Ratificamos denuncia contra Acuña, Grindetti y Kravetz

Por asociación ilícita, enriquecer su patrimonio e ingresar dinero ilícito en actividades legales es que la Fundación Alameda, con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos, ratificó la denuncia contra la ministra de Educación porteña, el intendente de Lanús y a su secretario de seguridad y jefe de gabinete.

En el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, este miércoles 17 de octubre, es que Lucas Manjon, miembro de la Fundación Alameda, ratificó la denuncia penal contra Soledad Acuña, ministra de Educación porteña; Néstor Grindetti, intendente de Lanús y a su secretario de Seguridad y Jefe de Gabinete, Diego Kravetz.

A estos tres funcionarios se los acusa de asociación ilícita, enriquecer su patrimonio e ingresar dinero ilícito en actividades legales. Para sostener la demanda, es que a través del abogado Daniel Llermanos, se presentó el listado de todas las propiedades que comparten entre sí Acuña, Kravetz y su actual mujer. Además las constancias de las falsas licitaciones avaladas por Grindetti para ganar contratos millonarios a través de la empresa de su actual jefe de gabinete. Todo esto ocurrió diez días antes de dejar la cartera de Hacienda porteña en el período que Mauricio Macri era Jefe de Gobierno.

El fiscal Jorge Taiano es quien debe imputar a los funcionarios denunciados.

Los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos surgen porque Kravetz fundó dos empresas llamadas “Signica SRL” y “Scipema SA”.

La primera empresa constituida en el año 2012 junto a su histórica jefe de prensa de nacionalidad norteamericana, Mariana Feuermann, donde Signica SRL dice tener como objetivo brindar servicios de consultoría, asesoramiento e información, tanto a personas físicas como jurídicas, para la gestión, campañas electorales o comunicacionales. La consultora cuenta con una sola empleada, Susana René López, la cual ingresó formalmente a la empresa en noviembre de 2013, y quien además es empleada de la Legislatura Porteña desde febrero de 2007 hasta la actualidad.

Signica SRL entre el 2012 y 2014 facturó al Gobierno porteño por relevamientos e informes un total de 4.055.722 pesos. Los dos últimos contratos fueron aprobados por el entonces titular de la cartera de Hacienda o intendente Grindetti e implicaron un valor de 1.8868.322 pesos, y fueron pagados pocos días antes de finalizar las funciones de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

La contratación se dividió en dos partes para no tener que pasar por los controles establecidos por el mismo Gobierno de la Ciudad: una primera contratación por 895.966 pesos (Resolución 1529/15) por un “Estudio de Satisfacción de Contribuyentes sobre los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

La segunda contratación bajo la (Resolución 1624/15) por 972.356 pesos para generar “Estudios de Percepción y Responsabilidad Tributaria, de satisfacción de proveedores del gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires y de imagen del Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.-

Otra de las particularidades en estas contrataciones es que para brindar esos“servicios” pujaron dos empresas más: “Trespuntozero” y “Fundación Tercer Milenium”. La empresa “Trespuntozero” registra el mismo número de teléfono que registra la empresa de Kravetz y Feuermann Signidica SRL.

Para la Alameda una empresa con un solo empleado pueda realizar una consultoría para el Gobierno porteño es motivo de investigación judicial sumado a que las empresas que “compiten” entre sí comparten el mismo número de teléfono.

MINISTRA MILLONARIA DOCENTES EMPOBRECIDOS

En el año 2011, Kravetz mantenía una relación personal con la entonces Subsecretaria de Promoción Social porteña y actual ministra de Educación, María Soledad Acuña. Mientras a los docentes le niega un salario digno, Acuñaincrementó de manera exponencial su patrimonio, alcanzando un 368 por ciento nominal del año 2016 al año 2017.

Desde la Alameda se accedió al Registro de la Propiedad Inmueble (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y resulta la ministra y el secretario de Seguridad de Lanús en el 2016 accedieron a una propiedad en la calle Cabello 3329 “UF: 33”, barrio de Recoleta, de la Ciudad de Buenos Aires.

Acuña cobra del Gobierno porteño hace una década. En la declaración jurada presentada en el 2016, la ministra declara un salario anual neto de 496.023. Registra una propiedad en el barrio de Nuñez, del cual es propietaria en un 50 por ciento y el cual fue adquirido por 244.125 pesos. En la misma declaración jurada del año 2016, refiere tenencias de dinero en efectivo por 125.000 pesos y 3.500 dólares estadounidenses.

