El gobernador Valdés provoca un ecocidio instalando barrios privados

17 09 2019

José María Serbin, de la Alameda Corrientes, denunció que cuando Ricardo Colombi, ex gobernador local, anunció la primer partida del millonario Dragado del Riachuelo, los organismos ambientales denunciaron la destrucción de áreas preservadas, patrimonios culturales y naturales para desarrollo ilegal de emprendimientos inmobiliarios.

“Ahora el gobernador Valdés utilizando como excusa la problemática surgida luego de las terribles inundaciones sufridas en San Luis del Palmar, Riachuelo, San Cayetano e incluso el barrio capitalino Santa Margarita; es el el Instituto del Agua y el Ambiente (ICAA) con la dirección nefasta de Mario Rujana, y amparados por la justicia correntina, que avalaron la destrucción a mansalva de un ecosistema único de ribera, se burlaron de la desgracia sufrida por vecinos y vecinas de la costa y de su esperanza de mejoría luego de abandonar por semanas sus hogares y perderlo todo, usaron con descaro como pantalla la remodelación del mítico puente Pexoa y generaron las condiciones necesarias para beneficiar la instalación por fuera de la ley y sin respetar ningún estándar de preservación ambiental de barrios privados”, aseguró Serbín.

No alcanzaron las miles de voces que se opusieron a una obra por todos lados irregular e inútil, ni las muchas denuncias hechas en juzgados y fiscalías, ni las movilizaciones de vecinos y vecinas de las localidades vecinas, se destruyó un núcleo de biodiversidad única en la región, y se abusó de la necesidad de cientos de familias pobladoras de la zona.

De continuar con este ecocidio y con las obras que ocupan el valle de inundación y significan la destrucción de la selva ribereña, sin ninguna duda no existirá dragado, defensa o plan de contención suficiente para paliar las inundaciones y consecuencias que esta obra irresponsable ilegal y corrupta trae aparejadas.

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Corrientes: Unidad para comer en la provincia más pobre

5 09 2019

La emergencia alimentaria y nutricional unió a los gremios de mecánicos, Camioneros y 21F con el referente del Partido Justicialista (PJ).

La provincia más pobre de Argentina, Corrientes, clama por resolver la emergencia alimentaria y nutricional. Es tan grave la situación social del pueblo correntino que los dirigentes sindicales de mecánicos SMATA, de Camioneros y la Multisectorial 21 F se congregaron con el referente del Partido Justicialista local y ex intendente.

Fabián Ríos recibió en su oficina a José María Serbin, de la Alameda y coordinador local de la 21 F, a Emilio Rotela secretario general de Camioneros local, y Alfredo Moliné secretario general de SMATA local.

“En la reunión se acordó llevar adelante una tarea conjunta en fortalecer los vínculos con el movimiento de trabajadores de Corrientes, ante la grave situación económica y social que azota a la Argentina. Nos llevamos coincidencias como la solidaridad entre los trabajadores, movimientos populares, organizaciones barriales y fortalecer el tejido social ante una crisis sin precedentes ocasionada por el gobierno de Mauricio Macri”, aseguró Serbin.

Asimismo hubo tiempo para hablar de la unidad del movimiento obrero organizado. Por ello quedaron en el compromiso de colaborar por la normalización de la Central General de Trabajadores (CGT).





Video: Gobernador rifa comida y frazadas

3 09 2019

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, rifando comida y frazadas. La provincia tiene el 50 por ciento de los menores de edad sobreviviendo en la pobreza.

Desde la Alameda en Corrientes, José María Serbin, dijo que “es inadmisible que el gobernador Valdes, sortee alimentos. ¿Que nos pasa? Valdes y Macri nos están matando de hambre, y el gobernador ¿parece burlarse sorteando alimentos? Poseemos el 50% de la población bajo la línea de pobreza“.

Asimismo Serbin reclamó que se “declare la emergencia alimentaria como solicito la Pastoral Social de la Iglesia Sr. Gobernador de la Provincia más pobre de la Argentina”.





