Campaña de falsas denuncias contra la Alameda

1 06 2018

Plan criminal así considera en una denuncia penal la Alameda a las reiteradas denuncias que recibió su titular aunque carecen de fundamentos jurídicos pero útiles para campañas de difamación en los medios y redes sociales.

El juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Mairjuán recibieron una denuncia de la Fundación Alameda, representada en su titular Gustavo Vera, que señala un plan criminal contra la organización que hace 17 años trabaja en los social, político, gremial y anti mafia y que este conjunto de actividades, los miembros de la fundación han sufrido más de 18 atentados (agresiones físicas, incendios intencionales en la sede, vandalismo, violencia simbólica, destrucción de la propiedad).

En el expediente 8423/18 se indica que “esta denuncia demostrará que la constitución de la asociación para cometer delitos ha sido cuidadosamente diseñada con la finalidad de provocar mi desprestigio como dirigente social y de la organización que me toca presidir, la Fundación Alameda. Los responsables de esta campaña judicial y mediática, procuran crear la idea de que mi persona y de la organización, lleva adelante prácticas delictivas que desde su propio origen y como fundamento mismo se constituyó para denunciar y proponer políticas públicas tendientes a desalentar la constitución de los delitos que hoy se me acusa”.

Para Vera “detrás de las falsas denuncias judiciales y mediáticas existen personas que podrían estar vinculados a actividades criminales y que la Fundación Alameda denunció por delitos tipificados en el Código Penal”. En la denuncia penal se detallan el listado de seis causas penales iniciadas: dos por anónimos, dos por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y otra por un abogado vinculado a los servicios de inteligencia que también había denunciado sin fundamentos a la Diputada Nacional Elisa Carrió.

Estas falsas denuncias generan inconvenientes en el normal funcionamiento de la organización, ya que los abogados deben presentarse periódicamente en los diferentes juzgados para demostrar la falsedad injuriosa de las denuncias, conllevan una gravosa carga humana y económica sobre el ya agobiado sistema judicial argentino.

LAS DENUNCIAS SIN SENTIDO

El 19 de Octubre de 2016, de manera anónima se presentó una denuncia por trata de personas, reducción a la servidumbre y escuchas ilegales en el sistema telefónico 145, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual tiene como objeto recepcionar denuncias vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o la desaparición de personas. En la denuncia se refería que en la sede de la Fundación Alameda, ubicada en la intersección de la calle Lacarra y Av. Directorio, en el primer piso del inmueble funcionaba un taller clandestino de confección de prendas de vestir, en el cual diez personas eran sometidas a trabajar y vivir en condiciones insalubres. En la misma denuncia se plantea que en subsuelo del inmueble se practicaban intervenciones telefónicas contra miembros de la Policía Federal Argentina asentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 20 de Octubre de 2016, la Lic. Vanesa Lorenzetti, en su carácter de Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata, la cual es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó la denuncia ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El sorteo realizado determinó que la causa trámite ante el Juzgado Nº 10 de Julián Ercolini y en la Fiscalía Nº 3 de Eduardo Taiano. Sobre esto el fiscal solicitó que la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina identifique si dentro del inmueble se encuentra emplazado un taller textil; que individualizara a la persona que se encontrará a cargo; si se llevaba adelante explotación laboral de personas; si las personas que allí trabajaban se mantenían en el lugar fuera del horario laboral; y sé que también se establezca qué actividades lleva adelante la Fundación Alameda en el subsuelo del inmueble. En noviembre de 2016 la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, respondiendo al oficio enviado por la Fiscalía Nº 3, a cargo de Eduardo Taiano, de fecha 20 de octubre, informó que realizó tareas de inteligencia en distintos días, horarios y sectores sobre el inmueble de la Fundación Alameda. El informe refirió que pudo identificar los horarios de ingresos de las personas al inmueble donde funciona la ONG y que pudo identificar con nombre, apellido, y documento nacional identidad a miembros de la organización. El informe certifica que de las vigilancias practicadas sobre el lugar, no se observó movimiento alguno que haga presumir que se estaría infringiendo a la Ley 26.364. Recién para febrero de 2017 el juez Ercolini,  resolvió archivar la causa Nº 15184/16 refiriéndose a que no se ha logrado acreditar siquiera mínimamente las circunstancias denunciadas. Ya en esta causa queda expuesto que los miembros de la organización fueron víctimas de tareas de inteligencia y a individualizó a diferentes miembros de la misma.-

Una segunda denuncia fue el 24 de febrero de 2017 cuando un anónimo denuncia a la Fundación Alameda por un supuesto encubrimiento a un reconocido narcotraficante y financiamiento económico del Papa Francisco. Nuevamente los abogados de la fundación tomaron conocimiento de la causa de manera fortuita, ya que en días posteriores en varios medios de internet se presentaba la denuncia. La causa después de algunos meses fue también archivada.  

La campaña siguió y creció en métodos y personas involucradas.

