“Bullrich no está capacitada para dirigir el Ministerio de Seguridad”

8 02 2017

El legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, remarcó desde el Vaticano que “Patricia Bullrich “no está en condiciones ni es la persona más equilibrada para dirigir el Ministerio de Seguridad de la Nación” y afirmó que “hacer una equivalencia entre el delito y el migrante como ella hace es un argumento muy racista”.

Vera afirmó en declaraciones telefónicas a C5N que “Patricia Bullrich debería perseguir el delito sin estigmatizar, a priori, a ninguna nacionalidad. No tendría que discriminar”, precisó el titular de La Alameda desde el Vaticano, donde participa del primer coloquio mundial por el tráfico de órganos y trasplantes.

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GUSTAVO VERA Y PATRICIA BULLRICH

Además, recordó que “Marco Estrada, si, es peruano y está a la cabeza de una de las organizaciones narcos dentro de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, pero alguien lo protegía en el country donde vivía y alguien  lo protegió a lo largo de todo este tiempo para que el tipo pudiera procesar cocaína y pudiera exportarla”. 

Enseguida, Vera planteó: “Qué hacían los servicios de inteligencia, que hacían los Stiuso, qué hacían los Roncaglia, que todavía sigue en funciones, ahora como jefe de la Policía Federal y antes como superintendente de Drogas Peligrosas, y qué hacían un montón de organismos que tenían que velar por la seguridad ciudadana,  como para frenarlo a Marco”.

“Por eso, es un argumento muy simplista y muy racista el hacer una equivalencia entre el delito y el migrante. Patricia Bullrich para mí no está capacitada ni es la persona más equilibrada para estar al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación”, señaló.

Por último, Vera recordó que Daniel Awada, hermano de Juliana y cuñado del presidente Mauricio Macri “fue denunciado en forma reiterada no solo por La Alameda, sino por otras personas y organismos por basar la producción de la firma Cheeky en trabajo esclavo”.

“La primera denuncia contra Daniel Awada la hicimos con el gobierno porteño de Jorge Telerman junto a la Defensora del Pueblo de ese entonces, Alicia Pierini, Enrique Martínez, quien era presiente del INTI, y también participó el entonces cónsul de Bolivia y actual presidente del Senado en ese país, José Alberto Gonzáles. Fue una investigación conjunta de muchos organismos que detectaron que esa marca basaba su producción en talleres clandestinos que  no respetan los más mínimos derechos laborales”, cerró.





Respuesta a la fiscal Caamaño

25 03 2015
Cristina Caamaño, actual fiscal ex funcionaria en Seguridad

Cristina Caamaño, actual fiscal ex funcionaria en Ministerio de Seguridad

Tras conocerse la contundente investigación sobre los laboratorios narcos del Bajo Flores y su ejercito de 300 hombres con armamento de guerra, la primer funcionaria que salió a querer desacreditar la denuncia fue la actual fiscal, Cristina Caamaño.  Aquí la respuesta de Jorge Rodríguez, ex asesor e investigador bajo órdenes de la entonces ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré.

“La señora Cristina Caamaño Iglesia País, una vez más falta a la verdad en forma lamentable. 

Justamente en el libro de muy próxima aparición -cuyo borrador puede verse en PDF publicado en la red- vuelco una serie de elementos para que el lector pueda llegar a conocer la labora de la entonces segunda del Ministerio de Seguridad Nacional:

Ese sábado 12 de enero 2013 la llamo a la Secretaria Cristina Caamaño a su celular, para comentarle que en la noche en ese tugurio llamado Piel Morena, se iba a festejar el cumpleaños mencionado en el mail a Garré, del cual le mandé copia en forma previa a mi llamado. Caamaño me pregunta que es lo que quiero que haga y directamente le digo que procure varias personas con equipos fotográficos y filmadores, más un equipo operativo armado dispuesto a actuar y que por supuesto se comunique con el Juzgado Federal de turno para que en caso de ser necesario disponga orden de allanamiento y demás medidas procesales. Vuelvo a llamarla al rato y me dice que lamentablemente no puede conseguir ninguna de las cosas que le solicito. Como yo le había mencionado que me iba a disfrazar para entrar a la fiesta con una trans peruana que era mi fuente de información, me envía un mensaje diciéndome “Feliz Cumpleaños”, cargándome sin límites cuando una vez más yo me iba a jugar la vida nuevamente metiéndome a otra cueva narco peruana. Es decir que una Secretaria de Estado de máxima confianza de la Ministra de Seguridad por entonces Nilda Garré –y una suerte de Vice Ministra- no puede conseguir 10 personas con horas de anticipación y mover las instancias judiciales para detener a doscientos traficantes?”. Esta cuestión realmente se asemeja muchísimo al delito de encubrimiento conforme lo define el Código Penal de la Nación o a otros tales como Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Anteriormente ya había visto el proceder de Caamaño Iglesia País, ante un alerta recibido referente al posible desarme y traslado de uno de los laboratorios de Marcos Estrada Gonzalez, el capo narco de los laboratorios en la villa 1-11-14. Esta señora también en ese caso reaccionó tarde y mal a mis continuos llamados telefónicos de ese día para intentar atrapar a los narcos “in fraganti delito”.

