Catalinas: “Es una dictadura inmobiliaria”

9 03 2017

GUSTAVO VERA EN PLENA SESIÓN

El diputado porteño de Bien Común, el partido de La Alameda rechazó este jueves el proyecto de ley vinculado al Paseo del Bajo que finalmente fue aprobado en la sesión de la Legislatura porteña y sostuvo que el respaldo de la norma “es una dictadura inmobiliaria”.

El proyecto de Catalinas Norte 2 fue aprobado con 42 votos (el PRO, el bloque Peronista, Confianza Pública y Suma +) contra 12 sufragios negativos y dos abstenciones (Coalición Cívica).

La norma permitió modificar esa zona en el Código de Planeamiento Urbano, luego de que se hiciera la audiencia pública el pasado 25 de febrero. La ley aprobada dispone el uso de unas 12 hectáreas desafectadas como terrenos portuarios y ferroviarios, donde se planifica un parque y aprovechamientos comerciales e inmobiliarios relacionado con el futuro Paseo del Bajo.

La medida fue cuestionada por el diputado del Partido Socialista Auténtico (PSA) Adrián Camps, quien había presentado un despacho de minoría en el que afirmaba que “la liquidación de tierras públicas nacionales se ha convertido en una ‘política de Estado'” y agregó que “esa política está diseñada para promover la especulación inmobiliaria en una Ciudad que tiene prácticamente agotada la tierra disponible”.

DISCURSO DE VERA EN LA SESIÓN

Vera apoyó el despacho de Camps y recordó durante la sesión que se está “en un régimen de discreción inmobiliaria que se ampara en una ley de la Dictadura, que está sin vigencia desde el año 2010 lo que provoca que se están salteando al Congreso Nacional”.

“Por aplicar esta norma de la Dictadura es que el presidente de la Nación tiene una causa penal por la venta de 53 inmuebles por basarse en esta ley no vigente. Algunos se extrañaron cuando dije que estamos en una dictadura inmobiliaria, y lo reafirmo porque no me confundí, su base jurídica es una norma de la dictadura que ya no está vigente”, señaló el legislador de Bien Común.

Vera advirtió que “los costos de obras son de 180 millones de dólares y sirven para seguir endeudando sin necesidad a la Ciudad, y sólo para subordinarse al mercado inmobiliario sin importar que violan la división de Poderes”.

“Por eso llamo a que nos pongamos en defensa de la ley y terminemos con el atropello sistemático al espacio público”, sostuvo el diputado porteño.

 





El PRO y aliados rechazaron las paritarias nacionales docentes en la Legislatura

2 03 2017
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ACEVEDO (PRO) ERA VOTO EN CONTRA Y FALTA EL DE CARMEN POLLEDO (PRO), TAMBIÉN NEGATIVO

Dicen estar a favor de la ley pero no quieren apoyar si quiera una declaración para que se convoque a la Paritaria Nacional Docente como marca la ley. Así votaron hoy el #PRO y sus aliados (radicales Suma + y Coalición Cívica) en la Legislatura de la Ciudad aunque esto los grandes medios no lo difundan.

 En ese sentido, el expediente 120/17 solicitaba “el cumplimiento del artículo 10° de la ley 26.575, la cual fija que: ‘el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente'”.

La votación contó con 22 votos a favor, 26 en contra (todos del PRO) y 8 abstenciones (los seis legisladores de SUMA+ y los dos de la Coalición Cívica), los cuales permitieron que no prosperara el pedido de Vera.

En los fundamentos, el legislador porteño de Bien Común planteaba que “el interés de la presentación de este proyecto legislativo es trabajar en la búsqueda de una solución a la problemática generada por la falta de la correcta adecuación de los sueldos docentes”.

“El principal eje de conflicto en este momento se encuentra centrado en la falta de cumplimiento del artículo 10° la ley 26.575. Del texto de la ley anteriormente nombrada, se desprende claramente la falta de cumplimiento por parte del Estado Nacional de lo establecido por la norma. Es de nuestro entender que el cumplimiento de la Ley aceleraría un proceso de normalización de la situación. Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto”, agregaba el pedido.

Durante su exposición, Vera sostuvo que la falta de cumplimiento de ese artículo “es el eje del conflicto por el cual peligra el inicio de clases en todo el país” y remarcó que “la negativa del Gobierno manifestada tanto a nivel nacional, como en la Ciudad y en la Provincia, negándose a cumplir con lo que está pautado en este artículo para que se puedan garantizar marco mínimos de condiciones laborales y salariales de los docentes, habida cuenta de las desproporciones que hay con los presupuestos de cada provincia, algunas de las cuales ni siquiera están en condiciones de pagar el salario acorde a la inflación”.

“Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires aporta el 40 por ciento al erario público nacional y recibe apenas un 17 por ciento. Habitualmente cerraba paritarias con apoyo del Estado Nacional”, recordó el legislador porteño.

Vera precisó que “esta no convocatoria esconde un retiro de la responsabilidad del Estado Nacional en garantizar la educación a escala nacional que no solo afecta la cuestión del salario, sino que lo deja librado a la propia suerte de cada provincia, según su presupuesto”.

“Pero también deja librado a su propia suerte el calendario educativo, las condiciones laborales y las cuestiones vinculadas a la carrera docente, como dice la ley. Por eso pedimos que el Gobierno reflexione y lea el artículo 10 de esa ley. No es una cuestión de capricho el tratar de cumplir con la ley y no quieran engañar a la gente con medios amigos hablando de una belicosidad de los gremios cuando no la hay”, agregó.

Por último, sostuvo que de esa manera “se está destruyendo la conquista del magisterio nacional, por la cual se peleó por muchos años y que buscaba garantizar un convenio marco para no tener una situación librada a la propia suerte”.





