Caso D’Alessio: Una vez más otra operación de inteligencia ilegal sobre la Alameda

18 03 2019

Gustavo Vera, titular de la Alameda, explica en este escrito porque está mencionado en la causa penal que tramita en localidad de Dolores, más conocida como caso D’Alessio.  

  1. Enterado por una publicación periodística que indicaba que en la documentación encontrada en el allanamiento a Marcelo D’Alessio había un voluminoso informe sobre mi persona (“El brazo de Estados Unidos detrás del agente D’Alessio” Juan Alonso, Diario Contexto 01/03/19)), el 12 de marzo me presente ante el Juzgado Federal en Dolores para tomar conocimiento de estos hechos, declarar y ponerme a disposición del juez Alejandro Ramos Padilla quien días antes me había anticipado que efectivamente existía documentación alusiva a mi persona.
  2. Al momento que me tomaron declaración, pude ver un supuesto dossier con decenas de páginas y en cual se hacía referencia en un 90 por ciento a mi persona y a la organización que presido. En ese mismo “dossier” también había numerosos recortes de diarios sobre denuncias que años antes habíamos hecho contra el proxeneta y tratante de personas Raúl Martins en el marco de una causa que tramita en el Juzgado de Servini de Cubría y en la cual somos querellantes.
  3. El supuesto “dossier” realizado por D’Alessio no era más que una compilación de publicaciones calumniosas que los servicios de inteligencia, las mafias que combatimos desde hace más de quince años realizan habitualmente en diferentes blogs y páginas web con el único objetivo de desacreditarnos. El “dossier” es un compilado de denuncias falsas que ya quedaron demostradas su absoluta falsedad en la justicia.
  4. Para mi sorpresa el “dossier” presumiblemente elaborado por Marcelo D’Alessio indica que nací en la provincia de Entre Ríos, cuando soy oriundo de la Ciudad de Buenos Aires; indica que mi domicilio es la sede de nuestra organización; e indica un teléfono al que refiere que se encuentra bajo mi titularidad cuando en realidad forma parte de una flota de la “Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre”, la cual funciona históricamente en la sede de la Alameda y el cual es de dominio público desde el año 2009 para todas las personas que buscan comunicarse con la organización ya que se encuentra publicado en nuestros portales web.
  5. También en el supuesto “dossier” se adjunta una planilla de supuestos cruces de comunicaciones a través de la plataforma Whatsapp entre el multi denunciado e investigado fiscal Miragaya, el proxeneta y tratante de personas Martins, el productor de televisión Nacho Viale, un periodista deportivo y mi persona. En esta supuesta planilla obtenida con un supuesto sofisticado equipo tecnológico de intercepciones de comunicaciones, indicaba que yo me había comunicado días antes de la emisión del programa de Mirtha Legrand con el multi investigado fiscal Miragaya, el proxeneta y tratante de personas Martins y el productor Viale. En mi declaración testimonial en el Juzgado Federal en Dolores negué rotundamente cualquier tipo de comunicación con cualquiera de estas personas, dos de las cuales (Miragaya y Martins) he denunciado ante la justicia. Respecto al Sr Viale la única comunicación que existió se realizó varios días después de la emisión del programa de Mirtha Legrand en la que fui calumniado por la Sra Jaitt. Viale llamó a teléfonos de nuestra organización para acordar las condiciones del derecho a réplica luego de la intimación que enviamos por carta documento a su productora en la cual solicitábamos la réplica o directamente iniciar demandas por daños y perjuicios.
  6. Es obvio que el magistrado Ramos Padilla cuenta con mi total colaboración y tiene a disposición mi celular para constatar que la supuesta planilla obtenida con un supuesto sofisticado equipo tecnológico de intercepciones de comunicaciones en absolutamente falsa porque jamás he tenido ni directa, ni indirectamente contacto alguno con Martins y con Miragaya, a quienes he denunciado.
  7. Es de público conocimiento que desde el inicio de la causa que tramita en el Juzgado Federal de Servini de Cubría nos constituimos como querellantes y hemos realizado diferentes presentaciones en el expediente y no hemos encontrado ninguna respuesta positiva en la misma. También es público que hemos denunciado al multi denunciado e investigado fiscal Miragaya a raíz de un artículo de abril del año 2017 del periodista Carlos Pagni titulado “El pestilente círculo negro del espionaje”, y en el cual se indicaba que yo era víctima de espionaje por órdenes de Miragaya con la anuencia de Silvia Majdalani. Es por esto mismo que nos hemos constituido como querellante en una causa que investiga estos hechos y que tramita ante el Juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
