Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.

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La conexión de la mafia en México y Argentina

22 02 2016

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Carlos Ahumada está de vuelta. El nuevo escándalo tiene los mismos elementos de su pasado en México (políticos y corrupción) pero agrega otros (drogas, lavado, muertos). Empresario del futbol, de la construcción y del transporte aéreo, Ahumada, ex pareja sentimental de Rosario Robles –hoy Secretaria de Estado–, ha sido exhibido en una nueva faceta: la de mercenario de las drogas en Argentina. Es una trama que envuelve metanfetaminas, la compra de Ministros de Estado, muchos dólares y… balones. Un legislador por Buenos Aires, el mismo a quien el Papa Francisco confesó su temor por la “mexicanización” de Argentina, ha develado la historia y la ha compartido con SinEmbargo.

http://www.sinembargo.mx/22-02-2016/1627104

Por Humberto Padgett febrero 22, 2016       

8 de mayo de 2007. Carlos Ahumada al salir de prisión. Besa a su esposa. El amor entre ambos volvió. Foto: Cuartoscuro

PRIMERA PARTE

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un charco de sangre en la zona metropolitana de Buenos Aires. Un río de drogas que atraviesa México y remueve el mar de corrupción del sistema político en ambos países. Una fecha clave: 7 de agosto de 2008; los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron reportados como desaparecidos.

Seis días después, sus cadáveres fueron localizados en la provincia de General Rodríguez. Los forenses encontraron disparos y quemaduras, éstas como evidencia de tortura.

No habría sonado a gran cosa si el asesinato hubiera ocurrido en la Tierra Caliente de Michoacán o en la Sierra de Guerrero. Pero el asunto ocurrió al otro extremo del hemisferio, en la zona metropolitana de Buenos Aires, Argentina.

La investigación policíaca se apoyó en información proporcionada por la viuda de Forza, quien denunció la extorsión a la que estaba sujeto su marido por un hombre de espeso bigote apodado “La Morsa”.

La policía siguió el rastro de los crímenes a la producción de metanfetaminas y al contacto que la red tendría con cárteles mexicanos. Se estableció, por ejemplo, que Forza y Ferrón abastecían un laboratorio de drogas ilegales que se exportaban al norte del continente.

Fueron detenidos cuatro sicarios a quienes les impusieron cadenas perpetuas por los homicidios. Los asesinos revelaron que “La Morsa” era Aníbal Fernández, en el momento de las ejecuciones Ministro de Justicia, luego Jefe de Ministros de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y candidato a la gubernatura de Buenos Aires.

Uno de los asesinos, Martín Lanatta, entregó otra pieza: él mismo había estado varias ocasiones en casa de un empresario del futbol, un hombre hasta entonces poco reconocido en su país de origen: Carlos Agustín Ahumada Kurtz.

A partir de ahí es que hilvanó la hebra Gustavo Vera, legislador por Buenos Aires, docente, político y activista social, titular de la Fundación La Alameda y precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Movimiento para el Bien Común.

Fue a Gustavo Vera a quien el Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, manifestó su preocupación del ascenso de la violencia en su país. Francisco vertió sus inquietudes en una carta que trascendió a la opinión pública en febrero de 2015:

“Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”, señaló el Pontífice.

La carta ocasionó incomodidad en el Gobierno mexicano –envió una nota diplomática a la Santa Sede– y es el precedente de la reciente visita de Francisco a México, cuando públicamente cuestionó la corrupción y al narcotráfico.

Otra vez, políticos, criminales y corrupción en un mismo costal. Fotos de Cuartoscuro, archivo y tomadas de videos

NARCO ARGENMEX

En la denuncia presentada el 5 de febrero pasado, Vera hace un par de anotaciones relacionadas con otras causas.

El primero refiere a la causa 17.512/08 tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, en la cual se determinó que las máximas autoridades de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), organismo responsable de coordinar las políticas nacionales de la lucha contra las adicciones y centrar el control de los precursores químicos, “participaron dolosamente en el ingreso al país de efedrina, precursor químico necesario para la fabricación de drogas de diseño, alterando de manera ilegítima su destino, por cuanto autorizaron la importación de los precursores químicos al territorio nacional en cantidades sumamente desmedidas, en total desproporción a las necesidades sanitarias país”.