La unidad en la acción y en el plano electoral

21 02 2017
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Gustavo Vera

 

El documento del referente de nuestro partido Bien Común que convoca a la unidad en los reclamos y en el plano electoral de todos aquellos que quieren empleo, salario y bajar los precios de los productos.

Por Gustavo Vera

De los $ 21.746 mensuales, una tercera parte ($ 7.323) de la canasta total se destina a compra de alimentos. Los servicios vinculados a la vivienda (gas, luz y agua) y al transporte subieron muy fuertemente. En diciembre de 2015, una familia pagaba por esos servicios $412, en diciembre de 2016 tuvo que disponer de $1.020, un aumento del 147%. Esto implica que estos gastos pasaron de representar el 2,6% del gasto total, a casi el 5 %. Esos servicios seguirán ganando peso porque este año las tarifas volverán a subir por encima de la inflación.

La mitad de la población económicamente activa percibe un salario promedio de $ 8000/10.000. Un 30 % aproximadamente oscila entre los $ 10.000 y $ 25000 y tan solo un 20 % está percibiendo por encima de los $ 25.000. En la práctica esto significa que más de la mitad de la población que trabaja está teniendo serios problemas para llegar a fin de mes. Hay un proceso de endeudamiento en los hogares para alimentos, algo que no se veía hace muchísimo tiempo. Vía tarjetas de crédito o aquellos informatizados recurriendo a préstamos usurarios, cada uno de estos hogares con problemas para completar el mes está generando una bola de endeudamiento que en breve tiempo les significará una espada de Damocles por los brutales intereses y el poco poder adquisitivo.

Por otra parte, el Banco Central ha habilitado disponer del dinero de los ahorristas para financiar la especulación financiera de grandes fondos en la compra de Lebac y esto a mediano plazo puede traer un corralito de facto para los ahorros del único sector de la población que todavía llega holgadamente a fin de mes y más inflación, porque la cancelación de la deuda de los Lebac es equivalente a prácticamente toda la circulación monetaria.

Con los aumentos de esta semana de peajes, gas, nafta, pan y transporte público la pérdida de poder adquisitivo se agrava y el impacto en los bolsillos se lo verá de lleno entre fines de marzo y mediados de abril.

El gobierno persiste en no restituir los aranceles de protección arancelaria (redujo casi 18 mil posiciones), con lo cual las Pymes continúan agonizando, suspendiendo y despidiendo gente. Rubros como la metalurgia, calzado, textiles, juguetes, gráficos , entre otros, son los más afectados y es altamente probable que , por ejemplo, las 15 mil suspensiones en el verano de metalúrgicos se transformen en marzo y abril directamente en despidos y así en los demás rubros.

Solo en enero hubo 2000 despidos de empresas formales. Se ignora el impacto entre sectores informalizados, pero se estima que por cada empleo registrado se pierden dos en negro. 

Durante el 2016 la cantidad de despidos en el sector formal privado llega a 250 mil. Si le sumamos los informales y siendo benignos, estamos hablando de medio millón de personas que fueron descartadas, medio millón de hogares que no tienen ingresos que se suman a las diez millones de personas que no tienen trabajo o están informalizados en condiciones de aguda pobreza..

También persiste en dejar a los formadores de precios establecer los precios de la canasta básica a discreción, lo cual significa que los precios en los supermercados de los alimentos están más de 100 % por encima de los valores en el Mercado Central. Tan escandalosa es la situación que hasta el oficialista Clarín reconoce que productos argentinos en el exterior son hasta 35 % más baratos que en la Argentina.

Una periodista inglesa del diario The Economist acaba de realizar un estudio comparativo entre Inglaterra y Argentina que echa luz sobre la situación: en Inglaterra el salario promedio es tres veces más alto que en la Argentina y los precios de la canasta básica de alimentos son un 72 % más baratos que en nuestro país.

Horacio Rodríguez Larreta justificó el aumento de los peajes entre el 36 % y 80 % con el argumento de que tenían que adecuarse a la inflación. Sin embargo, en las actuales negociaciones paritarias pretenden que los gremios se conformen con un 18 % de aumento, algo que naturalmente rechazan y por eso hay mañana un paro de tres días de bancarios, ayer hubo una gran movilización de los metalúrgicos y es altamente probable que no comiencen las clases.

Sin restituir las protecciones arancelarias, sin controlar los precios e impedir los abusos de las grandes cadenas y sin recomponer el salario a los niveles inflacionarios reales no hay chances de paz social, el conflicto es inevitable y por eso la movilización del próximo 7 de marzo en la que confluirán la CGT, las CTA, los movimientos sociales y las Pymes promete ser una de las más masivas de la que se tenga memoria.

Ante tal nivel de devastación, el pueblo sufriente empuja hacia la unidad en lo social, en lo sindical y en lo político. Tengo la certeza de que se castigará a quien divida en nombre de principiamos. La unidad en la acción es una cuestión de supervivencia del pueblo y no la alcanzan a percibir algunos políticos que ya están anestesiados con sus suculentos sueldos muy por encima de la realidad. La unidad en la acción es la herramienta para discutir en bloque las reivindicaciones urgentes del pueblo y exigir un cambio en la orientación económica que proteja el mercado interno, genere puestos de trabajo, establezca controles e impida abusos de los formadores de precios y avance hacia un país inclusivo.

Por supuesto que la unidad en la acción no significa renunciar a lo que se piensa y se sabe. No es una amnistía para los que tengan prontuarios. El centro de la pelea es poner las banderas del “Laudato Sí” al frente y trabajar por la reconstrucción del campo popular con referentes que sean expresión de la coherencia del decir y el hacer en la construcción del proyecto nacional.

