El caso más escandaloso de trata y proxenetismo con banca política

 

En estos días que el país se encuentra conmocionado por el vergonzoso fallo que dejó impune a todos los acusados de la desaparición de Marita Verón y que el Congreso Nacional a las apuradas y a libro cerrado sale a votar un proyecto de reforma de ley a la trata de personas, en una sesión extraordinaria convocada por la Presidenta, es necesario que tengamos claro que no basta con mejores leyes para combatir a las mafias de la trata si continua la banca política, policial y judicial corrupta que la sostiene. Por eso vamos a mostrar por primera vez con documentación, el caso más escandaloso de banca política a la trata y proxenetismo de la historia Argentina que fue el tenebroso barrio de Las Casitas de Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, unos 36 prostíbulos que funcionaron durante veinte años en terrenos fiscales con la complacencia de la intendencia de Río Gallegos que además recaudaba impuestos de locales que funcionaban abiertamente como prostíbulos. Y lo vamos a mostrar con pruebas y con la autoridad que la Alameda tiene por haber sido la única ONG que filmó y probó desde adentro de Las Casitas mismas, la trata de personas, el proxenetismo y la explotación de menores y con su denuncia precipitó el allanamiento y cierre de todos esos prostíbulos a mediados de 2009.

 

 

EN LAS CASITAS BUSCARON A MARITA
“En su momento con mi papá recorrimos los prostíbulos porque teníamos el dato de que mi hermana podía estar ahí. Las Casitas de tolerancia no deben abrirse porque es avalar la explotación sexual”, relató el hijo mayor de Susana Trimarco ayer al diario Santa Cruz Digital. Cabe señalar que algunas victimas que declararon en el juicio mencionaron a las Casitas de Tolerancia de Río Gallegos como uno de los posibles lugares donde podría haber estado Marita. En efecto, en el juicio por Marita Verón, la provincia de Santa Cruz fue mencionada como un lugar de destino de mujeres víctimas de la explotación sexual, también fue mencionado ese barrio prostibulario en el juicio realizado el año pasado en la provincia del Chaco en un caso de trata sexual en el que tuvieron que declarar integrantes de las fuerzas policiales de la provincia implicados.

Afortunadamente luego del allanamiento y cierre de Las Casitas llevado adelante por la jueza Federal Ana Cecilia Álvarez y luego de las pruebas y denuncias aportadas por la Alameda, la mayoría de la sociedad de Río Gallegos se opone a su reapertura, pese a que la Sala IV de la Cámara de Casación autorizó su reapertura. Ese repudio social llevó al gobernador santacruceño Daniel Peralta a cambiar la posición que tenia en el 2009 y afirmar en estos días que: “No vamos a permitir la reapertura de los prostíbulos, es una postura tomada sobre el tema”.

Pero no siempre fue así. Durante 20 años consecutivos y pese a los numerosos casos de trata, proxenetismo y explotación sexual infantil que se fueron acumulando en juzgados de diversas partes del país donde se imputaban a los dueños de las Casitas, las mismas continuaron abiertas con el beneplácito de la Intendencia de Río Gallegos que extendía el comodato a los proxenetas y tratantes para que sigan funcionando ilegalmente en terrenos fiscales e incluso buscando encuadrarlas con la falsa habilitación de Cabaret clase C.

LAS CASITAS QUE HABILITÓ ÉL

A principios de la década del 60 las casitas estaban desparramadas por toda la ciudad, hasta que en 1964 se agruparon en el Barrio Congreso. En 1979 las trasladaron al barrio Belgrano hasta que en 1989 el intendente de Río Gallegos, Nestor Kirchner resolvió radicarlas en terrenos fiscales por 15 años en las manzanas 639 «A» y «B», con la complicidad de todos los organismos del Estado. A cada proxeneta se le dio una parcela en comodato para realizar construcciones precarias donde funcionarían los prostíbulos en terrenos fiscales. A cambio el municipio les cobró un “plus” o “canon” para realizar las actividades prostibularias (que nunca fueron de prostitución autónoma y mucho menos de cooperativas y siempre se realizaron con regenteo y proxenetismo como mínimo). Ese plus o canon que reza para la planilla municipal como tierras fiscales, limpieza y conservación fue de $4077,69 por año por Casita de Tolerancia. Durante 20 años, las 36 casitas prostíbulos que funcionaron en tierras fiscales aportaron al municipio $2.935.936,68, suma que surge de multiplicar el canon anual de cada casita por las 36 (a razón de $146.796,84) y multiplicarlo por las dos décadas que funcionaron hasta la denuncia de la Alameda y el allanamiento judicial.

