Fiscal Antitrata habla de intentos de secuestro

17 05 2017

El fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, remarcó que hicieron una investigación en cuanto a los posibles secuestros de personas, sobre todo de chicas, que fueron denunciados en los últimos tiempos y que de los 34 casos que recibieron 23 fueron judicializados y se comprobó que hubo “intentos de secuestro”.

De todas maneras, aclaró que puede tratarse de una modalidad parecida, pero no de trata de personas, aunque pidió “no subestimar las denuncias que pueden hacerse ante una comisaría o una sede judicial”.

“Tuvimos en el último mes un incremento no solo de denuncias, sino de noticias, reenvío de información por la web, consultas telefónicas, en los que nos hicieron llegar casos con posibles secuestros de personas en la vía pública. A partir de eso, nos propusimos con  la Dirección General de Análisis General de la Procuración General analizar toda esa información”, detalló Colombo en declaraciones al programa “La Verdad Concreta” que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por la radio online Conexión Abierta.

En ese sentido, el fiscal de la PROTEX señaló que “desde febrero hasta ahora hubo 34 de esos supuestos casos, de los cuales 33 fueron en Capital y uno en Provincia, más precisamente Olivos. De esa cantidad, 23 fueron judicializados, pero todos fueron intentos de secuestro, todas fueron mujeres”.

“Además, en ocho casos se individualizó que era una camioneta y en siete que era blanca”, añadió.

Colombo sostuvo que verificaron las condenas que hubo por trata de personas y explotación sexual “en ninguno de los hechos se usó como captación y secuestro una camioneta”, aunque aclaró que “eso no quiere decir que se lleven a cabo episodios parecidos para modalidades similares”.

“Le mandamos una nota a la Procuradora (Alejandra Gils Carbó) el viernes para que profundice este primer examen que hicimos nosotros sobre todas las fiscalías del país para ver si tuvieron casos similares a los nuestros. También le pedimos que le dé participación a la UFEM (Unidad especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales) para ver si tuvieron algunos antecedentes que revelen si en condenas o procesamientos registrados en la Ciudad si hubo alguno parecido a estos hechos”, precisó.

El fiscal pidió “que se actualicen y se pongan al día todas las cámaras de seguridad, porque no debería ser un gran problema acreditar ese hecho porque estaria filmado”.

“El problema es que hoy hay algunas cámaras que no funcionan o que no están ubicadas en lugares más críticos, como las cercanías a las escuelas. Esta puede ser una buena excusa para poner al día el circuito de cámaras y así poder tener una respuesta rápida ante hechos de esta magnitud”, sostuvo el fiscal.

Colombo indicó que “es débil la respuesta jurisdiccional en cuanto a una denuncia, ya que se recibieron en la PROTEX a personas que fueron a la comisaría a hacer la denuncia y no se la tomaron o lo hicieron sin la seriedad necesaria”.

“Esta modalidad (secuestro de mujeres con fines de trata) aparece y desaparece. Como se pone en el tapete en determinado momento ello llevó a autoridades judiciales y policiales a no darles la importancia que vale y ese es un error grave”, precisó.

Colombo indicó que le pidieron a la Procuración General “hacer otro estudio más profundo sobre esta hipótesis para ver qué hay de cierto y qué no”, al tiempo que remarcó que “no debe ni puede descalificarse este tipo de denuncias, ni tampoco referirse a las mismas como subestimándolas, más allá que no sean casos de trata al final del camino”.

Por último, señaló que “si existiera una sensibilización de este tema, está más que fundada por el aumento exponencial que tuvieron los casos de femicidios”.

“Lo que hacemos nosotros es ver que pasa para llevar una palabra objetiva a la población. Con que dos casos de estos fueran verdaderos ya es suficientes para encender la alarma como para no descalificar”, indicó.





Nuestra Huella: los trabajadores denuncian golpes y amenazas

19 03 2012


El siguiente artículo fue publicado en la página web Pilar de Todos. http://www.pilardetodos.com.ar/20120317/granja-protesta-nota.html

Señalaron que “patotas” que responden a los propietarios de la firma “Nuestra Huella” atacaron a mujeres que llevan adelante una medida de fuerza por sueldos impagos. Aseguran que la compañía quiere desalojar a todos para alquilar la planta a otras empresas.
Trabajadores de una de las granjas avícolas “Nuestra Huella” denunciaron anoche que fueron atacados “por una patota que responde a los dueños de la firma”, con el objeto de desalojarlos del lugar.
La situación se registró anoche en la granja Don Mariano, que se encuentra a la altura de Carabassa, Pilar, cuando, según los denunciantes, tres hombres se bajaron de un vehículo y golpearon a trabajadores que se encuentran realizando una medida de fuerza desde hace casi 2 semanas.
Según contó a Pilar de Todos Oscar Taboada, un ex trabajador de la firma, las responsables de Nuestra Huella, María Luz Luaces, Leticia Luaces y Alejandra López Camelo, pretenden alquilar la planta a otras avícolas, pero la presencia de los actuales trabajadores “sería una molestia”.
Además, denunció que se adeudan sueldo desde hace 3 meses, además de otros pagos, como vacaciones.
“Lo que quieren hacer es vaciar la empresa de los trabajadores, porque son una molestia, y poner otros nuevos o que los contraten las nuevas empresas que se harían cargo de las granjas de Nuestra Huella. Pero los empleados, que viven en los predios, de manera muy precaria, se niegan a quedarse sin trabajo y desde hace 10 días que están de paro; la producción se sigue recogiendo, pero no sale de las granjas”, explicó Oscar Taboada a Pilar de Todos.
Una de las personas que estuvo presente en el supuesto ataque, Natalia López, relató a Pilar de Todos que ayer a la tarde noche “3 personas se bajaron de un vehículo y comenzaron a amenazar a las personas que pacíficamente se encontraban en el lugar”.
“Una de esas personas es Álvaro Pio Bonilla, que responde a otras granjas, que junto con otros dos más, nos dice que si no nos íbamos nos va a mandar a pegar, para poder sacar la producción a la calle. Yo lo quiero filmar con mi celular, pero me pega, me da una trompada en la cara, y los demás compañeros se levantan. Este señor golpea a otra de las mujeres en el rostro, llamada Vicky, y luego se trenza con otros de nuestros compañeros, de nombre Raúl”, describió Natalia López, del Frente de Acción Social Ezequiel Ferreyra, que recuerda el nombre del pequeño de 7 años que murió víctima del cáncer supuestamente contraído a raíz de los agroquímicos que se usaban en una de las granjas de Nuestra Huella.
Como resultado de la agresión, indicó López, ella resultó con heridas y corte en el labio, rasguños en la espalda y brazos, y la otra mujer con golpes en el rostro y uno de los ojos.
La idea, según relató Natalia, sería la de “vaciar las granjas de los actuales trabajadores, para dejarla en manos de otras firmas, como OVOPROT, Plumas Verdes, Bonifer, entre otras, que son administradas por las mismas familias y grupos de gente”. “Lo que pretenden hacer es no pagar, desalojar y sacarlos del predio, porque tienen sus casitas dentro del lugar, para entregársela a OVOPROT. Esta maniobra está denunciada en el Juzgado Nacional 24 a cargo del Juez Juan Ramos Padilla”, contó López, quien aseguró que “los matones pertenecen a esas otras firmas”.
La denuncia era radicada ayer a la noche en la Fiscalía N° 3 de Pilar, a cargo de Gonzalo Acosta.