La impunidad sobrevuela un juicio por trata

29 06 2018

Los jueces del Tribunal Oral Federal Nro. 3 devolvieron un inmueble donde funcionó por más de una década el narco-prostíbulo Stravos, en el barrio de Recoleta. Aunque había sido decomisado en primera instancia para su reutilización social. A su vez la víctima no es parte del juicio, no tiene asistencia y su madre como único sostén tiene cuatro juicios comerciales provocados por el tratante y proxeneta. Falta elevar a juicio a un policía y un alto funcionario de Habilitaciones del Gobierno porteño.

El presidente del Tribunal Oral en los Criminal Federal Nº 3, Andrés Basso, no brindó su aprobación pero sí su vicepresidente Fernando Machado Pelloni, y el vocal Javier Ríos decidieron devolver a los dueños el inmueble de Vicente López 2229 que sirvió por más de diez años de narco-prostíbulo en el barrio de Recoleta.

La decisión de los jueces es contradictoria con el artículo 23 del Código Penal que ordena el decomiso de todo inmueble donde ocurra secuestro o trata.

Este artículo fue esgrimido por el juez de primera instancia para resolver el decomiso preventivo. Sebastián Casanello designó al Gobierno de la Ciudad, más precisamente al aérea de Asistencia a la Víctima que reutilice el inmueble con un destino social junto a la Fundación Alameda. Este fallo nunca fue aplicado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pese a los pedidos de nuestra organización.

Este antro de la trata sexual, la explotación sexual, el narcotráfico y la coima sobrevivió más de una década con distintos nombres porque era camuflado con la habilitación de bar. Primero lo apodaron Hellas y luego Stravos. Desde hace tres semanas están siendo juzgados en juicio oral los proxenetas y tratantes Gabriel Nicolás “el Griego” Athanassopoulos, junto a su esposa Betiana Alles.

No son los únicos sentados en el banquillo de los acusados por explotar mujeres y traficarlas.

Gabriel Trovato Habilitaciones GCBA

Gabriel Trovato, de la Dirección de Habilitaciones del Gobierno porteño, quien levantaba clausuras de Stravos y que quedó comprobado la amistad con Athanassopoulos con quien compartió tribuna en Brasil durante el Mundial de Fútbol de 2014.

También quedó implicado el policía Damián Vera de la Comisaría Nº 19 cómplice de esta mafia.

LA INVESTIGACIÓN PREVIA AL JUICIO

Fue el 15 de julio de 2016 que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 – secretaria nº 14, en el exp. 3893/2016, procesó a los dueños del prostíbulo camuflado como bar Stravos. Fueron imputados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima.

La causa inició en el 2013 en el marco de la declaración bajo identidad reservada de una mujer ante la Fiscalía Especializada en Trata y Explotación llamada PROTEX.

La víctima es una madre soltera que buscaba trabajo de camarera, fue un aviso en el diario Clarín que hizo conocer Hellas y así llegó a este bar que camuflaba un prostíbulo.

El domingo en A 24 Lucas Schaerer denunciando la debilidad del juicio oral

El proxeneta Athanassopoulos hizo de novio, la forzaba a la explotación y al consumo de cocaína para “aguantar el trabajo”. “el griego” conoce muy bien el sistema de sometimiento porque fue durante un tiempo lugarteniente del capo mafia, Raúl Martins, agente de los servicios de inteligencia de la entonces SIDE, que montaron una red de narco-prostíbulos VIP para la extorsión y acumular fortunas. Martins se mantuvo en nuestro país hasta que fue acorralado por el fiscal José María Campagnoli a fines de la década del noventa.

La víctima llegó a nuestra sede hace poco más de un mes junto a su hijo y su madre. En colectivo vinieron a nuestra sede ubicada en el barrio de Parque Avellaneda. Esto demuestra la falta de protección. Sumado a que hace pocos días fue robado su celular.

La desprotección sobre esta familia denunciante provoca que se llega a un juicio con un total desamparo de los denunciantes, con todos los implicados de poder que saben muy bien quien aportó el testimonio que los incrimina en un delito federal de extrema gravedad y además con los jueces que en su primera decisión devuelven el inmueble que sirvió de sometimiento a quienes hicieron la vista gorda durante diez años.

La víctima cuenta como único sostén económico a su madre, de profesión enfermera, quien por presión del proxeneta Athanassopoulos firmó pagares. Esto implica que la quieren ejecutar de cuatro juicios y el embargo de su salario. Que debería haberse declarado nulos pero nunca ocurrió. La falta de asistencia jurídica como ordena la ley de trata nunca fue aplicada.

