textil y de la Fundación Alameda que nos han relatado que no queda personal técnico que administre la política pública como venía sucediendo desde hacía una década”, y hasta escucharon al “propio juez federal, Sergio Torres, que nos dejó un panorama que nos ha dejado muy preocupados sobre la falta considerable de políticas de Estado para revertir la plaga de la trata, el trabajo esclavo y la desocupación y por ello solicitamos todas las medidas posibles para no dejar el Polo Textil librado a la buena voluntad solo de los trabajadores de las cooperativas si no que el Estado se haga cargo de sus funciones en favor del bien de toda la comunidad y sobre todo los más vulnerables. Como el magisterio del Papa Francisco nos ha enseñado la trata de personas es un delito de lesa humanidad que daña en primera medida a la víctima, pero también a toda la sociedad”.





El gobernador Cornejo quiere multar la desaparición “voluntaria” y los comentarios en redes sociales

11 09 2018

El gobernador Cornejo

Diputados de la provincia de Mendoza debate mañana miércoles un nuevo Código de Faltas que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo. Se sancionaría la desaparición “voluntaria” de una persona algo que repudian hasta funcionarios nacionales y judiciales y hasta multa los comentarios en redes sociales como todo tipo de reclamo en la vía pública.

El Código de Faltas impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo trae un repudio generalizado hasta de funcionarios del propio gobierno nacional de Cambiemos y del poder judicial.

Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, y Marcelo Colombo, Fiscal Anti-trata Nacional, criticaron públicamente el artículo 118 que penaliza con una multa de entre 10 mil y 25 mil pesos a quien desaparece por su“propia voluntad”.

La funcionaria nacional aseguró al diario Tiempo Argentino que “En el hipotético caso de que esta norma se sancione, iría a contramano de todas las políticas públicas que se vienen generando desde hace años en la lucha contra la trata de personas. Va a incentivar que la gente no denuncie. Me parece una barbaridad”. Gatti destacó la importancia de que “se haga la denuncia, por más que después la persona aparezca. Es una bestialidad que alguien proponga un proyecto así. Esto va a propiciar que sectores vulnerables de la población dejen de denunciar y que los tratantes puedan ganar un tiempo valiosísimo”.

Para el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas “al que realiza una falsa denuncia o miente en una declaración testimonial, le cabe otro tipo de delitos. Esta idea va en el sentido totalmente opuesto al que pregonamos. Costó mucho que la policía deje de esperar 24 o 48 horas para activar una búsqueda. Esto nos haría retrocede años de trabajo”.

También el artículo 118 es repudiado por las 70 organizaciones que en Mendoza integran el Colectivo Ni Una Menos “culpabiliza a posibles víctimas de delitos gravísimos”.

El diputado Marcos Niven

El gobernador Cornejo tiene como único apoyo en diputados por fuera de los propios al Partido Demócrata, puntualmente al diputado, Marcos Niven.

Este diputado provincial daría quórum para habilitar el tratamiento del Código de Faltas aunque argumenta que observó doce artículos del proyecto de nuevo Código de Faltas.

“No fue una decisión mía solamente fue debatido en el partido”, aseguró Niven ante la consulta de la Fundación Alameda puntualmente por su posición respecto del artículo por la desaparición por propia voluntad y la criminalización de la protesta que este diputado se niega a reconocer.

Para la Alameda el artículo 118 “desconoce que el mecanismo de la trata de personas busca primero ganar confianza de la víctima, y tejer alrededor una gran red de mentiras. Justamente la demora o retraso en la denuncia para la búsqueda de una persona permite el desenlace de situaciones fatales y la concreción  de secuestros y transporte de mujeres fuera de la provincia y otras veces del país”.

LA CRIMINILIZACIÓN DEL RECLAMO

Las organizaciones gremiales, partidos políticos y hasta ambientalistas sienten una amenaza concreta el artículo 55 que cita las sanciones por “causar molestias o perturbaciones a alguien, en lugar público o abierto al público, o por medio algún sistema de transmisión sonora y/o de imagen, telefonía o redes sociales u otros dispositivos tecnológicos”.