No obstante, mientras discutimos nuestras diferencias dentro del campo popular, hay que enfatizar primero la patria y lo que nos une, que es la defensa del pueblo trabajador incluido y excluido. Para eso es urgente la máxima unidad en la acción.





Correo Argentino: “Forma parte de la corrupción estructural”

14 02 2017
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ALEJANDRO GAONA OLMOS

El historiador e investigador Alejandro Gaona Olmos afirmó este martes que la deuda de la familia Macri con el Correo al Estado “forma parte de la corrupción estructural, de la que participan y participaron las grandes empresas que usufructúan los bienes públicos de todas las épocas”.

 “Hay una diferencia grande entre la corrupción coyuntural y la corrupción estructural. Los negocios que pudieron haber hecho algunos en la gestión anterior forman parte de la coyuntura, algo de aventurero a través de alguna prebenda oficial. Pero de lo que no se habla es de una corrupción estructural, de la que participan las grandes empresas que usufructúan los bienes públicas del Estado en todas las épocas”, señaló Gaona Olmos al portal de La Alameda.

El también asesor del senador nacional por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas sostuvo que “la deuda privada fraudulenta transferida al Estado nacional en 1982 era de casi 19 mil millones de dólares y cuando el Juzgado Federal número 2 le pidió al Banco Central que informara esa deuda actualizada en 1985 y resultó que eran 23 mil millones de dólares que los argentinos” siguen “pagando hoy”.

“De acuerdo a un cálculo, hoy esa deuda estaría arriba de 55 mil millones de dólares, y las empresas que las generaron son el Grupo Macri, Loma Negra, Pérez Companc, Loma Negra, Brida y varias más. Pero eso nadie lo dice y estamos mal”, señaló

Gaona Olmos remarcó que la negociación de la deuda del Correo Argentino con el Gobierno nacional tuvo “un ocultamiento porque a los medios no les interesa que se sepan, porque están relacionados con la deuda privada” y añadió que parte de la empresas privadas que están relacionadas directa o indirectamente relacionadas con lols medios “son las que transfirieron esa descomunal deuda y no quieren que salga a la luz”.

Asimismo, el historiador e investigador sostuvo que la gestión macrista tiene una protección mediática importante, ya que indicó que de haberse producido esto en el gobierno kirchnerista o alguno de sus integrantes hubiera tenido relación “hubiera salido en todos los medios, con letras impresionantes y diría algo como: ‘La Justicia implicada en un nuevo acuerdo con el kirchnerismo'”.

“Hubieran dimensionado la noticia de una manera terrible”, consideró y enseguida arremetió contra la Justicia argentina al calificarla como “cobarde”, porque “impulsa causas contra los funcionarios cuando ya no están en el Gobierno”.

“Nunca la Justicia impulsa causas contra los funcionarios que están en el poder y eso lo planteó genialmente el fiscal federal Federico Delgado. También salieron a decir que la jueza que entiende en la deuda del Correo Argentino, Gabriela Boquín, era de Justicia Legítima y en realidad no lo es”, aclaró.

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FERNANDO “PINO” SOLANAS Y ALEJANDRO GAONA OLMOS

El siguiente es el detalle del informe que dio a conocer Gaona Olmos y que tituló “Los negocios de la familia Macri, la transparencia y la ética”:

“Creo que todos nos acordamos que en las propuestas electorales del PRO y CAMBIEMOS, se enfatizó en lo importante de transparentar la gestión pública y terminar con la corrupción. Confiaron en la mala memoria que tenemos los argentinos y no recordaríamos algunas actividades que tienen que ver precisamente con los negocios de la familia del Presidente Macri, de los que él fue y es parte, aunque los subterfugios usados, puedan servir para disimularlos. Negocios que crecieron a costa de contratos con los gobiernos de turno, desde la dictadura cívico-militar en adelante

“Los argentinos tenemos mala memoria en general, y pronto olvidamos los estropicios que dañaron al país, votamos personajes mediocres, logreros de diverso pelaje, y una gran cantidad de sujetos que se sirven de la política para sus actividades personales (dinero, prestigio, favores diversos) y no hacen política para beneficio de toda la comunidad. Pero existen personas que recuerdan cómo se ha perjudicado al patrimonio público y como se han violado las leyes impunemente, no siendo esto privilegio de la década pasada.

“Lo ocurrido el año pasado con el acuerdo celebrado con el Correo Argentino, en el concurso, es un ejemplo de una forma habitual con la que se ha manejado siempre la familia del presidente, y aun él cuando era parte de esos negocios, utilizando recursos del Estado, en beneficio del grupo, sin importarles en modo alguno, en caer reiteradamente en la ilegalidad. Siempre había algún funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial para beneficiarlos, no sabemos a cambio de qué, pero no es difícil de imaginar.

“Los medios hacen comentarios sobre este acuerdo, pero no existe la menor referencia a los antecedentes del Grupo Macri y como se manejaron siempre con sus negocios. Es por eso que me parece oportuno refrescar la memoria a los olvidadizos de siempre, para que se tenga conciencia, que lo ocurrido recientemente no es un hecho aislado, sino que representa una continuidad.

“Simultáneamente con la Comunicación A31 del Banco Central que comenzó el procedimiento de la estatización de la deuda privada en junio de 1981, se constituyó la offshore Kagemusha, de la cual Mauricio Macri fue Vicepresidente, que está vigente, y sobre la cual no ha dado explicación alguna. 

