Mar del Plata: juicio por el prostíbulo “La Posada”, denunciado por La Alameda

6 02 2017

El juicio oral por la existencia del prostíbulo “La Posada” se inició este lunes en Mar del Plata, luego de un caso que se inició con una denuncia e investigación de La Alameda, que fue reforzada con una cámara oculta.

La causa, que lleva el número 5377/08,  tiene como jueces a cargo a Mario Portela, Bernardo Bibel y Jorge Michelli”, son siete los imputados y se estima que declaren más de 50 testigos.

En ese sentido, Aníbal Raúl Ramón Soria y su mujer, Alicia Acevedo Galeano, María del Carmen Castrege, Gabriel Alejandro Carmona, Ariel Hernán Spaltro, Humberto Atilio Scarpetta y José Aníbal Patroni están acusados por “la comisión de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haberse cometido por más de tres personas en forma organizada y por la pluralidad de víctimas; en concurso ideal con los delitos de explotación económica de la prostitución ajena e infracción a la ley de migraciones”.

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Prostíbulo “La Posada”

La red de trata explotaba mujeres paraguayas en Mar del Plata, que vivían en condiciones de hacinamiento en un chalet ubicado en la calle 20 de Septiembre 3500, desde donde eran llevadas al prostíbulo ubicado en 11 de Septiembre 3030.

Los pases sexuales se hacían en el Hotel El Paraíso, lindero al prostíbulo y construido especialmente para ese fin. Más de 40 mujeres fueron halladas en los operativos realizados por la justicia pero el lugar volvía a abrir sus puertas.

La Alameda ya lo había denunciado junto a otros noventa prostíbulos marplatenses en una megacausa en el 2008, pero recién fue en 2011 cuando una nueva cámara oculta y un escrache al prostíbulo y a las autoridades que permitían su funcionamiento precipitaron tanto la clausura definitiva como la formación de esta causa que hoy llega a debate oral y público.

 

 

Todo figuraba a nombre de Dieluc S.A, firma que según se desprende del Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia, se constituyó en febrero del 2006, con Juan Carlos Motillo y Aníbal Soria como socios. Motillo fue acusado de ser el regente, el administrador, la cabeza visible del negocio. Luego de estar un tiempo prófugo con su mujer, falleció.  Por su parte, Soria estaría vinculado a la mafia de La Liga de Rematadores.

Las víctimas narraron terribles historias de sometimiento, humillación y violencia que sufrieron en La Posada.

Varias de ellas, fueron traídas a Mar del Plata desde Paraguay con falsas promesas de trabajo de servicio doméstico, pero al llegar eran esclavizadas sexualmente, se les prohibía hablar de su situación personal con los clientes y con sus familiares, con los que podían hablar solo en presencia de alguien de la organización.

Varios testimonios hablan de meses de explotación sexual sin recibir dinero alguno porque les decían que era para costear pasajes y ropa, y les retenían su documentación personal. Les cobraban multas de 300 pesos si se negaban a tener sexo con un cliente y las amenazaban con lastimar a sus familiares en su país de origen.

Por otro lado, hay algunos testimonios de mujeres que manifestaron voluntad para prostituirse.

Sin embargo, el juez Santiago Inchausti determinó en la elevación a juicio que esto “no implica la ausencia de indicadores de trata, sino la presencia de otros medios comisivos como abuso de autoridad, amenazas o violencia que, a lo largo de un tiempo, pudieron generar en las mujeres la idea de estar por su propia decisión en el lugar cuando, en verdad, ese es un efecto de la explotación misma a lo largo de muchos años y de no tener una salida mejor a su situación desgraciada”.

El magistrado afirmó que “en todos los casos se dan condiciones objetivas de vulnerabilidad: falta de instrucción, necesidades económicas que las llevaron a ejercer la prostitución, familiares a cargo, lejanía del núcleo familiar y social, situación migratoria irregular, sometimiento al adoctrinamiento y control de los responsables del local nocturno, alojarse y trabajar para los mismos dueños”.

El prostíbulo funcionó en el barrio de La Perla se cree desde 1988 y la primera vez que fue allanado ocurrió en el marco de una causa por la desaparición de tres prostitutas que se le atribuían al falso asesino serial conocido como “El Loco de la Ruta”.