  8. Lamentablemente quienes integramos la Alameda, debimos acostumbrarnos a las calumnias sistemáticas sobre nuestra organización replicadas en blogs de servicios y plumas y reproducida por el sistema de trolls montado por el gobierno en las redes, ya que hemos denunciado con numerosas pruebas en la justicia los vínculos promiscuos entre la política, la justicia y los servicios de inteligencia con el crimen organizado en todas sus formas.
  9. El supuesto “dossier” es un rejunte de calumnias y datos falsos de principio a fin. Los datos básicos sobre mi persona son totalmente equivocados, y la supuesta planilla obtenida con un supuesto sofisticado equipo tecnológico de intercepciones de comunicaciones puro humo. Mi declaración testimonial en el Juzgado Federal en Dolores se encuentra disponible para quien la requiera y quiero reafirmar que nos encontramos a disposición del juez de la causa para prestar toda la colaboración que el mismo necesite.
  10. Esperamos con ansias que el juez Ramos Padilla lleve esta investigación hasta las últimas consecuencias, es un reclamo de muchos años por parte de nuestra organización y por lo cual hemos sufrido intimidaciones, agresiones físicas sobre diferentes compañeros referentes de la organización, atentados a nuestra sede y persecuciones judiciales de todo tipo. Es por todo esto y fundamentalmente por la consolidación de la democracia que se deben desarticular las relaciones promiscuas que existen entre los servicios de inteligencia, los sectores mafiosos del poder estatal y las bandas del crimen organizado.
  11. Finalizo con las conclusiones que manifesté en mi declaración ante el Juzgado de Ramos Padilla: “Cabe recordar que esta no es la primer operacional de inteligencia ilegal sobre mi persona y la organización a la que pertenezco. En el año 2016 hubo un seguimiento, un domingo a una quinta de Moreno, a un asado informal que hicimos con funcionarios judiciales y especialistas con los que estábamos preparando, como todos los años, un coloquio en la Legislatura al mes siguiente. Posteriormente el diario Clarín hablo de un “asado secreto” de Gustavo Vera con jueces supuestamente para “bajarles línea” desde Roma. El artículo mencionó algunas patentes de autos estacionados delante de la quinta y no logró identificar al resto de los asistentes. En los días siguientes pidió entrevistarse conmigo Julio Saguier, Director del diario La Nación, por lo que lo invito el 2 de diciembre del 2016 al departamento que alquilaba en el barrio de Boedo, donde me manifestó su admiración por el trabajo que hacíamos contra la trata y por la libertad de las personas, pero me advirtió que si sigo “llevando jueces impresentables al Vaticano” (sic) iba a tener serios problemas. También me pregunto insistentemente quienes eran los que participaron del asado que retrató la inteligencia ilegal y publicó Clarín. Por supuesto que no le di nombres, ni acepte sus condicionamientos. A los pocos días, Antonio “Jaime” Stiuso nos denunció a mí, a los jueces Daniel Rafecas y Sebastián Casanello por tráfico de influencias, en una causa que fue archivada en primera instancia y que Stiuso, miembro de la ex SIDE hoy AFI, acaba de presentar una apelación, argumentándose con el artículo de Clarín que se basa en una operación de inteligencia ilegal. En otra oportunidad, ante requerimientos formales, pero confidenciales de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la Alameda, curiosamente se filtro información y deformadamente en el programa televisivo de Luis Majul, razón por la cual denunciamos a esos funcionarios de la IGJ por violación de secreto. En lo sucesivo me hicieron denuncias falsas armadas por “plumas” de la policía, como por ejemplo, encubrir bandas de narcotraficantes en El Barrio del Bajo Flores, entre otras, que fueron rápidamente desestimadas por la justicia. Lo que vino después fueron las calumnias de Jaitt, las imputaciones falsas de Bonadío que fueron dos veces desestimadas por la Cámara y luego directamente la prohibición expresa en varios medios de comunicación de no darnos espacios televisivos , lo que nos fue dicho por varios periodistas o incluso por periodistas que nos invitaron y que después tenían problemas laborales. Todo ello me hace pensar que el Gobierno Nacional actual ha resuelto establecer una relación promiscua con la cloaca parainstitucional que representan los servicios de inteligencia y que se vale de ellos para amedrentar, extorsionar, neutralizar y destruir a quienes consideren un oponente”

Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda.