“En la misma época y algunos meses después se constituyeron en Panamá otras cinco sociedades offshore, cuyos datos pusimos en conocimiento de la Fiscalía Federal, junto con el Senador Pino Solanas. La idea era hacer negocios y no declararlos en el país, por razones que solo los Macri conocerán. Una de las offshore fue Sideco Americana S.A. del mismo nombre de la empresa argentina. Para evitar algunas identificaciones pusieron como directivos a Orlando Salvestrini y Edgardo Poyard, aunque es bien conocido que son testaferros de la familia, ya que son directivos de sus empresas desde hace años.

“En ese procedimiento de estatización de la deuda privada, que permitió transferir a todo el pueblo argentino las especulaciones de gran cantidad de empresarios, quienes constituyeron deudas probadamente ficticias, la familia Macri se vio favorecida con la transferencia al Estado Nacional de las siguientes sumas:

Sevel 124.142.000 dólares

Sideco Americana 60.751.000 dólares

Fiat: 51.000.000

“En el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, se encuentran las pruebas de parte de la auditoría hecha entre 1983 y 1985 por auditores del Banco Central que mostraron la fraudulencia de las operaciones del endeudamiento privado.

“En una de las operaciones se detectó que también era parte de esos negocios espurios Cristiano Ratazzi, actual presidente de Fiat, que siempre hace gala de honestidad y transparencia, presumiendo que el olvido siempre juega en favor de estas acciones deshonestas.

“En el año 2001, las siguientes empresas de la familia Macri y de las cuales Mauricio era directivo y accionista fugaron al exterior las siguientes sumas

Sideco 27.128.866 dólares

Socma 9.316. 000 dólares

Socma Americana 6. 415. 344

Correo Argentino 4.891.000

“Todo lo cual fue debidamente documentado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas en el año 2001. En su momento, y a pesar de la clara evidencia de una posible defraudación fiscal, nada se hizo, y no se puso en conocimiento de la justicia lo significativo de la investigación y las pruebas acumuladas. Todo quedó en el olvido.

“También cabe recordar, que siendo Mauricio Macri Presidente de Sevel en el año 1994, 42.000 vehículos fueron fabricados con fallas en su caja de dirección, provocando en un caso la muerte de unas personas, lo que determinó no solo que SEVEL pagará una indemnización, sino que se viera obligada a revisar todos los automotores fabricados y repararlos a los efectos de cumplir con un fallo inédito, dictado por la Justicia Nacional en lo Comercial.

“Tampoco los medios recuerdan el procesamiento de Franco y Mauricio Macri, por el delito de contrabando, ante la introducción de 1900 vehículos, mediante una serie de acciones claramente delictivas. La Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo, los sobreseyó, no por inexistencia del delito, sino por un artilugio judicial, que fue fulminado en los dictámenes en disidencia de los Ministros de la Corte Carlos Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique Petracchi.

“Ahora nuevamente, y a través de la difusión del dictamen de la Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Dra. Botin, pudo saberse sobre la existencia de un acuerdo en la quiebra de la empresa Correo Argentino, cuya concesión fuera revocada en el año 2003, por los sucesivos incumplimientos de la empresa.

“Acostumbrados los Macri a la permanente utilización de los recursos del estado en beneficio propio, hicieron diferentes y absurdas ofertas de pago durante años, que fueron rechazadas invariablemente por los representantes del Estado, hasta que el gobierno de CAMBIEMOS, realizó un más que sospechoso acuerdo condonando parte de la deuda real del grupo. Debemos apuntar aquí, que ese arreglo se hizo el 28 de junio del año pasado, y no trascendió de ninguna manera. Solo tomó ahora estado público, debido al ejemplar dictamen de la Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Dra. Gabriela Boquín.

“Como había que obrar con disimulo, para mostrar algún tipo de prolijidad en los acuerdos, en la audiencia de ese mes de junio de 2016, se ofreció un pago en cuotas, a comenzar en diciembre de este año, lo que implicaba una quita del 99.16% del valor real del crédito reclamado por el Estado. En esa audiencia el representante del Ministerio de Comunicaciones, Dr. Mocoroa se opuso de vivía voz a aceptar tal oferta, y entonces el representante de los Macri solicitó un cuarto intermedio para mejorar la propuesta, lo que hizo posteriormente, y ahí si se aceptó la misma. Esa nueva propuesta, significó que la quita real sería del 98.82 %, lo que como puede observarse es una verdadera burla a los intereses del Estado.

“Ahora los representantes del Estado y algunos juristas han salido a justificar el arreglo, con argumentos dignos de mejor causa, ya que pareciera que siempre hay que beneficiar el interés privado.

“El acuerdo, como lo plantea la Agente Fiscal es cuestionable desde muchos puntos de vista, y vamos a sintetizar los puntos fundamentales:

1.- La deuda que era de 296 millones de pesos en el año 2001 (296 millones de dólares) pretende pagarse al valor histórico del crédito verificado, con intereses de 7%, en 15 cuotas anuales, la última con vencimiento en el año 2032. Es decir que una deuda verificada en el 2001, va a ser pagada cómodamente durante 31 años. La primera de las cuotas se pagaría en el mes de diciembre de este año.

2.- El gobierno dice que no hay quita, sobre la base de las cifras nominales que se van a pagar, con más los intereses, pero ocurre que la Fiscal de Cámara solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación un análisis de la propuesta y la evolución de las cuotas fijadas. En ese análisis económico, se pone rigurosamente en evidencia, que el acuerdo, significa una quita velada del 98,82% sobre el capital real actualizado de la deuda. Es decir no se paga el valor presente de la obligación, sino en términos históricos.