Luego se comprobaría la existencia de una red de policías bonaerenses dedicados a la explotación de la prostitución.

No se conoce con exactitud cuántas mujeres fueron sometidas por esta red de trata y pese a los reclamos de protección y restitución de derechos se desconoce el paradero de la gran mayoría de las víctimas.

Teléfono de contacto: Silvina Elías, La Alameda Mar del Plata, 0223-155-250326.





Funcionario PRO y abogado de prostíbulo

22 10 2013
Palozuelos es quien sostiene el celular que sacó la foto

Palozuelos es quien sostiene el celular

Juez y parte. Este es el proceder ilegal de un alto funcionario del PRO descubierto por la Alameda y denunciado penalmente hoy martes 22 por incumplimiento del deber de funcionario público. Ignacio Palazuelos, director ejecutivo del Comite de Prevención y Seguridad Deportiva del GCBA (http://www.buenosaires.gob.ar/organigrama/min_jus_seguridad.php?menu_id=18263), es a su vez abogado de Linnon SA, la empresa que explota un prostíbulo en Recoleta lindero a la sede de la Comuna 2, en la jurisdicción de la comisaría N° 19 de la Policía Federal. Por ser funcionario de seguridad y a su vez abogado patrocinante de un tugurio es que denunciamos hoy a Ignacio Palozuelos en el juzgado de Instruccion N° 23 bajo el número de causa 58002/13. En la denuncia requerimos al juez que realice la declaración testimonial al ministro de Justicia y Seguridad porteño, el ex juez federal Guillermo Montenegro.

Gabinete donde se realizan los pases

Gabinete donde se realizan los pases

Zoom es el prostíbulo habilitado como bar-juguetería que funciona en un subsuelo en Uriburu 1018, entre Marcelo T de Alvear y av Santa Fé. Allí se divide con gabinetes para el consumo de alcohol y el comercio sexual. En las imágenes que sumamos queda en evidencia. A su vez en Zoom cobra una entrada como pases y el lugar se encuentra custodiado.

Preservativos y latas de cerveza

Preservativos y latas de cerveza

Zoom figura en el Mapa del Crimen Organizado de Recoleta que confeccionan los vecinos y la Alameda, y fue escrachado con los vecinos el 27 de mayo colocando simbólicas fajas de clausuras. Este mapa se encuentra en manos del juez Federal Ariel Lijo, y el fiscal Jorge Di Lello, en la causa N° 4467/12 caratulada “Barrio Recoleta S/ insfracción ley 23.737”.

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A su vez este Mapa del Crimen Organizado fue presentado a los ministerios de Seguridad nacional y porteño, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la justicia porteña, como ante el propio jefe de la Comuna 2 y todos los comuneros.
Por ello que la AGC, cuerpo inspectivo dela Ciudad, el 24 de abril de 2013 hizo una inspección pero se les obstruyó el procedimiento. Y el 21 de mayo retomaron al local los inspectores. Allí se comprobó la desvirtuación del rubro y por ello fue clausurado. Pese a la clausura sigue operando todos los días, las 24 hs.

DSC00093El área a cargo de Palozuelos, justamente vinculado a la seguridad en las canchas de fútbol, al igual que el área inspectivo dependen del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Resulta por demás sugestivo que un funcionario ordene la clausura de un establecimiento que vulneraría las normas de seguridad, higiene y moralidad y, que otro funcionario de idéntica jerarquía del mismo Ministerio a cargo del ex juez federal Montenegro defienda los intereses de esa sociedad patrocinándola en acciones legales contra los que promovieron la intervención del organismo de control.

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La gestión PRO con su líder a la cabeza, Mauricio Macri, se ríe de las denuncias sobre los prostíbulos en la Ciudad. “Pino estamos dando trabajo. Yo puse una tintorería, un prostíbulo, una tintorería, un prostíbulo”, fueron las palabras del Jefe de Gobierno que coinciden con su práctica. Vale recordar que Macri fue fotografiado dentro del narco-prostíbulo Mix de Cancún en México propiedad del ex agente de inteligencia, Raúl Martins, y a los abrazos con Gabriel Conde, hijo de un alto dirigente del Club Boca Junios y un condenado por explotación sexual de menores en el ya extinguido prostíbulo Shampoo donde lanzó su primer candidatura a jefe de Gobierno.

