Los proveedores textiles bajo la lupa

24 01 2019

El cuarto de un taller esclavo

La Alameda presentó un pedido de informe a la Subsecretaria de Trabajo porteña para conocer si los proveedores textiles del Estado tienen sus talleres o fábricas registradas. En la Ciudad ya se suman 10 muertes en diez años de gestión PRO, con más de 3 mil talleres textiles clandestinos con 30 mil costureros reducidos a la servidumbre.

La industria textil en la Argentina tiene uno de los peores récord en cuestiones de derechos humanos y laborales. Más del 78 por ciento de la industria, dato reconocido por organismos estatales, judiciales y empresariales, está por fuera de la ley sin ningún reconocimiento básico, y gran parte de estos trabajadores en condiciones de esclavitud.

La Ciudad de Buenos Aires no escapa a esta lógica, y es escandaloso porque tiene todas las posibilidades de revertir el flagelo de la trata y esclavitud.

Primer hoja del pedido de informes

Desde el 2008 la Dirección General de Protección del Trabajo asume las competencias de la Ley 12.713 de trabajo a domicilio, transferidas por el Gobierno Nacional, asumiendo la totalidad de las facultades en lo que a registro, fiscalización y control laboral se refiere de los talleres textiles donde las marcas tercerizan su producción.

En este marco se crea el Registro Dadores de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de Documentación Laboral, (vigente desde el 02/05/2008, por la disposición Nº 308-DGPDT), que determina la fiscalización de toda la cadena de producción de la industria textil.

Por ende toda persona física o jurídica, sea dador de trabajo, intermediario o tallerista y que utilice el sistema de Trabajo a Domicilio deben registrarse, inclusive no teniendo su domicilio en la CABA que encomienden trabajo a domicilio a talleres o a personas que estén dentro de la Ciudad.

Pero la contracara de esta resolución es la cruda realidad. Más del 70 por ciento de las empresas o personas jurídicas que ganan las licitaciones millonarias (confección de uniformes de la Policía, para hospitales, etc) de la Ciudad no registran la cantidad de empleados que corresponden para llevar adelante las producciones, y en la mayoría de los casos ni siquiera registran empleados y se dedican a otros rubros.

Por eso mismo, desde la Fundación Alameda se presentó un pedido de informe en la Subsecretaria de Trabajo porteña para ver quiénes de todos estos proveedores del Estado están inscriptos, y por ende si tienen inscriptos los talleres donde confeccionan la importante cantidad de prendas que dicen fabricar.

Es hora de aplicar una reconversión de la industria textil y no es difícil, sólo se debe tomar la decisión de conmoverse ante la trata y la esclavitud de 30 mil personas sometidas en 3 mil talleres textiles clandestinos

Para lograr una sana industria textil el Gobierno porteño debe salir del turbio entramado de los proveedores del Estado, que tan solo pasa por las manos de unos pocos irregulares que ni siquiera se animan a blanquear donde tercerizan.

El cambio de política que puede tomar el Estado porteño va generar más puestos de trabajo, en momentos de desocupación en alza, y nos evitará la vergüenza como el dolor de tragedias evitables, como sucedió este diciembre último donde producto de un incendio en un taller clandestino murió una niña, en el barrio de Mataderos. Que no es la única, en 10 años de gestión PRO llevamos diez niños muertos en la Ciudad de Bs As.

Como bien declaró un representante de la CTEP encargado de la parte textil, estos costureros habían recibido días atrás los cortes del fabricante. ¿Quién era el fabricante? Ahí tenemos que llegar para saber quiénes son los verdaderos responsables y dejar de cortar por el hilo más delgado.

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La clandestinidad mata. Muere una menor en un taller textil

13 12 2018

La clandestinidad de la industria textil le quitó la vida a una nena de 11 años. En el barrio de Mataderos la falta de políticas públicas del Estado para combatir la esclavitud empresarial provoca la novena muerte en un taller textil clandestino en la Ciudad que gobierna el PRO.

Mariana Ramos, una niña de 11, falleció este domingo producto de un incendio en el taller clandestino de costura donde vivía junto a su familia en el barrio porteño de Mataderos.