Al punto que iniciaron la víctima y su madre dos denuncias por coacción, esto para demostrar que los pagarés eran firmados por la madre a cambio de la libertad de su hija. Agregar que estas dos denuncias se hicieron pese a no contar con ningún tipo de asesoramiento jurídico.

La desesperación de la víctima junto a su madre la acercaron a nuestra organización que hizo todos los esfuerzos posibles ante las distintas autoridades nacionales, porteñas y judiciales sin encontrar una real asistencia.

Tampoco han tenido asistencia permanente en lo psicológico, ni laboral.

EL DECOMISO DEL PROSTÍBULO

El 7 de Septiembre de 2016 el juez Casanello decomisó el inmueble aplicando el párrafo sexto del art. 23 del Código de Fondo que establece: “…En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los arts. 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima”-.

De allí que el juez solicita a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que junto a esta ong, y dice textual “elabore una propuesta de utilización provisoria del inmueble de la calle Vicente López 2229, de esta ciudad, para llevar adelante “programas de asistencia a la víctima” (de conformidad con lo normado por el art. 23 apartado sexto del C.P. (Párrafo sustituido por art. 20 de la Ley Nº 26.842 -B.O. 27/12/2012-)”.

Desde la Alameda nunca pudimos articular con la Dirección para la Víctimas.

Por año la gran participación de los vecinos de la cuadra y el barrio que durante varios años mostraron su descontento con los prostíbulos, puntualmente Stavros, al punto de realizar repudios públicos tras organizar el Mapa de los prostíbulos del barrio desde la Iglesia Patrocinio de San José.

Esta voluntad vecinal con el apoyo de las parroquias locales y la Alameda se reflejó en movilizaciones con cientos de vecinos y fuera reflejado en la prensa.

Por ende el contexto de un inmueble decomisado a estas mafias para ser reutilizado por el Estado junto a la ong vinculada a la denuncia y asistencia a las víctimas creemos que contará con una gran aceptación social algo no menor también en la concientización de la ciudadanía para evitar estos delitos que consideramos, al igual que El Papa Francisco, de lesa humanidad.

Se incautan autos de lujo para hacer publicidad pero no se vota el proyecto de ley por decomiso, ni se incauta para la reutilización social en favor de las víctimas de trata. 

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Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.





“Es una paparruchada el procesamiento de Bonadio”

12 07 2017

Legislador Vera juez Bonadio

El legislador porteño y candidato a renovar su banca, Gustavo Vera, aseguró que el procesamiento que dictaminó en su contra el Juez Bonadio fue anunciado por el propio magistrado un día antes en la embajada de los Estados Unidos.

La acusación contra Vera es “por dos máquinas que se devolvieron y que según los talleristas no se corresponden con el número de cabezal y número de serie, algo que le correspondía al juez federal Ariel Lijo, que fue quien entregó las máquinas en comodato”.

“Eso no nos correspondía solo a mí y a Julio Piumato por ser representantes de La Alameda y de la secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que eran los depositarios judiciales”, explicó el diputado de la Ciudad.

Juez Bonadio y el periodista de Clarín Blanck en la Embajada de Estados Unidos

Vera reveló que se enteró de que iba a ser procesado antes del fallo de Bonadio, porque se lo contaron periodistas que participaron de los festejos en la embajada de los Estados Unidos, el jueves 6 de julio -un día antes- por el Día de la Independencia de ese país, ocurrida el 4 de julio. 

“Me entero por periodistas que el señor Bonadio decía a viva voz en el ágape de la embajada de Estados Unidos que me iba a procesar. También se lo dijo por whats app a otros periodistas, mientras a nuestros abogados no se les brindaba información ni se les dejaba leer el expediente. El mismo día que me procesó, nos negó tomar vista del expediente y tener una información judicial correcta. Todo esto forma parte de una operación”, indicó.

El candidato a renovar su banca como legislador por la lista Honestidad y Coraje en el frente Unidad Porteña, sostuvo que “esto es algo totalmente traído de los pelos, porque hace un año que el juez Bonadio podría haber tomado la indagatoria, pero lo hace justo después de que se fijaron las listas y sospechosamente tira un procesamiento en medio de la campaña electoral”.

Afirmó que “el fiscal Carlos Rivolo está totalmente en contra” del procesamiento que dispuso el magistrado y añadió que “parece ridícula la argumentación que plantea”.

Además, explicó: “Según el juez Marcelo Martínez Giorgi, que fue el primero que tomó la causa, ya estaba todo debidamente devuelto. Después, Bonadio reabre nuevamente este tema a partir de que los talleristas plantean que dos máquinas de las que se devolvieron no se corresponden con el número de cabezal ni el número de serie”.