COPIA DE LA DENUNCIA PENAL

FORMULA DENUNCIA

Señor Juez:

Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda Por La Lucha Contra el Trabajo Esclavo” con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio, conjuntamente con mis letrados patrocinantes, Mario Fernando Ganora, inscripto al Tomo 36 Folio 227 del CPACF, y Alfredo Carlos Beizuhn, inscripto al Tomo 109, Folio 372 del CACF, constituyendo domicilio procesal en Av. Callao 178, Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta respetuosamente ante V. S. y dice:

I.-OBJETO.-
Que por el presente viene a formular denuncia por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 C.P.) en el que podría encontrarse incurso el Dr. Ignacio Palazuelos, Director Ejecutivo del Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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II.- HECHOS.-
El día 18 de junio de 2013 a las 14 horas fue convocado el señor Gustavo Javier Vera a una audiencia de mediación por la Dra. Daniela Raquel Crespo que debía realizarse en Lavalle 1527, Piso 8°, of. “32” de esta Ciudad Autónoma de Buenos. Esta convocatoria se hizo en el marco del art. 16 inc. c de la ley 26.589 y su reglamentación en razón de la causa “Linon S.A. c/ Gustavo Vera-Fundación La Alameda s/daños y perjuicios. El letrado patrocinante de la actora fue el Dr. Ignacio Palazuelos.
La firma Linon S.A., por intermedio de su presidente, el señor Gustavo Carlos Ballabriga, había remitido una carta documento al suscripto el día 5 de julio de 2013 en la que decía textualmente: “Me dirijo a Ud. en relación a los hechos que tuvieron lugar el día lunes 27 de mayo próximo pasado en la puerta del local comercial que explota la sociedad que represento, sito en Uriburu 1018 de la Ciudad de Buenos Aires, y que consistieran en una manifestación y “escrache” organizados por la Fundación de la cual Ud. resulta ser el titular. En los hechos en cuestión se ha calumniado e injuriado injusta e infundadamente a quienes somos responsables del funcionamiento del mentado local, por otro lado se ha producido un daño en la imagen de nuestro negocio con el correspondiente perjuicio económico, y ha habido un lucro cesante el día de los hechos producto de tan maliciosos accionar. En tal sentido, intimo solidariamente a Ud y a la fundación que representa a que se abstengan de realizar cualquier tipo de actividad que pueda generar un perjuicio a la Sociedad por mi representada, bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales que correspondan, ello sin perjuicio de las que se inicien por los hechos ya ocurridos”.

La entrada a Zoom

La entrada a Zoom

El día 10 de julio del corriente se cerró la mediación por decisión de las partes sin ningún resultado. El acta de cierre de la mediación fue firmada por el Dr. Ignacio Palazuelos.
Cabe destacar que la firma Linon S.A. explota el local sito en la dirección mencionada que opera con el nombre comercial “ZOOM”. Dicho establecimiento había sido objeto de una denuncia penal y estaba incluido en la causa caratulada “Barrio Recoleta s/ infracción ley 24.737” (Expte. N° 4467/12) que tramita por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital n° 4 y con intervención de la Fiscalía Federal en lo Criminal n° 1 de la Capital. Esta causa había tenido origen en una actuación de oficio de la Policía Federal Argentina. Asimismo, el establecimiento había sido objeto de clausura por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme surge de las copias del expediente administrativo que se acompaña.
Para nuestra sorpresa hemos podido verificar que el Dr. Ignacio Palazuelos es funcionario del Ministerio de Seguridad con rango equivalente al del Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control. Ambos funcionarios dependen del Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta por demás sugestivo que un funcionario ordene la clausura de un establecimiento que vulneraría las normas de seguridad, higiene y moralidad y, que otro funcionario de idéntica jerarquía del mismo Ministerio defienda los intereses de esa sociedad patrocinándola en acciones legales contra los que promovieron la intervención del organismo de control. Sin perjuicio de cualquier consideración ética y jurídica, resulta de sentido común que esta forma de proceder constituye una intimidación, por e despliegue de las relaciones de poder, contra las ONG que luchan contra la trata de personas y la explotación.

