Un mapa del delito que omite los cometidos en connivencia con la policía

nota de Tiempo Argentino

Lo presentaron Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, como una herramienta online para que los vecinos de la Ciudad denuncien y sepan dónde ocurren. Incluye robos y hurtos, homicidios y lesiones en hechos viales, pero invisibiliza prostíbulos, talleres clandestinos, puntos de venta de droga y hasta las denuncias contra «trapitos».

Nota de Gastón Rodríguez publicada por Tiempo Argentino, el sábado 20 de Enero de 2018

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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, presentaron durante los últimos días de diciembre lo que llamaron el primer Mapa del Delito, «con datos actualizados que permitirán relevar la dinámica criminal en los diferentes barrios y su evolución mensual» y, de paso, acabar con el «apagón estadístico» de los últimos años.

En esta primera versión, aclararon los funcionarios, fueron incluidos sólo los hechos registrados como de «mayor impacto en la vida de las personas» (homicidios dolosos, homicidios y lesiones por siniestros viales) y los de «mayor ocurrencia» (robos y hurtos, sin considerar los que fueron calificados preliminarmente como tentativas o frustrados por la fuerza policial).

Pero pese a los argumentos oficiales, vecinos y organizaciones sociales critican que, convenientemente, fueron «invisibilizados» aquellos delitos que gozan de protección policial o que, por acción u omisión, dejan «mal parado» al Gobierno de la Ciudad.

«Este depurado Mapa del Delito omite cualquier búnker, kiosco, bar, pool o boliche donde se venda cocaína, pasta base, éxtasis o marihuana a lo largo de todos los barrios de la Ciudad. Además, es llamativo que no deje constancias, por citar un caso muy evidente, de los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales», se lee en el comunicado difundido por la organización La Alameda luego del anuncio de Rodríguez Larreta y Ocampo ante la prensa.

Respecto de esas omisiones, desde el gobierno sostienen que no incluye los puntos de venta de drogas para «evitar entorpecer las investigaciones» de la justicia federal. Idéntico argumento usa para los delitos sexuales. «Es para evitar identificar el domicilio del hecho, que suele coincidir con el de la víctima».

Aun peor que esa escueta explicación es el silencio con respecto a la trata con fines sexuales y los prostíbulos. En octubre pasado, Tiempo publicó una nota denunciando los más de 500 prostíbulos que seguían funcionando en la Ciudad, pese a que ya había pasado un año de la sanción de la Ley 5639 que modificó el Código de Habilitaciones y Verificaciones derogando la figura de las «alternadoras», que es la manera que tienen los tratantes de encubrir como empleadas a las mujeres que son explotadas sexualmente en locales nocturnos «Clase A», identificados como whiskerías, cabarets, bares o boliches.

En la lista de delitos «borrados» también se encuentran los desarmaderos de autos, las denuncias sobre «trapitos», el juego clandestino y los talleres textiles que se sostienen con trabajo esclavo.

Zonas liberadas

Este jueves, Larreta y Ocampo volvieron a mostrarse juntos para anunciar «el nuevo despliegue territorial de la Policía de la Ciudad» como parte del Sistema Integral de Seguridad Pública, por el cual «se asignarán las paradas policiales en base a criterios de densidad y circulación de la población, incidencia del mapa del delito y objetivos específicos de seguridad». Sin embargo, este «despliegue» novedoso no es otra cosa que el viejo modelo de saturación policial que, en palabras de los especialistas, sólo sirve para mostrar que las autoridades «se están ocupando», aunque nunca se logre la disminución del delito. Pero no es el único «vicio» enquistado. Para La Alameda, «los jefes policiales saben que este mapa fue depurado de los delitos que generan recaudación para ellos mismos y para funcionarios de los tres poderes del Estado».

El 25 de abril del año pasado, el por entonces primer y flamante jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, quedó detenido (sólo obtuvo la excarcelación 100 días después con el pago de una fianza) cuando se presentó a declarar ante el juez Ricardo Farías en la causa en la que se lo acusa de ser el jefe u organizador de una asociación ilícita que le cobraba coimas a comerciantes y «trapitos» de Núñez y Saavedra.