En el 2017 la ministra dejó asentado en su declaración jurada que su salario anual neto de 638.836 (seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis) pesos. Ya no declara la propiedad de la cual era propietaria del 50 por ciento en el barrio porteño de Núñez, siendo el mismo enajenado en dólares en el año 2017; pero si declara la titularidad del 50 por ciento un departamento de 195 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue adquirido en el año 2016 a través de ingresos propios y un crédito. Según el informe del Registro de la Propiedad de Inmueble, esta propiedad sería la adquirida en conjunto con Diego Kravetz. La valuación del inmueble es declarado en 955.411 (novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos once) pesos y adquirido por la actual ministra en 2.850.000(dos millones ochocientos cincuenta mil) pesos.-

También en la declaración jurada se puede apreciar dos inmuebles más: una cochera de 8 metros cuadrados adquirida en 2016, de la cual la ministra es la titular del 50 por ciento y que sobre la misma, declara una valuación de 8.579(ocho mil quinientos setenta y nueve) pesos. Por último, un terreno adquirido en 2017 en la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 902(novecientos dos) metros cuadrados, con un valor de adquisición declarado en 813.020 (ochocientos trece mil veinte) pesos.

Asimismo, Acuña es titular de tres cajas de ahorro en pesos y dólares. Las cuentas bancarias en pesos alcanzan los 107.684 (ciento siete mil seiscientos ochenta y cuatro mil) pesos y una en dólares por un total de 14.385 (catorce mil trescientos ochenta y cinco) dólares.-

La Ministra de Educación registra un crédito hipotecario en pesos para la adquisición de sus inmuebles. Según el registro crediticio de septiembre de 2016 poseía deudas con el Banco Santander Río y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por 213.400 (doscientos trece mil cuatrocientos) pesos. Solo alcanza un pico de endeudamiento con las entidades financieras en diciembre de 2017 con 244.000 (doscientos cuarenta y cuatro mil) pesos.

La organización ilícita de Kravetz, Acuña y Grindetti fue cuidadosamente diseñada con la finalidad de obtener dinero de las arcas públicas de la Ciudad.

Acuña, Grindetti y Kravetz denunciados por lavado y enriquecimiento

Ministra de Educación, Soledad Acuña

Por asociación ilícita, enriquecer su patrimonio e ingresar dinero ilícito en actividades legales es que la Fundación Alameda, con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos, denunció a la ministra de Educación porteña, al intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño y a su secretario de seguridad y jefe de gabinete.

Maria Soledad Acuña (ministra de Educación porteña), Néstor Osvaldo Grindetti (intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño) y Diego Gabriel Kravetz (secretario de seguridad y jefe de gabinete de Lanús) armaron encuestas y auditorías desde el Gobierno porteño que resultan ser falsas y así se transfirieron millones de pesos de los contribuyentes a sus propias cuentas bancarias.

Este método de corrupción fue investigado y denunciado por un miembro de la Fundación Alameda, Lucas Manjon, con el patrocinio de Daniel Llermanos. Este miércoles a la mañana se presentó la causa judicial que recayó en el juez federal Marcelo Mártinez Di Giorfi y el fiscal Eduardo Taiano.

Kravetz y Grindetti

Por cuatro delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos fueron denunciados a partir de descubrir que Kravetz fundó dos empresas “Signica SRL” y “Scipema SA”. La primera empresa constituida en el año 2012 junto a su histórica jefe de prensa de nacionalidad norteamericana, Mariana Feuermann, donde Signica SRL dice tener como objetivo brindar servicios de consultoría, asesoramiento e información, tanto a personas físicas como jurídicas, para la gestión, campañas electorales o comunicacionales. La consultora cuenta con una sola empleada, Susana René López, la cual ingresó formalmente a la empresa en noviembre de 2013, y quien además es empleada de la Legislatura Porteña desde febrero de 2007 hasta la actualidad.