Con este artículo se sancionaría desde las campañas electorales, pasando por cualquier otra acción de protesta o reclamo como los habituales comentarios en las redes sociales que “molesten”, también en punto I de este artículo se habla de penalizar a quien “organice manifestaciones o reuniones públicas que convoque masivamente”.

Mañana miércoles a la mañana frente a diputados habrá un reclamo y la plantación del olivo papal. Acompañarán este reclamo los gremios y movimientos sociales que integran la Multisectorial 21 F (entre ellos Sindicato de ANSES, La Bancaria, Camioneros, Sindicato de Juegos y Casinos, Gráficos), como los partidos políticos de la oposición y otros sectores.

PENALIZAR POR UN AUDIO DE WHATSAPP

El Código de Faltas de la Ciudad de Mendoza ya penaliza a quien difunda un mensaje de WhatsApp como ocurrió con la docente de educación especial que en un grupo de su familia los alertó de los perjuicios que genera la extracción de petróleo y gas no convencional fracking. Gisela Gauvron fue demandada penalmente por los legisladores que responden al gobernador Cornejo, que son Maricel Arriaga, Gustavo Ruiz y Hebe Casado, que denunciaron a la docente por el audio y ahora ampliaron la imputación al científico Esteban Servat, organizador del peregrinaje en defensa del agua que encabezó el olivo del Papa Francisco.

“Me suman a una causa que carece de toda seriedad y entidad, otorgándome la extraña distinción de ser la persona más denunciada de la provincia por luchar contra el fracking. Acaban de pintarme los dedos e imputarme, como si eso sirviera para disuadirme de seguir adelante y no cumplir con la plantación del Olivo de Francisco mañana. Al contrario, solo me dan más fuerzas para seguir porque viendo de donde vienen los ataques sabemos que estamos en el camino correcto! Me hago totalmente responsable a nivel personal de la plantación del olivo en la Plaza Independencia mañana miércoles en un acto de desobediencia pacifica a los dictámenes autoritarios del Gobernador”, aseguró el científico Esteban Servat.

Esteban Servat multado por la policía en 66 mil pesos






Condenan a tratante prostibulario de Recoleta

13 08 2018

El Tribunal Oral Federal Nº 3 condenó a 4 años de cárcel por trata con fines de explotación sexual al proxeneta, Gabriel Nicolás Athanassopoulos. Los magistrados no aceptaron el decomiso del bar que camuflaba un prostíbulo en el barrio de Recoleta.

El viernes 10 de agosto al mediodía en la sala de juicios orales de planta baja de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py, en el barrio de Retiro, tres jueces dictaron la condena a 4 años de cárcel por trata con fines de explotación sexual del proxeneta, Gabriel Nicolás Athanassopoulos.

“El griego o nico” como es apodado este hombre nacido en Haedo, provincia de Buenos Aires, que sometió sexualmente y con cocaína a decenas de jóvenes y mujeres durante más de 10 años en  lo que llamó Hellas y luego Stavros, que con complicad de los funcionarios municipales (prontos a juicio oral uno de ellos junto a un policía) camuflaron el prostíbulo como bar.

Los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 3 Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni, y Javier Ríos no incluyeron los agravantes por la vulnerabilidad de la víctima (madre soltera que llegó por un aviso de trabajo del diario Clarín). Tampoco aceptaron el decomiso que en su alegato había exigido el fiscal de juicio y titular de la fiscalía anti-trata, Marcelo Colombo.

El fallo marca una jurisprudencia que no es común en el fuero federal que es un proxeneta de los vips condenado por trata sexual.

Sin dudas la condena no solo es posible por una pesquisa judicial que en primera instancia estuvo en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado.

Fue clave el contexto de un trabajo sistemático de la Alameda que hace años denunciaron a Hellas y Stavros junto a los vecinos de Recoleta que se reunían en la Iglesia Patrocinio de San José. Además para el juicio oral se sumó el apoyo de diversos referentes religiosos que al concurrir a la audiencia pública no les permitieron ingresar, entre ellos las pastoras evangélicas Graciela Giménez y Jane Caldcleugh, como Enrique Halac Secretario de Culto de la Sinagoga Comunidad Israelita Sefaradí, y Alejandro Salomón de la Mezquita Attauhid.