El Estado porteño lleva sobre sus hombros nueve víctimas fatales producto de una industria textil que el 78 por ciento de su producción se basa en la clandestinidad con tráfico de personas y reducción a la servidumbre.

Militantes de la Alameda se acercaron a la casa-taller, ubicada en Cañada Gómez 2765, no había consigna policial, ni faja judicial alguna, sólo habían bajado la persiana metálica y semidestruida y el pasillo lateral de la edificación, que comunica varias viviendas, con rastros de las llamaradas de fuego.

Uno de los vecinos contó a Página/12 que el incendió se desató alrededor de las nueve de la mañana en la habitación donde dormía la nena con su mamá y su hermano de 4 años. En la otra habitación, viven la tía de la nena con su pareja y tres hijos. Y al frente, están las máquinas de costura, y los cortes de tela que recibió unos días antes, que no llegaron a ser afectados por el incendio.

Desde la Alameda creemos que la investigación judicial debe descubrir quien proveía de telas y maquinaria a este taller textil clandestino e ir justamente sobre los fabricantes que tercerizaron la producción.

La muerte de Mariana vuelve a mostrar que la política pública para reconvertir la industria textil esclavista aún no sucedió pese a que se acumula la tercer tragedia en la Ciudad que hace más de una década gobierna el PRO.

Por eso insistimos a los organismos del Estado en seguir replicando la única experiencia de incautación de maquinaria a talleres textiles clandestinos reutilizadas para construir el primer Centro Demostrativo de Indumentaria.

Asimismo, venimos impulsando dos proyectos de ley, uno que es la auditoria de marcas, que significaría la presentación del listado de costureros que los proveen, y la ley de proveedores del Estado, que como venimos informando más del 70 por ciento de los proveedores del Estado porteño son empresas sin empleados, lo que demuestra que en realidad son empresas fantasmas que sirven de fachada para ocultar la clandestinidad de talleres de la muerte, sea por incendios, o enfermedades como tuberculosis.





Una fundación del PRO se instaló en el Congreso Nacional

9 10 2018

Fuimos a la oficina de la Fundación Formar, a cargo de Guillermo Dietrich, secretario de Transporte Nacional. No tiene empleados, ni actividades y encima de todo se instalaron en una oficina del Congreso Nacional a cargo de dos diputados del PRO.
Una fundación privada sostenida con los impuestos de los ciudadanos.




Robaron el Mapa del Delito

9 01 2018

Rodríguez Larreta capturó el mapa de los vecinos y luego depuró

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta borró de su Mapa del Delito toda denuncia de los vecinos sobre narcotráfico, trata sexual, prostíbulos, talleres textiles clandestinos, desarmaderos de autos, juego clandestinos y hasta trapitosLas Zonas Liberadas siguen garantizadas en este nuevo camuflaje del viejo pacto de omertá (código del silencio de la mafia italiana) que se convirtió la Policía de la Ciudad y que históricamente construyó la Policía Federal y los servicios de inteligencia de la ex SIDE.

El Mapa del Delito fue primero robado y luego depurado. Sin tapujos el 21 de diciembre, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, junto a su ministro de Seguridad y Justicia, Martín Ocampo, decía ante los medios de prensa que habían construido el primer Mapa del Delito de la Ciudad. Con este anuncio provocaron dos cortocircuitos, al interior de su propio gobierno y hacia la sociedad.

Por parte del Ministerio Público Fiscal porteño, por lo bajo en las oficinas y en los cafés del microcentro, desmentían esta afirmación que es el primer Mapa del Delito. Es cierto que es más accesible. Pero todos los años el Ministerio Público Fiscal en manos de Germán Garavano (actual Ministro de Justicia Nacional) hace años venían imprimiendo en formato libro las estadísticas de las denuncias barrio por barrio, comuna por comuna.

El primer desacierto de Rodríguez Larreta y Ocampo (quien también fue Fiscal General de la Ciudad) por no haber reconocido el trabajo de Garavano, uno de sus hombres nacido en las inferiores del gobierno de Mauricio Macri.