Otra causa que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 arrojó luz acerca del financiamiento de la campaña política que proponía a Cristina Fernández de Kirchner para la Presidencia de Argentina en 2007.

Durante la investigación se afirmó que grandes sumas de dinero aportadas provenían de distintas empresas farmacéuticas que habían sido creadas al solo efecto de importar efedrina y cuyos titulares tenían vínculos con empresarios mexicanos condenados por narcotráfico.

—Usted y su organización, La Alameda, denuncian una estructura en que el narcotráfico argentino se apoya en la corrupción de altos funcionarios, ¿encuentra que se ha trasplantado el modelo mexicano a Argentina? —pregunto a Gustavo Vera en entrevista telefónica.

—Sí, son muy similares. Aquí hablamos de incursiones en el fútbol, de corrupción a funcionarios y de la ramificación de empresas que crecieron durante un periodo en que se importó descontroladamente efedrina para abastecer carteles establecidos en México. Una clave es que Ahumada está asociado con Carlos Granero, hermano de un alto funcionario responsable del control de las importaciones de sustancias controladas y que está procesado, justamente, por tráfico de efedrina con fines ilegales.

—En México no se procesa a altos funcionarios involucrados con el narcotráfico…

—Sí, esa puede ser una diferencia. Esta una causa que se lleva adelante y en que cinco funcionarios del Poder Ejecutivo están procesados, porque acá se detectó que había crecido de manera exponencial la importación de efedrina en un claro exceso de las necesidades de uso legal de la industria medicinal. Esto tenía que ver con los carteles mexicanos que tenían dificultades para abastecerse.

—¿Qué cárteles mexicanos tienen parte en esta trama?

—Seguramente el de Sinaloa.

—¿Se ha mexicanizado el narcotráfico argentino?

—Según Naciones Unidas, en este momento, somos el primer consumidor latinoamericano de cocaína y somos el tercer exportador mundial de cocaína; somos uno de los países con mayores facilidades para el lavado de dinero; tenemos incidencia de cárteles mexicanos, colombianos y de otros países latinoamericanos, y claramente hay una situación de corrupción estatal que permite esta penetración. Argentina se ha convertido en un país en que es muy fácil conseguir precursores y donde es bastante fácil lavar dinero.

En el futbol están incursionando algunos personajes vinculados al narcotráfico mexicano, como Cristian Bragarnic que está vinculado con el Cártel de Tijuana y que es gerenciador de jugadores en varios equipos de primera división.

Una nota al margen de la declaración de Gustavo Vera: Bragarnic fue el enlacé entre el entrenador argentino Antonio Mohamed y el equipo que actualmente maneja en México, Xolos de Tijuana, propiedad de Jorge Hank Rohn, político priista y empresario acusado en el pasado por la DEA estadunidense de estar involucrado en asuntos de drogas.

—Hablaba de altos funcionarios…

—Sí, José Ramón Granero, jefe de SEDRONAR. Los hermanos Zacarías que ocupaban diferentes cargos en la función pública, uno en SEDRONAR y otro era jefe de protocolo en la Casa Rosada [Miguel fue secretario privado de José Granero; Rubén tituló la Secretaría de Ceremonial y Protocolo de Presidencia, un puesto de permanente contacto con la entonces Presidenta Fernández de Kirchner, y Luis, integrado en la Secretaría Privada de la Presidencia]. Gabriel Abboud y Julio De Orue [ambos también de SEDRONAR].

Durante cuatro años, el grupo importó a Argentina casi 50 toneladas de efedrina de las cuales, poco más de 40 toneladas se habrían desviado de su propósito legal. Cada bolsa de un kilo se preciaba a la compra en unos 100 dólares y se revendía entre 3 mil y 12 mil dólares en el mercado mexicano, el destino final, según la pesquisa sudamericana.

—Son funciones realmente cercanas a la figura de Cristina Fernández.

—Sí, por supuesto, gente del entorno.

— ¿Alcanza el asunto a la ex Presidenta?