Si bien no me nombra en la entrevista, plantea que la denuncia del legislador y titular de la Alameda Gustavo Vera es un delirio y otros argumentos de bajo nivel tales como mencionar que esto lo hace porque está en campaña. Tengo como demostrar que Caamaño Iglesia País recibió todos mis Informes de la Villa 1.11.14 con sus detalles de la parafernalia narco peruana, la cantidad de soldados y sus armamentos:

From: Cristina Caamaño  Sent: Monday, January 21, 2013 7:12 PM To: ‘Jorge Rodriguez’ Subject: RV: RV: sobre los transas travas de Flores

“Jorge, hemos tomado nota de todos los aportes de tus informes. Puntualmente, estoy preparando la presentación para judicializar la denuncia sobre el boliche “Piel Morena”, el cual, como te sucedió a vos también, no lo teníamos en nuestros registros. Como siempre, nos resultan de suma utilidad tus informes, en particular por brindarnos información valiosísima sobre las organizaciones de narcotraficantes, y más aún, sobre sus vínculos con la Policía. Combatir esto es hoy por hoy una de nuestras mayores prioridades”.

Cristina Caamaño

Secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas Ministerio de Seguridad de la Nación. Gelly y Obes 2289 7° piso CABA tel 4809-1680 fax 4809-1669 cristina.caamano@minseg.gob.ar

Lo que Caamaño Iglesia País hacía, era tomar solo algunas denuncias y presentarlas en los juzgados, es decir que se abrían los expedientes y ella se olvidaba del tema en forma absoluta con lo cual todo terminaba en la nada (ella tira los expedientes y no hace nada más, me comentó el ex Director Ricardo Dios nombrado en líneas inferiores).

También en el libro podrá leerse como la señora Carina Ramos, quien denunció una red de trata y narcotráfico sostenida por policías federales merced a La Alameda, mencionaba lo siguiente:  “Refiriéndose a la viceministra Caamaño dijo:  “Esa señora me entregó en bandeja para que me maten los narcos. Eso es lo que hizo la viceministra de Seguridad del Gobierno de la Nación”. “Según Ramos, el comisario de la Federal a cargo de la 31ª, Juan Antonio Araya (luego removido de su cargo), le dijo “hay un compañero mío de promoción que se la está volteando a la Caamaño y es íntimo amigo mío, entonces con ella yo hago lo que quiero”. Sin dudas que a la señora fiscal puedan gustarle los comisarios corruptos lo cual no es ningún delito, pero si lo sería que les hubiera pasado información reservada del Ministerio, para que con la misma la Corporación Policial pueda ir anticipando sus pasos.

En otro mail Caamaño Iglesia País me escribió lo siguiente:

Date: Thu, 07 Feb 2013 21:53:14 -0300 From: =?utf-8?Q?Cristina_Caama=C3= B1o?= <cristina.caamano@minseg.gob. ar>

Subject: RE: informe confidencial de la fecha In-reply-to: < 622A5AB9BCA84D77A860B6F983F19D F0@PC> To: ‘Jorge Rodriguez’ <jorrod03@fibertel.com.ar>, ‘Ricardo Dios’ ricardodios@gmail.com

“Exactamente, nosotros ampliamos las denuncias con las nuevas cosas que nos llegan, también es una manera de hacerlos laburar porque si archivaron la causa la tienen que desarchivar y agregar la nueva denuncia”.

Quien te dijo que Riky no bebe??? Jajaja La semana que viene vamos al juzgado federal cariños.

El juzgado federal del cual estaba hablando es el nº 12 a cargo de Srgio Torres –en buena medida gracias al cual Marcos vive en su country de Ezeiza-, y en el cual se tramitaba la causa contra Marcos Estrada Gonzalez, falsamente llamada la “Mega Causa del Paco”. Por supuesto que me mintió una vez más y a ese juzgado no fuimos, como tampoco concurrimos jamás a ningún otro.

La productividad de la señora fiscal Caamaño en el Ministerio de la Inseguridad Nacional era realmente cercana a cero, pero además se la pasaba realizando viajes al interior sin ningún sentido, obviamente con fondos públicos, realizando supuestas reuniones con integrantes de Juzgados y Fiscalías, cuyo único objetivo realmente era establecer o fortificar contactos para poder utilizarlos en día de mañana en su usufructo personal.

Se comprende perfectamente que Caamaño Iglesia País defienda la gestión aberrante, ineficaz y perversa de la ex ministra y actual embajadora ante la OEA, Nilda Garré, debido a que ella también es coparticipe de todas las irregularidades que se cometieron en esos dos años y medio y en los eventuales delitos de acción pública que se pudieran haber cometido y que denuncié ante el juzgado federal de Sebastian Ramos en el expediente 7104/13, por no haberse desbaratado 10 laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína que protegen 300 hombres con armas de guerras y preparados militarmente en su país de origen Perú”.





Berni no informa a un fiscal sobre narcos y trata en Once

13 01 2015

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El Ministerio de Seguridad Nacional bloquea la información sobre narcotráfico y trata a un fiscal federal. Esta negativa por la cartera de seguridad que dirige de facto Sergio Berni se evidencia en la causa penal por 36 inmuebles de la mafia en el barrio de Once (entre privados y 6 búnker narco) que denunció ante el fiscal federal Federico Delgado la agrupación Once de Pie, que integran los vecinos autoconvocados, las iglesias y la Alameda.

Es el propio fiscal Delgado en su investigación preliminar (expediente Nº 123518/14) que a través de efectivos de la Prefectura Naval Argentina a quienes elogio por su tarea (la Policía de Seguridad Aeroportuaria quien dijo no poder hacer las tareas por exceso de trabajo) quienes comprobaron que la mayoría de los inmuebles denunciados por Once de Pie se presumen los delitos de narcotráfico y trata de personas.

Deja bien claro el fiscal Delgado en su expediente que pese al “trabajo serio y comprometido de los prefectos, se vio resentido porque a la hora presente, 39 días después, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación no informó que antecedentes existían sobre los inmuebles denunciados, en los sistemas conocidos como ‘Sistrata’ y ‘Sisdroga’. Esto significa que todos los archivos de trabajo que se utilizaron, pertenecen al del Ministerio Público Fiscal”.