El 30 de septiembre pasado, en la previa del partido de Los Pumas contra los All Blacks en el estadio de Vélez, los vecinos filmaron a los «trapitos» ubicando autos sobre la plazoleta Ceferino Namuncurá, a escasos 30 metros de la Comisaría 44ª. La impunidad para cobrar el espacio público se explica porque el jefe de la Comuna 10 es Daniel «El Tano» D’Ipollito, histórico barra de Vélez que supo hacer campaña con Rodríguez Larreta. Todo tiene más sentido al conocer que el actual jefe de seguridad del Fortín de Liniers es Eduardo Capuchetti, casualmente, excomisario de la 44ª. 

Una tarde en «la Siberia», donde los policías nunca alcanzan

La mujer prácticamente le arrebata el micrófono a Juan Pablo Arenaza, subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, agita su bastón y grita: «¡La Siberia dijo basta! ¿Usted sabe qué es la Siberia?». El funcionario se excusa, dice que es de Pacífico, y se gana la reprobación de unos 200 vecinos de ese rincón de Villa Urquiza, casi todos mayores de 65 años, reunidos en la «milonga» del club Sin Rumbo para conocer cómo funciona el Mapa del Delito, desilusionados por la ausencia del ministro Ocampo y sobrecogidos por la muerte, dos días antes, de Mauro Díaz, de 36, baleado en medio de un tiroteo entre policías y ladrones. La vecina reclama mayor presencia policial y exige que venga Gendarmería: «Les damos hasta el domingo a la noche para que empiecen a patrullar, y si no, la Siberia se levanta». La aplauden.

Los vecinos hablan de la «ausencia total» de policía, en un barrio donde, en realidad, los efectivos de a pie y las luces de LED azul de los patrulleros de la Policía de la Ciudad parecen omnipresentes día y noche. La cantidad de hombres no sería el problema, sino dónde, cuándo y cómo actúan o dejan de hacerlo. Un comerciante de Núñez y Zado, donde murió Díaz, toma la palabra y dice: «Nuestro barrio era muy tranquilo, pero ahora explotó». Arenaza promete una próxima reunión de Ocampo con los comerciantes. Arrecian los reclamos de más retenes en los accesos desde la Provincia, más controles de alcoholemia, quejas contra los cartoneros, los pibes que se meten en las plazas ya enrejadas y contra todo lo que huela a pobre. Aún no se sabe si la bala que mató al vecino salió del arma de uno de los tres delincuentes que, tras evadir con un Citroën C4 robado un control en General Paz y Constituyentes, huyeron en su Fiat Uno, o si partió de los policías que los perseguían y que de hecho mataron a un ladrón.

Hasta que otra vecina, Rita, habla de un tipo de delito que no está en el mapa. Dice que tiene miedo de denunciar una casa donde venden droga, a una cuadra de la comisaría, que le cuesta creer que no tenga protección policial. Arenaza la invita a hacer la denuncia en el Ministerio. Un instante después, un solícito joven de camisa celeste (son como 12) se acerca a tomarle los datos a la señora. Otro vecino, Luis, señala lo obvio: que estos delitos «fáciles de denunciar», robos y hurtos, son los subproductos del crimen organizado, del narco y la trata, ausentes en el mapa. Se pregunta por qué. Le explican que es «para no entorpecer la investigación de la justicia federal». Vuelve a preguntarse: ¿no será el barrio una «zona liberada»?Ahora todos gritan, pero del laberinto de inseguridad de este barrio como tantos, casi nadie pretende salir por arriba: la invariable respuesta es el pedido y la promesa de mayor presencia policial. Y Arenaza regresa rápidamente a los argumentos habituales: muestra en el mapa que la incidencia de tal o cual delito coincide con esta o aquella villa,  y de paso promete un inventario de casas tomadas, «para ver dónde hay conflictividad». Los vecinos se retiran en paz.