—Se está investigando. Es difícil pensar que no sabía de esta maniobra, sobre todo, porque uno de los presos, Martín Lanatta, declaró judicialmente que Carlos Ahumada le pagaba coimas [dádivas] a Aníbal Fernández, que en aquel entonces ocupaba un poder bastante importante como Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional, para que le autorizara a importar mayores cantidades de efedrina. Existe otra causa que se tramita en un juzgado federal sobre el presunto financiamiento de la campaña de Cristina y [Julio César] Cobos [electo en 2007 vicepresidente] con dinero proveniente del tráfico de efedrina.

—¿Esta organización del narcotráfico se ha expandido a otros delitos?

—Pensamos, con esta última denuncia que hemos radicado contra Carlos Ahumado, Carlos Granero y Aníbal Fernández, que hay todo un entramado de empresas, algunas vinculadas al futbol, otras a la energía, unas más a los casinos, que son la fachada donde se lavó el dinero proveniente de estos delitos.

— ¿Extorsión, trata?

—Sí, por supuesto, hay varias causas. Está la Causa Martins [en alusión a Raúl Martins, ex agente de la Secretaría de Inteligencia, presunto propietario de prostíbulos en Cancún y Playa del Carmen] de la que hemos hablado con [la periodista mexicana] Lydia Cacho [experta en el tema de trata] y de la que somos querellantes y que alcanza a Mauricio Macri [actual Presidente de Argentina].

15 de marzo de 2004. El Senador Diego Fernandez de Cevallos ofrece conferencia de prensa en la que sale en defensa del empresario Carlos Ahumada. Foto: Cuartoscuro

CARLOS GRANERO, SOCIO DE AHUMADA

Carlos Granero es un hombre de negocios vinculado con las empresas Ateliers SA, Balón SA, Moliere Argentina SA y Anfitrión SRL.

Pero –y para este caso más importante– Carlos es hermano de José Ramón Granero, ex titular de la SEDRONAR, oficina dependiente de la Presidencia Argentina y responsable, entre otras cosas, de autorizar el ingreso de precursores químicos al territorio argentino.

Y José Ramón está bajo proceso penal desde el 15 de julio de 2014 por la Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1, María Romilda Servini, dentro de la causa penal 17.512/08.

José Ramón Granero está acusado de “[…] haber participado en la introducción al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, en el caso concreto efedrina [principal precursor para la obtención de metanfetaminas], la que posteriormente se alteraría ilegítimamente su destino de uso, realizadas por las firmas Farmacéuticos Argentinos SA, Guillermo Raúl Ascona, Chutrau SA, Droguería Saporiti SACIFIA, Droguería Libertad SA y Unifarma SA […] en cantidades sumamente desmedidas, en proporción a las necesidades sanitarias del país, tanto, que por sí solas evidenciaban que el destino final declarado que se le daría a la efedrina, sería alterado ilegítimamente”.

Un antecedente más de Carlos Granero: es un representante de jugadores de futbol habilitado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), condición en la que maneja las carreras de alrededor de 85 jugadores profesionales.

También administró, mediante la sociedad comercial Ateliers SA, al Club Atlético Talleres de Córdoba y ha poseído, sin que se tenga claridad si hasta ahora lo hace, cartas de algunos jugadores de Racing Club de Avellaneda.

CARLOS AGUSTÍN AHUMADA KURTZ

Empresario con la doble nacionalidad argentina y mexicana. Tanto en Argentina como en México posee intereses en el futbol, la minería, la energía y la construcción.

Carlos Ahumada levantó su fortuna desde un puesto de perros calientes instalado en la Ciudad de México que creció hasta un imperio de la construcción de obra pública con unas 15 razones sociales del ramo, principalmente representado por Grupo Quart SA, así como empresas del futbol, entre estas Promotora Deportiva Comarca Lagunera SA y Promotora Deportiva De Futbol León SA, que controlaron a los clubes Santos y León, respectivamente, y de la transportación aérea, Aeroservicios SA, en cuya flota volaban políticos, principalmente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), jerarcas de la Iglesia, empresarios.