Les ofrecemos a cualquier periodista interesado en el tema la documentación que acredita el pago del canon de cada Casita y además un modelo del tipo de certificado que se le entregó a cada dueña de casita, devenida en proxeneta, por otorgarle parcelas en tierras fiscales en 1989, cuando Nestor Kirchner era el intendente. También les ofrecemos documentación de la Municipalidad de Río Gallegos donde consta que el traslado de los prostíbulos del Barrio Belgrano a donde finalmente se instalaron las Casitas fue planificado y consentido por la intendencia.
Cuando se venció el ilegal comodato que la Intendencia de Kirchner les otorgó a los 36 prostíbulos el 6 de diciembre de 1989 y que se venció el 6 de diciembre de 2004, comenzó a discutirse públicamente en la Intendencia (dirigida por Roquel) y en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, un falso encuadramiento para las casitas, a fin de darle una apariencia «legal» a lo que a todas luces era ilegal y agravado por desarrollarse en terrenos fiscales y con la complacencia del Estado. Fue ahí cuando los tratantes y proxenetas pusieron el grito en el cielo porque se negaban a pagar algo más que el canon que la Intendencia les cobraba y además reclamaban que les vendan directamente las parcelas a precio de remate. Concretamente en mayo de 2007 en una solicitada dirigida al Intendente Héctor Roquel y firmada por los dueños de las Casitas decían que «Las 36 casitas propietarias de las manzanas 639 «A» y «B» solicitamos la venta de los terrenos teniendo como referencia el precio del lote 7 de la manzana 639 «B» que oportunamente fuera comprado por un empleado del Dpto Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos en $2200, Marcelo Oscar Álvarez. Creemos que después de veinte años de haber ofrecido un servicio muy bien ganados tenemos también ese beneficio, asimismo el «arriendo» (las comillas son de la misma solicitada) de las tierras FUE POR UN CONVENIO FIRMADO POR 15 AÑOS DE LAS MANZANAS 639 «A» Y «B» EL DÌA 06/12/1989 EL CUAL CADUCARÌA EL DÌA 06/12/2004 CON EL ENTONCES INTENDENTE DE RIO GALLEGOS DR NESTOR CARLOS KIRCHNER».

En esa misma solicitada los proxenetas se ríen de las iniciativas del Consejo Deliberante y la Intendencia de pretender encuadrarlas falsamente como Cabaret clase C y les recuerdan a los políticos que si se habilitan de ese modo «seriamos EL UNICO LUGAR DEL PAÌS donde la prostitución es ordenada y controlada y por consiguiente sería EL UNICO MUNICIPIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA que cobra un plus o canon para ejercer la «prostitución libremente» (comillas de la misma solicitada) con la «venia» de todos los organismos del Estado». Por eso mismo, los proxenetas les proponen a los políticos que dejen de discutir falsas habilitaciones y  vayan al problema de fondo: «otra de las alternativas sería «reformar la Constitución provincial» y «Legalizar la prostitución» y nos posicionaríamos COMO LOS PIONEROS EN DICHA ACTIVIDAD».

Es interesante lo que plantean con crudeza los proxenetas que ya acumulaban causas por trata, proxenetismo y explotación de menores en varios juzgados del país porque la prostitución en sí misma no está prohibida, razón por la cual cuando ellos hablan de «legalizar la prostitución» no se refieren a otra cosa que legalizar los prostíbulos y el proxenetismo que es en realidad lo que funcionó siempre en Las Casitas de tolerancia y el mayor argumento judicial por la cual la jueza Federal Álvarez mantuvo hasta el día de la fecha su clausura.
Pese a todo, la Intendencia y el Consejo Deliberante continuaron empeñados en disfrazar los prostíbulos que todo el país reconocía como prostíbulos con la máscara de Cabarets clase C. Pero como los proxenetas se negaban a habilitarse así y a viva voz les recordaban que eran prostíbulos, la discusión se fue extendiendo en el tiempo y la treintena de prostíbulos de Las Casitas continuaron funcionando de facto y en la ilegalidad, pero en terrenos fiscales y aportando religiosamente el canon a la Intendencia que recaudaba por estos servicios
Mientras tanto los proxenetas se reían del municipio y el 5 de mayo de 2009, a un mes de la denuncia de la Alameda y allanamiento judicial que definitivamente las clausuró decían que «nos preguntamos hasta cuando la sociedad va a abordar «el tema de Las Casitas de tolerancia» despojándose de los prejuicios y terminar de una vez por todas con la hipocresía, porque si no es por esta notificación policial de la seccional segunda no sabíamos que éramos MOZAS»