Robaron el Mapa del Delito

Rodríguez Larreta capturó el mapa de los vecinos y luego depuró

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta borró de su Mapa del Delito toda denuncia de los vecinos sobre narcotráfico, trata sexual, prostíbulos, talleres textiles clandestinos, desarmaderos de autos, juego clandestinos y hasta trapitosLas Zonas Liberadas siguen garantizadas en este nuevo camuflaje del viejo pacto de omertá (código del silencio de la mafia italiana) que se convirtió la Policía de la Ciudad y que históricamente construyó la Policía Federal y los servicios de inteligencia de la ex SIDE.

El Mapa del Delito fue primero robado y luego depurado. Sin tapujos el 21 de diciembre, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, junto a su ministro de Seguridad y Justicia, Martín Ocampo, decía ante los medios de prensa que habían construido el primer Mapa del Delito de la Ciudad. Con este anuncio provocaron dos cortocircuitos, al interior de su propio gobierno y hacia la sociedad.

Por parte del Ministerio Público Fiscal porteño, por lo bajo en las oficinas y en los cafés del microcentro, desmentían esta afirmación que es el primer Mapa del Delito. Es cierto que es más accesible. Pero todos los años el Ministerio Público Fiscal en manos de Germán Garavano (actual Ministro de Justicia Nacional) hace años venían imprimiendo en formato libro las estadísticas de las denuncias barrio por barrio, comuna por comuna.

El primer desacierto de Rodríguez Larreta y Ocampo (quien también fue Fiscal General de la Ciudad) por no haber reconocido el trabajo de Garavano, uno de sus hombres nacido en las inferiores del gobierno de Mauricio Macri.

Ministro Ocampo responsable de omitir el delito mafioso

OMITEN LOS DELITOS MAFIOSOS

“Por primera vez tenemos todos los delitos denunciados”. Anunciaba Rodríguez Larreta y reproducían los medios. El propio mapa y la realidad lo desmienten. Porque en este Mapa del PRO sólo figura homicidios, robos y hurtos. Nada dice, lo borraron adrede, sobre narcotráfico, narcomenudeo, transas.

Es llamativo que este nuevo Mapa no deje constancias, por citar un caso muy evidente, los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la Villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales.

Este depurado “Mapa del Delito” omite cualquier bunker, kiosco, bar, pool, boliche, donde se venda cocaína, pasta base, éxtasis o marihuana a lo largo de todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los delitos de gran preocupación de la ciudadanía es la trata sexual y los prostíbulos. La esclavitud sexual no aparece en el Mapa del Delito de Larreta y Ocampo. Es evidente su ocultamiento del millar de prostíbulos judicializados instalados en la Ciudad de Buenos Aires por lo que se han producido decenas de cámaras ocultas, rescate de víctimas, hasta incautaciones de los inmuebles tampoco aparecen en este “Mapa del Delito”.

Las razones ocultas del jefe de Gobierno y su ministro en Seguridad han producido un Mapa que tampoco mencionan los talleres textiles clandestinos y la trata de personas para la industria de la moda.

Nada se menciona en la Ciudad que el PRO gobierna hace una década de los 3 mil talleres textiles clandestinos, con dos grandes tragedias con menores muertos en incendios y que produce por año 2 mil contagios de tuberculosis entre las 30 mil personas reducidas a la servidumbre.

La lista de delitos ligados al crimen organizado que fueron borrados por Larreta y su ministro Ocampo es más extensa. El juego clandestino, los desarmaderos de autos y hasta los llamados trapitos están denunciandos en cientos de sumarios iniciados en las 54 comisarias, pero no existen en el tan anunciado moderno Mapa del Delito.

Los jefes policiales también saben que este Mapa fue “depurado” de los delitos de la que ellos mismos hacen recaudación para nutrir las cuentas bancarias y bienes a familiares o testaferros, de ellos mismos y de miles de funcionarios de los tres poderes del Estado.

EL Mapa de los vecinos, la Alameda en las iglesias

EL MAPA DEL DELITO SIN CENSURAS

El Mapa del Delito sin recortes, ni omisiones, fue confeccionado por primera vez en el 2008 en pleno barrio de Constitución. Esta articulación de vecinos con la Alameda fue posible por la lucha pública contra los talleres textiles clandestinos y los prostíbulos. El método de la cámara oculta, el escrache callejero a estos tugurios mafiosos, la denuncia penal y mediática había generado tanto impacto entre los vecinos rodeados de mafia que ellos mismos pidieron en numerosas ocasiones ayuda a la Alameda.