Ministro Ocampo responsable de omitir el delito mafioso

OMITEN LOS DELITOS MAFIOSOS

“Por primera vez tenemos todos los delitos denunciados”. Anunciaba Rodríguez Larreta y reproducían los medios. El propio mapa y la realidad lo desmienten. Porque en este Mapa del PRO sólo figura homicidios, robos y hurtos. Nada dice, lo borraron adrede, sobre narcotráfico, narcomenudeo, transas.

Es llamativo que este nuevo Mapa no deje constancias, por citar un caso muy evidente, los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la Villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales.

Este depurado “Mapa del Delito” omite cualquier bunker, kiosco, bar, pool, boliche, donde se venda cocaína, pasta base, éxtasis o marihuana a lo largo de todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los delitos de gran preocupación de la ciudadanía es la trata sexual y los prostíbulos. La esclavitud sexual no aparece en el Mapa del Delito de Larreta y Ocampo. Es evidente su ocultamiento del millar de prostíbulos judicializados instalados en la Ciudad de Buenos Aires por lo que se han producido decenas de cámaras ocultas, rescate de víctimas, hasta incautaciones de los inmuebles tampoco aparecen en este “Mapa del Delito”.

Las razones ocultas del jefe de Gobierno y su ministro en Seguridad han producido un Mapa que tampoco mencionan los talleres textiles clandestinos y la trata de personas para la industria de la moda.

Nada se menciona en la Ciudad que el PRO gobierna hace una década de los 3 mil talleres textiles clandestinos, con dos grandes tragedias con menores muertos en incendios y que produce por año 2 mil contagios de tuberculosis entre las 30 mil personas reducidas a la servidumbre.

La lista de delitos ligados al crimen organizado que fueron borrados por Larreta y su ministro Ocampo es más extensa. El juego clandestino, los desarmaderos de autos y hasta los llamados trapitos están denunciandos en cientos de sumarios iniciados en las 54 comisarias, pero no existen en el tan anunciado moderno Mapa del Delito.

Los jefes policiales también saben que este Mapa fue “depurado” de los delitos de la que ellos mismos hacen recaudación para nutrir las cuentas bancarias y bienes a familiares o testaferros, de ellos mismos y de miles de funcionarios de los tres poderes del Estado.

EL Mapa de los vecinos, la Alameda en las iglesias

EL MAPA DEL DELITO SIN CENSURAS

El Mapa del Delito sin recortes, ni omisiones, fue confeccionado por primera vez en el 2008 en pleno barrio de Constitución. Esta articulación de vecinos con la Alameda fue posible por la lucha pública contra los talleres textiles clandestinos y los prostíbulos. El método de la cámara oculta, el escrache callejero a estos tugurios mafiosos, la denuncia penal y mediática había generado tanto impacto entre los vecinos rodeados de mafia que ellos mismos pidieron en numerosas ocasiones ayuda a la Alameda.

Este método generó algunos resultados positivos, al punto que la experiencia se replicó en otros barrios cada vez que se enciende el reclamo vecinal por la inseguridad.

La Alameda en ese entonces con el respaldo del cardenal Jorge Bergoglio hizo que esa experiencia de construcción del Mapa del Crimen Organizado o el Mapa de las Zonas Liberadas se multiplicara en las parroquias incluyendo también Sinagogas y templos evangélicos.

Esta construcción comunitaria del Mapa del Delito dejó en evidencia que la madre de la inseguridad no es la falta de personas policial en las calles o recursos tecnológicos. Por el contrario es la presencia del Estado mediante policías, inspectores, fiscales, jueces quienes son los garantes de las zonas liberadas.

Quizás una razón de Rodríguez Larreta y su ministro Ocampo por depurar el Mapa del Delito es evitar el dolor de cabeza de mencionar la frase popularizada de “zonas liberadas”.