En su país de origen, Ahumada Kurtz está vinculado con Ateliers SA —en la que coincide con Carlos Granero—, Energías Renovables SA, Promotora De Energía Solar SA, Aeroservicios de CV SA —hermana gemela de la que en México tiene mismo nombre—, Fadda & Asociados S.A. y Promotora Deportiva S.A.

El nombre de Carlos Ahumada irrumpió en la escena pública cuando, en marzo de 2004, participó en la exhibición en Televisa de videos tomados por él y en que él mismo entregaba dinero a René Bejarano, líder de la corriente política del PRD que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Jefatura de Gobierno.

Otros sobornos difundidos fueron a Carlos Ímaz, esposo de Claudia Scheinbaum, hoy Jefa Delegacional de Tlalpan por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y a Ramón Sosamontes, quien recibió un millón de dólares de Carlos Ahumada sin que esto importara para continuar, hasta hoy, como el principal operador político de Rosario Robles, actualmente Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano en el gobierno federal priista.

A la vez que la corrupción en el gobierno de López Obrador era cierta, su exhibición fue una confabulación en que participaron el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (Partido Revolucionario Institucional, PRI), el Presidente en funciones Vicente Fox Quesada (Partido Acción Nacional, PAN) y el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Ceballos.

Ahumada perdió el control de la conjura y huyó a La Habana, Cuba, donde antes se había reunido con Robles y Salinas de Gortari, éste amigo cercano de Fidel Castro al grado que el jefe de la Revolución Cubana apareció a la izquierda de Salinas durante su toma de posesión en 1988, tras el fraude electoral perpetrado contra Cuauhtémoc Cárdenas, el padre político de Rosario.

Cuba aprehendió a Ahumada y lo interrogó durante decenas de horas. No existe claridad del contenido de las palabras del empresario, quien fue entregado al Gobierno federal mexicano. Fue procesado por los delitos de fraude y lavado de dinero.

Ahumada Kurtz permaneció preso en el Reclusorio Norte del Distrito Federal entre el 28 de marzo de 2004 y el 7 de mayo de 2007, periodo en que fue visitado, incluso simultáneamente, por su esposa Cecilia y Robles, con quien mantuvo una relación sentimental, amorío con que la política formada en el maoísmo explica sus “errores” de hace 12 años.

10 de marzo de 2004. El culebrón mexicano a todo lo que da. Rosario Robles Berlanga presenta su renuncia al PRD en medio de acusaciones por sus nexos con Ahumada. Foto: Cuartoscuro

10 de marzo de 2004. El culebrón mexicano a todo lo que da. Rosario Robles Berlanga presenta su renuncia al PRD en medio de acusaciones por sus nexos con Ahumada. Foto: Cuartoscuro

EL FUTBOL

En 2007, Ahumada abandonó México y se estableció en la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina con su esposa Cecilia Gurza y sus hijos, ambos bautizados por el polémico ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, viajero frecuente en sus aviones y helicópteros y a quien, según el propio Ahumada, le entregó 1 millón de pesos mexicanos para que el religioso le obsequiara un automóvil a su madre.

En Córdoba, Ahumada compró a Carlos Granero la empresa Ateliers, la misma que llevaba los negocios del Club Atlético Talleres de Córdoba. Ahumada —se entendería que en la quiebra luego de que sus empresas y cuentas en México, donde levantó su fortuna, estaban intervenidas— inyectó dinero para poner los sueldos al día y mejoró la infraestructura del estadio, pero el club continuó en crisis y en el plano futbolístico descendió de categoría hasta el Torneo Argentino A.

Tras la quiebra del Atlético Talleres, el gobierno argentino intervino al equipo y retiró la concesión a Aterliers, por lo que Ahumada Kurtz demandó al club por 24 millones de pesos argentinos de la época.

En la temporada 2010/2011, Ahumada tomó por un breve lapso de tiempo la gerencia de otra escuadra del Torneo Argentino A, el Atlético Juventud Unida Universitario de la provincia de San Luis.

A pesar de los malos resultados deportivos y económicos, como ocurriera con el León y el Santos de México, Ahumada mantiene la administración de equipos profesionales en competencia en diferentes categorías y torneos de la Asociación del Futbol Argentino, institución aún no alcanzada por los escándalos de corrupción de la FIFA.