III. –Derecho.-
El art. 265 del C.P. se refiere a la intervención de todo funcionario cuya actuación pueda ser atribuida a la administración pública, vale decir todo funcionario público en ejercicio o con ocasión de sus funciones. En este caso concreto existe, a mi juicio, un interés incompatible entre el rol del funcionario del Ministerio de Seguridad y el del letrado patrocinante de la firma sujeta al control del referido Ministerio.

IV.- Prueba.
Acompaño la siguiente prueba documental:
Carta documento de la firma Linon S.A.
Carta documento de la mediadora Daniela Raquel Crespo.
Acta de cierre de mediación.
Informe de la Agencia Gubernamental de Control.
Copia del Decreto de designación del Dr. Ignacio Palazuelos y de la ley que establece su misión y funciones, así como del organigrama del Ministerio de Seguridad.
Solicito que se cite a prestar declaración testimonial al Sr. Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Lic. Juan Carlos Gómez Centurión, y al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro.

V:- Petitorio.
Por todo lo expuesto, solicito:
1. Se tenga por presentada la denuncia y constituido el domicilio.
2. Se tenga por ofrecida la prueba.
3. Se le imprima el correspondiente trámite para la instrucción del sumario.
Proveer de conformidad. Será Justicia.





Escrache a prostíbulo de Once con 14 denuncias en su contra

3 10 2013

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La mafia prostibularia de Once tan preocupada se encuentra por la rebelión de los vecinos contra ellos que en el día de ayer, horas previas al escrache, distribuyeron un volante señalando como prostíbulo la casa de las dos vecinas referentes de Buenos Vecinos Once, Gloria y Olivia, está última sufrió hace dos semanas rotura en dos oportunidades de los vidrios de su autos que en veinte años en Once jamás había sido atacado.

La Alameda, los vecinos, acompañados por la iglesia Balvanera, el rabino Damian Karo, el diputado nacional Pino Solanas seguiremos muy atentos al actuar de la justicia, la comisaría 7 y el Gobierno de la Ciudad para que una vez por todos se pongan del lado de los ciudadanos y no la corrupción.

Así quedó la puerta del prostíbulo en Sarmiento 2634 PB

Así quedó la puerta del prostíbulo en Sarmiento 2634 PB

http://www.diariopopular.com.ar/notas/170932-escrachan-prostibulo-y-denuncian-amparo-la-federal-

Escrachan prostíbulo y denuncian amparo de la Federal

Lo realizaron la Fundación Alameda y la organización Buenos Vecinos de Once. La protesta se concretó frente al edificio situado en la calle Sarmiento 2634

La Fundación Alameda y la organización Buenos Vecinos de Once realizaron un “escrache” contra una red de prostíbulos que funcionan en el barrio porteño de Balvanera, en la zona de Once, y denunciaron que reciben el “amparo” de la Policía Federal.

 “Acá funciona un prostíbulo que está en red con otros dos que están en la avenida Pueyrredón y el dueño del inmueble le alquila otros departamentos a integrantes de la Policía Federal”, indicó Gustavo Vera, titular de La Alameda.

 La protesta se concretó frente al edificio situado en la calle Sarmiento 2634, en cuya planta baja funciona un prostíbulo que ya fue denunciado por los vecinos de la zona y por la fundación civil.

 De la protesta y escrache participaron unas 200 personas, entre ellas el candidato a senador por el Frente UNEN, Pino Solanas, quien denunció “la complicidad directas de las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Federal, la Justicia Federal penal, y las autoridades de la ciudad”.

 En tal sentido, Solanas denunció que había más de 1200 prostíbulos en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

 En el escrache también tomaron parte integrantes del culto católico y judío, como así también comerciantes de la zona.

 El prostíbulo es conocido como “La Casita Feliz”, y la Fundación La Alameda realizó varias denuncias contra el propietario del lugar y quienes lo regentean, y mediante una investigación mostraron las instalaciones en donde las mujeres son explotadas y residen en condiciones sanitarias deplorables.
 
Gustavo Vera indicó a la prensa que las ocho familias que residen en el edificio denunciado “viven aterrorizadas por la mafia prostibularia que cuenta con la protección de los funcionarios policiales, judiciales y políticos”