3.- Eduardo Favier Dubois, que fue el primer juez de la causa, ha manifestado que hay que establecer el valor presente de la obligación, cosa que en el acuerdo no se ha hecho, y que es lo reclama la Fiscal Botín.

4.- Interesadamente se habla por parte del gobierno que no hay quita, y efectivamente en términos históricos no la hay, pero resulta un verdadera absurdo suponer que 296 millones del año 2001, tengan el mismo valor presente que en la actualidad.

5.- Otro de los elementos cuestionables del acuerdo es que fue firmado por el Dr. Juan Manuel Mocoroa, designado transitoriamente por 180 días en el cargo de Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones. No tenía un poder general o especial para actuar de la manera que lo hizo, tal como surge del artículo 8 del Decreto 1265/87, que establece que tales representantes…”Podràn con autorización expresa de las autoridades u órganos mencionados en el art. 1, o en su caso en el artículo 2, cuando también se les hubiere delegado esa facultad, formular allanamientos y desistimientos, otorgar, quitas, esperas, transigir y conciliar”. Tal normativa determina que el Dr. Mocoroa debió contar con la autorización expresa de la autoridad competente, para actuar de la forma que lo hizo, mucho más en un caso de enorme significación económica como este como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en varios fallos.

6.- Otra de las cuestiones relevantes tiene que ver con la violación de la Ley de Ética Pública. En efecto, como está debidamente acreditado en la causa el 69,23 del paquete accionario del Correo Argentino era de Sideco Americana S.A. quien ejercía el control societario. Debido a ello en su momento el Juez en lo Comercial decretó la medida de interdicción para salir del país de los integrantes de su directorio: presidente: Ing. Ángel Calcaterra, vicepresidente: Roberto L. Maffioli, y a sus directores: Jorge Rubén Aguado, Arq. Justo Solsona, Dr. Manuel Sobrado, Sr. Giorgio Aldo Nocella, Dr. Néstor Osvaldo Grindetti, e Ingeniero Juan Garrone. No está demás señalar que Jorge Aguado fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, que Justo Solsona, integró varias sociedades de Macri constituidas durante la estatización de la deuda privada y las negociaciones espurias con Ratazzi, y Néstor Grindetti, todavía no ha aclarado sobre los negocios de la offshore descubierta durante la publicación de los Panamá Papers

7.- El 95.5% de las acciones de Sideco Americana S.A. son de Socma Americana S.A., por lo cual ejerce el total control societario de la misma, teniendo Franco Macri el usufructo vitalicio de las acciones de Socma, por lo cual también se decretó oportunamente su interdicción para salir del país, junto con Mauricio, Sandra, Cristina, Gianfranco, Mariano y Florencia Macri, quienes tenían parte de las acciones de Socma Americana.

8.- Como Sideco Americana S.A. aparecía como acreedora del Correo, además de accionista del mismo, el juez rechazo integrarla al primer comité provisorio de acreedores.

9.- El actual Presidente de la Nación, cedió a sus hijos su participación accionaria en Socma Americana S.A.

10.- De acuerdo a la documentación obrante en la causa Socma Americana era accionista mayoritaria de Sideco Americana, controlante del Correo, hasta el año 2015, conforme documentación presentada en la Comisión Nacional de Valores, pero actualmente se desconoce la composición accionaria, debido que ese organismo, ha pedido de la empresa canceló la autorización para el régimen de oferta pública de acciones en la Bolsa. Esto se hizo el año pasado, cuando surgió lo de Panamá Papers, en consecuencia, no hay posibilidades de acceder a los libros de la empresa, ni conocer su actual composición accionaria.

11.- De acuerdo a la actual organización del Estado, el Dr. Mocoroa fue designado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos Peña, quien depende del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y ya que existe dependencia jerárquica entre el firmante del acuerdo y el Presidente Macri, el conflicto de intereses resulta más que evidente. Aunque supuestamente el Presidente de la Nación transfirió sus acciones a su hijos, la totalidad del grupo familiar está involucrado en el concurso (padre, hermanos, hijos), al poder el control total dela empresa concursada.

12.- Para despejar cualquier duda sobre esto, se debió consultar a la Oficina Anticorrupción o a la Comisión de Ética Pública, cosa que no se hizo, más allá de lo que hubieran podido opinar, al tener también dependencia visible con el Poder Ejecutivo.

13.- Como bien señala la Fiscal: “La transacción aceptada – a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible- podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían intereses económicos directos e indirectos. En suma, la composición accionaria y la titularidad que se verifica en el expediente del concurso respecto de la familia del Presidente de la Nación haría inviable cualquier transacción por parte del Estado Nacional que implicara un beneficio para la concursada y sus controlantes y un perjuicio para las arcas de la Nación”.

LAS DILACIONES PROCESALES Y LA OFERTA

“El Correo ofreció en su momento emitir un título pagadero a 25 años, con un primer pago a 15 años, y un interés del 1% lo que demuestra la burla a los intereses del Estado por parte de los Macri. Nada de eso fue aceptado y así se continuó dilatando el proceso, a través de un “eterno concurso” como lo llama la Fiscal, logrando suspender durante 15 años el pago a sus acreedores.

“Se realizaron diversas audiencias, el estado se negó a aceptar el acuerdo, el Banco de la Nación no aceptó la propuesta, y se realizaron una serie de trámites procesales que siguieron entorpeciéndola causa para dilatarla indefinidamente.

“De conformidad de lo que surge del informe de la Sindicatura, sobre 375 acreedores del Correo, 361 aprobaron el acuerdo, cobrando montos insignificantes de 400, 500, 1.000, 2000, 3000 pesos (valores históricos después de 15 años), pero esas conformidades fueron prestadas mediante la cesión de créditos comprados “sugestivamente” por los que querían que esto terminara lo más rápidamente posible. Y lo sospechoso en que si bien las cesiones se efectuaron a diferentes personas, en todos los casos esas personas dieron un poder especial irrevocable a un señor Diego Martín Teglia, existiendo elementos para suponer que algunos de los apoderados están relacionados con la concursada o con el estudio que la patrocina.