Signica SRL entre el 2012 y 2014 facturó al Gobierno porteño por relevamientos e informes un total de 4.055.722 pesos. Los dos últimos contratos fueron aprobados por el entonces titular de la cartera de Hacienda o intendente Grindetti e implicaron un valor de 1.8868.322 pesos, y fueron pagados pocos días antes de finalizar las funciones de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

La contratación se dividió en dos partes para no tener que pasar por los controles establecidos por el mismo Gobierno de la Ciudad: una primera contratación por 895.966 pesos (Resolución 1529/15) por un “Estudio de Satisfacción de Contribuyentes sobre los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

La segunda contratación bajo la (Resolución 1624/15) por 972.356 pesos para generar “Estudios de Percepción y Responsabilidad Tributaria, de satisfacción de proveedores del gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires y de imagen del Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”.

Otra de las particularidades en estas contrataciones es que para brindar esos “servicios” pujaron dos empresas más: “Trespuntozero” y “Fundación Tercer Milenium”. La empresa “Trespuntozero” registra el mismo número de teléfono que registra la empresa de Kravetz y Feuermann Signidica SRL.

Para la Alameda una empresa con un solo empleado pueda realizar una consultoría para el Gobierno porteño es motivo de investigación judicial sumado a que las empresas que “compiten” entre sí comparten el mismo número de teléfono.

MINISTRA MILLONARIA DOCENTES EMPOBRECIDOS

En el año 2011, Kravetz mantenía una relación personal con la entonces Subsecretaria de Promoción Social porteña y actual ministra de Educación, María Soledad Acuña. Mientras a los docentes le niega un salario digno, Acuña incrementó de manera exponencial su patrimonio, alcanzando un 368 por ciento nominal del año 2016 al año 2017.

Desde la Alameda se accedió al Registro de la Propiedad Inmueble (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y resulta la ministra y el secretario de Seguridad de Lanús en el 2016 accedieron a una propiedad en la calle Cabello 3329 “UF: 33”, barrio de Recoleta, de la Ciudad de Buenos Aires.

Acuña cobra del Gobierno porteño hace una década. En la declaración jurada presentada en el 2016, la ministra declara un salario anual neto de 496.023. Registra una propiedad en el barrio de Nuñez, del cual es propietaria en un 50 por ciento y el cual fue adquirido por 244.125 pesos. En la misma declaración jurada del año 2016, refiere tenencias de dinero en efectivo por 125.000 pesos y 3.500 dólares estadounidenses.

En el 2017 la ministra dejó asentado en su declaración jurada que su salario anual neto de 638.836 (seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis) pesos. Ya no declara la propiedad de la cual era propietaria del 50 por ciento en el barrio porteño de Núñez, siendo el mismo enajenado en dólares en el año 2017; pero si declara la titularidad del 50 por ciento un departamento de 195 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue adquirido en el año 2016 a través de ingresos propios y un crédito. Según el informe del Registro de la Propiedad de Inmueble, esta propiedad sería la adquirida en conjunto con Diego Kravetz. La valuación del inmueble es declarado en 955.411 (novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos once) pesos y adquirido por la actual ministra en 2.850.000 (dos millones ochocientos cincuenta mil) pesos.

También en la declaración jurada se puede apreciar dos inmuebles más: una cochera de 8 metros cuadrados adquirida en 2016, de la cual la ministra es la titular del 50 por ciento y que sobre la misma, declara una valuación de 8.579 (ocho mil quinientos setenta y nueve) pesos. Por último, un terreno adquirido en 2017 en la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 902 (novecientos dos) metros cuadrados, con un valor de adquisición declarado en 813.020 (ochocientos trece mil veinte) pesos.

Asimismo, Acuña es titular de tres cajas de ahorro en pesos y dólares. Las cuentas bancarias en pesos alcanzan los 107.684 (ciento siete mil seiscientos ochenta y cuatro mil) pesos y una en dólares por un total de 14.385 (catorce mil trescientos ochenta y cinco) dólares.-

La Ministra de Educación registra un crédito hipotecario en pesos para la adquisición de sus inmuebles. Según el registro crediticio de septiembre de 2016 poseía deudas con el Banco Santander Río y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por 213.400 (doscientos trece mil cuatrocientos) pesos. Solo alcanza un pico de endeudamiento con las entidades financieras en diciembre de 2017 con 244.000 (doscientos cuarenta y cuatro mil) pesos.

La organización ilícita de Kravetz, Acuña y Grindetti fue cuidadosamente diseñada con la finalidad de obtener dinero de las arcas públicas de la Ciudad.

Reempoderar al Estado

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.