En 2012, el empresario tomó las riendas del Club Sportivo Estudiantes, también de la provincia de San Luis, un lugar en que Ahumada parece bien conectado políticamente.

Luego que la Asociación del Futbol Argentino rompiera su relación comercial con el Grupo Clarín por los derechos de televisación del futbol y se los otorgara al Gobierno Nacional en el plan llamado “Futbol Para Todos”, la coordinación del mismo quedó bajo la esfera de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual era dirigida por Aníbal Fernández.

Esto acercó a Fernández a los “negocios paralelos y espurios” que permite el futbol, sin dejar de mencionar que el multifuncional servidor público se erigió como presidente de Club Atlético Quilmes, quien llegó de la mano de Andrés Meiszner, vicepresidente del club y quien ocupara el cargo de Director en el Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, y fuera denunciado por el asesino Martín Lanatta como la persona que lo acercó a Aníbal Fernández.

LA RED ARGENTINA, 2016

La relación que Ahumada podría tener con el mundo del narcotráfico no queda solo en México, sostiene el legislador Gustavo Vera.

Ahumada fue señalado por el sicario Martín Lanatta —uno de los responsables del triple asesinato de los empresarios farmacéuticos— como la persona que pagó 5.2 millones de dólares al ex Jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, Aníbal Fernández, para permitirle el ingreso de efedrina, principal precursor químico para la elaboración de metanfetaminas a suelo argentino.

En respuesta a las acusaciones de Lanatta vertidas ante la fiscalía federal, Ahumada se presentó voluntariamente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 con un reluciente abogado: Eugenio Raúl Zaffaroni, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Carlos Ahumada reconoció conocer a Aníbal Fernández y haberse reunido con él mientras ocupaba el cargo de Ministro de Justicia de la Nación.

La empresa Ateliers, la misma que traspasó Carlos Granero a Carlos Ahumada y con la que se efectuó la administración del Atlético Talleres de Córdoba, proviene de otras compañías llamadas Promotora Deportiva SA y Fadda & Asociados, de las que también fue accionista Ahumada Kurtz junto a otras personas cercanas a él, como el ex futbolista Martin Raúl Vilallonga, acusado de intentar ayudar escapar a Ahumada en el baúl de un auto cuando era reclamado por la INTERPOL.

Vilallonga es además titular de la empresa 4 Counsins LLC, firma radicada en Florida, Estados Unidos y, al igual que Ahumada, manifiesta domicilio en la calle Riglos 482, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A su vez, ese domicilio es el de la empresa Nosir SRL, propiedad de una mujer de nombre Elba Araceli de Robles, investigada por tráfico de efedrina en una causa relacionada con medicamentos adulterados.

Onésimo Cepeda en los toros, en febrero de 2004, durante los días del escándalo de su amigo Carlos Ahumada. Foto: Cuartoscuro

En 2005, mientras Ahumada estaba preso en la Ciudad de México, la sociedad anónima Ateliers comenzó a gerenciar el equipo Talleres de Córdoba.

Carlos Granero había constituido la firma de la mano de Pablo Hector Fraga, empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y en la que se había designado a Mauro Ricardo Finocchiaro como vicepresidente de la misma.

Carlos Granero y Finocchiaro son socios en otra empresa, Balón SA, dedicada a la representación de jugadores de futbol.

Finocchiaro es, además, propietario de la marca “La salud al alcance de todos”, registrada en el domicilio de Viamonte 675 12º “E” de la Ciudad de Buenos Aires.

En febrero de 2008, en una asamblea de Ateliers, se designó como su director suplente a Martin Ariel Magram, socio de Terrazas de Lerma SRL, junto al abogado de Ahumada Kurtz y ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni y quien también también fungiera como Conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal.

En ese mismo año, 2008, se designó a Martin Raúl Vilallonga como presidente de Ateliers, momento en que Carlos Granero vendió el 70 por ciento de las acciones a Ahumada Kurtz a través de la empresa Promotora Deportiva SA.