Este método generó algunos resultados positivos, al punto que la experiencia se replicó en otros barrios cada vez que se enciende el reclamo vecinal por la inseguridad.

La Alameda en ese entonces con el respaldo del cardenal Jorge Bergoglio hizo que esa experiencia de construcción del Mapa del Crimen Organizado o el Mapa de las Zonas Liberadas se multiplicara en las parroquias incluyendo también Sinagogas y templos evangélicos.

Esta construcción comunitaria del Mapa del Delito dejó en evidencia que la madre de la inseguridad no es la falta de personas policial en las calles o recursos tecnológicos. Por el contrario es la presencia del Estado mediante policías, inspectores, fiscales, jueces quienes son los garantes de las zonas liberadas.

Quizás una razón de Rodríguez Larreta y su ministro Ocampo por depurar el Mapa del Delito es evitar el dolor de cabeza de mencionar la frase popularizada de “zonas liberadas”.

Está demostrado que la presencia policial (somos la Ciudad con más fuerzas de seguridad en territorio ya que contamos en distintos barrios con Gendarmería, Prefectura, PSA-) ni la tecnología (más de 2 mil cámaras de seguridad estatales y equipamiento a nuevo) hicieron aún descender el reclamo popular por la inseguridad.

Aunque si ha dado resultados más concretos los mapas de las zonas liberadas construido en diversos barrios de distintas clases sociales. Esta comunidad organizada más allá de las diferencias políticas o religiosas han reflejado a lo largo de casi diez años que si no se combate la corrupción de los funcionarios, y si no se nutre de valores a los funcionarios donde el dinero es el objetivo central, el drama de la inseguridad es imposible de terminar o si siquiera reducir.

LA POLICÍA SIN DERECHOS

Las bases policiales (incluyendo al personal civil administrativo) por la nueva Ley de Seguridad porteña siguen bloqueadas en el derecho de sindicalización.

Es rotunda la negativa de los jefes policiales argentinos en replicar la experiencia que sí existe en países de la región como Chile, Uruguay y Brasil. Nadie en cargos inferiores se anima a denunciar las zonas liberadas de los jefes porque saben los aprietes mafiosos en los que terminarían involucrados ellos y sus familias.

No sólo se debe parecer honestos además se debe ser. Y este pensamiento difícilmente aplique al propio ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, quien tiene un proceso judicial en curso porque pagó 4 pesos argentinos cada hectárea que compró en la localidad de Nueva Palmira, República Oriental del Uruguay, o un inmueble en el barrio de Belgrano al costo de 130 mil pesos, según consta en su propia declaración jurada.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene la oportunidad de revertir su política del ocultamiento de las zonas liberadas y del crimen organizado, y que la próxima presentación del Mapa del Delito refleje los negocios de las mafias que hace décadas en nuestra Ciudad vienen acumulando cada vez más poder, muerte y terror.

Trapitos: Zona liberada en la Comuna 10

La plazoleta repleta de autos

Los vecinos del barrio Versailles nos aportaron las fotos de los autos que los llamados «trapitos» ubicaron de los concurrentes al partido de los Pumas en el estadio de Velez.

D’Ipollito con su padrino político Larreta

Por primera vez la zona liberada fue tan amplia y brutal que se hizo a 30 metros de la Comisaría 44 sobre la plazoleta Ceferino Namuncurá (ubicada en Arregui y Manuel Porcel de Peralta). El comisario Gerardo Rofrano no pudo evitarlo.

Es comprensible esta impunidad para cobrar el espacio público y su mal uso porque el jefe de Comuna 10 es Daniel «El Tano» D’Ipollito, quien antes de asumir en la Comuna fue barra brava de Veléz.

Tampoco es un dato menor que el jefe de seguridad del Club Veléz Sarfield es el ex comisario de la 44, Eduardo Capuchetti.

En Versailles el actuar mafioso de los funcionarios políticos y policiales parece no tener límites.