Alejandro Amor habló en el comedor comunitario de la Alameda

19 07 2019

El defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, escuchó y tomó reclamos de las personas que almuerzan y cenan en el centro comunitario de la Alameda, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Falta de viviendas, desalojos y sin techos, pensiones en trámite, trabajo tercerizado por el Estado en talleres clandestinos, impunidad en homicidios sea por tránsito o una obra que se derrumbó, nuevos bomberos voluntarios sin cuartel, maltrato policial, la atención del PAMI o los hospitales públicos, las quejas sobre empresas privadas de telefonía o de televisión por cable, el impacto del narcotráfico y el acceso al subte de ancianos, discapacitados o mujeres con bebés.

Todas estas problemáticas surgieron en la charla que encabezó, Alejandro Amor, el defensor del Pueblo de la Ciudad, este viernes 19 de julio, en el centro comunitario de la Alameda (Av. Directorio 3998, barrio Parque Avellaneda) con un centenar de personas que asistieron este mediodía al comedor para almorzar.

Amor dedicó sus primeras palabras a la emoción de volver a la Alameda porque en la época de la dictadura era un lugar de reunión. “Le tengo un cariño especial”. Luego pidió a todos que lo llamaran Alejandro, no defensor ni por el apellido. Por la Defensoría contó que tiene como esencia salir a la calle “porque ahí están los problemas. Es más para fin de año vamos a llegar a todos los barrios con presencia. Eso es gracias a que establecemos comodato con organizaciones sindicales o barriales que ponen su lugar a disposición”.

Cuando la palabra le tocó al titular de la Alameda lo primero que planteó Gustavo Vera fue que el centro comunitario tuviera una oficina destinada para la atención de la Defensoría del Pueblo. A lo que Amor respondió que por supuesto y sonaron los aplausos.

“No es la primera vez la presencia de un defensor del pueblo en la Alameda. Alicia Oliveira, Alicia Pierini y ahora Alejandro tienen la impronta como buenos defensores de escuchar y estar con los más débiles, con los excluidos y vulnerables”, reflexionó Vera.

En lo que respecta a la denuncia por los talleres textiles clandestinos y la trata laboral la Defensoría del Pueblo porteña tuvo un rol protagónico junto a la Alameda. Al punto que la primera causa por trabajo esclavo con sentencia judicial firme tramitó con los costureros dando testimonio en la Defensoría. “En ese momento no existía ni la ley de Trata”, recordó el titular de la Alameda.

Alejandro Amor pidió a la Alameda que para el próximo censo de la personas sin techo sea parte de la confección del relevamiento de lo que el gobierno omite que son “las guardias de los hospitales, como en el Pirovano donde murió una persona, en los bajo autopista, y hasta en los autos abandonados como en el caso de Tarzán del barrio Rodrigo Bueno que hace años vive en un auto”.

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Repudio a la represión y muerte de Rodolfo Orellana

22 11 2018

Resultado de imagen para asesinato miembro CTEP

Desde La Alameda / Bien Común repudiamos enérgicamente el asesinato de Rodolfo Orellana (Ronald), militante de la CTEP, que fue asesinado con dos balas de plomo en Villa Celina por las fuerzas policiales locales.

También fueron heridos varios militantes y detenidos otros en la comisaría.

Pisotear la dignidad de los pobres, negar los más elementales derechos humanos a la tierra y la vivienda y hacerlo a sangre y fuego quitando la vida, constituye un acto de barbarie que no podemos ni debemos tolerar.

Repudiamos a este gobierno violento que suma una muerte más con su represión y maltrato al pueblo al que debe servir.

Exigimos justicia para el compañero asesinado y libertad a todos los detenidos.

Anhelamos consuelo para la familia de Ronald.

Y ante esta cruda realidad nos hacemos eco de las palabras de nuestro querido Papa Francisco en Bolivia, en el encuentro con los movimientos populares, en el 2015: ““Si esto así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía San Francisco. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana; también un cambio que toque al mundo entero (…). La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia”.





El gobernador Cornejo no permitió plantar el olivo papal y multó el peregrinaje por el agua

8 09 2018

Un olivo del Papa Francisco encabezó un peregrinaje en defensa del agua, frente al decreto del gobernador Alfredo Cornejo que permite el fracking. Tras más de 300 kilómetros de recorridas por diversos pueblos de Mendoza, la policía no permitió plantar el olivo y multó a la camioneta que lo llevaba y en 66 mil pesos al científico referente del peregrinaje. Gustavo Vera participó de la jornada de lucha.