En 2011, se trasladó el domicilio de la empresa Ateliers de Córdoba a San Luis y se le inscribió con el mismo domicilio que posee el Club Sportivo Estudiantes.

Ese mismo año, Ahumada Kurtz transfirió sus acciones al mexicano Luis Mauricio Fuentes Lemus, de nacionalidad mexicana, que había integrado en 2010 junto a él, la empresa Promotora Deportiva SA.

En esa misma asamblea, Ahumada Kurtz, como presidente de Promotora Deportiva, —que también poseía acciones de Ateliers— transfirió sus acciones a otro mexicano, Sergio Aaron Acosta Ruiz.

Como ya se dijo, Ahumada Kurtz poseía acciones de la empresa ATELIERS tanto a título personal como a través de Promotora Deportiva.

“Los diferentes sucesos aquí relatados ponen en evidencia la existencia de un extenso y complejo tejido criminal que liga el tráfico ilegal de drogas trasnacional con el futbol profesional, los emprendimientos inmobiliarios, el desarrollo energético y su necesaria vinculación con el poder político.

“Por ello, solicito a V.S. que ponga en marcha los mecanismos jurisdiccionales necesarios para investigar los hechos aquí denunciados, ya que tanto Ahumada Kurtz y Carlos Granero a través del gerenciamiento y adquisición de clubes y jugadores de futbol y la realización de obras energéticas y construcciones posiblemente se encontrarían blanqueando dinero proveniente del narcotráfico, originado en Argentina y México.

“Claro que esta maniobra sólo es posible con la correspondiente protección política, la que a las claras se obtiene a cambio de millonarios pagos en dólares y por fuera del sistema financiero.

“De esta manera, por la orden de un alto mando político, como lo fue Aníbal Fernández entre los años 2002 y 2015, ocupando los cargos de Jefe de Gabinete de Ministros, Secretario General de la Presidencia, Ministro del Interior, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Senador Nacional, se neutralizó de manera cómplice la labor de las fuerzas de seguridad y de los organismos de control, muchos de los cuales estaban bajo su órbita ministerial directa”.

A las inversiones en el futbol, se suman en el sector energético y en la venta de electricidad a instancias de gobierno, un esquema de negocios ya bien practicado por Ahumada en México.

Algunos de los socios de Carlos Ahumada hunden sus dineros en casinos y casas de juego.

Para Gustavo Vera resulta urgente indagar en el enredijo de sociedades y nombres, de nacionalidades y sectores, la ruta del dinero sucio que entra sucio por un agujero y sale limpio por otro. *

Mañana, segunda parte





Aníbal Fernández y un mexicano mafioso

17 02 2016

perfil x ahumada

13/02/2016 Perfil.com – Nota
Ahumada Kurtz, el mexicano que ahora podría ser investigado 

Emilia Delfino

El caso del triple crimen y el tráfico de efedrina durante la era K, tuvo varios episodios llamativos en la última semana y el empresario argentino-mexicano, Carlos Ahumada Kurtz, sindicado por Martín Lanatta como la persona que le pagó U$D 5.200.000 al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández para permitirle el ingreso irrestricto de efedrina, fue protagonista directo e indirecto de dos de esos hechos. 

El empresario fue denunciado por La Alameda el viernes pasado en los tribunales federales luego de que la ONG confirmara sus vínculos comerciales con Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar procesado por el ingreso de 50 toneladas de efedrina entre 2006 y 2008. Quien también lo tiene en la mira es la jueza federal María Servini de Cubría, confirmaron fuentes judiciales. 

La Alameda pidió investigar los nexos entre Ahuamada, Fernández y Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar que está procesado por el ingreso de 50 toneladas de efedrina que fueron desviadas ilegalmente. “Tanto Ahumada Kurts como Carlos Granero a través del gerenciamiento y adquisición de clubes y jugadores de fútbol y la realización de obras energéticas y construcciones posiblemente se encontrarían blanqueando dinero proveniente del narcotráfico, originado en Argentina y México”, dijo el denunciante Gustavo Vera, legislador porteño. 