Campaña de falsas denuncias contra la Alameda

1 06 2018

Plan criminal así considera en una denuncia penal la Alameda a las reiteradas denuncias que recibió su titular aunque carecen de fundamentos jurídicos pero útiles para campañas de difamación en los medios y redes sociales.

El juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Mairjuán recibieron una denuncia de la Fundación Alameda, representada en su titular Gustavo Vera, que señala un plan criminal contra la organización que hace 17 años trabaja en los social, político, gremial y anti mafia y que este conjunto de actividades, los miembros de la fundación han sufrido más de 18 atentados (agresiones físicas, incendios intencionales en la sede, vandalismo, violencia simbólica, destrucción de la propiedad).

En el expediente 8423/18 se indica que “esta denuncia demostrará que la constitución de la asociación para cometer delitos ha sido cuidadosamente diseñada con la finalidad de provocar mi desprestigio como dirigente social y de la organización que me toca presidir, la Fundación Alameda. Los responsables de esta campaña judicial y mediática, procuran crear la idea de que mi persona y de la organización, lleva adelante prácticas delictivas que desde su propio origen y como fundamento mismo se constituyó para denunciar y proponer políticas públicas tendientes a desalentar la constitución de los delitos que hoy se me acusa”.

Para Vera “detrás de las falsas denuncias judiciales y mediáticas existen personas que podrían estar vinculados a actividades criminales y que la Fundación Alameda denunció por delitos tipificados en el Código Penal”. En la denuncia penal se detallan el listado de seis causas penales iniciadas: dos por anónimos, dos por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y otra por un abogado vinculado a los servicios de inteligencia que también había denunciado sin fundamentos a la Diputada Nacional Elisa Carrió.

Estas falsas denuncias generan inconvenientes en el normal funcionamiento de la organización, ya que los abogados deben presentarse periódicamente en los diferentes juzgados para demostrar la falsedad injuriosa de las denuncias, conllevan una gravosa carga humana y económica sobre el ya agobiado sistema judicial argentino.

LAS DENUNCIAS SIN SENTIDO

El 19 de Octubre de 2016, de manera anónima se presentó una denuncia por trata de personas, reducción a la servidumbre y escuchas ilegales en el sistema telefónico 145, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual tiene como objeto recepcionar denuncias vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o la desaparición de personas. En la denuncia se refería que en la sede de la Fundación Alameda, ubicada en la intersección de la calle Lacarra y Av. Directorio, en el primer piso del inmueble funcionaba un taller clandestino de confección de prendas de vestir, en el cual diez personas eran sometidas a trabajar y vivir en condiciones insalubres. En la misma denuncia se plantea que en subsuelo del inmueble se practicaban intervenciones telefónicas contra miembros de la Policía Federal Argentina asentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 20 de Octubre de 2016, la Lic. Vanesa Lorenzetti, en su carácter de Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata, la cual es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó la denuncia ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El sorteo realizado determinó que la causa trámite ante el Juzgado Nº 10 de Julián Ercolini y en la Fiscalía Nº 3 de Eduardo Taiano. Sobre esto el fiscal solicitó que la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina identifique si dentro del inmueble se encuentra emplazado un taller textil; que individualizara a la persona que se encontrará a cargo; si se llevaba adelante explotación laboral de personas; si las personas que allí trabajaban se mantenían en el lugar fuera del horario laboral; y sé que también se establezca qué actividades lleva adelante la Fundación Alameda en el subsuelo del inmueble. En noviembre de 2016 la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, respondiendo al oficio enviado por la Fiscalía Nº 3, a cargo de Eduardo Taiano, de fecha 20 de octubre, informó que realizó tareas de inteligencia en distintos días, horarios y sectores sobre el inmueble de la Fundación Alameda. El informe refirió que pudo identificar los horarios de ingresos de las personas al inmueble donde funciona la ONG y que pudo identificar con nombre, apellido, y documento nacional identidad a miembros de la organización. El informe certifica que de las vigilancias practicadas sobre el lugar, no se observó movimiento alguno que haga presumir que se estaría infringiendo a la Ley 26.364. Recién para febrero de 2017 el juez Ercolini,  resolvió archivar la causa Nº 15184/16 refiriéndose a que no se ha logrado acreditar siquiera mínimamente las circunstancias denunciadas. Ya en esta causa queda expuesto que los miembros de la organización fueron víctimas de tareas de inteligencia y a individualizó a diferentes miembros de la misma.-

Una segunda denuncia fue el 24 de febrero de 2017 cuando un anónimo denuncia a la Fundación Alameda por un supuesto encubrimiento a un reconocido narcotraficante y financiamiento económico del Papa Francisco. Nuevamente los abogados de la fundación tomaron conocimiento de la causa de manera fortuita, ya que en días posteriores en varios medios de internet se presentaba la denuncia. La causa después de algunos meses fue también archivada.  

