El apoderado de Zaffaroni admitió su culpa en la causa de los prostíbulos

Se presentó en la Justicia y pagó una multa de $10 mil por violar la ley de profilaxis, asumiendo así su responsabilidad por administrar los departamentos del ministro de la Corte Suprema en los que se ejercía la prostitución.

 

Artículo publicado en http://www.infobae.com/notas/710642-El-apoderado-de-Zaffaroni-reconocio-su-culpa-en-la-causa-de-los-prostibulos.html . Crédito foto: Charly Díaz Azcué

Ricardo Montivero, encargado de gestionar los alquileres de los departamentos propiedad del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, reconoció su responsabilidad como administrador de unos inmuebles en donde se ejercía la explotación sexual y pagó una multa ante la Justicia.

Se trata de quien fuera señalado como administrador de media docena de departamentos del juez Zaffaroni, y quien era investigado por la fiscalía a cargo de Edgardo Orfila por violación a la ley de profilaxis, la 12.331.

El artículo 17 de dicha ley prevé que los que “sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de doce mil quinientos pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos como máximo”.

En la denuncia radicada en el año 2009 por la organización La Alameda se denunció más de 600 prostíbulos en Capital Federal. A los dos años, y a raíz de una investigación periodística, surgió que Zaffaroni es propietario de media docena de departamentos en los cuales se ejercía la prostitución.

Apoyándose en el artículo 17, Montivero se presentó ante el juez en lo correccional Carlos Bruniard y pagó la multa, extinguiendo así la acción penal, según confirmó a Infobae el abogado de La Alameda Mario Ganora.

Según explicó el letrado, en la actualidad dos son las causas relativas a esa denuncia que tramitan en la Justicia, y en una de ellas estaba imputado hasta ahora Montivero, el apoderado del juez Zaffaroni.

Luego se comprobó que Montivero habitaba en el domicilio que ocupa en la actualidad el juez Zaffaroni.

En la investigación a cargo del fiscal Orfila, se pidió la indagatoria de Angélica Duarte y Marcia González, ambas señaladas por La Alameda como regenteadoras de los departamentos. La primera falleció el año pasado a raíz de un accidente automovilístico camino a Misiones.

Murió la proxeneta de los departamentos del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni

La proxeneta Marcia Gonzalez

En Entre Ríos murió en un choque una inquilina de Zaffaroni. El auto era conducido por un comisario

Publicado hoy en el diario La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1500078-murio-en-un-choque-una-inquilina-de-zaffaroni

Por Gabriel Di Nicola

Marcia González era investigada por la Justicia ante la sospecha de que en cuatro departamentos que le alquilaba al juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni se ejercía la prostitución. Incluso, un fiscal había solicitado su indagatoria. Pero ya no se sabrá qué podía haber revelado porque murió en un accidente automovilístico en Entre Ríos.

González no viajaba sola rumbo a Eldorado, Misiones, donde había nacido hace 55 años. El Chevrolet Aveo que protagonizó el accidente en la ruta 14, en el acceso norte de Ubajay, el último fin de semana del mes pasado, era conducido por Juan José Cantero, un comisario de la Policía Federal pasado a disponibilidad por presunta conexión con proxenetas.

También iban en el vehículo una adolescente, un niño y la ex esposa de Cantero, Angélica Duarte, que era prima de González y que también ha sido imputada por el fiscal de instrucción porteño Edgardo Orfila. Según consta en la causa judicial, Duarte alquilaba otros dos departamentos de Zaffaroni donde se sospecha que también se ejercía la prostitución.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación explicaron a este diario que Cantero fue puesto en disponibilidad preventiva en una «purga» de más de 70 jefes, por sus presuntas conexiones con proxenetas y sospechosos de trata de personas. La medida dispuesta por la ministra Nilda Garré en marzo pasado alcanzó a otros 55 comisarios y a 23 comisarios inspectores.

Según afirmó a LA NACION Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, que fue denunciante en la causa, Cantero «es el eslabón perdido que permite hilvanar la cadena. Fue separado de su cargo por sus presuntas conexiones con proxenetas. Fue jefe de dos comisarías, como la 1a. y 2a. [en el microcentro porteño], en cuyas jurisdicciones hay gran cantidad de prostíbulos. Y fue el enlace necesario para que Duarte armara su red de prostíbulos».

Cantero y Duarte eran marido y mujer pero se divorciaron, según fuentes judiciales. En el auto también viajaban la hija de ambos y un hijo del jefe policial. Los cuatro sufrieron heridas. Los policías de Entre Ríos que participaron del rescate hallaron 135.000 pesos y 30.000 dólares. Ese dinero era de González. «Ella quería ir a Eldorado para comprarse una propiedad y volver a radicarse en Misiones», sostuvo Vera.

Las denuncias de La Alameda originaron una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), a cargo de Marcelo Colombo. Parte de esa pesquisa quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría por el presunto delito de trata de personas; otra parte fue girada al fuero criminal porteño para que se investigue la actividad de eventuales proxenetas.