Mapa de la mafia en Once

Mapa de la mafia en Once

LAS EXCUSAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Desde el despacho del legislador porteño y titular de la Alameda, Gustavo Vera, se llamó este martes 13 de enero al titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Sebastián Fernández Ciatti se encuentra de vacaciones y respondió en su lugar Ezequiel Rostein.

“Estamos viendo como responder a las fiscalías porque a nosotros nos rige la ley de secreto Nº 25.520. Además la base Sisdroga no la pasaron en octubre por resolución de la ministra (Cecilia Rodríguez) pero la base de dato de Sistrata lo maneja la Dirección Nacional de Investigaciones (a cargo de Damián Neustad)”, respondió a la pregunta de la razón por no enviar la información solicitada por un fiscal federal en la causa por 36 reductos de la mafia en el barrio de Once.

En la charla telefónica el funcionario de la Dirección de Inteligencia Criminal dejó en evidencia la calidad de la labor en el ministerio de Seguridad “de todas maneras es muy probable que todo lo que respondamos a los fiscales sea negativo porque nos envían oficios por las direcciones que no tenemos datos. Solo nos manejamos con nombres y apellidos”. 

Es llamativo que no tengan en sus bases de datos los inmuebles sabiendo los cambios de personas constantes para complicar las investigaciones. Y otra cosa que llama la atención son las divisiones que evidencia el organigrama del Ministerio de Seguridad entre Criminalidad o Delitos Complejos, por la que no queda claro sus diferencias y por la que sería mejor concentrar los esfuerzos en una sola dirección.

La presentación del mapa con escrache a la AGC

Escrache a la AGC que habilita prostíbulos

ENCUBRIMIENTO POLICIAL

En la investigación del fiscal de Delgado que finalizó el 16 de diciembre de 2014, y que sorteó en la Cámara Federal para que un juez continué la investigación, señala que los puntos denunciado por Once de Pie (puntualmente Lucas Schaerer de la Alameda y Gloria Illopiz Ortiz de Buenos Vecinos Once) “en varios casos se pudieron advertir reiterados antecedentes ilícitos en algunos de los domicilios investigados que admiten el legítimo interrogante respecto del rol de las fuerzas de seguridad en cada una de esas circunscripciones territoriales. Concretamente ¿Previenen o administran los niveles de los delitos? Ese es el punto que nos interesa destacar: la reaparición del delito sobre un mismo domicilio y, como contrapartida, la ineficacia del estado para evitar que ello suceda una y otra vez (…) En definitiva, son muchos los casos en los que la actividad se “interrumpe” pero no se “suspende” frente a los allanamientos y/o clausuras, porque luego renace como si nada hubiese ocurrido. Ciertamente inconcebible¨.

El informe de Delgado va más allá, no sólo corroborando los puntos denunciados, sino que también se pregunta por el accionar de las fuerzas policiales, las comisarías que tendrían que ser la primer barrera contra el delito y la más cercana al vecino. Sobre este punto el Fiscal amplia ¨la policía llegó tarde y fue la información proporcionada por los vecinos la que permitió descubrir esos comportamientos ilegales. No obstante, ésta no es la dinámica que prevé la ley, porque no es una tarea de los vecinos ocuparse de esos asuntos, sino que es el Estado, a través de las fuerzas policiales, quien tiene que evitar que eso suceda a través de una función que remite a sus inicios como institución pública: prevenir para impedir que se cometan delitos¨.

Ya hacia el final del informe el fiscal Delgado propone dos líneas de investigación, primero judicializar la investigación en su conjunto y no sobre casos aislados, con la intención de desentrañar la/s organización/es que podrían estar tras estas mafias; segundo proyectar la investigación a la deficiente actuación de las fuerzas de seguridad para dilucidar si existe connivencia con las mafias que azotan al barrio.

Hoy la causa por la red narco/prostíbularia de Once lleva el expediente 12608/14 y quedó en manos del Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Daniel Ercolini, secretaria Nº 20 a cargo de Gustavo Enrique Cristofani. Once de Pie integrado por la Alameda, Buenos Vecinos de Once, las parroquias y sinagoga del barrio seguirán aportando información en la causa judicial. 

El fiscal Federico Delgado aseguró que su investigación preliminar “no es más que la punta de un iceberg sobre dos planos delictivos que deben ser revelados tras una investigación que aborde el conjunto, la trama y no dispersarse en una cantidad de fragmentos investigados”.

Además se sugiere la intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas –PROTEX- de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.

Fiscal Federico Delgado

Fiscal Federico Delgado

DICTAMEN COMPLETO DEL FISCAL DELGADO

Expediente Nº 123518/14

///nos Aires, 16 de diciembre de 2014.

                  Por recibido, agréguese y téngase presente la información remitida.

                  La presente investigación preliminar se inició en los términos de la resolución PGN 121/06 y las facultades dispuestas por el artículo 26 de la Ley 24.946, con motivo de la presentación efectuada por Lucas Schaerer y Gloria Llopiz Ortiz, en su carácter de miembros de la Fundación Alameda y de la organización vecinal “Buenos Vecinos Once” respectivamente, a través de la cual solicitaron que se investigue la presunta comercialización de estupefacientes, trata de personas y prostitución en treinta y seis domicilios de esta ciudad. Esa fue la brújula que guio la pesquisa que tuvo como objetivo central corroborar o descartar esa hipótesis delictiva, y de esa manera verificar si se encontraban reunidos los requisitos necesarios para efectuar una denuncia de acuerdo lo establece el artículo 176 del Código Procesal de la Nación.