“Esas maquinas iban a se reutilizadas para los Hogares de Cristo del Padre  Pepe Di Paola en Villa La Cárcova de San Martín y del padre Charly en la Villa 21-24. Doné parte de mi sueldo e incorporé acta ante escribano sobre la donación para que se reacondicionaran los lugares, sobre todo el de San Martín, a fin de que pudieran estar en condiciones para poder llevar esas máquinas”.

Vera detalló que “después la Cámara de Apelaciones revocó el fallo y ordenó devolver la máquinas, nosotros las devolvimos y los talleristas, que ni siquiera pueden acreditar que son propietarios de las máquinas y dicho sea de paso están imputados por trabajo esclavo en una causa que todavía está abierta y en trámite en el Juzgado Federal de Martínez Giorgi, argumentan que hubo un cambio de cabezal y de motor. Efectivamente restauramos varias máquinas porque estaban rotas”, completó. 

Asimismo, reveló: “El juez federal  Sergio Torres se ofreció como testigo para argumentar cómo nosotros hemos trabajado el tema de incautación de bienes para su reutilización. Jamás hubo algún tipo de desprolijidad”.

“Llevo donado mas de un millón de pesos de mi salario y lo puedo justificar porque fue ante escribano publico. He rechazado una probation de Ricardo Jaime de 1.200.000 pesos porque no acepto dinero de corruptos. No tengo propiedades, no tengo tengo autos. Lo único que tengo es una moto valuada en 5.000 pesos y quedarme con un motor y un cabezal cuyo valor es de 10.000 pesos es algo totalmente ridículo hasta desde el sentido común”, remarcó.

Vera planteó que “si hay dos depositarios judiciales, por qué Bonadio solo procesa a uno de ellos” cuando ambos tienen la misma responsabilidad.

“Vamos a apelar esta paparruchada e incluso se han propuesto varios testigos. Vamos a difundir de cuando me citó a indagatoria y expliqué toda la historia de incautación de bienes para reutilización social, cuando se armó el centro demostrativo de indumentaria, que hoy es política pública, el taller textil de los Qom en el Chaco. En ningún caso hubo problemas. Es más, todo el mundo elogió la política que llevábamos adelante”, recordó.

Vera aseguró que habló con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, “para que en el tema de la incautación de bienes hubiera una acordada y quedara claro el tema judicialmente” y también dialogó con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, con quien realizó un encuentro “junto al juez federal Sergio Torres para tratar la necesidad de incautación de los bienes”.

“Eso debía hacerlo el Estado, como lo hacía en un principio a través del INTI, que estaba a cargo de Enrique Martínez, pero lo dejó de hacer. Los bienes que se incautan se pudren en depósitos judiciales porque las resoluciones tardan muchos años y no se les puede dar una reutilización social”, señaló.

Además, el titular de La Alameda recordó un caso testigo cuando “el juez Norberto Oyarbide incautó unas 300 máquinas que cuando llegó a juicio oral el tribunal oral resolvió darlas al INTI, pero cuando fueron a retirarlas estaban destruidas porque quedaron a la intemperie y con el paso delos años se deterioraron”.

Por último, Vera consideró que “este fallo busca cerrar un debate, un proceso, respecto a la necesidad de incautar los bienes de la mafia para una reutilización social, que no tiene que hacer ninguna ONG , sino el Estado”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





“Los bienes incautados a la mafia deben reutilizarse en beneficio de las víctimas”

16 09 2016

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, el juez federal Sergio Torres y el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, coincidieron este viernes en remarcar que “no alcanza solo con incautar los bienes a la mafia” sino que también “deben reutilizarse rápidamente en beneficio de los sectores sociales que más lo necesitan”.

“El imperativo moral es que estos bienes deben reutilizarse rápidamente en beneficio de los que más lo necesitan”, precisó Garavano durante la conferencia que encabezó junto a Vera y al titular del Juzgado Federal número 12 en la biblioteca de la Legislatura porteña.

Del encuentro también participaron la legisladora porteña del Frente para la Victoria Magdalena Tiesso, la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, Susana Medina; el legislador porteño del PRO Octavio Calderón; Asuntos Culturales y de Prensa de la Embajada Armenia en la Argentina, Rubén Mozian; la referente de los familiares de la tragedia de Once, María Luján Rey, el fiscal Antitrata Marcelo Colombo y la secretaria adjunta de la Asociación del Personal Jerárquico del GAS en la CTA Autónoma, Ximena Rattoni; y Tamara Rosenberg de Campaña Ropa Limpia Ar.

Garavano explicó que “es central para el Estado cortar el flujo del dinero, golpear allí donde más le duele a la mafia, que es el dinero, los bienes”.