“También es de destacar que entre los acreedores que aprobaron la propuesta se cuenta el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional.

“Finalmente y conforme lo estableció La Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en la Investigaciones del Ministerio Público Fiscal el valor presente de las propuestas efectuadas a los distintos acreedores es 1.18% para la categoría “A” (Estado Nacional) y 1.64% para la categoría “C” acreedores quirografarios, es decir que la quita real a lo que correspondería cobrar es de 98.82% para el Estado y 98.36 a los otro acreedores nombrados, lo que como indica la Fiscal, con abundantes citas jurisprudenciales, significa una propuesta abusiva, por equivaler a una condonación de la deuda.

“Debe esperarse que este acuerdo no sea homologado por la justicia, porque ello significaría una vez más defraudar los intereses del Estado por parte de grupos económicos que han hecho de ello un verdadero sistema de apropiación de fondos públicos. A fin de evitarlo la Agente Fiscal ha hecho todas las reservas del caso y ha comunicado su dictamen a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas”.





“El diputado Sorgente debe ir a la AGC si quiere denuncias”

16 01 2017
Un escrache con vecinos a la AGC

Uno de los últimos escraches con vecinos a la AGC

El legislador porteño de Bien Común y presidente de la Comisión de Trata, Gustavo Vera, le contestó este lunes al diputado del PRO, Marcelo Sorgente, que dice recibir denuncias sobre talleres textiles clandestinos por las redes sociales. 

“Debería primero presentar proyectos de ley para que se auditen las marcas de ropa y otra que los proveedores del Estado estén libres de trabajo esclavo e infantil”, afirmó Vera que hace 15 años preside la ong Alameda, que logró la primer condena judicial por trabajo esclavo a fines de 2013.

Además, Vera remarcó que “por las denuncias más que buscar por las redes debe ir a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a ver todas las denuncias penales realizadas a lo largo de los años por parte de La Alameda”.

“Esta movida de prensa de Sorgente, el profesor de tenis del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es un operativo distractivo por toda la cantidad de comisarios corruptos que están ascendiendo y para no ir sobre el punto central que es el contrabando en Aduana”, precisó el legislador de la Ciudad de Bien Común.

El diputado de Cambiemos había lanzado una campaña en las redes sociales para denunciar a los talleres clandestinos que abastecen a los “manteros” y las “saladitas”.

Vera hizo hincapié en los tres proyectos de ley que presentó durante 2016 y que fueron “cajoneados” en la Legislatura porteña que lidera el PRO: Polos Textiles (26-D-2016), Proveedores del Estado (27-D-2016) y el de Auditoría de Marcas (28-D-2016).

En ese sentido, el titular de La Alameda explicó que “el primero de esos proyectos es para replicar Polos Textiles como el de Barracas, donde costureros rescatados del trabajo esclavo, el segundo es para que los proveedores del Estado estén limpios y el último es certificación de marcas, donde estas sean auditadas y libres de trabajo esclavo”.

Proyecto Polos Textiles

Proyecto Proveedores del Estado

Proyecto Auditoría de Marcas





Manteros: “Awada contrabandea de China y nadie lo persigue”

11 01 2017

Gustavo Vera legislador porteño

Gustavo Vera legislador porteño

El legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda, dijo que el desalojo fue cortina de humo para ocultar que ascendieron al comisario Héctor Valdivia del barrio de Once quien liberó la zona a los manteros, “víctimas de una mafia en la Aduana que importa de China. De esto conoce bien Daniel Awada, hermano de la primera dama”.

Tras el desalojo de manteros en la avenida Pueyrredón, en el barrio de Once, Gustavo Vera, contó que “la mercadería ilegal entra por la Aduana” para luego llegar a las manos de personas excluidas del mercado laboral y recordó la causa penal que implicó al empresario textil, Daniel Awada, dueño de la marca Cheeky y hermano mayor de la primera dama. “Es bueno preguntarse porque el dueño de Cheeky contrabandea de China miles de prendas en contubernio con la Aduana y nadie lo persigue como a los manteros”.

Vera profundizo la denuncia sobre Awada en el reportaje para el programa Cinco Días en Splendid. “Muchas marcas importantes contrabandean hace 12 años. De hecho esa denuncia del 2007 sobre Cheeky la hicimos con la defensora del pueblo porteña Alicia Pierini y el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman. De hecho al día de hoy sigue contrabandeando con contubernio de la Aduana y eso ingresa por conductos oficiales y funcionarios que se enriquecen como en Once los comisarios, y el mantero es el eslabón más debil, que trata de no ser vago, ni ladrón que está 14 hs trabajando ya que no se le da la posibilidad un trabajo digno que sería respetar los derechos humanos”, definió Vera.

En Radio Splendid el titular de la Comisión de Trata de la Legislatura porteña afirmó que Once “es el barrio de Cromañón, tragedia de once, de talleres, clandestinos prostíbulos y mercadería contrabandeada por Aduana, mientras que este comisario Valdivia es ascendido reprimen al eslabón más débil, porque este Gobierno de Rodríguez Larreta no genera trabajo pese a tener el presupuesto más altos de todo el país”.

Para el legislador “el mantero es el desocupado que junta monedas en condiciones penosas y vive cometeado (pago de dádivas) aunque esto es una trama que implica a empresarios y funcionarios”.