La campaña siguió y creció en métodos y personas involucradas.

En diciembre de 2016, un abogado de nombre Mariano Noel Valdez presentó una denuncia contra Gustavo Vera y los Jueces Federales, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas por el supuesto delito de trafico de influencias. La denuncia se presenta en base a una nota del periodista del diario Clarín, Claudio Savoia donde se habla de una reunión con esos magistrados para organizar una actividad publica en la Legislatura Porteña. La causa recayó en el Juzgado a cargo de la Dra. Maria Servini de Cubría. El 3 de febrero de 2017 la Fiscalía Nº 12, que en ese entonces se encontraba a cargo del Dr. Patricio Evers, solicitó desestimar la denuncia. Días después, cuando la causa no tenia impulso por parte del fiscal para ser abierta, se presentó en la causa Antonio Horacio Stiuso, ex Director de la ex Secretaria de Inteligencia y a quien la Alameda denuncio en dos oportunidades por enriquecimiento ilícito para constituirse en querellante ya que podría ser victima de un plan en su contra por parte de Vera, Casanello y Rafecas. El 3 de mayo de 2017, Servini de Cubría aceptó la solicitud para constituirse como querellante, aunque la nueva titular de la Fiscalia Nº 12 también volvió a desestimar la denuncia.

Todavía lo más increíble es que el 20 de mayo de 2017, el mismo periodista del Diario Clarín, publicó una nota titulada “La sombra de la AFI, detrás de una falsa denuncia contra Carrió por corrupción”, en la que se describe una conversación que tuvo el periodista con un ex agente de la ex Secretaria de Inteligencia, quien le afirmo que  varios miembros de la Agencia Federal de Inteligencia estaban detrás de una falsa denuncia contra la Diputada Elisa Carrio; la denuncia también fue hecha por Mariano Noel Valdez y que la hizo a cambio de dinero. En la misma nota, el periodista Claudio Savoia afirma que la Jueza Servini de Cubría le aviso al juez de la causa contra Carrio, que la denuncia era trucha.

Es llamativo que la jueza Servini de Cubría reconoce en el denunciante Mariano Noel Valdez una falsa denuncia y una posible vinculación con los agentes de la AFI y la ex SIDE, pero decide sostener a la denuncia de ese mismo sujeto contra Gustavo Vera, y los jueces Casanello y Rafecas, pese a los reiterados pedidos de desestimación por parte de los fiscales y encima aceptar el pedido de querellante por parte de Antonio “Jaime” Stiuso.

Uno de los últimos casos sucedió hace muy poco tiempo. Natacha Jaitt acusó en el programa de Mirtha Legrand (un programa de televisión de importante cantidad de audiencia en todo el país) que Gustavo Vera y otras personas públicas están vinculados con delitos como la pedofilia y la explotación sexual.

Jaitt ese día en el programa estuvo acompañada en el programa de televisión por un ex agente de inteligencia de la AFI y empleada del portal de noticias INFOBAE, la cual desde hace varios años se dedica en sus redes sociales a desacreditar el trabajo de la Fundación Alameda.

Nuevamente los servicios de inteligencia en maniobras sucias de difamación con delitos que la organización pelea hace mas de 15 años y por la cual sufrió todo tipo de agresiones.





De la mafia no se vuelve

23 05 2017

Para someter a la democracia el espionaje local inventa denuncias penales. El caso del albañil y el abogado que denuncia en paralelo a la diputada Carrió como al legislador Vera junto a los jueces Rafecas y Casanello.

Por Lucas Manjon, integrante de La Alameda/Bien Común y coordinador de la Red Antimafia.

Todos los diarios digitales, este lunes 22 de mayo, dieron a conocer el fallo del juez federal porteño Daniel Rafecas que cerró la causa por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió.

La decisión de Rafecas de no investigar a Carrió se debe a que el denunciante, un obrero humilde del partido bonaerense de Pilar, reconoció haber cobrado 1.500 pesos por estampar su firma en la denuncia. Es más afirmó que no tenía idea que se estaba firmando.