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“Los narcos tienen ‘soldaditos’, que son las nuevas formas de esclavitud, pero eso es una variable. Lo que no es una variable son sus propiedades, sus bienes y el dinero”, agregó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

A su vez, el funcionario nacional agradeció al juez federal Torres y a La Alameda por el trabajo que vienen haciendo a la hora de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, y la trata de personas. Ustedes trabajan concretamente y cambian vidas”, sostuvo.

Además, señaló que el magistrado federal “fue el primero en dar sentido social a estos bienes incautados a la mafia y que vuelvan a las víctimas explotadas”.

“Esto fue valioso y es el desafío en el Senado, que se regule el uso de bienes incautados a la mafia”, precisó Garavano.

Vera indicó que en este tipo de casos “el ejemplo es la ley Pío La Torre de Italia, que crea un instituto apara administrar bienes y al titular lo eligen por mayoría en el Parlamento”.

vera-mafia-3“Esto permite a los jueces ocuparse de la investigación y no de lo engorroso que es administrar esos bienes”, precisó el legislador porteño de Bien Común.

“Si no se incautan esos bienes para reutilizarlos socialmente, ocurre como con (el ex juez federal, Norberto) Oyarbide, cuando decenas de máquinas se destruyeron por quedar a la intemperie”, recordó el presidente de La Alameda.

Por su parte, el juez federal Torres, explicó que esto “es un cambio cultural, ir hacia la incautación de bienes con la reutilización social”.

“En mi juzgado lo logramos en casos de tvera-mafia-4alleres textiles clandestinos. Hubo búnker narcos que no destruimos, sino que los entregamos como hicimos en barrio Zavaleta y Barrio Mitre, cuando se lo dimos a los curas villeros, al Cenareso y las madres que pelean a favor de los chicos adictos”, indicó el magistrado.

Por último, Torres contó uno de los operativos vinculados a esta problemática, en el que se incautó una camioneta de un grupo narco y que hoy hace traslado de adictos para su recuperación”.





El Polo Textil de la maquinaria incautada a talleres clandestinos

27 07 2016

Informe de Telenoche con Néstor Escudero de la Alameda sobre el Polo Textil de Barracas que se creó en una articulación de la Alameda, el INTI y el GCBA en el año 2009 con maquinaria incautada por vía judicial a talleres textiles esclavistas.

El informe fue realizado por Federico Wiemeyer (@wiemeyer) en abril 2016.





30 mil pesos para un joven cura villero

8 01 2016
Vera sostiene el acta a su lado el escribano y abrazado al cura con los jóvenes que lo apoyan

Vera sostiene el acta a su lado el escribano y abrazado al cura con los jóvenes que lo apoyan

El legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda, este viernes 8 de enero por la tarde en una escribania acaba de formalizar el aporte de 30 mil pesos de su salario para la tarea social, cultural y deportiva que realiza en Campo Gallo, provincia de Santiago del Estero, el único sacerdote que cubre 500 mil hectáreas de una comunidad empobrecida.

Gustavo Vera en la escribanía de Mario G. Rebasa (Matrícula 2259) explicó la razón de la devolución de su salario a personas que practican el bien común y su proyecto de ley para equiparar el salario del legislador a un director de escuela u hospital. Lo escuchaba el cura villero, Joaquin Giangreco, junto a los jóvenes de la Fundación Ayuda que Llega quienes fueron el canal formal para que los 30 mil pesos vayan a la tarea titánica del cura en un terreno muy adverso como son los montes santiagueños.

El joven cura villero, y así quedó registrado en una filmación y en el acta notarial, habló que instalaron radios de base para trasmitir todas las necesidades de la comunidad en una zona donde no vive ninguna autoridad de Estado y que la radio sirve para hacer llegar una ambulancia, patrullero o ayuda social.  Fue el Papa argentino quien llamó en dos oportunidades desde Roma a la radio en el pueblito de Campo Gallo.

Joaco y el Papa Francisco

Vera, titular de la Alameda, resaltó la posibilidad de la incautación de maquinaria textil por vía judicial que podría ser entregada a la comunidad de Campo Gallo, y el sacerdote Giangreco le contestó que mejor sería la incautación de una camioneta 4 x 4 por las dificultades de las grandes distancias que recorre de pueblo en pueblo haciendo casamientos, bautismo o confesiones pero que se encuentra con la dificultad de caminos inaccesibles para un vehículo común.

Con esta devolución salarial Gustavo Vera retribuyó al pueblo en 680 mil pesos. Y como aseveró su amigo, el Papa jesuita “donar el sueldo no es mera caridad, es también justicia“.