                   Más allá de esto, detrás de esta hipótesis de investigación –regenteo de prostitución y/o posible infracción a la ley 26.364, y en algunos casos comercio de estupefacientes– subyace otra directamente relacionada que necesariamente deberá ser materia de un análisis más profundo por quien asuma la dirección de la pesquisa una vez que se encuentre judicializada. Es que, como ya veremos, los resultados de las averiguaciones materializadas revelaron un dato llamativo sobre la actuación prevencional de las comisarías donde se encuentran ubicados los domicilios investigados. Como es obvio, esas dependencias policiales son las herramientas más directas que tiene el Estado en aras de prevenir la comisión de hechos delictivos. Es más, la propia ley de procedimientos coloca en cabeza de los policías la obligación de prevenir en delito en las calles (artículo 183 del CPPN). Sin embargo, en varios casos se pudieron advertir reiterados antecedentes ilícitos en algunos de los domicilios investigados que admiten el legítimo interrogante respecto del rol de las fuerzas de seguridad en cada una de esas circunscripciones territoriales. Concretamente ¿Previenen o administran los niveles de los delitos? Ese es el punto que nos interesa destacar: la reaparición del delito sobre un mismo domicilio y, como contrapartida, la ineficacia del estado para evitar que ello suceda una y otra vez.  Por esta razón, si bien en algunos de los domicilios que denunció la fundación “La Alameda” no se detectó la venta de drogas o infracciones a la ley de trata de personas, el sólo hecho de que los archivos del propio sistema de administración de justicia “hablen” y digan que en varias ocasiones los jueces intervinieron y clausuraron esos inmuebles, revela con nitidez la necesidad de escrutar no solo la venta de drogas o la trata de personas, sino el rol que le cupo a la policía en el sentido apuntado.

                   Lamentablemente esta es la figurita del álbum que se repite, es moneda corriente cuando se comienza a escarbar un poco –no mucho- sobre los antecedentes de ciertos domicilios que alguna vez encerraron entre sus paredes este tipo de prácticas delictivas. En efecto, la experiencia revela que en ocasiones un mismo inmueble es reutilizado para llevar a cabo este tipo de prácticas –que además son un foco permanente de otros comportamientos que se mantienen al margen de la ley– más allá de que haya existido algún tipo de intervención judicial gracias a la actividad de los vecinos de la zona. En definitiva, son muchos los casos en los que la actividad se “interrumpe” pero no se “suspende” frente a los allanamientos y/o clausuras, porque luego renace como si nada hubiese ocurrido. Ciertamente inconcebible.  No podemos detenernos en esto pero, la propia información recabada de los registros de la fiscalía corrobora ese tipo de anomalías.

                   Por esta razón, como anticipamos, la presente denuncia exige explicitar dos planos bien diferenciados aunque relacionados entre sí: por un lado contamos con varios domicilios sobre los que presume que se cometen comportamientos delictivos y otros que, además de ello, poseen reiterados antecedentes que anuncian al lugar como un afluente de esos comportamientos –casi siempre los mismos, trata de personas o venta de estupefacientes-; y por el otro, que ciertos de ellos fueron sometidos a una actividad jurisdiccional previa –como por ejemplo allanamientos y clausuras-. Es decir que, en ambos casos, la policía llegó tarde y fue la información proporcionada por los vecinos la que permitió descubrir esos comportamientos ilegales. No obstante, ésta no es la dinámica que prevé la ley, porque no es una tarea de los vecinos ocuparse de esos asuntos, sino que es el Estado, a través de las fuerzas policiales, quien tiene que evitar que eso suceda a través de una función que remite a sus inicios como institución pública: prevenir para impedir que se cometan delitos.

                   Con esto queremos decir que por una parte será necesario profundizar las diligencias que se efectuaron en aquellos domicilios donde se informa un posible comportamiento delictivo; y por otro que también resulta imprescindible conocer cuanto ocurre desde las dependencias policiales más próximas a la zona, responder al interrogante ¿porqué se comete una y otra vez el mismo delito sobre un mismo inmueble? Sobre todo; porque las comisarías, al menos en la jerga tribunalicia, se jactan mediante sus funcionarios de conocer el territorio. Entonces, una de las tareas a desarrollar durante la investigación deberá girar en torno a verificar esta circunstancia. En particular establecer si desde la comisaría se conocen estos comportamientos a los que nos venimos refiriendo y, para avanzar un poco más porqué no, corroborar si en algún momento ese conocimiento mutó en algún tipo de participación por parte de los funcionarios policiales.  

                   Una aclaración más antes de avanzar sobre los resultados obtenidos durante la sustanciación de este legajo. La distinción marcada no debe hacernos perder de vista el hilo que vincula ambas hipótesis y que, de algún modo, pone en evidencia la conveniencia de no desmembrar la causa en una infinidad de expedientes aislados. Hacer tal cosa acarrearía desperdiciar la oportunidad de intentar –aprovechando el enorme insumo que nos han brindado dos organizaciones de la sociedad civil con fuerte conocimiento, compromiso y arraigo barrial– comprender la trama de la explotación de prostíbulos y la venta de drogas en un sector de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lo contrario nos enredaríamos en la misma burocracia estatal que una y otra vez trabajan con la foto y no con la película, con el fragmento y no con el entramado completo del fenómeno. En el camino perdemos la perspectiva que nos otorga una mirada del conjunto.

                   Entonces, sin más, avancemos sobre los elementos recogidos durante la investigación donde se sustenta este razonamiento que nos permite solicitar la judicialización del legajo.

