Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.

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Arrancó el coloquio de juezas y procuradoras en el Vaticano sobre trata

9 11 2017

GUSTAVO VERA ESTUVO COMO OBSERVADOR

El coloquio de juezas y procuradoras de todo el mundo sobre trata de personas arrancó este jueves en la Academia de Ciencias Pontificias del Vaticano, con la participación de 12 representantes de la Argentina, mientras que mañana lo harán otras seis. 

El legislador porteño de Bien Común y titular de La Alameda, quien se desempeñó como Observador del Coloquio, al igual que otras 21 juezas y fiscales del país, destacó el primer día del encuentro y señaló: “Estuvieron muy buenas las exposiciones, hay miucho conocimiento y se aprendió mucho. Todos estos delitos terminan en lavado de activos”.

“Estamos en un país donde la Ley Pío La Torre -un senador asesinado por la mafia italiana- habla de incautación de los bienes a la mafia para su reutilización social. Hay que seguir la pista del dinero,”, completó Vera agregando detalles de cómo funciona la mafia de la trata y del crimen organizado.

La encargada de abrir el encuentro fue la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, Susana Medina, mientras que después fueron exponiendo  la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de Lomas de Zamora, María Laura Altamiranda; la Asesora Tutelar de Adjunta de Menores de la ciudad de Buenos Aires, María de los Ángeles Baliero de Burundarena; la jueza de la Sala II de la Cámara de Federal de Apelaciones de La Plata, Olga Calitri; y la presidenta de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, María Claudia Caputi.

 

 

Por la tarde fue el turno de la jueza de la Cámara de Casación Penal Federal Ana María Figueroa; la ministra de la Corte Suprema de Santa Fe, María Angélica Gastaldi, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Electoral y jueza de la Cámara Comercial porteña, María Lilia Gómez Alonso; la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, Cristina Leiva; la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 12 de la Capital Federal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano; y la fiscal Federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri.

También fueron oradoras la magistrada siria Rabaa Al Zreqat que en la actualidad está refugiada en Holanda y que en su país trabajó en causas relacionadas con delitos federales como trata y narcotráfico; y juezas de Perú (2), Estados Unidos, Jamaica, Uganda, Trinidad y Tobago, Tanzania, Guatemala, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irlanda del Norte, Hungría, Nueva Zelanda, Benín, Haití, México (2), Italia, Filipinas y Polonia.

Este viernes, las siete argentinas que expondrán en la segunda jornada del coloquio son: la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger; la fiscal Federal Paloma Ochoa; la magistrada del Tribunal Oral Federal número 2, Karina Rosario Perilli; una de las titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta; la titular del Juzgado Federal número 1, María Servini de Cubría; y la integrante del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez.

 





Por Santiago Maldonado charla en Roma

6 11 2017

El jefe de Investigaciones de La Alameda y coordinador nacional de la Red Antimafia, Lucas Manjón, brinda este lunes una charla en la ciudad de Roma, en Italia, por la desaparición y luego la muerte de Santiago Maldonado.

El encuentro, llamado “Santiago Maldonado símbolo de una democracia desaparecida?”, se llevará a cabo a las 15:00 de Argentina (19:00 de Italia) en el Círculo Social y Cultural Sparwasser.

Manjón, referente de La Alameda, se referirá al caso del joven que desaparición el 1 de agosto pasado tras una represión de los efectivos de Gendarmería a la comunidad Pu Lof de Cushamen, sobre la Ruta número 40 en Chubut.

El pasado 17 de octubre apareció un cuerpo flotando en el Río Chubut y se sospechaba que podía ser Maldonado, algo que lamentablemente se confirmó tres días después mediante su hermano Sergio.





La Alameda festejó sus 15 años

13 06 2017

Foto: La Alameda

La Alameda festejó sus 15 años de vida junto dirigentes políticos, sindicales, barriales y empresariales.

Entre los muchos invitados estuvieron miembros de la agrupación y de Bien Común de Capital Federal, de la Provincia y del interior del país, al tiempo que también estuvo el compañero de fórmula de Gustavo Vera, el candidato a diputado nacional y ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Además, participaron del evento miembros de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que encabeza Julio Piumato, los intendentes de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y de Cañuelas, Marisa Fassi, el diputado nacional Gustavo Arrieta, el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdes, el dirigente peronista y empresario periodístico Mario Baudry, y el integrante del PJ Bonaerense Mariano Mera.