Es en esa causa que Marcia González y Angélica Duarte fueron imputadas por el fiscal Orfila.

Más pruebas sobre los departamentos prostibularios del juez Zaffaroni

Pasado el mediodía de ayer jueves 24, la Alameda amplió la denuncia penal por la red prostibularia montada en los departamentos del juez de la Corte Suprema. Entregamos copia de los contratos de los departamentos de Zaffaroni, como los elementos de prueba de una causa que tramitó en la fiscalía antitrata UFASE un año antes de nuestra denuncia y una nueva cámara oculta donde la proxeneta e inquilina Angélica Duarte reconoce que junto a su marido Gabriel Vignola (gerente del INTI) tienen estrecha amistad con Zaffaroni. Aquí pasamos a reproducir el artículo escrito por Federico Fashbender  publicado en el día de hoy en el portal perfil.com

http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/24/noticia_0024.html

Sigue la investigación por el «Zaffagate»: «El apoderado del juez está muy comprometido»

Así lo confió a Perfil.com una fuente ligada a la investigación de los prostíbulos. La causa de 2002 y la supuesta «amiga» del juez.

25.05.2012 | 06:10

Aunque Eugenio Raúl Zaffaroni declaró el año pasado en Radio Mitre que «está todo aclarado», la investigación por el escándalo por prostitución en seis de sus departamentos que reveló Perfil.com continúa en la Fiscalía Nº7 en lo Correcional a cargo de Edgardo Orfila. Una fuente ligada a la causa –hoy de un total de seis cuerpos tras comenzar con dos al principio de la investigación– aseveró: «A un año de que explotó el tema se avanzó mucho en la investigación. Y Ricardo Serafín Montivero, el apoderado del juez, está muy comprometido».

Montivero (66) –quien vive en una casa dentro del mismo lote que la de Zaffaroni en el barrio de Caballito–, fue confirmado por el juez como su apoderado con facultades para administrar sus propiedades en 2000 y señalado como el firmante de los alquileres en la inmobiliara Juan Calvo Propiedades, que operaba sin licencia.

Sobre los avances, el fiscal Orfila –que según él mismo allanó y clausuró los departamentos del juez en las calles Bacacay y Dellepiane, un mes antes de explotar el escándalo– reconoció a este portal: «La causa está desde el 29 de marzo en el Juzgado Nº6 bajo el doctor Carlos Bruniard para resolver varios pedidos de prueba que hicimos». Sin embargo, no quiso admitir si citó a su despacho a Zaffaroni o a Montivero. Desde la Fiscalía Nº7, otra voz afirma: «Se está manejando todo con la más estricta reserva para que no haya recusaciones».

Ayer, Gustavo Vera y Mario Ganora, presidente y abogado de la ONG La Alameda, se presentaron en el despacho de Orfila este mediodía con una nueva ampliación a sus denuncias de 2011 tras un escrache con una heladera que simbolizó «el congelamiento de la causa».

Entre el material que presentaron se hallaban los contratos de alquiler de los seis departamentos y una cámara oculta donde la protagonista, según La Alameda, es Angélica Duarte. En el entramado del alquiler de los prostíbulos, Duarte juega un rol preponderante.

Según los contratos de alquiler, Duarte alquiló a Montivero los departamentos de la calles Bacacay y Santa Fe y fue garante de Marcia González en los otros cuatro inmuebles del escándalo. En la cámara oculta, Duarte admite: «Nosotros somos muy amigos de Zaffaroni», en referencia a su marido, para luego defender al juez. De acuerdo con La Alameda, Gabriel Vignola, esposo de Duarte, ocupa un cargo en el INTI. Como propiedad para garantía, Duarte ofreció un departamento en la calle Beauchef, que también funcionó como prostíbulo.

La Alameda también apoyó su denuncia en un documento de la UFASE al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, con fecha de agosto de 2011 que afirma que a agosto de 2010 –un año antes del escándalo– cinco de los seis departamentos del juez ya contaban con causas penales por prostitución.

El informe también menciona los departamentos de la calle Paraguay 877, 1º «A» y «B». Según Noticias, el juez declaró como propio el «A», pero las expensas llegan a su nombre en el «B». Varios vecinos del edificio coincidieron en que se trata de la misma unidad y que en el «A» se ejercía la prostitución. Según el informe de la UFASE, el departamento «A» registra una causa judicial iniciada el 8 de mayo de 2002 por violación a la ley 12.331 que incluye el delito de proxenetismo.

Desestimado. La causa por los prostíbulos no es el único revés judicial para Montivero. Datos de la Cámara del Crímen lo vinculan a una causa por coacción con Eduardo Sánchez como damnificado que data de 2003 y fue radicada en el Juzgado Nº46 de Capital Federal. Sin embargo, fuentes judiciales indican que la cuestión terminó en nada: sin indagatorias y sin siquiera la necesidad de un abogado defensor, quedó desestimada por «inexistencia de delito» el 28 de enero de 2004 por decisión del juez Julio Corvalán de la Colina.