                   Al comienzo solicitamos a la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que realizaran discretas averiguaciones en cada uno de los domicilios individualizados. El objetivo era claro, desentrañar la actividad que se desarrollaba en el lugar y, en particular, si se cometían los comportamientos delictivos denunciados. La notificación al Jefe de esa Unidad se diligenció el 7 de noviembre de 2014, aunque recién el día 12 de ese mismo mes y año la fuerza informó que no podía tomar el trabajo por exceso de tareas asignadas (ver fojas 17/8)

                   Por eso cambiamos de fuerza y recurrimos al Departamento de Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina que se encargó de llevar adelante esas averiguaciones y de cruzar esa información con los datos proporcionados por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación (ver fojas 22/3). El trabajo serio y comprometido de los prefectos, se vio resentido porque a la hora presente, 39 días después, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación no informó que antecedentes existían sobre los inmuebles denunciados, en los sistemas conocidos como “Sistrata” y “Sisdroga”. Esto significa que todos los archivos de trabajo que se utilizaron, pertenecen al del Ministerio Público Fiscal

                   Así, los resultados obtenidos durante ese trabajo nos permiten aseverar que se recolectaron elementos suficientes para solicitar que se investiguen ambos planos delictivos. Es decir, por una parte la actividad ilícita propiamente dicha que se desarrollaría en el lugar y, por la otra, la relación que pueda existir entre esos comportamientos con las fuerzas de seguridad que tienen la función de prevenir delitos en la zona. Para una mayor claridad, a continuación vamos a recurrir a un cuadro en el que se podrá visualizar de una manera más clara la información obtenida.

                  La información expuesta habla por sí y exige judicializar la presente investigación preliminar con el objetivo de desentrañar la identidad y modalidad delictiva llevada a cabo por las personas que se encuentran tras el funcionamiento de los “privados” que pueden ocultar una explotación de personas en los términos de las leyes 26.364 y 26.842 y, a su vez, para develar el trasfondo de que, pese a la presencia de las fuerzas de seguridad, esas conductas se llevan a cabo una y otra vez por más que exista información previa que sindica a varios de esos inmuebles como focos delictivos.

                   Entonces, insistimos, la denuncia reconoce múltiples dimensiones que deben ser profundizadas, y para ello es preciso judicializar la investigación. Es que por un lado, para obtener mayores datos es necesario contar con medidas de exclusivo resorte jurisdiccional –intervenciones telefónicas, allanamientos, etc.- y, por otro, es fundamental dedicarle más tiempo del que contamos en el marco de una investigación preliminar porque la materia es compleja, no sólo por la cantidad de domicilios implicados, sino también por lo que significa desentrañar la/s organización/es que se podrían encontrar tras esas conductas. Sobre el punto es preciso enfatizar -y a esta altura reiterar- que la investigación debe avanzar de manera conjunta, debido a que no sería extraño que los estratos superiores de esas organizaciones criminales se crucen en algún tramo.   

                   A su vez, el segundo plano que se propone para proyectar la investigación –la actuación deficiente de las fuerzas de seguridad– también merece ser profundizado, en especial poner atención sobre cada una de las comisarías implicadas a fin de dilucidar si existe alguna suerte de connivencia con las personas que llevan adelante las actividades delictivas en aquellos domicilios. En pos de este objetivo, puede resultar útil contar con el recorrido que efectúan los móviles de las comisarías implicadas a través del dispositivo GPS que llevan instalado, porque esa información permitirá revelar la cantidad de veces que transitaron la zona investigada y quizás, más allá de ello, no son capaces de ver lo que ocurre. A la par, podría ser útil obtener las filmaciones que puedan existir sobre el ingreso a esos domicilios y evaluar los puntos geográficos donde fueron ubicados los servicios de prevención.

                  Para encarar la investigación en ese sentido es primordial tener en perspectiva la dimensión del poder territorial que ejercen cada una de las comisarías en el radio de espacio asignado, es decir, el control del espacio público y el conocimiento o por lo menos la idea de cuanto ocurre en aquellos domicilios. La administración de ilegalismos y la selectividad es inevitable, maximizar los controles y la responsabilidad de todas las instituciones competentes en la materia es un imperativo práctico. Posiblemente siempre se mantenga convenientemente indiferenciada la corrupción, la ineficiencia y las contingencias que separan los hechos del plan. Como sea, el camino es la investigación, para comprender los fenómenos y responder ante ellos.

                   Entonces, los elementos recolectados en la presente investigación preliminar no son más que la punta de un iceberg sobre dos planos delictivos que deben ser revelados tras una investigación que aborde el conjunto, la trama y no dispersarse en una cantidad de fragmentos investigados por distintos agencias aisladas que se quedarían con la imagen del árbol sin el bosque. La unidad de la investigación hará que esas esperanzas no se diluyan en los pasillos de la burocracia estatal.

                   Al respecto, sugerimos que se le dé intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas –PROTEX- de la Procuración General de la Nación para que brinde cooperación desde su especialidad en la materia y perspectiva institucional privilegiada para reparar en los rasgos sistémicos y estructurales del problema.

                   Por último, antes de finalizar hay que reconocer la dedicación, esmero y puntualidad demostrados por los prefectos del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina en el trabajo realizado en las presentes actuaciones, el cual permitió efectuar la presente denuncia penal. En virtud de ello, líbrese oficio al Jefe de la Prefectura Naval Argentina para que haga llegar las felicitaciones de esta dependencia.

                   Con ese fin, remítanse las actuaciones a la Sala de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a efectos que se determine, mediante el sorteo de rigor, el Juzgado que habrá de investigar el fenómeno denunciado.

                  Notifíquese de lo resuelto al Sr. Fiscal General mediante oficio de estilo.

                  Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

                  Ante mí:

En  del mismo se remitieron las actuaciones a la Sala de Sorteos de la Cámara Federal. Conste.