La denuncia contra la diputada nacional fue presentada en noviembre del año pasado y posteriormente archivada en marzo de este año.

Sin embargo, en marzo de este año, se presentó el abogado Mariano Noel Valdez, para denunciar de vuelta a Carrió, con exactamente los mismos argumentos que el obrero de Pilar.

El nuevo denunciante presentó la demanda con textuales de la causa ya desestimada por Rafecas.

Asimismo, la segunda denuncia se presenta el mismo día que llaman a ratificar al albañil que nunca se presentó. Entonces caída la denuncia ahí aparece el mismo día la denuncia del abogado Valdez.

Estos hechos demuestran la vigencia de la parainstitucionalidad, para llamar con más elegancia a la mafia, que utiliza a las personas más humildes para generar hechos judiciales que derramen en operaciones políticas de desprestigio.

El intentar deslegitimar las opiniones y acciones políticas de las personas mediante una persecución judicial viola cualquier intento democrático de transformar la realidad.

Este mecanismo por el cual se intenta distorsionar y disciplinar las posturas políticas de las personas es hartamente conocido y naturalizado. Son muchos los abogados que trabajan bajo los intereses de la ex SIDE, presentando denuncias varias en los pasillos de Comodoro Py bajo la excusa de tomar conocimiento de posibles delitos anteriormente publicados en los medios.

Nunca hasta ahora había pasado tanta repetición en el modus operandi como de los actores que las llevan adelante.

EL ABOGADO DE LA MENTIRA

El letrado Mariano Noel Valdez ya había presentado una denuncia del mismo tenor sobre el legislador porteño, Gustavo Vera, y los jueces federales porteños, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Acusó este abogado a los tres por tráfico de influencias.

La denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas se basa en una nota publicada por el diario Clarín donde el periodista Claudio Savoia, referencia un “asado secreto” entre los tres denunciados.

La nueva denuncia de estilo espionaje político tramita en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la Dr. María Servini de Cubría.

Hasta acá, solo nos encontramos nuevamente con el aparato judicial al servicio parainstitucional de la ahora Agencia Federal de Investigaciones (AFI) conocida por todos como SIDE.

Sobre esta denuncia, la cual ya fue desestimada por el hoy fallecido Fiscal Patricio Evers, se presenta como querella el ex director de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso.
En una nota publicada el pasado 20 de mayo, el periodista Claudio Savoia se refiere a la falsa denuncia presentada contra la diputada Elisa Carrió. En la nota se desarrolla la teoría -por demás acertada- de que los servicios de inteligencia se encontraban detrás de esta maniobra.

Pero resulta más llamativo que casi llegando al final, se consigna que la Dr. María Servini de Cubría, le habría avisado al Juez Daniel Rafecas, que la denuncia era trucha.
Entonces bien, si como consigna el periodista de Clarín, Servini de Cubría tiene “el gesto” de avisar que la denuncia era trucha. ¿Por qué con el mismo denunciante -Mariano Noel Valdez- todavía no desestima la denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas?

Si la denuncia está marcadamente direccionada por los servicios de inteligencia ¿Por qué Servini de Cubría acepta como querellante a Antonio Horacio Stiuso?

La parainstitucionalidad cada día consume nuevos espacios de la República. En los lugares que ya se encontraba con fuertes cimientos, decide elevar su juego e incurre en maniobras cada vez más burdas. La decisión de poder terminar con esto solo depende de los cuatro poderes. No solo no parece que esto vaya a terminar sino que cada vez se acentúa más.

El Ejecutivo decidió nombrar jueces de la Corte Suprema o camaristas a dedo, incurriendo en delitos y demostrando el total desprecio por las normas; colocó en la Agencia Federal de Inteligencia a un escribano sospechado con anterioridad de evadir impuestos y con posterioridad de cobrar coimas de empresarios extranjeros y a una mujer sin un currículum que solvente su designación y con un marido condenado por estafas.

El Poder legislativo no controla el rol que están tomando los servicios de inteligencia, puntualmente la Bicameral.

El Poder judicial intenta surfear las presiones gubernamentales y de la misma ex SIDE, la cual en muchos casos los nombró; y sectores de  prensa que en busca de un interés económico y en menor medida periodístico, deciden colaborar con esas operaciones y sus actores para poder generar un polo de poder que logre dirigir las riendas del Estado.

Se espera un verdadero cambio.

Pero el sentido común siempre indica, que es el menos común de los sentidos.