El gobernador radical Alfredo Cornejo evitó con la policía provincial que se instale un olivo del Papa Francisco, que recorrió más de 300 kilómetros a lo largo de tres semanas por varios pueblos del interior de Mendoza, en el llamado peregrinaje en defensa del agua, contra el decreto de Cornejo que permite la extracción de petróleo y gas mediante el fracking, que es la fractura hidráulica a tres mil metros de profundidad con más de 600 venenos.

El olivo y el científico Esteban Servat

Más de dos mil personas se concentraron este sábado 8, por la mañana, en la rotonda del núcleo vial de la ciudad de Mendoza. Muchos de ellos parte de las asambleas del agua, y muchos otros ciudadanos de a pie que se sumaron al peregrinaje en defensa del agua que encabezó el olivo papal enviado desde la Ciudad de Buenos Aires por la Fundación Alameda y el Sindicato de Camioneros. Los pueblos que llegaron a Mendoza Capital son Uspallata, San Carlos, San Rafael, Bowen, General Alvear, Las Heras, Zona Oeste, Potrerillos, Las Heras y Tupungato.

También participaron pastores evangélicos venidos desde General Alvear, como religiosos de pueblos indígenas y a lo largo de la peregrinación, a su vez el olivo fue bendecido por sacerdotes y hasta un religioso musulmán.

Desde la Ciudad de Buenos Aires viajó el titular de la Alameda, Gustavo Vera, quien se refirió a “la brutal censura de los medios de comunicación de Mendoza sometidos por la pauta del gobernador Cornejo y del presidente Macri. Pero la defensa de la casa común y del agua es muy sensible para los mendocinos que entienden que sin agua no se puede vivir”.

Al final del peregrinaje la policía informó al científico Esteban Servat que iba a multar por el reclamo y también a la camioneta que trasladó el olivo papal. Se supo que la multa sobre Servat alcanza los 66 mil pesos.





La impunidad sobrevuela un juicio por trata

29 06 2018

Los jueces del Tribunal Oral Federal Nro. 3 devolvieron un inmueble donde funcionó por más de una década el narco-prostíbulo Stravos, en el barrio de Recoleta. Aunque había sido decomisado en primera instancia para su reutilización social. A su vez la víctima no es parte del juicio, no tiene asistencia y su madre como único sostén tiene cuatro juicios comerciales provocados por el tratante y proxeneta. Falta elevar a juicio a un policía y un alto funcionario de Habilitaciones del Gobierno porteño.

El presidente del Tribunal Oral en los Criminal Federal Nº 3, Andrés Basso, no brindó su aprobación pero sí su vicepresidente Fernando Machado Pelloni, y el vocal Javier Ríos decidieron devolver a los dueños el inmueble de Vicente López 2229 que sirvió por más de diez años de narco-prostíbulo en el barrio de Recoleta.

La decisión de los jueces es contradictoria con el artículo 23 del Código Penal que ordena el decomiso de todo inmueble donde ocurra secuestro o trata.

Este artículo fue esgrimido por el juez de primera instancia para resolver el decomiso preventivo. Sebastián Casanello designó al Gobierno de la Ciudad, más precisamente al aérea de Asistencia a la Víctima que reutilice el inmueble con un destino social junto a la Fundación Alameda. Este fallo nunca fue aplicado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pese a los pedidos de nuestra organización.

Este antro de la trata sexual, la explotación sexual, el narcotráfico y la coima sobrevivió más de una década con distintos nombres porque era camuflado con la habilitación de bar. Primero lo apodaron Hellas y luego Stravos. Desde hace tres semanas están siendo juzgados en juicio oral los proxenetas y tratantes Gabriel Nicolás “el Griego” Athanassopoulos, junto a su esposa Betiana Alles.

No son los únicos sentados en el banquillo de los acusados por explotar mujeres y traficarlas.

Gabriel Trovato, de la Dirección de Habilitaciones del Gobierno porteño, quien levantaba clausuras de Stravos y que quedó comprobado la amistad con Athanassopoulos con quien compartió tribuna en Brasil durante el Mundial de Fútbol de 2014.