Video del robo a Gustavo Vera. ¿Robo de pertenencias o búsqueda de información?

14 09 2013

El viernes a las 18 hs mientras se desarrollaba la conferencia de prensa de los candidatos del frente UNEN le robaron la computadora, libros y efectos personales al primer candidato a legislador porteño y titular de la Alameda, Gustavo Vera.

El robo de lamochila se produjo mientras Gustavo Vera disertaba en un panel y fue a penas en unos segundos de distracción de quienes estaban en la hilera donde ocurrió el robo.
El Apart Hotel y Spa Congreso (ubicado en BartoloméMitre 1824) no cuenta con personal de seguridad, tampoco aviso a la comisaría 5° como se hace habitualmente cuando se va a realizar un acto político.
Los que investigamos a las mafias sabemos que en los alrededores del Congreso Nacional suelen medorear los espías en bares y hoteles a la caza de información de dirigentes, funcionarios, y candidatos que concurre con frecuencia a estos lugares en pleno microcentro porteño.
A medida que pasan las horas, cada vez más se diluye la posibilidad de un simple robo y la duda que nos queda es si el “ladrón” fue un enviado de Jaime (Stiuso) o Fernando (Pocino) referentes de dos bandas en disputa por el control de la ex SIDE.
Este hecho ocurre justamente cuando presentamos hace un mes un Habeas Data contra el ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Puricelli y Berni, por la infiltración del espía Américo Balbuena y a pocas semanas de haber sido reconocidos como querellantes en la causa de los prostíbulos de la SIDE.
Que las casualidades existen, pero que las hay, las hay…





El intocable negocio de los robos de celulares y computadoras

29 08 2013
El teniente coronel Berni y el comisario Valdivia en Once.

El teniente coronel Berni y el comisario Valdivia en Once.

Los narcos y secuestradores tienen la facilidad de comunicarse. Porque celular que se roba, celular que termina adquirido como si fuera legal en decenas de locales públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Esto gracias a la complicidad de las autoridades policiales, judiciales y políticas que dejó en evidencia La Alameda junto a los vecinos de Recoleta y Once. Ayer por la mañana en Canal 13 y a la tarde en América 2, se realizó un informe primero desde la esquina de av. Córdoba y Azcuénaga, en Recoleta, donde la modalidad es arrebatar celulares a los transeúntes o si pasas en auto, y luego llevarlos a los locales ilegales en el barrio de Once.

Las llamadas cuevas de venta de celulares y computadoras robadas, tan utilizadas por narcotraficantes y secuestradores para que no rastren sus celulares, tienen varias causas penales en su contra desde hace una década, y hasta el propio jefe operativo del Ministerio de Seguridad Nacional, Sergio Berni, junto al titular de la comisaría 7°, Héctor Gerardo Valdivia, hicieron una puesta en escena sobre estos lugares ilegales.

En un espectacular operativo montado por la dupla Berni y Valdivia, el 4 de julio allanaron con la División Delitos Tecnológicos dos locales de venta de celulares robados. En menos de 48 hs estos tugurios volvieron a reabrir. A la semana La Alameda acompañó a las vecinas de Buenos Vecinos Once al Ministerio de Seguridad. En esa reunión con asesoras de Berni no nos llevamos nada concreto para avanzar contra la mafia en Once y sí buenos folletos.

Gloria IIopiz Ortiz de Buenos Vecinos de Once

Gloria IIopiz Ortiz de Buenos Vecinos de Once

Las cuevas de los celulares robados con reiteradas causas penales en su contra quedan en Boulogne Sur Mer 405 “Beto-Cel” y en la Galería La Internacional sobre av Corrientes.

Las dependencias que deben controlar la evasión de impuestos y el contrabando, AFIP y DGI, como el Gobierno de la Ciudad, a través de habilitaciones y fiscalización, también podrían acorralar a estas cuevas del crimen organizado.

Ninguna de las autoridades del Estado Nacional y porteño se ocupan de erradicar al crimen organizado que es la madre de la inseguridad en Once, Recoleta y el resto de los barrios.

Sí los vecinos, las instituciones educativas y la Alameda con el apoyo de la iglesia Nuestra Señora de Balvanera, en Bartolomé Mitre 2431 esquina Azcuénaga, nos estamos organizando para de una vez por todas lograr erradicar los narcos, los talleres textiles clandestinos, los prostíbulos y demás quintas de los corruptos y mafiosos.

La próxima semana, miércoles 4, se realizará una asamblea en la famosa escuela shopping en Sarmiento y av Pueyrredón. Allí aprovecharemos para seguir sumando datos al Mapa del Crimen Organizado de Once que presentaremos con una acción pública y mediante denuncia penales. 1185549_164922027032532_469958933_n





Canal 9 en el escrache al narco-prostíbulo Madaho’s

25 10 2012

Canal 9 estuvo presente el lunes de la semana pasada en el cacerolazo y escrache de los vecinos de Recoleta Insegura y la Fundación Alameda al narco-prostíbulos, Madaho’s, propiedad de Mario Sasian, Daniel Fayn y Gustavo Gonzalez.

Los vecinos reunidos en la Iglesia Patrocinio de San José confeccionaron un mapa del Crimen Organizado de Recoleta que detectó 45 prostíbulos dos de ellos ubicados frente a la Comuna 2, y hasta a una cuadra del Ministerio de Seguridad Nacional.