Link del Centro Informativo Judicial (CIJ): http://www.cij.gov.ar/nota-31385-Trata-de-personas–condenaron-al-responsable-de-un-local-ubicado-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.html






Congreso Antimafia. Segunda parte

14 04 2018

En el medio Hugo Moyano a su lado moseñor Sánchez Sorondo y Vera, en las puntas el intendente Gray y el diputado Arroyo

Por la tarde de este viernes 13, en la biblioteca Eva Perón, concentró la atención el panel que encabezó Hugo Moyano, secretario general del Sindicato de Chóferes de Camiones, junto al enviado del Vaticano, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo canciller de la Academia de Ciencias.

Para la segunda parte del VI Congreso Antimafia se pudo escuchar en la mesa de “Trabajo y Crecimiento” que Moyano reclamó para que los camiones de nuevas y grandes dimensiones incorporen dos Chóferes y que se adapten las rutas.

También recordó sus orígenes en un conventillo y la compra de la casa de sus padres mediante un crédito del banco hipotecario. “Hoy mi madre de 101 años sigue viviendo allí”.

“La OIT dice que 80 millones de personas son esclavas la mayoría en la prostitución, también con los niños que tienen todas las multinacionales y la venta de órganos”, afirmó monseñor Marcelo Sanchez Sorondo enviado desde el Vaticano al Congreso Antimafia.

Por su lado, el intendente Fernando Gray dijo que “el gobierno con algunos medios hacen campaña difamatorias hasta contra el Papa Francisco porque quieren cortinas de humo para no hablar de los despidos en Cresta Roja, Adidas, Carrefour, Linea 165 y los tarifazos hasta alcanzan a los hospitales donde terminamos pagando más que en remedios”.

Gray intendente bonaerense y vicepresidente del PJ aseguró que “así no se genera trabajo y cada vez venimos peor. No sabemos cómo van a generar trabajo porque todo el tiempo son desempleo y suba de tarifas”.

El fundador de la Red Antimafia, Gustavo Vera, sostuvo que “si hablamos de trabajo es inevitable que recordemos que Hugo Moyano y Camioneros tiene una defensa como ningún otro gremio en la Argentina si no vean sus salarios y condiciones laborales. Por eso es clave que estemos unidos para la solidaridad y respetando a nuestro hermano mayor que es camioneros. Porque no nos olvidamos que la industria textil en pleno crecimiento seguían teniendo el 80 por ciento de la producción esclavista”.

Daniel Arroyo, diputado provincial, “en los barrios el narco es quien da crédito porque tiene efectivo y las familias se endeuda porque no le alcanza para comprar comida todos los días”. Por eso Arroyo cree que la alternativa “es dar créditos bajos, la escuela es clave pese a todas las críticas y debemos ordenar los barrios con trabajo y reconstruyendo los lazos en la comunidad. Así vamos a poder enfrentar al narcotráfico”.

El juez Slokar libro en mano, a su lado la senadora Mendocina y monseñor Sánchez Sorondo

En el panel de Políticas de Estado del Futuro habló una senadora nacional por la provincia de Corrientes, Ana Almirón, un juez de Casación Penal, Alejandro Slokar y monseñor Sánchez Sorondo.

Para el último panel del Congreso Antimafia se abordó la trata, explotación y abuso sexual.

La apertura de este panel quedó a cargo de Silvia Calveyra de la información Red Alerta de la provincia de Entre Ríos.

Luego siguió el titular de la Fiscalía especializada en Trata y Explotación conocida por las siglas de PROTEX.

El fiscal Colombo al micrófono a su lado la psicologa Gordon y Calveyra de Entre Ríos

Marcelo Colombo reivindicó la línea 145 para hacer denuncias anónimas y destacó un fallo del día anterior firmados entre otros por Slokar en Casación que válida la indemnización de un millón de pesos a una víctima de trata sexual que debe compensar el condenado y la municipalidad de Ushuaia.