También quedó implicado el policía Damián Vera de la Comisaría Nº 19 cómplice de esta mafia.

LA INVESTIGACIÓN PREVIA AL JUICIO

Fue el 15 de julio de 2016 que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 – secretaria nº 14, en el exp. 3893/2016, procesó a los dueños del prostíbulo camuflado como bar Stravos. Fueron imputados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima.

La causa inició en el 2013 en el marco de la declaración bajo identidad reservada de una mujer ante la Fiscalía Especializada en Trata y Explotación llamada PROTEX.

La víctima es una madre soltera que buscaba trabajo de camarera, fue un aviso en el diario Clarín que hizo conocer Hellas y así llegó a este bar que camuflaba un prostíbulo.

El domingo en A 24 Lucas Schaerer denunciando la debilidad del juicio oral

El proxeneta Athanassopoulos hizo de novio, la forzaba a la explotación y al consumo de cocaína para “aguantar el trabajo”. “el griego” conoce muy bien el sistema de sometimiento porque fue durante un tiempo lugarteniente del capo mafia, Raúl Martins, agente de los servicios de inteligencia de la entonces SIDE, que montaron una red de narco-prostíbulos VIP para la extorsión y acumular fortunas. Martins se mantuvo en nuestro país hasta que fue acorralado por el fiscal José María Campagnoli a fines de la década del noventa.

La víctima llegó a nuestra sede hace poco más de un mes junto a su hijo y su madre. En colectivo vinieron a nuestra sede ubicada en el barrio de Parque Avellaneda. Esto demuestra la falta de protección. Sumado a que hace pocos días fue robado su celular.

La desprotección sobre esta familia denunciante provoca que se llega a un juicio con un total desamparo de los denunciantes, con todos los implicados de poder que saben muy bien quien aportó el testimonio que los incrimina en un delito federal de extrema gravedad y además con los jueces que en su primera decisión devuelven el inmueble que sirvió de sometimiento a quienes hicieron la vista gorda durante diez años.

La víctima cuenta como único sostén económico a su madre, de profesión enfermera, quien por presión del proxeneta Athanassopoulos firmó pagares. Esto implica que la quieren ejecutar de cuatro juicios y el embargo de su salario. Que debería haberse declarado nulos pero nunca ocurrió. La falta de asistencia jurídica como ordena la ley de trata nunca fue aplicada.

Al punto que iniciaron la víctima y su madre dos denuncias por coacción, esto para demostrar que los pagarés eran firmados por la madre a cambio de la libertad de su hija. Agregar que estas dos denuncias se hicieron pese a no contar con ningún tipo de asesoramiento jurídico.

La desesperación de la víctima junto a su madre la acercaron a nuestra organización que hizo todos los esfuerzos posibles ante las distintas autoridades nacionales, porteñas y judiciales sin encontrar una real asistencia.

Tampoco han tenido asistencia permanente en lo psicológico, ni laboral.

EL DECOMISO DEL PROSTÍBULO

El 7 de Septiembre de 2016 el juez Casanello decomisó el inmueble aplicando el párrafo sexto del art. 23 del Código de Fondo que establece: “…En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los arts. 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima”-.

De allí que el juez solicita a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que junto a esta ong, y dice textual “elabore una propuesta de utilización provisoria del inmueble de la calle Vicente López 2229, de esta ciudad, para llevar adelante “programas de asistencia a la víctima” (de conformidad con lo normado por el art. 23 apartado sexto del C.P. (Párrafo sustituido por art. 20 de la Ley Nº 26.842 -B.O. 27/12/2012-)”.

Desde la Alameda nunca pudimos articular con la Dirección para la Víctimas.

Por año la gran participación de los vecinos de la cuadra y el barrio que durante varios años mostraron su descontento con los prostíbulos, puntualmente Stavros, al punto de realizar repudios públicos tras organizar el Mapa de los prostíbulos del barrio desde la Iglesia Patrocinio de San José.

Esta voluntad vecinal con el apoyo de las parroquias locales y la Alameda se reflejó en movilizaciones con cientos de vecinos y fuera reflejado en la prensa.

Por ende el contexto de un inmueble decomisado a estas mafias para ser reutilizado por el Estado junto a la ong vinculada a la denuncia y asistencia a las víctimas creemos que contará con una gran aceptación social algo no menor también en la concientización de la ciudadanía para evitar estos delitos que consideramos, al igual que El Papa Francisco, de lesa humanidad.