CONTACTO: 4115-5071 / 4671-4690 / prensaalameda@yahoo.com.ar





El testimonio de una víctima de los prostíbulos VIP de Recoleta

16 02 2012


Carina Ramos conoció los prostíbulos VIP más importantes de Argentina y para resguarda su vida tras sus reiteradas denuncias penales, Carina y su hijo, están resguardos en la sede de la Alameda. La testigo estará a disposición de los medios de comunicación que se comuniquen con la Alameda 4115-5071 o al celular de Gustavo Vera 15 6158 4835.
Carina Ramos, a los 37 años, recurrió a la Fundación Alameda para relatar como sobrevivió dentro de los prostíbulos VIP a los aprietes del narcotráfico, los proxenetas, policías federales y servicios de inteligencia de la SIDE.
El testimonio de Carina deja en evidencia y derriba el falso mito que en los prostíbulos de alto nivel no existe proxenetismo, tráfico de mujeres e indocumentadas.
Ella se conectó con la Alameda tras conocer nuestra denuncia penal y cámara oculta al prostíbulo, Madaho’s. La víctima de las redes de proxenetismo denunció en reiteradas oportunidades ante la justicia federal, la fiscalía UFASE y el Ministerio de Seguridad Nacional. Pero nadie jamás le dio una respuesta. Hoy recurre a la Alameda para proteger la vida de su hijo y suya.
Su denuncia penal lleva el número de expediente 14.986/2011 y tramita ante el juez federal Rodolfo Canicota Corral, secretaría Nª 12, y el fiscal es Patricio Evers.

LA PRIMER COOPTACIÓN

“En 1998 en Mar del Plata conocí a Manuel Orozco, alias ‘Manolo’, quien me propuso ir a trabajar al prostíbulo Smok. En ese momento lo rechacé. Pero aparece la brigada de Mar del Plata, los mismos implicados en la muerte de prostitutas conocidos como el caso del ‘Loco de la Ruta’, quienes me amenazaron diciendo que iba aparecer descuartizadas. Finalmente me mantuvieron dos años en el prostíbulo. En este lugar pagan coimas a la comisaría del Casino, a la DDI, a la División Narcotráfico y al juez Horacio García Collins (destituido en el 2001). Gracia a la coima a la policía estos avisan a los dueños de los allanamientos por drogas o por indocumentadas”.
En el 2002 llegué a declarar ante el juez Hoof (juez en Mar del Plata) quien llevaba adelante la causa por el llamado ‘Loco de la Ruta’.
Después de declarar quede en el programa de Protección de Testigo de la Provincia de Bs. As. Me quitaron el resguardo una vez que quedaron detenidos varios jefes policiales.


EL PROSTÍBULO BLAC’K

Llegué a Black (ubicada en Ayacucho y Alvear) por no tener recursos. Fue gracias a una amiga. En ese momento me entrevistó el gerente, Daniel Mansilla. Él te mira los documentos y te explica las reglas. Los días de semana el horario de entrada era hasta las 23.30 el sábado a las 00 hs. Los tragos cuestan 180 pesos para el cliente y la entrada con consumisión es 150 pesos. Las chicas de salón íbamos al hotel de los clientes. Venían muchos turistas que están en el Hotel Alvear. Y las chicas bailarinas a veces hacen los pases en el VIP. Esto es muy reservado, no para todos. Esto cuesta 500 pesos. Para la chica quedan 100 y para el local 400. Es obligatorio que el cliente tomé dos copas. En total 200 mujeres, alguna vienen de Brasil y Paraguay.
En los allanamientos la policía avisa a Daniel Mansilla. Éste es quien avisa a las mujeres indocumentadas que ese día no se presenten y si el allanamiento se produce inmediatamente las guardan en el sótano. De hecho allanó Gendarmería. Revisó si había menores nada más. Y el gerente nos dijo que teníamos que decir que estábamos tomando un trago.
Los comisarios cada primer lunes de cada mes se juntan a cenar y después van a Black. Quienes están recibiendo coimas son de la división Trata de Personas, Drogas y la Comisaría Nº 17.
El dueño de Black es Alberto Fernández (que no es el ex funcionario) y tiene un socio pero no conozco su nombre.
Los narcos manejan los taxis quienes acercan la cocaína a las mujeres o clientes. En total ocho taxis fijos. La bolsa de un gramo se la dejan a la mujer a 50 pesos mientras que a los clientes se la vendes a 200 y a los extranjeros 250 o 200 dólares. Quien vende en Black es Brenda, que tiene su esposo mozo en Madaho’s quien también vende cocaína.
Una vez salí con Brenda. Ella llamó a un remisero, empleado del narco. Así me entregó Brenda. Después me llevaron a la casa del narco, Gonzalo Serrat que vive cerca de la Rural. Ahí me explicó el narco el sistema. Que maneja taxis que venden. Me negué. Pero los narcos una vez que te cuentan ya no podes salir. Si no entras en el negocio narco me dijo que contrataban dos porongas y me hacían desaparecer y que no me iba a reclamar nadie.
Julián en Black puso taxis que manejan cocaína y las mujeres. De encargado pasó a subgerente. Después se peleó con el gerente Masilla y se lo llevó el dueño de Madaho’s, Mario Sasain. Ahí llevó los taxis. La conexión de Julián con la Federal es Marcelo Rodríguez de substracción de automotores. Julián primero fue tarjetero en Black.


FOTO: Comisario Araya junto a la denunciante Carina Ramos

EL COMISARIO ARAYA

La Policía Federal me entregó. Esto lo dijo porque el comisario de la 31, Juan Antonio Araya, me frenó todo el tiempo para que no radicara la denuncia de todo lo que sufrí con secuestros y los narcos. Quien me presenta al comisario Araya es el principal de substracción de Automotores, Gabriel Pereyra. Quien protege a los narcos y para que yo no denuncié la trata es el comisario Araya. Me pagó el alquiler de dos departamentos y me decía que iba a proteger. Pero al tiempo me decía que tenía que ir de vuelta a trabajar, o sea a los prostíbulos. Araya vive en Olivos. En el 2005 fue subcomisario de la 32, en el 2009 segundo jefe de la comisaría 9, y lo ascienden a comisario de la 18 y desde el 2011 en la 31.