Y para finalizar aseveró Vera sostuvo que “nos quieren dar una imagen de policía que se ocupa de espacio público y a sus jefes que liberan zona los ascienden. Por eso hoy el máximo recaudador de coimas de Once fue ascendido a comisario inspector”.





Cierre de prostíbulos: la Legislatura debate hoy el proyecto multipartidario

28 09 2016

prostibulosEl proyecto de los legisladores porteños Gustavo Vera (Bien Común), Carmen Polledo (Vicepresidenta primero PRO) y Omar Abboud (PRO) que presentaron para dar fin a las habilitaciones que encubren los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires se tratará este jueves 29 en la Legislatura, con el inminente respaldo de por lo menos 40 diputados.

La presentación la hizo Vera en 2014, pero avanzó en estos últimos días. por el acompañamiento del oficialismo.

La iniciativa legislativa que impulsa Bien Común de un sólo legislador contaba en su inicio con el apoyo de ocho legisladores de la oposición y ahora suma 28 legisladores PRO.

El proyecto de ley que hoy cuenta con apoyo multipartidario plantea modificar el Código de Habilitaciones para derogar la figura de las alternadoras más conocidas como coperas y bailarinas que es la manera de encubrir como empleadas a las víctimas de trata y explotación sexual dentro de los locales nocturnos Clase A llamados wiskerías, cabarets, bar, boliches pero que en realidad son prostíbulos prohibidos en todo el país por la ley de Trata, ley de Profilaxis y los convenios internacionales contra la prostitución por cuenta ajena y trata y el Convenio Contra Toda Forma de Discriminación de la Mujer. 

El legislador autor de la ley, Gustavo Vera, remarcó que “en todo el mundo quedó demostrado que las habilitaciones de cabarets Clase A con régimen de alternadoras son el disfraz o la coartada perfecta que usan los proxenetas o tratantes”.

“Cuando hablamos de coperas hablamos de prostitución y no por cuenta propia, sino por cuenta ajena donde se benefician otros sectores”, indicó en declaraciones al programa María O`Donnell Continental, que se emite por radio Continental.

El diputado y referente del partido Bien Común sostuvo en ese aspecto que “alrededor de la explotación sexual de estas mujeres hay redes de criminalidad con alto nivel de complicidad estatal”.
Además, detalló que el proyecto no fue aprobado cuando lo presentó por primera vez en 2014, por “una presión brutal que ejercía Juan José Gómez Centurión, que en ese entonces era titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)”.

“Los legisladores de ese entonces hubiesen firmado si no fuese por la presión brutal que ejercía Gómez Centurión, que decía que de esta manera se hacía una mejor inteligencia del lugar. Pero después se dieron a conocer que Newport se allanó por trata, Stavros que allanó el juez Sebastián Casanello y estaba habilitado por la AGC”, señaló el también presidente de la ONG Alameda.

El proyecto, que ya pasó por varias comisiones, incluida la de Desarrollo Económico, y este jueves cuando se trate en sesión tendría al menos 40 votos a favor, en una votación en la que se necesitan la mitad más uno de los presentes -en total son 60 legisladores- para ser aprobado.

EL PROYECTO

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley:

Art. 1° Incorpórese al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires el Art. 58 bis que dispone lo siguiente:

Art. 58 bis: Se prohíbe en los locales de diversión nocturna, cualquiera sea su denominación, la contratación de empleadas para alternar o bailar con los concurrentes bajo pena de clausura del establecimiento y cancelación de la habilitación.

Artículo 2°: Quedan derogadas las siguientes disposiciones del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza 33.266/76 y sus modificaciones): 10.2.2. inc. f); 10.2.12; 10.2.13; 10.2.14 y 10.2.15.

Artículo 3°: Queda derogada toda referencia a las alternadoras en el Art. 10.2.16 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza 33.266/76 y sus modificaciones).

Articulo 5°: De forma.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto incorpora el art. 58 bis bis al Código Contravencional por entender que los denominados locales de diversión nocturna clase “A”, los antiguos cabarets y whiskerías, suelen encubrir casas de tolerancia prohibidas por el art. 15 de la ley 12.331 y el art. 125 bis y 127 del Código Penal.

El proyecto se inscribe en el marco de la lucha que debe encarar el estado contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena contribuyendo desde la esfera del Gobierno de la Ciudad Autónoma a los esfuerzos que debe realizar el Gobierno Nacional.

En este sentido debemos recordar que  la explotación de la prostitución ajena en forma organizada es considerada por el derecho internacional como una práctica análoga a la esclavitud de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Vale la pena reseñar que el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el día 2 de diciembre, recuerda la fecha en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Resolución nº 317 (IV) del día 2 de diciembre de 1949).

En efecto, la explotación de la prostitución ajena es considerada en el derecho internacional de los Derechos Humanos como una forma de trato degradante que cuando se ejerce sobre la mujer constituye una práctica discriminatoria que los estados tienen la obligación de eliminar. No podemos pasar por alto que en el Preámbulo del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena se dice expresamente que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. En consonancia con esto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer obliga a tomar las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 6).  Debe destacarse, por último, que en los Informes del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud correspondientes (Resolución de la Subcomisión de Derechos Humanos 2001/14 y 2002/27) se instó a los Estados a que se aseguren que sus políticas y leyes no legitimen la prostitución considerándola la opción de trabajo de sus víctimas y a prevenir la trata y la prostitución, enjuiciar a los tratantes y demás explotadores sexuales y proporcionar asistencia y medios de rehabilitación a las víctimas.