Incluso argumentaban las supuestas razones «filosóficas» por las cuales Las Casitas de tolerancia fueron admitidas por el municipio de Río Gallegos: «el fin siempre fue el mismo, evitar las violaciones en razón de que no había alternativas para aquellos trabajadores que venían del campo». El mismo argumento utilizó la clase política contra la Alameda y en defensa de Las Casitas cuando la jueza Álvarez las cerró el 6 de junio de 2009: que habría una ola de violaciones en la ciudad, algo que a tres años de cerradas nunca ocurrió.
Ese argumento «filosófico» para justificar un Estado proxeneta ya lo había denunciado la periodista Mirtha Espina cuando explicó «La prostitución en la provincia de Santa Cruz es un fenómeno naturalizado, arraigado en el tiempo, que encontró mil justificaciones: desde la soledad de los hombres que realizaban las faenas ovinas, hasta la necesidad higiénica a la que apelaban los militares en los decretos que permitían la habilitación de estos lugares en las zonas de cuarteles, sea por la vía del prudente control de las libretas sanitarias establecidas en la década del sesenta, o encubierta en lugares de esparcimiento. Fueron pasando los años y el mercado fue ganando crueldad en el manejo de ese negocio, importación de materia prima, violencia en el control de la disciplina interna de esos establecimientos, y formando una especie de multi- rubro con el manejo de la droga y los negocios clandestinos»
En lugar de planificar el traslado y la radicación de núcleos familiares de los númerosos obreros que venían a la provincia y a la vez de habilitar lugares sanos de esparcimiento como cines, teatros, espectáculos deportivos, musicales, etc, para abaratar costos empresariales se traían obreros solos y se les ofrecía cientos de prostíbulos en toda la provincia con los que se esclavizaban sexualmente mujeres, incluidas migrantes y menores y recaudaban de modo corrupto funcionarios y de modo abierto y través de un canon especifico el propio municipio de Río Gallegos.

 

EL FIN DEL BARRIO PROXENETA Y TRATANTE
En nuestra denuncia donde probamos la explotación de mujeres, migrantes y menores y la venta de estupefacientes en Las Casitas, afirmábamos que «en la Provincia de Santa Cruz no existe la voluntad política de hacer cumplir la ley 12.331 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925 que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y al castigo de los proxenetas. Es evidente que las máximas autoridades de Santa Cruz no se consideran obligadas por las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 y del art. 2 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, puesto que de otro modo no se entiende como es que frente al hecho publico y notorio de que en el lugar llamado “Las Casitas” funciona un verdadero “barrio chino” no ordenaron el cierre de los establecimientos que funcionan como burdeles, a pesar de tener conocimiento de lo que allí ocurre.

Precisamente es el funcionamiento de los prostíbulos lo que sirve de factor determinante para la estructuración de las redes de trata con las características que prevé el Protocolo de Palermo, ratificado por ley 25.632, y la ley 26.346. Es más la actitud de las autoridades policiales en lo que se refiere al control de los horarios del funcionamiento de los prostíbulos, a la confección de padrones de personas dedicadas a la prostitución y la exigencia de libretas sanitarias por parte de las autoridades municipales de Río Gallegos revela que se está de hecho realizando una suerte de reglamentación de la prostitución prohibida por la ley 12.331 y por el art. 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925. Esta “reglamentación” es considerada desde fines del siglo XIX como una práctica discriminatoria contra la mujer y como favorecedora de la prostitución y de la rufianería» (denuncia de la Alameda del 3 de mayo de 2009).

Cuando solicitamos recientemente a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que interviniera ante el escandaloso fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación que habilitaba la reapertura de las Casitas «destacamos que nadie ignoraba ni negaba que esos locales eran prostíbulos y que recibían el antiguo nombre técnico de “casas de tolerancia”.

Nadie se había escandalizado porque la Municipalidad de Río Gallegos había entregado en una suerte de leasing terrenos fiscales para que se construyeran y explotaran lupanares, cuestión esta que se encuentra acreditada en el expediente judicial. Es decir que el Estado, a sabiendas, proporcionaba los medios y el patrimonio público para que se pusiera en marcha una empresa criminal de la cual pensaba obtener provecho. Nada puede ser más destructivo desde el punto de vista de la moral pública (art. 19 C.N.).

El Poder Judicial de la Nación, custodio del principio de legalidad (arts. 31 y 75 inc. 22 C.N.), declinó su responsabilidad histórica e institucional al revocar una decisión justa y oportuna de la magistrada de Río Gallegos tuvimos la esperanza de que este desaguisado fuera corregido en la Cámara Nacional de Casación Penal, pero hemos tomado conocimiento por medio de la prensa de que la Sala IV de ese Tribunal ha confirmado el 23 de octubre del corriente la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.»

PECULADO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS

El ejemplo de la historia de los 36 prostíbulos que funcionaron 20 años ininterrumpidamente en terrenos fiscales y con la anunciencia del entonces intendente de Río Gallegos que además cobraba un canon todos los meses por una actividad ilegal. Esto demuestra crudamente que no basta con sancionar buenas leyes si luego quienes las tienen que cumplir se van a rebelar contra ellas para sostener un negocio ilegal y de flagrante violación a los derechos de humanos. Además de la complicidad con el negocio del proxenetismo, que la justicia en algunos casos como en el Chaco demostró que además había trata, la Intendencia de Río Gallegos ha incurrido durante dos décadas en el delito de la malversación de fondos públicos y peculado habida cuenta que le dio a terrenos fiscales un uso totalmente contrario a la ley. Qué diríamos de un municipio que cede terrenos fiscales para que funcionen cocinas de paco? o para desarmaderos?

Con el ejemplo de Las Casitas se ve claramente que esa Intendencia no tuvo empacho en violar la ley 12.331 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925 que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y al castigo de los proxenetas y encima en terrenos públicos.
En estos días que tanto se debate sobre como combatir la trata, sería bueno tener memoria para no pisar dos veces la misma piedra.