Denuncia contra el ministro de seguridad porteño, Martín Ocampo

2 05 2017

Ministro Martín Ocampo y su socio y padrino político Daniel Angelici

​Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, y evasión fiscal son los delitos por los que se debe investigar al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, a partir de una demanda del legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda, Gustavo Vera.

En un escrito que supera las 27 hojas se dan detalles de las empresas, propiedades, deudores, y hasta bonos de la deuda estatal que adquirió junto a su esposa ambos con los sueldos de la función pública.

La causa fue presentada este martes 2 de mayo, por la mañana, ante la Cámara Federal porteña. La causa tramita bajo el expediente 5229/2017, en el juzgado Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, y la fiscalía N° 11, a cargo de Gerardo David Pollicita.

Declaración jurada del ministro Ocampo

Gustavo Vera en su denuncia, que alcanza las 27 carillas de extensión, señala en cuanto a las propiedades del ministro Ocampo que en cuatro de sus inmuebles se registran personas que trabajan en la Legislatura de la Ciudad o en el Consejo de la Magistratura porteña.

Por los domicilio se pudo establecer a través del sistema NOSIS que el ministro Martín Ocampo tiene vinculación directa con 15 personas, todas ellas trabajan en áreas del Estado de la Ciudad en las que Ocampo tiene vinculaciones directas porque ejerció funciones allí.

Es curioso para el legislador de Bien Común que Ocampo junto a su esposa, Mónica Nancy Peralta, empleada del Concejo de la Magistratura porteño, en tan sólo dos años 2013 y 2014 adquirieron inmuebles por un valor de 1 millón de pesos, entre casas una en el barrio de Belgrano, terrenos uno en la localidad balnearia de Ostende y otra casa en Pinamar de la que es dueño un 30 por ciento.

Es más llamativo que hasta abril de 2016 contaba el matrimonio Ocampo-Peralta con más de 1.500.000 entre dinero en efectivo y cuentas bancarias. Todo acumulado con los sueldos de funcionarios públicos.

segunda hoja de la declaración jurada

INMUEBLES EN URUGUAY, BELGRANO Y LA COSTA

Algunas de los inmuebles que figuran en la declaración jurada del ministro se hicieron a valores muy bajos a lo que marca el mercado inmobiliario.

Ocampo declara dos terrenos de 500 metros cuadrados, en la República del Uruguay. Esa compra del año 1999, la declaró en 4000 pesos, en ese momento, 4000 dólares, o sea pagó 4 pesos el metro cuadrado.

Mientras que en el año 2007, declaró la compra de otro terreno en Uruguay por 500 metros cuadrados, en 12.400 pesos lo que sería a esa fecha 3.924 dólares, el metro cuadrado 24.08 pesos argentinos.

Los terrenos sin ningún tipo de edificación para la fecha de 2007 y en esas dimensiones tienen un valor no menor a 200.000 dólares.

Por un inmueble en el barrio de Belgrano (en la calle Virrey Loreto 2080), según su declaración jurada, le costó sólo 131 mil pesos. Algo imposible de obtener.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad balnearia de Ostende, compró en el año 2013, el 33 por ciento de un inmueble del tamaña de 839 metros cuadrados, a tan sólo 60 mil pesos, por lo que da un resultado de 214 pesos el metro cuadrado.

Tercer hoja de la declaración jurada

DOMICILIOS CON ANGELICI Y EMPLEADOS

El ministro Ocampo y el empresario del juego y dirigente de Boca Juniors, Daniel Angelici, son socios en la empresa Cronopios S.A. que fija domicilio frente a la Legislatura porteña, sobre la peatonal Perú 79, más precisamente en el piso 3, departamento 7. En esta misma dirección tiene registrada tres empresas el ministro Ocampo.

Para constituir Cronopios S. A fijo Ocampo y Angelici fijaron domicilio en av Rivadavia 1157, y en este domicilio se registra el contador de Daniel Angelici investigado por el juez de Quilmes, Luis Armella, por evasión y facturas apócrifas por el monto de 1.500 millones de pesos.

En los domicilios de las calles Virrey Loreto, Senillosa y Pavón además de fijar domicilio fiscal el ministro y su esposa lo hacen empleados de la Legislatura y Concejo de la Magistratura.