En este sentido cabe traer aquí a colación los siguientes instrumentos internacionales que fueron firmados y ratificados por nuestro país:

  • La Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la trata de mujeres en todas sus formas y la equipara a la servidumbre (art. 6º inc. 1).
  • La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 6º).
  • La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (ratificada por Ley nº 11.925) que establece expresamente que:“Artículo 1 Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Artículo 2 Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”. Hay que destacar que el art. 6º de la referida Convención determina que“Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”.
  • El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificado por Ley nº 25.632). Este tratado dispone: “Artículo 2. Finalidad: Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr esos fines. Artículo 3. Definiciones: Para los fines del presente Protocolo: a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años”.

Estos criterios necesariamente deben ser incorporados a la legislación interna en cumplimiento de la antigua norma “pacta sunt servanda” recogida en los arts.31 y 75 incs. 22 y 23 de la Ley Fundamental. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone expresamente la sujeción a esta norma y la obligación de proceder de buena fe por parte de sus autoridades (art. 10 C.C.A.B.A.).

No se nos escapa que muchos de estos conceptos han encontrado acogida en la legislación penal vigente tanto en el propio texto del Código Penal como en las leyes complementarias de ese cuerpo legal. Dentro de ese conjunto de disposiciones hay que mencionar especialmente la aún vigente ley nacional nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario en todo el territorio de la nación y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer en su libertad y dignidad humanas.  Dicha ley que consagra legislativamente el principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella (art. 15º). El art. 17º de la ley reprime a los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia. El ejercicio de la prostitución a título personal sin autorización estatal dejó de ser delito. El criterio abolicionista que la inspiró trata, en definitiva, de liberar a la mujer que se dedica a este menester de sus explotadores y la deja libre sin más obligaciones que tratarse si está enferma.

La ley 26.842 que organiza la lucha contra la trata de personas y la explotación ha reformado el Código Penal introduciendo sustanciales modificaciones en lo que atañe a los delitos de promoción y facilitación de la prostitución (arts.125 bis y 126) y de explotación comercial de la prostitución (art. 127 C.P.).

El presente proyecto apunta a reforzar la prohibición establecida en el art. 15° de la ley 12.331 y en los arts. 125 bis y 127 C.P. en virtud de las disposiciones del art. 2 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de  la Prostitución Ajena. Entendemos que es nuestra responsabilidad cubrir aunque más no sea en el modesto ámbito de las normas contravencionales y administrativas las hendijas a través de las cuales se facilita el incumplimiento de la Ley Suprema de la Nación, tal como la define el art. 31 C.N.. En ese aspecto estamos convencidos de que así estamos cumpliendo con la obligación establecida en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

La explotación de la prostitución ajena es una práctica discriminatoria contra la mujer conforme lo establece el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En consecuencia, se impone la adopción de medidas legislativas para eliminar esas prácticas así como la incitación a esa clase de discriminación en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 de la citada convención. Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece expresamente que toda persona debe estar protegida contra la discriminación y contra toda provocación a la discriminación (art. 7).  La libertad de industria, trabajo y comercio  mencionadas en el art. 14 de la Constitución Nacional no puede ser utilizada con la finalidad de atentar contra la libertad y la dignidad de las personas, o para poner en riesgo la salud pública, toda vez que los derechos no son absolutos y si son susceptibles de reglamentación legal. En el mismo sentido pueden hacerse valer  las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (art. 29),  los arts 2,5, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1,2 y 24  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Estos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.)

Por lo demás no podemos dejar de señalar que la existencia de normas locales que contribuyen a sostener el fenómeno de la prostitución organizada en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera el deber constitucional de derogarlas en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 10 y 11 de la Constitución porteña. En este sentido corresponde la derogación de las normas que permiten la prestación del servicio de alternadoras en los locales de diversión nocturna clase “A” y reglamenta su inscripción en registros especiales y somete a vigilancia médica. Estos locales han sido tradicionalmente lugares en los que se ejerce la prostitución en forma apenas encubierta. La existencia de reglamentaciones para la actividad de las alternadoras son resabios de los tiempos en que la prostitución estaba regulada y pretendidamente sujeta a vigilancia médica. El funcionamiento de esta clase de locales de diversión nocturna está en contradicción con las normas establecidas en los arts. 3, 6 y 16 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925. En efecto, la labor de prevención, de prohibición de los registros de personas de quienes se sospeche que ejercen la prostitución y la exigencia de incriminación de los actos preparatorios de la explotación de la prostitución ajena no se cumple si el estado tolera y reglamenta actividades que sirven de pantalla a los prostíbulos. Constituye un acto de hipocresía política condenar retóricamente una conducta  que se reglamenta en las leyes. Consideramos que de este modo la Ciudad de Buenos Aires se une al movimiento, que en forma creciente en el interior del país, se dispuso a dar batalla a la explotación de prostitución ajena derogando las ordenanzas y leyes que reglamentan el funcionamiento de locales de diversión nocturna, clubes nocturnos, cabarets o whiskerías que no  son en la realidad otra cosa que prostíbulos. Estas reglamentaciones contrarias a los tratados internacionales mencionados más arriba y a las disposiciones de la ley 12.331 constituyen una afrenta a la dignidad de la mujer toda vez que admite el estereotipo que la reduce a la condición de cosa, instrumento de placer, objeto de transacciones comerciales. La Ciudad de Buenos Aires debe adoptar perspectivas de género en la adopción de sus políticas públicas y medidas efectivas de protección contra las víctimas de la explotación sexual de conformidad con las claras disposiciones del art. 38 de la Constitución porteña. Mantenerse al margen de este movimiento y no modificar una normativa vetusta y claramente contraria a principios elementales de moral pública no es admisible. En consecuencia, se eleva este proyecto a la consideración de la Legislatura.