FOTO: Comisario Araya en el departamento que alquiló a Carina

ASISTENCIA A LA VÍCTIMA PROSTIBULARIA

María del Carmen Tucci, subdirectora de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación, en febrero de 2006 me recibe. Es que me derivó Natalia Figueroa después de denunciar una denuncia en la fiscalía de Saavedra por “privación ilegitima de la libertad, violación y golpes”.
Tucci es quien me dice que tenía que seguir trabajando. Ella pidió autorización al juez que me pusiera custodia. De hecho esto duró un año. Había dos policías en la puerta de Black.


FOTO: El Facha en el medio al micrófono

“EL FACHA” NARCO-SECUESTRADOR

Quien me secuestró, violó y torturó es apodo “El Facha”, Rubén Alberto Barrionuevo, un hombre muy conocido en la noche por traficar drogas en Cocodrillo, Salomé y El Corralón además de manejar él privados. Es cordobés y tiene unos cincuenta años. En el 2003 “El Facha” estaba con un agente de la SIDE, Gustavo Barilla.
Primero “El Facha” me encerró en una casa de Conesa y Manuel Pedraza. La segunda vez que me secuestra es en Monroe y Pacheco, a una cuadra de Triunvirato, ahí es donde me golpeó tanto que me sacó varios dientes. Él quería que sea su socia. Se había obsesionado conmigo. Me decía que no podía andar suelta, sin protección de nadie. La Policía Federal se me puso en contra cuando me vieron con “El Facha”. Decían que se la tenían jurada.
Después del segundo secuestro de “El Facha” quien me acompañó a radicar la denuncia es el suboficial, Gabriel Pereyra. Con este policía “El Facha” se agarra a piñas adentro del prostíbulo Cocodrillo y después en la calle porque los sacó Omar Suárez. Tras esa pelea “El Facha” desapareció. Me acusaron sus amigos que lo entregué a la Federal.

FOTO: El Facha con remera a cuadro y anillo de oro

PROSTÍBULO COCODRILLO

Omar Suárez maneja Cocodrillo que es un antro de narcos y barras bravas de Boca. Las chicas ahí salen por una bolsa de cocaína. El prostíbulo arranca a las 4 o 5 de la madrugada cuando el resto cierra. Por eso lo conocía. Porque es muy común a esa hora ir para allá. Pero es muy peligroso. La barra de Boca quería que trabajé para ellos. Y Omar Suárez arregla con la comisaría 19, las divisiones Seguridad Personal, Robos y Hurtos y Drogas. También van agentes de la SIDE. Los policías pueden consumir lo que quieran tanto alcohol como mujeres y nunca pagan.

MADAHO’S EL PROSTÍBULO TOP

Madaho’s nació en Mar del Plata. Su creador es Mario Sasian quien primero fue volantero y después dice que ganó una fortuna jugando. Así puso Madaho’s. Primero en Moreno y Mitre y luego al lado del Hotel Sheraton en Alem y Pasos, que a la vuelta tiene un albergue transitorio donde van las mujeres con los clientes. Acá están muy controladas las mujeres. De hecho el gerente de nombre Mario “El Narigón” tiene a su novia trabajando allí y ve como sale con otros tipos pero no le importa. Allí están casi en una cárcel entre 40 y 60 mujeres. El lgar tiene dos custodios. En el guardarropa te venden viagra.

Madaho’s en Recoleta

Entré en el 2010 y 2011 a Madaho’s de Recoleta. Ahí me secuestraron en la puerta. Fue un taxista. Quienes me secuestraron me decían que venía por orden de “El Facha”. Me violaron y golpearon.
El dueño Mario Sasian trae mujeres de Brasil y luego les alquila los departamentos de su propiedad. De hecho la esposa de Sasian es brasileña. Ahí te fuerzan los narcos a vender droga. El mozo “El Gato” es muy simpático, delgado y morocho. Tendrá entre 27 y 35 años. Las multas en Madaho’s es por llegar tarde o demorarte con un cliente. Al otro día tenes que mostrar a los encargados de Madaho’s la plata que facturaste.
Julián jefe de salón es tiene conexión con Marcelo Rodríguez de substracción de automotores. Ahí te obligan a que los clientes consuman dos tragos.

PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN PROSTÍBULOS

El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, a cargo Darío Ricardo Díaz, me dejó sin protección en Santa Teresita. El 1º de enero de este año me dejaron tirada con mi hijo. Néstor Mangiere, coordinador de Protección de Testigo, me dicen que tenía que dar nombres importantes sino me dejaban sin protección. Que mi denuncia era igual que otras 200 y que no había ningún detenido. Según Protección de Testigo ahora yo rompí reglas porque me fui cuando fueron ellos quienes me dejaron el calle. No me podía quedar allá. Tenía que volver a Buenos Aires.

DENUNCIAS DESOIDAS

Hablé con el Ministerio de Seguridad Nacional. Me recibieron dos secretarios de Camaño (Cristina). Me dijeron que mi denuncia pasó a Política Criminal. Me dijeron que me iban a dar respuesta pero esto nunca pasó.

CONDE OFRECE PRIVADOS

Gabriel Conde me ofrece un “privado” con un amigo italiano. Por supuesto que lo rechacé, sí siempre luché contra los que regentean.
Lo conocía a Raúl Martins en Shampoo estaba junto a Conde. Martins hace igual que todos los proxenetas.