Corrientes: Por la pobreza reunión de la iglesia y los movimientos populares

11 07 2019

En la provincia de Corrientes la mitad del pueblo se encuentra bajo la línea de la pobreza y 7 de cada 10 niños pobres. Ante esta terrible realidad hubo una reunión de miembros de Justicia y Paz del Arzobispado local y referentes de los movimientos populares. Se busca declarar la emergencia social.

Este jueves 11 de julio, por la mañana, en la sede del sindicato docente SUTECO, se llevó a cabo la primera reunión entre la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes con algunos movimientos sociales y barriales.

Del encuentro  participaron la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Evita, Martin Fierro y Octubres, por la Fundación La Alameda, José María Serbin quien fue el articulador del encuentro. Por Justicia y Paz estuvo presente Lucia Abad, Miguel Pelozo y el asesor, el sacerdote Cristián Soto. 

José María Serbin en la punta de la mesa y toma nota Lucía Abad de Justicia y Paz

El encuentro surge de la última masiva marcha del 18 de junio, en la cual los movimientos populares solicitaron al gobierno provincial, a cargo de Gustavo Valdés, y al municipal, a cargo de Eduardo Tassano, para la declaración de la emergencia social en la Provincia de Corrientes.

Los movimientos populares expresaron la angustiante realidad de las barriadas, y del trabajo que realizan en distintos órdenes vinculados con la salud, Infraestructura y social.

Serbin aseguró que “las marchas con lemas de hambre y pobreza se ajustan a la realidad acuciante que viven los correntinos y es necesario generar un canal de diálogo con los distintos funcionarios del Estado para articular soluciones conjuntas, donde los movimientos sean participes de las políticas públicas”.

De la reunión quedó el compromiso de ampliar la convocatoria a otros movimientos populares con representación en los barrios a fin de un diagnóstico certero para seguir avanzando en intentos de generar puentes y diálogos con el Estado provincial y municipal.





Corrientes clama la emergencia social

18 06 2019

La mitad de la población bajo la línea de la pobreza y 7 de cada 10 niños pobres. El gobernador, Gustavo Valdés, y el municipio no abren canal de diálogo pese al masivo reclamo de los merenderos, comedores y cooperativas.

La pobreza apremia a los correntinos. Por eso este martes 18 de junio los merenderos, comedores y cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales se unieron para clamar al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y a la municipalidad que declaren la emergencia social.

Tanto el gobernador como el intendente se niega si quiera abrir un canal de dialogo siendo que el reclamo es masivo.

El pliego de reivindicaciones son dos “aumento  y regularidad de las partidas alimentarias” y además “la creación de un fondo provincial de capitalización en herramientas y maquinas a las cooperativas a través de la devolución del IVA de los recursos nacionales generados por las mismas organizaciones sociales”.

Para la Corrientes Clasista Combativa (CCC), el Movimiento Evita, la CTEP, el Movimiento Octubres, la Multisectorial Barrial y la FETRAC (Federación de Trabajadores Correntinos) “las políticas del Gobierno Nacional y el FMI han profundizado nuestra pobreza estructural. Pero en vez de asumir las consecuencias el Gobierno Nacional y Provincial obstaculizan nuestra labor con el aumento de la burocracia a través de nuevos tramites sin sentido y con una comunicación agresiva contra las organizaciones sociales”.

Serbin de la 21 F local

“Se reclamó en la Municipalidad de Corrientes, donde se presentó un escrito, de ahí la marcha siguió hasta Casa de Gobierno. Donde también se presentó escrito solicitando la Emergencia Social. El gobierno no dialoga, reprime como a los chóferes de colectivos de UTA, tampoco escuchan a las organizaciones sociales”, aseguró José María Serbin, coordinador local de la Multisectorial 21 F.





Represión a los chóferes de colectivos

11 06 2019

Resultado de imagen para represión a chóferes de colectivo y corrientes

La 21F Corrientes  repudia la represión a trabajadores de ERSA, en Corrientes Capital.

