La Alameda presentó un amparo colectivo contra la ordenanza que crea una “Zona Roja” en Mar del Plata

La fundación, con una larga trayectoria de actuación en causas judiciales contra la trata y la explotación sexual de personas, solicitó una medida de no innovar contra la ordenanza que dispone la creación de una «Zona Roja» en la localidad de Mar del Plata.

Néstor Escudero, en representación de la Fundación Alameda (por encontrarse su histórico titular, Gustavo Vera, desde el año 2020 en uso de licencia en dicha entidad, al estar a cargo de la Dirección Operativa del Comité de Lucha contra la Trata de Personas), interpuso el pasado viernes 9 de septiembre una acción de amparo colectivo en el fuero federal contra la ordenanza del Municipio de General Pueyrredón nro. 25.590, promulgada por el decreto 1597/22, y publicada en el Boletín Oficial municipal del 25 de julio pasado, mediante la cual, la intendencia local, promueve y fomenta la regulación de la prostitución y auspicia multas y cárcel a personas en situación de prostitución, lo cual choca con la legislación vigente, las convenciones internacionales que la Argentina suscribió, y además genera un ámbito de explotación sexual en la que la policía local, como ya ocurrió en otras épocas en Mar del Plata, se convierte en una suerte de proxeneta que «regula» y castiga a personas en estado de vulnerabilidad social.

El objetivo de la presentación es que se declare la inconstitucionalidad de la norma, ya que la misma “afecta derechos humanos contemplados en lo pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional, así como también las leyes 12.331, 26.362 y los artículos 125 bis a 127 del Código Penal”.

La Alameda solicita que se dicte una medida de no innovar «hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión», ya que «la aplicación de la norma causa gravámenes irreparables en el tejido social».

La fundación cuenta con una larga historia de lucha contra toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de personas, y se encuentra habilitada para actuar en procesos judiciales, lo que ha venido haciendo en diversas causas en el fuero federal, como la que se lleva adelante contra Raúl Martins en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 1, Secretaría 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se le reconoció el rol de querellante.

La ordenanza en cuestión resulta inconstitucional «por ser un acto público que lesiona, restringe, altera y amenaza, con ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional, los diversos tratados internacionales incorporados a la misma y la normativa legal vigente citada», refiere la presentación.

La norma cuestionada «reconoce que las personas que ejercen la prostitución son criminalizadas, discriminadas y vulnerables. Se trata de víctimas a las que se pretende invisibilizar mediante la excusa de garantizar la convivencia» entre oferentes, consumidores y vecinos», y atenta «contra la posición abolicionista que asumió el Estado Argentino, al sancionar la Ley 12.331, que prohíbe en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella».

«Las voces parlamentarias defendieron la prohibición de la prostitución reglamentada y el castigo penal a quienes regentearan casas de tolerancia. Del mismo modo en que se presenta el fenómeno en nuestros días, la existencia de casas de tolerancia y su regenteo o administración, condujeron al tratamiento de la mujer como cosa», sostiene la presentación judicial. Esta posición histórica “fue ratificada en 1999, cuando en Bangladesh, durante la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, se declaró el 23 de septiembre como Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, en honor a la promulgación en la Argentina de la Ley 9143 conocida como ‘Ley Palacios’”.

La fundación explica que la postura Argentina fue robustecida cuando refrendó convenciones internacionales de jerarquía constitucional:

1-Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Decreto Ley nro. 11925),

2-Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Ley 23054),

3-Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23179),

4-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, Ley 24632)

5-Convención Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (Ley 25632) junto al Protocolo de Palermo, a partir del cual se sancionan en la Argentina las leyes 26364 y 26842, que incorporan al Código Penal de nuestro país los artículos 145 bis y 145 ter, que castigan con prisión la trata de personas con fines de explotación, en la que se contempla la explotación sexual tipificada en lo artículos 125 bis a 127.

«Por otra parte, el municipio no se halla en condiciones de garantizar que no exista explotación sexual, ni que el crimen organizado no corrompa a las autoridades con poder de policía que controlen la zona. Debe resaltarse, además, que el fuero federal en Mar del Plata es una de las jurisdicciones en la que más fallos condenatorios se han dictado sobre trata de mujeres, niños y niñas. El hecho de crear ‘zonas seguras’ no hace más que agravar la situación que de por sí ya es grave, con el agravante de que si no ejercen la prostitución dentro del marco propuesto por el municipio, esas víctimas se vean en riesgo de ser multado o arrestados”, sostiene la presentación.

Explica la fundación que la ordenanza cuestionada “promueve desde el Estado una actividad que afecta la dignidad de las personas” al tiempo que “pone en peligro sus vidas”, ya que “resulta aún más grave que quienes lleven esta actividad de oferta sexual fuera de la zona fijada pueden ser privadas de su libertad revictimizando y estigmatizando a los más vulnerables”.