FOTO: Vera y Tamara Rosenberg

Vera recibió varias plaquetas por los 15 años de La Alameda, entre ellas una de los Judiciales y otra del municipio de Esteban Echeverría.

También se emitió un video en el que habla el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires muy cercano a la tarea de La Alameda.

Además de los discursos que dieron el propio Vera y Tamara Rosenberg, además de otros compañeros de Bien Común y La Alameda, hubo un show del “Padre César y los pecadores”.

También estuvo presente el comunero del Partido Socialista Auténtico (PSA), Raúl Artelino Comuna 5, a su vez dirigió unas palabras el dirigente sindical de judiciales, Omar Ruiz; y los compañeros de la Alameda como Néstor Escudero, Olga Cruz Ortiz, Facundo Lugo, Ximena Rattoni, Lucas Manjon y Lucas Schaerer.

Foto: Facundo Lugo, Vera, Lucas Manjon y Ximena Rattoni

La Alameda nació como la Asamblea “20 de diciembre” del barrio Parque Avellaneda, bajo la forma de una olla popular que se organizó en respuesta al contexto de pobreza y desocupación de la crisis del 2001.

El 8 de junio del 2002 la Asamblea recuperó el bar llamado “La Alameda”, ubicado en la esquina de Directorio y Lacarra, frente al Parque Avellaneda, y de esta manera la olla popular se transformó en un comedor comunitario al que asisten hoy más de 60 familias.

 

Foto: Néstor Escudero (Polo Textil), Vera y Lucas Schaerer.

En 2004 fue declarada de utilidad pública, y por segunda vez en 2007 se dictó la expropiación y se resolvió dar una solución definitiva para la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos emprendidos. 

A su vez, en abril de 2013, se lanzó la Red Nacional Antimafia compuesta por más de 40 organizaciones sociales de todo el país y con el apoyo de organizaciones internacionales.

Foto: Guillermo Moreno, Vera y el Padre César y los pecadores.

Vera recordó que “los primeros tiempos fueron difíciles”, porque recibían “solamente ninguneo y atentados”.

“Instalar el problema del trabajo esclavo fue muy duro y lamentablemente se  viralizar, lamentablemente, con una tragedia como fue el incendio del taller clandestino de la calle Luis Viale en 2006. En ese momento veníamos trabajando con Alicia Pierini, que era Defensora del Pueblo y la única funcionaria que le ponía el hombro al tema, porque los demás lo ningunearon”, contó el titular de La Alameda, en declaraciones al programa “Un poco más”, que conduce Eduardo Valdés por AM 750.

Foto: Gustavo Arrieta (diputado nacional), Marisa Fassi (intendenta de Cañuelas) y Vera.

Vera sostuvo que recién con la muerte de seis personas, “cinco de las cuales eran niños, hubo mucha repercusión y ahí se empezó a instalar el tema.

“También hicimos cámaras ocultas en Mendoza, sobre todo en Guaymallén. Fue tanta la repercusión sobre el tema que en esa provincia se votó una ley especial adicional, estableciendo multas por trabajo infantil. Hubo allanamientos para terminar con eso y se dispusieron guarderías que alojaron a 3.500 pibes sacados  de los lugares que La Alameda denunció”, agregó.

Foto: Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría) y Vera.

Foto: Moreno, Vera y el abogado Carlos Beizhun.

Además, prosiguió: “En Mar del Plata, en el cordón de Batán a Sierra de los Padres, filmamos y registramos trabajo infantil y todo terminó con la incautación de 44 hectáreas que el juez federal administra para que los trabajadores se desempeñen en forma digna, mientras que los chicos van a la escuela. Se trata de 180 migrantes. El dueño fue procesado, luego detenido y ahora salió en libertad bajo fianza, pero no tiene la administración del bien”.

Foto: el dirigente peronista Mario Baudry, Vera y otros compañeros.