Está demostrado que la presencia policial (somos la Ciudad con más fuerzas de seguridad en territorio ya que contamos en distintos barrios con Gendarmería, Prefectura, PSA-) ni la tecnología (más de 2 mil cámaras de seguridad estatales y equipamiento a nuevo) hicieron aún descender el reclamo popular por la inseguridad.

Aunque si ha dado resultados más concretos los mapas de las zonas liberadas construido en diversos barrios de distintas clases sociales. Esta comunidad organizada más allá de las diferencias políticas o religiosas han reflejado a lo largo de casi diez años que si no se combate la corrupción de los funcionarios, y si no se nutre de valores a los funcionarios donde el dinero es el objetivo central, el drama de la inseguridad es imposible de terminar o si siquiera reducir.

LA POLICÍA SIN DERECHOS

Las bases policiales (incluyendo al personal civil administrativo) por la nueva Ley de Seguridad porteña siguen bloqueadas en el derecho de sindicalización.

Es rotunda la negativa de los jefes policiales argentinos en replicar la experiencia que sí existe en países de la región como Chile, Uruguay y Brasil. Nadie en cargos inferiores se anima a denunciar las zonas liberadas de los jefes porque saben los aprietes mafiosos en los que terminarían involucrados ellos y sus familias.

No sólo se debe parecer honestos además se debe ser. Y este pensamiento difícilmente aplique al propio ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, quien tiene un proceso judicial en curso porque pagó 4 pesos argentinos cada hectárea que compró en la localidad de Nueva Palmira, República Oriental del Uruguay, o un inmueble en el barrio de Belgrano al costo de 130 mil pesos, según consta en su propia declaración jurada.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene la oportunidad de revertir su política del ocultamiento de las zonas liberadas y del crimen organizado, y que la próxima presentación del Mapa del Delito refleje los negocios de las mafias que hace décadas en nuestra Ciudad vienen acumulando cada vez más poder, muerte y terror.





Zona Calma, la cautelar a favor de los vecinos

6 11 2017

Este lunes charla del abogado y referente de la Alameda, Carlos Beizhun, para los vecinos del barrio porteño de Villa Real  que fueron protegidos por el amparo que frenó la obra del gobierno llamada Zona Calma. 

La charla se realizará a las 19:00 en el Club Camioneros, ubicado en la calle Víctor Hugo 2542, donde el encargado de contarle los detalles a los habitantes de la zona será Carlos Beizhun, abogado y referente de la ONG.

El titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 10, Aurelio Ammirato, suspendió la ejecución de Zona Calma, encabezada por el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

El argumento del PRO para la obra es la reducción de velocidad, cuando por el contrario en Villa Real no es zona de accidentes reiterados, además no realizó el gobierno la audiencia pública y ni siquiera presentaron estudio de impacto de ambiental.

El magistrado Ammirato afirmó que el Ejecutivo de la Ciudad, en poder de Horacio Rodríguez Larreta, no presentó en la justicia “los permisos ambientales correspondientes que son otorgados por la Agencia de Protección Ambiental”.

Este fallo le otorga la razón al legislador Vera, los vecinos y el Club Camioneros respecto a que la obra “Zona Calma, no contaba con el certificado de aptitud ambiental que se requiere en este tipo de obras”.

De esta manera, quedó demostrado que la gestión de Rodríguez Larreta viola la ley para iniciar obras inconsultas y hace uso del espacio público para negociados que favorecen solo a las empresas constructoras.

“Zona Calma” consta de una reducción de velocidad obligatoria para todos los casos no advirtiendo la necesidad de diferencia para casos de emergencias de salud, por seguridad o por incendios que ameriten superar los límites de velocidad”, hizo notar al respecto.

Según el pliego de condiciones particulares de la obra, se desarrollará entre las calles Ramón Lista, Juan E. Martínez, Nogoyá e Irigoyen. Con distintas intervenciones urbanas se busca “alertar al conductor del ingreso a la zona 30, donde la velocidad máxima será de 30km/h en lugar de 40, y reordenar el tránsito de camiones; incorporación de 1.362 m2 de suelo absorbente”.