El lunes, su sobrino murió en el Nahuel Huapi en un confuso episodio. Su muerte fue caratulada como “dudosa”. Gastón Ariel Ahumada Kurtz, de 39 años y experto en buceo, murió ahogado. El titular del centro de buceo de Bariloche dijo que “no bajó ni un metro de profundidad”, según informó Perfil.com. 

En la denuncia, se establece que Ahumada es socio de una empresa de vuelos privados, Aeroservicios de CV S.A., gemela de otra empresa del mismo empresario radicada en México. Pero sus fuertes son el fútbol, los desarrollos inmobiliarios y el desarrollo energético. En el fútbol se origina su nexo con Granero, “representante de jugadores de fútbol, habilitado por la FIFA, representando alrededor de 85 jugadores profesionales”, según la denuncia. 

Ahumada, que debió escaparse de México tras un escándalo de corrupción y extorsión, gerenció en los últimos años el Club Atlético Talleres de Córdoba, el Club Atlético Juventud Unida Universitario y el Club Sportivo Estudiantes, los últimos en San Luis. En 2008, año del escándalo de la efedrina y el triple crimen, Carlos Granero vendió a Ahumada el 70 % de sus acciones en la empresa Ateliers S.A., dedicada a la representación de jugadores. 

clarin x A.F y Ahumada

06/02/2016 Clarín – Nota – El País – Pag. 20

La causa Efedrina
Piden investigar vínculos de Aníbal F. y un mexicano 

Nicolás Pizzi npizzi@clarin.com 

Antes de fugarse de la cárcel, Martín Lanatta declaró ante la jueza María Servini de Cubría que el mexicano Carlos Ahumada Kurtz (tiene doble nacionalidad) le pagó 5,2 millones de dólares a Aníbal Fernández por el negocio de la efedrina. Luego este diario reveló, en base al testimonio del propio Ahumada, que se conocían y se habían reunido en el Ministerio de Justicia. Nadie indagó en esa relación, al menos hasta hora. Ayer, el legislador porteño Gustavo Vera presentó una denuncia para que se investigue a Ahumada Kurtz, y sus posibles vínculos con el ex jefe de Gabinete. La denuncia, que le tocó por sorteo al juez Ariel Lijo, también pide indagar sobre los negocios del mexicano con el hermano de José Granero, Carlos, empresario del fútbol, y con su abogado, Eugenio Zaffaroni, quien nunca explicó en público su relación con Ahumada.

El ex juez de la Corte fue un nexo con el kirchnerismo. De hecho, según pudo saber Clarín, fue anfitrión de un encuentro en su domicilio con el entonces ministro de Planificación, Julio de De Vido.
En México, Ahumada es un personaje mediático luego de protagonizar un escándalo político que lo llevó a la cárcel: en 2004, se grabó una cámara oculta entregándoles coimas a políticos cercanos a Andrés López Obrador, por entonces candidato presidencial. Tres años después, regresó a la Argentina. Su primer negocio fue en Talleres de Córdoba, de la mano del ex jugador Martín Vilallonga, a quien conoció en México, y del empresario Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar. La relación comercial termino muy mal, con juicios cruzados. Ahora Vera quiere que se indague un poco más. “Sería prudente que podamos conocer si los empresarios Ahumada Kurtz y Granero ingresaron al mercado financiero, especialmente en las múltiples inversiones realizadas en empresas constructoras, de energía, clubes y pases de jugadores de fútbol, casas de juego y casinos, dinero originado en hechos delictivos”, dice la denuncia.

Para eso, Vera pidió a la Justicia que solicite información a diversos organismos como la Inspección General de Justicia, la AFIP, el Banco Central, la UIF y a los bancos donde operaron los empresarios.

También quiere que se indague sobre las salidas al exterior de Ahumada, que solía moverse en un avión privado.

El legislador también requirió investigar si Fernández “ha tenido vínculo con alguno de estos empresarios y si él o su entorno se han enriquecido de manera ilegítima, con dinero proveniente de hechos ilícitos y permitiendo que los empresarios laven el dinero mal habido”. En noviembre pasado, el ex jefe de Gabinete debutó en Comodoro Py por el Plan Qunita. Fue el comienzo de un año agitado.