Vera sostuvo que “en 2008 se lanzó muy incompleta la primera ley de trata, después se elaboraron muchas resoluciones municipales contra el trabajo infantil, la trata de  personas, de asistencia a las víctimas de trata, luego, en 2016, vino la ley que le puso fin a los prostíbulos que eran habilitados como boliches de Clase A y se eliminó ahí la figura de alternadora”.

Eduardo Valdés (ex embajador en el Vaticano), el Cura Rockero, Vera y Arrieta.

De todas maneras, antes, en 2013 y junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), se lanzó la Campaña nacional contra el trabajo esclavo, y en este marco se denunciaron más de una decena de empresas que ejercen explotación laboral.

Foto: Moreno, Mario Videla y Vera.

De esta manera se logró la incautación de maquinarias que fueron luego entregadas en comodato a la comunidad Qom de Formosa, para el desarrollo de un primer emprendimiento textil, el cual se encuentra produciendo indumentaria bajo el nombre “Orgullo Qom” desde julio de ese año.

 

Foto: plaquetas otorgadas a La Alameda por el Municipio de Esteban Echeverría y los Empleados Judiciales.

La Alameda fue una de las promotoras de este proyecto, con la finalidad de establecer una herramienta que permita tejer una transversalidad de ciudadanos honestos, de diferentes creencias políticas y/o religiosas, para llevar adelante una lucha material y cultural contra aquella trasversalidad mafiosa que atraviesa las instituciones del país. Hasta hoy se constituyeron los centros de trabajo en Río Negro, Santa Fé, Entre Ríos, y Buenos Aires.

 





De la mafia no se vuelve

23 05 2017

Para someter a la democracia el espionaje local inventa denuncias penales. El caso del albañil y el abogado que denuncia en paralelo a la diputada Carrió como al legislador Vera junto a los jueces Rafecas y Casanello.

Por Lucas Manjon, integrante de La Alameda/Bien Común y coordinador de la Red Antimafia.

Todos los diarios digitales, este lunes 22 de mayo, dieron a conocer el fallo del juez federal porteño Daniel Rafecas que cerró la causa por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió.

La decisión de Rafecas de no investigar a Carrió se debe a que el denunciante, un obrero humilde del partido bonaerense de Pilar, reconoció haber cobrado 1.500 pesos por estampar su firma en la denuncia. Es más afirmó que no tenía idea que se estaba firmando.

La denuncia contra la diputada nacional fue presentada en noviembre del año pasado y posteriormente archivada en marzo de este año.

Sin embargo, en marzo de este año, se presentó el abogado Mariano Noel Valdez, para denunciar de vuelta a Carrió, con exactamente los mismos argumentos que el obrero de Pilar.

El nuevo denunciante presentó la demanda con textuales de la causa ya desestimada por Rafecas.

Asimismo, la segunda denuncia se presenta el mismo día que llaman a ratificar al albañil que nunca se presentó. Entonces caída la denuncia ahí aparece el mismo día la denuncia del abogado Valdez.

Estos hechos demuestran la vigencia de la parainstitucionalidad, para llamar con más elegancia a la mafia, que utiliza a las personas más humildes para generar hechos judiciales que derramen en operaciones políticas de desprestigio.

El intentar deslegitimar las opiniones y acciones políticas de las personas mediante una persecución judicial viola cualquier intento democrático de transformar la realidad.

Este mecanismo por el cual se intenta distorsionar y disciplinar las posturas políticas de las personas es hartamente conocido y naturalizado. Son muchos los abogados que trabajan bajo los intereses de la ex SIDE, presentando denuncias varias en los pasillos de Comodoro Py bajo la excusa de tomar conocimiento de posibles delitos anteriormente publicados en los medios.

Nunca hasta ahora había pasado tanta repetición en el modus operandi como de los actores que las llevan adelante.

EL ABOGADO DE LA MENTIRA

El letrado Mariano Noel Valdez ya había presentado una denuncia del mismo tenor sobre el legislador porteño, Gustavo Vera, y los jueces federales porteños, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Acusó este abogado a los tres por tráfico de influencias.

La denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas se basa en una nota publicada por el diario Clarín donde el periodista Claudio Savoia, referencia un “asado secreto” entre los tres denunciados.