Un juez paraliza la obra ilegal “Zona Calma”

27 10 2017

Por el amparo del legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, que acompañaron vecinos y el club Social y Deportivo Camioneros, el juez suspendió la obra llamada “Zona Calma” que se quería instalar en el barrio de Villa Real, en la Comuna 10, sin audiencia pública y sin estudio de impacto ambiental. Un negociado de 14 millones de pesos que perjudicaba al vecindario en beneficio de privados.

El titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 10, Aurelio Ammirato, suspendió la ejecución de Zona Calma, encabezada por el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

El argumento del PRO para la obra es la reducción de velocidad, cuando por el contrario en Villa Real no es zona de accidentes reiterados, además no realizó el gobierno la audiencia pública y ni siquiera presentaron estudio de impacto de ambiental.

El magistrado Ammirato afirmó que el Ejecutivo de la Ciudad, en poder de Horacio Rodríguez Larreta, no presentó en la justicia “los permisos ambientales correspondientes que son otorgados por la Agencia de Protección Ambiental”.

Este fallo le otorga la razón al legislador Vera, los vecinos y el Club Camioneros respecto a que la obra “Zona Calma, no contaba con el certificado de aptitud ambiental que se requiere en este tipo de obras”.

De esta manera, quedó demostrado que la gestión de Rodríguez Larreta viola la ley para iniciar obras inconsultas y hace uso del espacio público para negociados que favorecen solo a las empresas constructoras.

“Zona Calma” consta de una reducción de velocidad obligatoria para todos los casos no advirtiendo la necesidad de diferencia para casos de emergencias de salud, por seguridad o por incendios que ameriten superar los límites de velocidad”, hizo notar al respecto.

Según el pliego de condiciones particulares de la obra, se desarrollará entre las calles Ramón Lista, Juan E. Martínez, Nogoyá e Irigoyen. Con distintas intervenciones urbanas se busca “alertar al conductor del ingreso a la zona 30, donde la velocidad máxima será de 30km/h en lugar de 40, y reordenar el tránsito de camiones; incorporación de 1.362 m2 de suelo absorbente”.

En su fallo el juez dice: “En mérito de las consideraciones vertidas, doctrina y jurisprudencia citadas; RESUELVO: Suspender —con carácter precautelar y en el estado en que actualmente se encuentre— la ejecución del proyecto denominado “ ZONA CALMA – VILLA REAL”, que se desarrollaría en el barrio de Villa Real, entre las calles Ramón Lisa, Juan E. Martínez, Nogoyá e Irigoyen, de esta ciudad, hasta tanto la parte demandada acredite en estos actuados haber dado cabal cumplimiento a las previsiones de los arts.  8, y cctes., la ley 123 (cfr. supra, consid. III).”





Toma de colegios: Por orden del PRO los directivos denuncian a los estudiantes

11 09 2017

Los directivos de tres colegios tomados denunciaron penalmente a los propios estudiantes de sus instituciones. Los directivos argumentan que recibieron un instructivo que la propia Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, ahora niega ante la Asesoría Tutelar de Menores haberlo difundido. Asimismo la Policía de la Ciudad, que depende de Rodríguez Larreta, están incursionando en Colegios tomados sin contar con respaldo de ordenes judiciales. Para mañana se sumarían dos colegios más a las tomas llevando el número a 19 escuelas sin clases. 

Las autoridades de las escuelas  que denunciaron a su propio alumno son: Normal 2 Mariano Acosta en el barrio de Once, la escuela media Julio Cortázar de Flores y la de Bellas Artes Manuel Belgrano en La Boca.

Si bien la cartera educativa que encabeza Soledad Acuña negó hace instantes ante la Asesoría Tutelar de Menores de Cámara el instructivo, el asesor Gustavo Daniel Moreno remarcó que Acuña “tiene que dar explicaciones, porque por más que dice que es falso, salió de adentro del Ministerio”.

“Se ha comprobado que en la escuela Julio Cortázar las autoridades escolares (la rectora y vicerrectora, ambas suplentes) labraron un acta el 7 de setiembre (que se les hizo firmar a los estudiantes) aplicando el instructivo, diciendo que la toma implicaba usurpación y que las autoridades debían hacer la denuncia policial”, explicó Moreno en declaraciones al programa “La Verdad Concreta”, que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por radio Conexión Abierta.