La psicóloga de la ONG en Red de la ciudad de Mar del Plata, Patricia Gordon, aseveró que “el abuso sexual de un niño es uno de los crímenes más aberrantes y más silenciado. Qué siempre se realiza como un juego y seducción rompiendo con la confianza del chico”.

 





Fiscal Antitrata habla de intentos de secuestro

17 05 2017

El fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, remarcó que hicieron una investigación en cuanto a los posibles secuestros de personas, sobre todo de chicas, que fueron denunciados en los últimos tiempos y que de los 34 casos que recibieron 23 fueron judicializados y se comprobó que hubo “intentos de secuestro”.

De todas maneras, aclaró que puede tratarse de una modalidad parecida, pero no de trata de personas, aunque pidió “no subestimar las denuncias que pueden hacerse ante una comisaría o una sede judicial”.

“Tuvimos en el último mes un incremento no solo de denuncias, sino de noticias, reenvío de información por la web, consultas telefónicas, en los que nos hicieron llegar casos con posibles secuestros de personas en la vía pública. A partir de eso, nos propusimos con  la Dirección General de Análisis General de la Procuración General analizar toda esa información”, detalló Colombo en declaraciones al programa “La Verdad Concreta” que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por la radio online Conexión Abierta.

En ese sentido, el fiscal de la PROTEX señaló que “desde febrero hasta ahora hubo 34 de esos supuestos casos, de los cuales 33 fueron en Capital y uno en Provincia, más precisamente Olivos. De esa cantidad, 23 fueron judicializados, pero todos fueron intentos de secuestro, todas fueron mujeres”.

“Además, en ocho casos se individualizó que era una camioneta y en siete que era blanca”, añadió.

Colombo sostuvo que verificaron las condenas que hubo por trata de personas y explotación sexual “en ninguno de los hechos se usó como captación y secuestro una camioneta”, aunque aclaró que “eso no quiere decir que se lleven a cabo episodios parecidos para modalidades similares”.

“Le mandamos una nota a la Procuradora (Alejandra Gils Carbó) el viernes para que profundice este primer examen que hicimos nosotros sobre todas las fiscalías del país para ver si tuvieron casos similares a los nuestros. También le pedimos que le dé participación a la UFEM (Unidad especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales) para ver si tuvieron algunos antecedentes que revelen si en condenas o procesamientos registrados en la Ciudad si hubo alguno parecido a estos hechos”, precisó.

El fiscal pidió “que se actualicen y se pongan al día todas las cámaras de seguridad, porque no debería ser un gran problema acreditar ese hecho porque estaria filmado”.

“El problema es que hoy hay algunas cámaras que no funcionan o que no están ubicadas en lugares más críticos, como las cercanías a las escuelas. Esta puede ser una buena excusa para poner al día el circuito de cámaras y así poder tener una respuesta rápida ante hechos de esta magnitud”, sostuvo el fiscal.

Colombo indicó que “es débil la respuesta jurisdiccional en cuanto a una denuncia, ya que se recibieron en la PROTEX a personas que fueron a la comisaría a hacer la denuncia y no se la tomaron o lo hicieron sin la seriedad necesaria”.

“Esta modalidad (secuestro de mujeres con fines de trata) aparece y desaparece. Como se pone en el tapete en determinado momento ello llevó a autoridades judiciales y policiales a no darles la importancia que vale y ese es un error grave”, precisó.

Colombo indicó que le pidieron a la Procuración General “hacer otro estudio más profundo sobre esta hipótesis para ver qué hay de cierto y qué no”, al tiempo que remarcó que “no debe ni puede descalificarse este tipo de denuncias, ni tampoco referirse a las mismas como subestimándolas, más allá que no sean casos de trata al final del camino”.

Por último, señaló que “si existiera una sensibilización de este tema, está más que fundada por el aumento exponencial que tuvieron los casos de femicidios”.

“Lo que hacemos nosotros es ver que pasa para llevar una palabra objetiva a la población. Con que dos casos de estos fueran verdaderos ya es suficientes para encender la alarma como para no descalificar”, indicó.