Se incautan autos de lujo para hacer publicidad pero no se vota el proyecto de ley por decomiso, ni se incauta para la reutilización social en favor de las víctimas de trata. 





Manteros: “Awada contrabandea de China y nadie lo persigue”

11 01 2017

Gustavo Vera legislador porteño

Gustavo Vera legislador porteño

El legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda, dijo que el desalojo fue cortina de humo para ocultar que ascendieron al comisario Héctor Valdivia del barrio de Once quien liberó la zona a los manteros, “víctimas de una mafia en la Aduana que importa de China. De esto conoce bien Daniel Awada, hermano de la primera dama”.

Tras el desalojo de manteros en la avenida Pueyrredón, en el barrio de Once, Gustavo Vera, contó que “la mercadería ilegal entra por la Aduana” para luego llegar a las manos de personas excluidas del mercado laboral y recordó la causa penal que implicó al empresario textil, Daniel Awada, dueño de la marca Cheeky y hermano mayor de la primera dama. “Es bueno preguntarse porque el dueño de Cheeky contrabandea de China miles de prendas en contubernio con la Aduana y nadie lo persigue como a los manteros”.

Vera profundizo la denuncia sobre Awada en el reportaje para el programa Cinco Días en Splendid. “Muchas marcas importantes contrabandean hace 12 años. De hecho esa denuncia del 2007 sobre Cheeky la hicimos con la defensora del pueblo porteña Alicia Pierini y el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman. De hecho al día de hoy sigue contrabandeando con contubernio de la Aduana y eso ingresa por conductos oficiales y funcionarios que se enriquecen como en Once los comisarios, y el mantero es el eslabón más debil, que trata de no ser vago, ni ladrón que está 14 hs trabajando ya que no se le da la posibilidad un trabajo digno que sería respetar los derechos humanos”, definió Vera.

En Radio Splendid el titular de la Comisión de Trata de la Legislatura porteña afirmó que Once “es el barrio de Cromañón, tragedia de once, de talleres, clandestinos prostíbulos y mercadería contrabandeada por Aduana, mientras que este comisario Valdivia es ascendido reprimen al eslabón más débil, porque este Gobierno de Rodríguez Larreta no genera trabajo pese a tener el presupuesto más altos de todo el país”.

Para el legislador “el mantero es el desocupado que junta monedas en condiciones penosas y vive cometeado (pago de dádivas) aunque esto es una trama que implica a empresarios y funcionarios”.

Y para finalizar aseveró Vera sostuvo que “nos quieren dar una imagen de policía que se ocupa de espacio público y a sus jefes que liberan zona los ascienden. Por eso hoy el máximo recaudador de coimas de Once fue ascendido a comisario inspector”.





Zona liberada: vecinos se reúnen con funcionarios porteños de Seguridad

9 11 2016

flyer

 

 

Vecinos y directivos de las escuelas de Boedo y Almagro junto a la organización vecinal Boedo de Pie se reúnen esta tarde a las 18:30 con altas autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad para tratar el tema de la inseguridad en jurisdicción de la comisaría 10a.

El encuentro se llevará a cabo en el Instituto María Auxiliadora, ubicado en la calle Yapeyú 132, donde se concretará la segunda charla con las autoridades de la cartera que encabeza Martín Ocampo para analizar la problemática que se vive en esa zona de la Capital Federal.

De la reunión participarán los directores de las escuelas San Francisco de Sales, San Antonio, María Auxiliadora, Pío IX y SUMA con Boedo de Pie, por el lado de los vecinos, mientras que en representación del Ministerio estarán el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el subsecretario de Seguridad Operativa, Santiago Schiopetto; el director General de Coordinación, Maximiliano Vence; y la directora de Estadísticas Criminal, María José Espona.

“HAY POLICÍA, PERO EN COMPLICIDAD CON EL CRIMEN”

Lucas Schaerer, vecino y referente de las organizaciones “Boedo de Pie” y La Alameda, remarcó que hay una situación muy curiosa que se vive en ese barrio y es que “la Policía se ve y el patrullaje es permanente, pero lo hacen en complicidad con el crimen”.

“Esto viene pasando hace muchos años y es momento de que el gobierno de la Ciudad tengan en cuenta los mapas del delito que venimos presentando”, contó Schaerer en declaraciones al programa Tercera Posición, que se emite por América 24.