En diciembre de 2016, un abogado de nombre Mariano Noel Valdez presentó una denuncia contra Gustavo Vera y los Jueces Federales, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas por el supuesto delito de trafico de influencias. La denuncia se presenta en base a una nota del periodista del diario Clarín, Claudio Savoia donde se habla de una reunión con esos magistrados para organizar una actividad publica en la Legislatura Porteña. La causa recayó en el Juzgado a cargo de la Dra. Maria Servini de Cubría. El 3 de febrero de 2017 la Fiscalía Nº 12, que en ese entonces se encontraba a cargo del Dr. Patricio Evers, solicitó desestimar la denuncia. Días después, cuando la causa no tenia impulso por parte del fiscal para ser abierta, se presentó en la causa Antonio Horacio Stiuso, ex Director de la ex Secretaria de Inteligencia y a quien la Alameda denuncio en dos oportunidades por enriquecimiento ilícito para constituirse en querellante ya que podría ser victima de un plan en su contra por parte de Vera, Casanello y Rafecas. El 3 de mayo de 2017, Servini de Cubría aceptó la solicitud para constituirse como querellante, aunque la nueva titular de la Fiscalia Nº 12 también volvió a desestimar la denuncia.

Todavía lo más increíble es que el 20 de mayo de 2017, el mismo periodista del Diario Clarín, publicó una nota titulada “La sombra de la AFI, detrás de una falsa denuncia contra Carrió por corrupción”, en la que se describe una conversación que tuvo el periodista con un ex agente de la ex Secretaria de Inteligencia, quien le afirmo que  varios miembros de la Agencia Federal de Inteligencia estaban detrás de una falsa denuncia contra la Diputada Elisa Carrio; la denuncia también fue hecha por Mariano Noel Valdez y que la hizo a cambio de dinero. En la misma nota, el periodista Claudio Savoia afirma que la Jueza Servini de Cubría le aviso al juez de la causa contra Carrio, que la denuncia era trucha.

Es llamativo que la jueza Servini de Cubría reconoce en el denunciante Mariano Noel Valdez una falsa denuncia y una posible vinculación con los agentes de la AFI y la ex SIDE, pero decide sostener a la denuncia de ese mismo sujeto contra Gustavo Vera, y los jueces Casanello y Rafecas, pese a los reiterados pedidos de desestimación por parte de los fiscales y encima aceptar el pedido de querellante por parte de Antonio “Jaime” Stiuso.

Uno de los últimos casos sucedió hace muy poco tiempo. Natacha Jaitt acusó en el programa de Mirtha Legrand (un programa de televisión de importante cantidad de audiencia en todo el país) que Gustavo Vera y otras personas públicas están vinculados con delitos como la pedofilia y la explotación sexual.

Jaitt ese día en el programa estuvo acompañada en el programa de televisión por un ex agente de inteligencia de la AFI y empleada del portal de noticias INFOBAE, la cual desde hace varios años se dedica en sus redes sociales a desacreditar el trabajo de la Fundación Alameda.

Nuevamente los servicios de inteligencia en maniobras sucias de difamación con delitos que la organización pelea hace mas de 15 años y por la cual sufrió todo tipo de agresiones.

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“El mismo abogado que denunció a Carrió me denunció a mí y a dos jueces”

25 05 2017

“El mismo abogado llamado Mariano Noel Valdez que intentó levantar la causa caída contra Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito es el que me denunció a mí y a los jueces federales Daniel Rafecas y Sebastián Casanello por supuesto tráfico de influencias, con Antonio Stiuso presentándose como querellante”, remarcó el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera.

En ese sentido, Vera afirmó que “es obsceno cómo se están moviendo los servicos de inteligencia” en la Argentina para inventar causas y anticipó que iniciará una demanda contra ellos.

“La semana pasada ocurrió algo que confirma lo que veníamos denunciando, que es el seguimiento y espionaje por parte de la SIDE a nuestra organización y a mi persona en particular, algo que ya había adelantado el periodista Carlos Pagni en una editorial”, indicó el diputado porteño en su columna en el programa “La Verdad Concreta”, que él conuce por radio on line Conexión Abierta.

Gustavo Vera y Antonio “Jaime” Stiuso

El diputado por Bien Común explicó la vinculación de la causa “inventada” contra él y los jueces federales Casanello y Rafecas y la de Carrió al señalar: “Se confirmó la semana pasada (la caída de la causa) cuando Elisa Carrió denunció que un sujeto de Pilar confesó ante el Juzgado de Rafecas que le pagaron dinero para imputarla por enriquecimiento ilícito”.

“A partir de que esa causa se cae, aparece y la levanta un tal doctor Valdez, que es el mismo que nos denuncia a nosotros en diciembre por trafico de influencias en el juzgado de María Servini de Cubría y los imputados seríamos Casanello, Rafecas y yo. Y se presenta como querellante Stiuso. Al denunciante le paga Stiuso que está atrás de todo esto”, indicó Vera.

Por último, reiteró que van “a accionar judicialmente” y precisó que estas falsas denuncias “demuestran la obscenidad con la que se está moviendo el aparato de Inteligencia”.