El amparo también se justifica considerando que “el colectivo afectado suelen ser personas de pocos recursos y extremadamente vulnerables en lo social y en lo económico hechos que pueden impedir el acceso a la Justicia”.

Néstor Escudero, actual titular de La Alameda, junto al Papa Francisco.

Peligro de cierre del único Polo Textil para ex víctimas de trata y esclavitud

Costureras en el Polo

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está vaciando la única política pública con salida laboral para víctimas de trata y trabajo esclavo. Ejemplo para el mundo hoy se encuentra a pasos del cierre.

Este lunes 6 de mayo, por primera vez, cerró sus puertas tras una década de vida el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), más conocido como Polo Textil, ubicado en el barrio porteño de Barracas. No pudieron trabajar los costureros que conformados en cooperativas salieron de talleres clandestinos o fueron despedidos de fábricas.

Los costureros no se quedaron de brazos cruzados esperando ver que peligra su fuente laboral, y la única política pública del Estado nacional y porteño con salida laboral para las víctimas de trata y trabajo esclavo. Una comitiva fue este lunes 6, a la sede central del INTI en av. General Paz y Constituyentes. Allí dejaron una nota al presidente del INTI, Javier Ibañéz. Hoy, martes 7 de mayo, por la mañana, se hizo presente Ibañez en el Polo Textil. Pero no dejó certezas de solución. Es más el Polo se encuentra formalmente fuera de la estructura del INTI y hoy destina un solo empleado, por ello que desde las cooperativas textiles señalamos que es un vaciamiento con destino en cierre.

Comitiva de costureros en el INTI

Ezequiel Conde, de la cooperativa de la Alameda, señaló que “desde la ‘reestructuración’ de las nuevas autoridades del organismo, el Polo Textil, no está dentro de la estructura formal del mismo, y hoy cuenta solo con un empleado, cuando hasta hace un mes eran cuatro, que cumplían distintas funciones relacionadas con el acompañamiento y asesoramiento de las cooperativas, así como también el canal de entrada de proveedores y clientes, el mantenimiento de las maquinarias, y la relación con otros organismos. Pero claro en un contexto donde hubo más de 256 despidos en el INTI, entre ellos nuestro compañero Néstor Escudero delegado gremial y con funciones en el Polo, es que entendemos que ahora vienen por el cierre definitivo”.

El Polo Textil funciona desde el año 2009 y nació como iniciativa de la Fundación  Alameda, después del fallo del juez federal, Sergio Torres (hoy miembro de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires), que por primera vez incauta bienes a los esclavistas textiles para destinarlos a la reutilización social en mano de las víctimas.

El INTI comandado en ese momento por el ingeniero Enrique Martínez y la Corporación del Sur (entidad del Gobierno porteño) fueron los organismos por los cuales se articuló la creación del Polo Textil con las maquinarias incautadas a los esclavistas, y con el fin de tener una primera iniciativa de reinserción laboral digna de las víctimas.

EJEMPLO A NIVEL INTERNACIONAL

El día de la inauguración del Polo estuvieron presentes funcionarios de la embajada de Estados Unidos y Venezuela, la titular entonces de la Defensoría del Pueblo porteña, Alicia Pierini, además de varios dirigentes y funcionarios de distintas áreas nacionales y de la Ciudad.

A lo largo de estos diez años el Polo tuvo visitas, en cuatro oportunidades con más precisión, de diplomáticos estadounidenses, a su vez es una experiencia destacada como positiva por otros Estados como en coloquios internacionales en defensa de derechos humanos o en encuentros jurídicos donde se destaca el fallo del juez Torres como jurisprudencia en beneficio del bien común y a la vez el combate al crimen organizado.

A su vez diversos medios de comunicación nacional e internacional han registrado al Polo como una iniciativa positiva para la sociedad.

Entrada al Polo

Sin embargo, el lobby de las grandes marcas hizo que el Estado deje aislado al Polo Textil sin acompañamiento en términos de mejores recursos, planificaciones y relación interdisciplinaria para que sea un verdadero puente para que las víctimas del trabajo esclavo tengan la oportunidad de tener un trabajo digno.

No sólo vacían el Polo Textil, sólo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la triste cifra de más de 10 niños carbonizados en talleres clandestinos, la última muerte en diciembre una chica de 11 años, y esto es solo contando los casos que llegaron a tener alguna cobertura mediática, los que no llegaron a ser noticia murieron en el olvido de un Estado que no le interesa los trabajadores ni los niños, solo protege y garantiza el lucro de las grandes marcas de ropa, y hoy embate de nuevo contra la única política pública, en vez de replicarla.

Crónica en el ruidazo contra el tarifazo

Ayer a la tarde en el partido de Esteban Echeverría la Multisectorial 21 F organizó el ruidazo contra el tarifazo que nos impone el presidente Macri y la gobernadora Vidal para llenar las cuentas financieras de las multinacionales.

Para el móvil de Crónica habló Néstor Escudero referente de la 21 F y junto a otros vecinos de Monte Grande.