Schaerer sostuvo que los vecinos piden “que las cámaras funcionen, que todos los patrulleros estén en la calle y que los funcionarios dejen de estar vinculados al crimen”.
“Sabemos de la presencia del narcotráfico en la puerta de los colegios. Lo que le decimos a las autoridades, se lo expresamos al secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, se lo hemos dicho a Martín Ocampo, el ministro de seguridad, se lo dijimos a Diego Santilli, vicejefe de Gobierno, se lo hemos transmitido a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, precisó también en declaraciones a los programas Bravo Continental (Radio Continental), Hoy es el Día (Radio Belgrano) y Poné Primera (Radio Nacional).

“La reunión se hace con los vecinos. Boedo de Pie funciona en la Iglesia San Antonio, queda en México 4050. Estamos en la jurisdicción de la Comisaría 10ma. y a partir de un hecho muy fuerte que fue el 12 de marzo nos movilizamos. Fue un sábado a la tarde a plena luz del día, un intento de secuestro, de ‘entradera’ a una pareja profesional, un contador con su esposa, volviendo del supermercado, le disparan y una bala le queda alojada en la ceja a José Cristófalo”, precisó.

“Los vecinos te dicen que todos los días hay un robo, esto es permanente. En una zona del barrio donde hay tres colegios católicos tenemos una banda de diez personas que simulan ser ‘trapitos’ pero venden droga, intimidan a los micros y les pegan a los que van al colegio. Algunos son violadores y se matan entre ellos, estamos cansados porque ningún policía se presenta en el lugar”, detalló.

Además, señaló: “El vecino tiene miedo de hacer la denuncia si tiene un policía coimero, venta de droga o un prostíbulo. Por eso nos llegan los datos de manera anónima y presentamos un mapa con la firma del legislador Gustavo Vera. Hemos acercado elementos concretos y documentación a la jueza María Servini de Cubría”.

Sostuvo que ya van “220 delitos notificados por el Facebook de Boedo de Pie” y aseguró que “hace tres semanas que los colegios salesianos de Don Bosco y Yapeyú vienen denunciando la zona liberada alrededor de los colegios”. 

Asimismo, señaló que “hay un mapa donde cuenta el narcotráfico, el tráfico de mujeres, la explotación sexual, las ‘entraderas'” y detalló que “en la calle Yapeyú, entre Agrelo y México, en una semana hubo 13 ‘entraderas’.

Schaerer indicó que el mapa del delito que armaron en ese barrio “el diputado porteño de Bien Común, Gustavo Vera, lo denunció en la Justicia en junio”.

“Pacíficamente le decimos le decimos al gobierno que escuche al vecino, que vea el mapa del delito y que tome medidas. Esto va a terminar mal con algún chico que va al colegio asesinado o con un vecino o comerciante muerto”, alertó.

Además, detalló que lo que hacen “con estos mapas, por las Iglesias, por los barrios es justamente dejar en evidencia cuáles son las cajas de corrupción y como la inseguridad que vive el vecino de a pie es producto del delito organizado, que en general se coordina a través de las 54 comisarías de la Capital Federal”.

Respecto al nacimiento de Boedo de Pie y la iniciativa de crear maps del delito, el referente explicó: “La práctica de La Alameda en primer lugar se da desde cuando Jorge Bergoglio era Cardenal y por la necesidad de muchos vecinos en distintos barrios, no sólo en Parque Avellaneda donde nació La Alameda, Versalles de Pie, Recoleta insegura, Palermo de Pie, Once de Pie, en el que funciona la sinagoga, en Constitución, bueno en distintos barrios, Liniers, Floresta”.

“Hemos hecho abrir las puertas de las Iglesias a los vecinos que vienen denunciando la mafia y que las autoridades no quieren escuchar, hacen oídos sordos o están comprometidos por la corrupción”, remarcó.

En ese sentido, añadió: “Nos organizamos en la mesa San Antonio gracias al padre Vicente de los salesianos, que replicaron el trabajo que venía haciendo La Alameda en distintos barrios”.





Vera y la muerte de Rocío en un boliche: “Hay una cadena generalizada de coimas de la AGC y la Policía”

17 08 2016

Boliche Loop

El legislador porteño de Bien Común, el partido de La Alameda, Gustavo Vera, remarcó este lunes que la muerte de adolescentes por consumo de drogas dentro de los boliches bailables se produce porque “hay una cadena generalizada de coimas de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y por parte de las comisarías con jurisdicción” en esas discotecas.