De la mafia no se vuelve

23 05 2017

Para someter a la democracia el espionaje local inventa denuncias penales. El caso del albañil y el abogado que denuncia en paralelo a la diputada Carrió como al legislador Vera junto a los jueces Rafecas y Casanello.

Por Lucas Manjon, integrante de La Alameda/Bien Común y coordinador de la Red Antimafia.

Todos los diarios digitales, este lunes 22 de mayo, dieron a conocer el fallo del juez federal porteño Daniel Rafecas que cerró la causa por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió.

La decisión de Rafecas de no investigar a Carrió se debe a que el denunciante, un obrero humilde del partido bonaerense de Pilar, reconoció haber cobrado 1.500 pesos por estampar su firma en la denuncia. Es más afirmó que no tenía idea que se estaba firmando.

La denuncia contra la diputada nacional fue presentada en noviembre del año pasado y posteriormente archivada en marzo de este año.

Sin embargo, en marzo de este año, se presentó el abogado Mariano Noel Valdez, para denunciar de vuelta a Carrió, con exactamente los mismos argumentos que el obrero de Pilar.

El nuevo denunciante presentó la demanda con textuales de la causa ya desestimada por Rafecas.

Asimismo, la segunda denuncia se presenta el mismo día que llaman a ratificar al albañil que nunca se presentó. Entonces caída la denuncia ahí aparece el mismo día la denuncia del abogado Valdez.

Estos hechos demuestran la vigencia de la parainstitucionalidad, para llamar con más elegancia a la mafia, que utiliza a las personas más humildes para generar hechos judiciales que derramen en operaciones políticas de desprestigio.

El intentar deslegitimar las opiniones y acciones políticas de las personas mediante una persecución judicial viola cualquier intento democrático de transformar la realidad.

Este mecanismo por el cual se intenta distorsionar y disciplinar las posturas políticas de las personas es hartamente conocido y naturalizado. Son muchos los abogados que trabajan bajo los intereses de la ex SIDE, presentando denuncias varias en los pasillos de Comodoro Py bajo la excusa de tomar conocimiento de posibles delitos anteriormente publicados en los medios.

Nunca hasta ahora había pasado tanta repetición en el modus operandi como de los actores que las llevan adelante.

EL ABOGADO DE LA MENTIRA

El letrado Mariano Noel Valdez ya había presentado una denuncia del mismo tenor sobre el legislador porteño, Gustavo Vera, y los jueces federales porteños, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Acusó este abogado a los tres por tráfico de influencias.

La denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas se basa en una nota publicada por el diario Clarín donde el periodista Claudio Savoia, referencia un “asado secreto” entre los tres denunciados.

La nueva denuncia de estilo espionaje político tramita en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la Dr. María Servini de Cubría.

Hasta acá, solo nos encontramos nuevamente con el aparato judicial al servicio parainstitucional de la ahora Agencia Federal de Investigaciones (AFI) conocida por todos como SIDE.

Sobre esta denuncia, la cual ya fue desestimada por el hoy fallecido Fiscal Patricio Evers, se presenta como querella el ex director de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso.
En una nota publicada el pasado 20 de mayo, el periodista Claudio Savoia se refiere a la falsa denuncia presentada contra la diputada Elisa Carrió. En la nota se desarrolla la teoría -por demás acertada- de que los servicios de inteligencia se encontraban detrás de esta maniobra.

Pero resulta más llamativo que casi llegando al final, se consigna que la Dr. María Servini de Cubría, le habría avisado al Juez Daniel Rafecas, que la denuncia era trucha.
Entonces bien, si como consigna el periodista de Clarín, Servini de Cubría tiene “el gesto” de avisar que la denuncia era trucha. ¿Por qué con el mismo denunciante -Mariano Noel Valdez- todavía no desestima la denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas?

Si la denuncia está marcadamente direccionada por los servicios de inteligencia ¿Por qué Servini de Cubría acepta como querellante a Antonio Horacio Stiuso?

La parainstitucionalidad cada día consume nuevos espacios de la República. En los lugares que ya se encontraba con fuertes cimientos, decide elevar su juego e incurre en maniobras cada vez más burdas. La decisión de poder terminar con esto solo depende de los cuatro poderes. No solo no parece que esto vaya a terminar sino que cada vez se acentúa más.

El Ejecutivo decidió nombrar jueces de la Corte Suprema o camaristas a dedo, incurriendo en delitos y demostrando el total desprecio por las normas; colocó en la Agencia Federal de Inteligencia a un escribano sospechado con anterioridad de evadir impuestos y con posterioridad de cobrar coimas de empresarios extranjeros y a una mujer sin un currículum que solvente su designación y con un marido condenado por estafas.

El Poder legislativo no controla el rol que están tomando los servicios de inteligencia, puntualmente la Bicameral.

El Poder judicial intenta surfear las presiones gubernamentales y de la misma ex SIDE, la cual en muchos casos los nombró; y sectores de  prensa que en busca de un interés económico y en menor medida periodístico, deciden colaborar con esas operaciones y sus actores para poder generar un polo de poder que logre dirigir las riendas del Estado.

Se espera un verdadero cambio.

Pero el sentido común siempre indica, que es el menos común de los sentidos.