Cuarta hoja de la declaración jurada

DEUDAS PÚBLICAS ESTATALES

Para el legislador Gustavo Vera y su equipo de investigación es sospechoso que en dos años el ministro Ocampo y su esposa Mónica Nancy Peralta, adquirieron 675 mil pesos en bonos, acciones y títulos de deuda. El monto significa que por mes la pareja Ocampo-Peralta, ambos funcionarios del gobierno PRO, ahorraron de sus ingresos 25 mil pesos por mes para estas inversiones financieras.

DEUDAS A SU FAVOR

El otro punto central de la demanda de Vera contra el ministro es que registra en su declaración jurada del año 2016 deudas a su favor por distintas empresas.

Cibus S.A., dedicada a la venta de ganado bovino, está formada por una jubilada y por un empleado de la Legislatura Porteña. En el 2015 esta empresa aumentó su capital a 850 mil, mientras que desde el 2013 le debe al actual ministro 50 mil pesos.

Benissa SRL, la cual se inscribió en AFIP 2014, y para el 2016 ya le debía a Martín Ocampo más de 1 millón de pesos. El socio ya fallecido de Benissa SRL, antes fue empleado de la empresa World Games S.A. dedicada al juego propiedad de Daniel “El Tano” Angelici. La esposa e hija de este socio fallecido trabajan en  la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Benissa SRL tiene uno de sus socios a Norberto Macri, que aún no pudimos identificar si es pariente del presidente de la Nación y líder del partido que integra Ocampo.

Los deudores del ministro Ocampo van desde una financiera que le debe 234 mil pesos hasta una constructora que a su vez es inmobiliaria y financiera que le debe 180 mil pesos tienen un solo empleado registrado.

Es reiterado que las empresas que deben dinero al ministro Martín Ocampo tienen vínculos directos con empleados del gobierno porteño y personas vinculadas al empresa del juego Daniel Angelici.

EMPRESAS DUDOSAS

Ocampo adquirió el 30% de Benissa SRL por 15.000 pesos y dos años después, la misma empresa le adeuda 1.335.000 pesos.

Se pregunta el legislador Gustavo Vera que razón lleva a que la empresa, que en el año 2015 aumentó su capital a 850.000 pesos y el dueño es empleado de la Legislatura, le sigue debiendo 50.000 pesos al ministro de Justicia y Seguridad.

Seguel S.A. que estaba radicada en la República de Uruguay y que está integrada por Ocampo en conjunto con dos hermanas mellizas que son empleadas del Gobierno de la Ciudad de Buenos y que anteriormente una de ellas fue empleada de una empresa de Daniel Angelici.

A su vez, las dos hermanas mellizas comparten domicilio con la esposa de Martín Ocampo, la cual es empleada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, el feriado 1 de mayo de 2014 el ministro Ocampo adquiere el 30 por ciento de la empresa Arzobispo Espinoza 1356 SRL, por la escueta suma de 15 mil pesos. Llamativamente dos años después esta empresa que forma parte le debe casi 1.100.000 pesos.

QUIENES LE DEBEN

Los deudores del ministro Ocampo van desde una financiera que le debe 234 mil pesos hasta una constructora que a su vez es inmobiliaria y financiera que le debe 180 mil pesos tienen un solo empleado registrado.

Por último, es parte de la demanda saber porque razón todas las empresas que deben dinero al ministro Martín Ocampo tienen vínculos directos con empleados del gobierno porteño y personas vinculadas al empresa del juego Daniel Angelici.





Aníbal Fernández y un mexicano mafioso

17 02 2016

perfil x ahumada

13/02/2016 Perfil.com – Nota
Ahumada Kurtz, el mexicano que ahora podría ser investigado 

Emilia Delfino

El caso del triple crimen y el tráfico de efedrina durante la era K, tuvo varios episodios llamativos en la última semana y el empresario argentino-mexicano, Carlos Ahumada Kurtz, sindicado por Martín Lanatta como la persona que le pagó U$D 5.200.000 al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández para permitirle el ingreso irrestricto de efedrina, fue protagonista directo e indirecto de dos de esos hechos. 

El empresario fue denunciado por La Alameda el viernes pasado en los tribunales federales luego de que la ONG confirmara sus vínculos comerciales con Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar procesado por el ingreso de 50 toneladas de efedrina entre 2006 y 2008. Quien también lo tiene en la mira es la jueza federal María Servini de Cubría, confirmaron fuentes judiciales. 

La Alameda pidió investigar los nexos entre Ahuamada, Fernández y Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar que está procesado por el ingreso de 50 toneladas de efedrina que fueron desviadas ilegalmente. “Tanto Ahumada Kurts como Carlos Granero a través del gerenciamiento y adquisición de clubes y jugadores de fútbol y la realización de obras energéticas y construcciones posiblemente se encontrarían blanqueando dinero proveniente del narcotráfico, originado en Argentina y México”, dijo el denunciante Gustavo Vera, legislador porteño. 

