Extinción de dominio: El decreto de Macri es inconstitucional e inútil 

22 01 2019

La opinión de Gustavo Vera, coordinador nacional de la Multisectorial 21 F y titular de la Alameda, tras el decreto por la extinción de dominio del presidente Macri. 

  1. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que no se puede modificar el código penal por un decreto y mucho menos darle un carácter retroactivo, lo cual violenta una regla general del derecho. Además es incongruente que habiendo una ley en estado parlamentario sobre el mismo tema, se use el argumento de la “necesidad y urgencia” que obviamente no corresponde porque el poder legislativo está trabajando sobre el punto.
  2. El artículo 23 del código penal y el artículo 233 del código procesal penal ya permiten incautar y reutilizar los bienes depositandolos en personas físicas o jurídicas e incluso reintegrarlos si la sentencia judicial firme va en dirección contraria al procesamiento inicial. El gobierno sabe que cuenta con esta herramienta con colaboración del poder judicial y respetando plenamente derechos, garantías y el cuerpo legal penal argentino. El decreto de ayer es pura demagogia.

    Ferrari incautada

  3. Los reparos que tuvo el gobierno para avanzar con la actual legislación sobre los bienes de los corruptos amparados en la “presunción de inocencia” resultan incoherentes cuando el mismo gobierno apoya fervientemente avanzar sobre la libertad de las personas procesadas, pero que no tienen una sentencia judicial firme. Hasta el momento el gobierno, en la práctica solo reconoce la presunción de inocencia en los bienes materiales, pero no en la libertad de las personas.
  4. En los bienes en los que se avanzó por disposición del gobierno como, por ejemplo, una Ferrari o los aviones de Lázaro Baez al que la ministra de seguridad Patricia Bullrich le pone calcamonías alusivas a “bienes recuperados a la corrupción” no tienen ninguna utilidad concreta y encima le cuestan al estado dinero en mantenerlos en buenas condiciones (algo que la misma ley le exige hasta tanto no haya sentencia judicial definitiva y disposición final del bien). Por tanto, es falso que el decreto que impulsa el gobierno permita hacer ingresar dinero al Estado, cuando más bien ocurre al revés. Lo más probable es que se use el decreto con sentido discrecional para hacer circo y demagogia electoral.

    El avión incautado

  5. En el marco de la legislación vigente es posible reutilizar masivamente miles de bienes incautados ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y si el gobierno no lo ha hecho es porque no tiene el más mínimo interés en el bien común. Cementerios de autos en distritos del conurbano, cientos de propiedades de delincuentes sin uso, campos y talleres clandestinos clausurados por trabajo esclavo, avionetas capturadas y vinculadas al narcotráfico que se pudren sin uso alguno son claros ejemplos de que pese a que el gobierno podía legalmente disponer de ellas, no tenía interés alguno en avanzar sobre la reparación a la sociedad y mucho menos a las víctimas directas de estos flagelos. Es muy claro que el decreto solo persigue instalar la idea de que los únicos bienes a recuperar por la corrupción son los de aquellos que eventualmente hayan cometido delitos del gobierno anterior, pero no del crimen organizado en general. Y tiene su lógica, a Macri, que hizo su campaña lavando dinero de aportantes truchos, amigo del procesado Raúl Martins, el esposo de la regenteadora de talleres clandestinos, Juliana Awada y con parentela entre el clan Macrí perteneciente a la mafia calabresa de la ‘Ndrangheta le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
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Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.





Trapitos: el PRO baja las penas

11 12 2014

trapitos

El legislador porteño Gustavo Vera del partido Bien Común habló del proyecto de trapitos del macrista Cristina Ritondo. “Hace demagogia ya que existen leyes para perseguir a las barras bravas de los clubes que controlan a los trapitos mucho más fuertes que una contravención. Pero buscan con este proyecto decir que ellos van contra los trapitos y en realidad nunca atacan a los grupos de choques de los clubes que controlan a los excluidos  sociales”.

Y agregó “ya que los jueces nacionales y policía federal no quieren enfrentarse a las barras y los grupos organizados debería votarse la transferencia de los delitos al Poder judicial de la Ciudad para aplicar lo que hoy señala la ley de Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal) y extorsión (art. 168 del Código Penal)”.

La ley de Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal) “impone reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población”.

Mientras que la extorsión (art. 168 del Código Penal) “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Mientras que el proyecto PRO que impulsa Ritondo (proyecto 2726/13) transforma el delito penal en mera contravención. La baja de la penalidad es notable. Ya que se habla de penalizar con 1 a 5 días de arresto y multas de 200 pesos a 2 mil pesos.

En la propuesta de Ritondo se habla del artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad, en el que señala “cuidar coches, limpiar vidrios o prestar otros servicios sin  autorización legal. Quien ofrece de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios no requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de arresto o multa de doscientos ($200) a dos mil ($2000) pesos”.

Mientras que en el artículo artículo 4º del proyecto del vicepresidente 1º de la Legislatura se cambia el Artículo 52 del Código Contravencional de la Ciuda “Hostigar. Maltratar. Intimidar. Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con cinco (5) a veinte (20) días de arresto”.

PLAN MAESTRO COMUNA 8

“Lo que votó el bloque PRO con su aliado de Graciela Ocaña y su compañera de Confianza Pública y Javier Gentilini (Proyecto Sur) es una entrega total de las tierras públicas al negocio inmobiliario contra los intereses de los ciudadanos ya que la entrega de tierras para escritura sin aportar los básicos elementos de urbanización (cloacas, gas natural, conexión de agua, luz, pavimento) es mera expulsión de los pobres”.

Respecto al Distrito del Deporte las exenciones impositivas alcanzarán a empresas deportivas con trabajo esclavo y es tan patético que incluyen a empresas de embarcaciones”.