Además, agregó información sobre los otros dos colegios tomados judicializados: “El 8 de setiembre el vicerrector a cargo del Rectorado, de la Escuela Normal 2 Mariano Acosta hizo la denuncia de la toma directamente ante el Ministerio Público Fiscal. Y la toma del escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano fue denunciada y tramita ante la Fiscalía Penal 31 bajo causa judicial MPF 158.766″.

Moreno explicó que “el último hecho es un instructivo reflotado de la época de Esteban Bullrich, que el Ministerio mandó el jueves pasado indicando a las autoridades de los colegios que denuncien judicialmente las tomas” y aclaró que “si bien dice que no hay que denunciar a personas, eso resulta ingenuo, porque el fiscal o la policía va a indagar y a tratar de encontrar a los responsables”.

“Esto se repitió en 2012/2013 y en el 2008 y dada la arbitrariedad, el violar la Constitución, los derechos de los chicos, estamos frente a un reclamo educativo y no un delito, intimamos a la ministra de Educación para que ratifique o no el instructivo y si dicen que no es real, bueno que hagan una investigación porque eso salió del Ministerio”.

El fiscal remarcó que en la escuela Manuel Belgrano “fueron autoridades de la Fiscalía 31 con la Policía y más allá que no tomó ninguna decisión, la sola presencia genera intimidación en los chicos”.

“Estamos frente a un claro reclamo que tiene protección constitucional, amparado por los derechos del niño, ya que el artículo 12 señala que los chicos pueden y deben participar en los plantes de estudio. En vez de discutir eso, estamos discutiendo el instructivo y el ingreso de la Policía”, precisó.

Asimismo, recordó que en 2013 y en 2008 hubo dos intentos de aplicar el instructivo, pero presentaron “una medida cautelar”, al tiempo que señaló que les “llama la atención que ese instructivo siga dando vueltas”.

“Todo ello demuestra que el instructivo fue aplicado por autoridades escolares, en contradicción con lo que responde el Ministerio de Educación; lo que representa una vía de hecho prohibida por el art. 9 de la ley de procedimientos administrativos (al no existir protocolo como dice el Ministerio), por lo cual la ministra debió haber dispuesto comunicar a todos los establecimientos secundarios acerca de la inexistencia de protocolo y que el instructivo que estaba circulando no podía ni puede aplicarse. Nada de eso se hizo”, precisó Moreno.

Por último, consideró que “es de una ingenuidad palmaria pensar que  la denuncia de una toma no implicará en sí misma la denuncia de los alumnos, ya que denunciado un hecho deviene lógico que autoridad policial o el fiscal buscará identificar a los autores. La consecuencia es la misma: la criminalización de los estudiantes”.

ESCUELA FUTURO ES EXPLOTACIÓN INFANTIL

La asesora de educación del bloque Bien Común, Silvia Cryan, explicó que el programa piloto en 17 escuelas esconde “la explotación infantil” y adelantó que mañana se sumaría dos escuelas más a las tomas que ya alcanza 17 instituciones.

Cryan, que es asesora del diputado porteño Gustavo Vera, reconoció que en la Legislatura no se discutió este programa piloto llamado Escuela Futuro y que el propio Ministerio de Educación no tiene claridad

Respecto al rol de los sindicatos reconoció que sólo dos están activamente acompañando a los estudiantes y defendiendo al trabajador que perdería horas cátedras si los chicos pasan a trabajar en empresas el 50 por ciento del tiempo en el año. “UTE y Ademys se oponen, AMET por escuelas técnicas claro apoyan pero el resto de los gremios nada dicen”. En total 17 gremios existen en la Ciudad.

Para finaliza Silvia Cryan aseguró que “el ministerio de Acuña no tiene claro como se implementaría Escuelas Futuro, por ejemplo respecto a que pasa con el trabajo de los docentes, las horas que pierden ante el nuevo formato de las clases”.