El lunes, su sobrino murió en el Nahuel Huapi en un confuso episodio. Su muerte fue caratulada como “dudosa”. Gastón Ariel Ahumada Kurtz, de 39 años y experto en buceo, murió ahogado. El titular del centro de buceo de Bariloche dijo que “no bajó ni un metro de profundidad”, según informó Perfil.com. 

En la denuncia, se establece que Ahumada es socio de una empresa de vuelos privados, Aeroservicios de CV S.A., gemela de otra empresa del mismo empresario radicada en México. Pero sus fuertes son el fútbol, los desarrollos inmobiliarios y el desarrollo energético. En el fútbol se origina su nexo con Granero, “representante de jugadores de fútbol, habilitado por la FIFA, representando alrededor de 85 jugadores profesionales”, según la denuncia. 

Ahumada, que debió escaparse de México tras un escándalo de corrupción y extorsión, gerenció en los últimos años el Club Atlético Talleres de Córdoba, el Club Atlético Juventud Unida Universitario y el Club Sportivo Estudiantes, los últimos en San Luis. En 2008, año del escándalo de la efedrina y el triple crimen, Carlos Granero vendió a Ahumada el 70 % de sus acciones en la empresa Ateliers S.A., dedicada a la representación de jugadores. 

clarin x A.F y Ahumada

06/02/2016 Clarín – Nota – El País – Pag. 20

La causa Efedrina
Piden investigar vínculos de Aníbal F. y un mexicano 

Nicolás Pizzi npizzi@clarin.com 

Antes de fugarse de la cárcel, Martín Lanatta declaró ante la jueza María Servini de Cubría que el mexicano Carlos Ahumada Kurtz (tiene doble nacionalidad) le pagó 5,2 millones de dólares a Aníbal Fernández por el negocio de la efedrina. Luego este diario reveló, en base al testimonio del propio Ahumada, que se conocían y se habían reunido en el Ministerio de Justicia. Nadie indagó en esa relación, al menos hasta hora. Ayer, el legislador porteño Gustavo Vera presentó una denuncia para que se investigue a Ahumada Kurtz, y sus posibles vínculos con el ex jefe de Gabinete. La denuncia, que le tocó por sorteo al juez Ariel Lijo, también pide indagar sobre los negocios del mexicano con el hermano de José Granero, Carlos, empresario del fútbol, y con su abogado, Eugenio Zaffaroni, quien nunca explicó en público su relación con Ahumada.

El ex juez de la Corte fue un nexo con el kirchnerismo. De hecho, según pudo saber Clarín, fue anfitrión de un encuentro en su domicilio con el entonces ministro de Planificación, Julio de De Vido.
En México, Ahumada es un personaje mediático luego de protagonizar un escándalo político que lo llevó a la cárcel: en 2004, se grabó una cámara oculta entregándoles coimas a políticos cercanos a Andrés López Obrador, por entonces candidato presidencial. Tres años después, regresó a la Argentina. Su primer negocio fue en Talleres de Córdoba, de la mano del ex jugador Martín Vilallonga, a quien conoció en México, y del empresario Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar. La relación comercial termino muy mal, con juicios cruzados. Ahora Vera quiere que se indague un poco más. “Sería prudente que podamos conocer si los empresarios Ahumada Kurtz y Granero ingresaron al mercado financiero, especialmente en las múltiples inversiones realizadas en empresas constructoras, de energía, clubes y pases de jugadores de fútbol, casas de juego y casinos, dinero originado en hechos delictivos”, dice la denuncia.

Para eso, Vera pidió a la Justicia que solicite información a diversos organismos como la Inspección General de Justicia, la AFIP, el Banco Central, la UIF y a los bancos donde operaron los empresarios.

También quiere que se indague sobre las salidas al exterior de Ahumada, que solía moverse en un avión privado.

El legislador también requirió investigar si Fernández “ha tenido vínculo con alguno de estos empresarios y si él o su entorno se han enriquecido de manera ilegítima, con dinero proveniente de hechos ilícitos y permitiendo que los empresarios laven el dinero mal habido”. En noviembre pasado, el ex jefe de Gabinete debutó en Comodoro Py por el Plan Qunita. Fue el comienzo de un año agitado.