La represión del gobernador Gustavo Valdés, a choferes de empresas de colectivos urbanos, de media y larga distancia que se encuentran de paro; también alcanzó a alumnos, tutores y docentes de la Escuela 291 Eudoro Vargas Gómez, que se encuentra a escasos metros de los galpones de la empresa ERSA, en la Ciudad de Corrientes.

Alumnos, tutores y docentes fueron alcanzados por balas de gomas, gases lacrimógenos y fueron víctimas exceso policial. Un alumno secundario en particular sufrió heridas de consideración, debió ser asistido por docentes y tutores ante la insensibilidad y la acción violenta en la que persistió la fuerza policial.

La Multisectorial 21F Corrientes apoya a los  trabajadores en huelga por el reclamo de sueldos  (atrasados) y repudiamos la represión de Valdés a los choferes; condenamos  el exceso policial; y  manifestamos  acompañamiento presencial y solidario a los trabajadores en paro; así como el apoyo especial y acompañamiento a los alumnos, docentes y tutores de la Escuela 291 que también fueron víctimas el nuevo acto represivo del Gobierno de Corrientes.

 





El cuestionado juez federal que ocupará el lugar de Soto Dávila, preso por narcotráfico

3 05 2019

Gustavo Fresneda, vinculado a causas de trata y tráfico de influencias, será trasladado al juzgado federal de Corrientes tras la renuncia de Carlos Soto Dávila, detenido por narcotráfico.

por Cecilia Di Lodovico

https://www.perfil.com/noticias/politica/polemico-juez-federal-gustavo-corazon-fresneda-ocupara-lugar-carlos-soto-davila-preso-narcotrafico.phtml

El Juzgado Federal N°1 de Corrientes, una dependencia muy pretendida por su carácter de juzgado electoral, estuvo vacante desde la renuncia de Carlos Soto Dávila, el ex juez procesado y detenido acusado de beneficiar narcos. Se trata de Gustavo del Corazón Fresneda, que fue designado por Mauricio Macri al frente del juzgado de Paso de Los Libres en febrero de este año y quien logró que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobara su traslado al Juzgado Federal N°1 de Corrientes, sólo dos meses después. Esa dependencia judicial tiene competencia electoral.

El juzgado no es territorio desconocido para el magistrado -que no goza de la mejor consideración por parte del resto de los integrantes del poder judicial correntino-: Fresneda -cercano al ex gobernador y referente del radicalismo Ricardo Colombi- fue secretario penal de Soto Dávila y ambos fueron a juicio político en 2004 por las mismas irregularidades que terminaron en el procesamiento del ahora ex juez. Embargan a un juez por $ 20 millones pero él dice que su único lujo son “dos bicicletas” Ante la decisión del Consejo -que desestimó el mismo pedido por parte del juez Juan Carlos Vallejos- el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, presentó su oposición a su Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo. En el escrito, Vera sostiene que Fresneda no cumple con los requisitos.

En primer lugar, no contaría con los cuatro años de antigüedad como juez exigidos la normativa vigente. Además, el referente indica que candidato al puesto de Soto Davila “quedó involucrado en nuevas investigaciones –por “lavado de activos” y “tráfico de influencias”- que la misma Justicia Federal inició a partir de causas anteriores por “trata de personas” y “explotación sexual de mujeres””.

Testigos aseguran que el intendente de Itatí recibía órdenes de un capo narco El dirigente social se refiere a una causa impulsada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien subrogaba el juzgado de Pasos de Los Libres, pero que fue desplazada tras la denuncia que también salpica a Colombi.

Otro dato: Fresneda fue defensor entre 2008 y 2010 en una causa por “enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, falseamiento de declaración jurada patrimonial, asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.  Fresneda aparece mencionado en la causa que llevó a la detención de su ex jefe, tras el Operativo “Sapucay”, en 2017.

La investigación, a cargo del juez federal Sergio Torres, reveló el funcionamiento de una red de narcotráfico, en la que participaron Soto Davila y sus dos secretarios penales.