 

Además, sostuvo que las coimas se dan en el marco de “cierta connivencia que hay por parte de la Policía y del cuerpo de inspectores” y como una de las medidas para terminar con estos hechos pidió “investigar el patrimonio de los inspectores municipales que intervienen” en los reductos bailables “y del jefe de cada brigada hacia arriba, o sea subcomisario y comisario” de cada seccional con jurisdicción en esas zonas.

Vera realizó estas declaraciones, luego de la muerte por sobredosis de la adolescente Rocío Artigas, de 15 años, ocurrida al entrar a bailar al boliche Loop de Villa Devoto, donde habría consumido las drogas que le provocaron el deceso posterior en la vía pública, ya en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Por este hecho ya hay una persona detenida.

“Sigue habiendo controles muy débiles o situaciones de cohecho en el mundo de la noche. Continúan entrando menores hasta altas horas en boliches donde hay consumo de alcohol, de estupefacientes, y esto no puede ocurrir si no es a traves de cierta connivencia por parte de la Policía y del cuerpo de inspectores”, arremetió el legislador porteño.

Vera consideró que “de alguna manera, lo que pasó en la fiesta electrónica Time Warp (Costanera, donde hubo cinco muertos por consumo de drogas de diseño) se sigue produciendo en los boliches porque no se quiere analizar que esto es un problema estructural”.

“Tiene que ver con una cadena generalizada de coimas que existe por parte de la Agencia Gubernamental de Contral (AGC)  y por parte de las comisarías con jurisdicción en donde están los boliches, todo articulado con los ‘tranzas’ y con los controles donde hay menores en alta situación de vulnerabilidad”, advirtió el presidente de La Alameda.

Para lograr empezar a combatir este flagelo y la problemática en sí, Vera sostuvo que “hay que investigar el patrimonio de todos los inspectores que intervienen en el mundo de la noche, porque seguramente si estas cosas ocurren en forma reiterada es porque hay inspectores que se están enriqueciendo”.


“Segundo, hay que investigar del jefe de brigada para arriba: subcomisario y comisario de la jurisdicción donde está el boliche, porque su patrimonio debe distar de su salario en función de la connivencia que mantienen a cambio de dinero”, agregó.

Una vez que se logre este avance, Vera indicó que “a partir de ahí se debe llevar a cabo una purga y luego hacer cumplir la ley”.


“La ley es muy taxativa respecto a los menores, la nocturnidad y el alcohol. Simplemente hay que hacerla cumplir. Estamos en presencia, no de una situación que requiera nuevas leyes, sino de la violación sistemática de leyes por parte de funcionarios del Estado”, remarcó.

Vera se presentó como “amicus curiae en la causa de “Time Warp” junto con  José Iglesias, padre de una de las victimas fatales del boliche República Cromañón,  y María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, uno de los 51 fallecidos de la tragedia de Once.

Asimismo, es el presidente de La Alameda, una ONG que desde hace tiempo lucha contra el narcotráfico, con denuncias como la presentación de los 100 puntos de venta de droga en la Capital Federal, los laboratorios narco del Bajo Flores y los mapas del crimen organizado en diferentes barrios de la Ciudad, entre otras acciones.

El legislador porteño de bien Común, quien también es docente desde hace mucho tiempo,  pidió que haya “una actitud mas consciente y participativa para evitar tener nuevas chicas como Rocío, que se eviten nuevos muertos como en Time Warp o muertes de jóvenes por inacción”.


“Muchos vecinos que están o viven en los alrededores de los boliches y saben que a veces hay consumo de estupefaciente, a veces entran menores, a veces entra más gente que la que permite su capacidad, miran para otro lado hasta que les toca de cerca con un familiar o amigo. Tenemos que entender que hay que construir una sociedad en la que defendamos los valores sociales entre todos”, instó.

Por último, sostuvo: “Hacer cumplir la ley es una tarea que demanda que todos tengamos mayor participación democrática y que cuando veamos menores en estado de vulnerabilidad  o corriendo riesgos, de inmediato informemos a las organizaciones de la sociedad civil  que denuncian estos temas para que se puedan evitar este tipo de tragedias”.