La nueva denuncia de estilo espionaje político tramita en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la Dr. María Servini de Cubría.

Hasta acá, solo nos encontramos nuevamente con el aparato judicial al servicio parainstitucional de la ahora Agencia Federal de Investigaciones (AFI) conocida por todos como SIDE.

Sobre esta denuncia, la cual ya fue desestimada por el hoy fallecido Fiscal Patricio Evers, se presenta como querella el ex director de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso.
En una nota publicada el pasado 20 de mayo, el periodista Claudio Savoia se refiere a la falsa denuncia presentada contra la diputada Elisa Carrió. En la nota se desarrolla la teoría -por demás acertada- de que los servicios de inteligencia se encontraban detrás de esta maniobra.

Pero resulta más llamativo que casi llegando al final, se consigna que la Dr. María Servini de Cubría, le habría avisado al Juez Daniel Rafecas, que la denuncia era trucha.
Entonces bien, si como consigna el periodista de Clarín, Servini de Cubría tiene “el gesto” de avisar que la denuncia era trucha. ¿Por qué con el mismo denunciante -Mariano Noel Valdez- todavía no desestima la denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas?

Si la denuncia está marcadamente direccionada por los servicios de inteligencia ¿Por qué Servini de Cubría acepta como querellante a Antonio Horacio Stiuso?

La parainstitucionalidad cada día consume nuevos espacios de la República. En los lugares que ya se encontraba con fuertes cimientos, decide elevar su juego e incurre en maniobras cada vez más burdas. La decisión de poder terminar con esto solo depende de los cuatro poderes. No solo no parece que esto vaya a terminar sino que cada vez se acentúa más.

El Ejecutivo decidió nombrar jueces de la Corte Suprema o camaristas a dedo, incurriendo en delitos y demostrando el total desprecio por las normas; colocó en la Agencia Federal de Inteligencia a un escribano sospechado con anterioridad de evadir impuestos y con posterioridad de cobrar coimas de empresarios extranjeros y a una mujer sin un currículum que solvente su designación y con un marido condenado por estafas.

El Poder legislativo no controla el rol que están tomando los servicios de inteligencia, puntualmente la Bicameral.

El Poder judicial intenta surfear las presiones gubernamentales y de la misma ex SIDE, la cual en muchos casos los nombró; y sectores de  prensa que en busca de un interés económico y en menor medida periodístico, deciden colaborar con esas operaciones y sus actores para poder generar un polo de poder que logre dirigir las riendas del Estado.

Se espera un verdadero cambio.

Pero el sentido común siempre indica, que es el menos común de los sentidos.





Irurzun y Farah contra la justicia en Time Warp

28 03 2017

Jueces Irurzun y Farah

En una nueva muestra del aceitado funcionamiento que la para – institucionalidad tiene con la justicia, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah, decidieron apartar al Fiscal Federal, Federico Delgado, de la causa conocida como la “Tragedia de Time Warp”.

Artículo por Lucas Manjon, miembro de Bien Común y la Alameda

Los abogados del acusado por encubrir el atentado a la AMIA y ser uno de los responsables de la muerte de los cinco jóvenes en el predio de Costa Salguero, lograron que la Cámara Federal apartara al fiscal Delgado, quien apoyando la investigación del Juzgado dirigido por Sebastián Casanello, en una investigación exhaustiva y en poco tiempo, logró comprobar materialmente la responsabilidad del empresario Víctor Stinfale y varios de sus socios.

Un entramado de empresas que carterizaron las fiestas de música electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, organizaron la fiesta en el predio perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires el 16 de abril pasado, donde murieron cinco jóvenes por causa de los estupefacientes, la enorme cantidad de gente que había ingresado al predio (el juzgado pudo demostrar en la causa que ingreso el doble de lo permitido), además de la negligente respuesta sanitaria que pudo darse en el lugar. Una centena de testigos se acercaron espontáneamente al juzgado en el cual tramita la causa y declararon la existencia de una zona liberada para la comercialización de estupefacientes, la relación oculta que existe entre las empresas imputadas, los demás imputados y Víctor Stinfale. Que esto no era algo nuevo, que sucedía reiteradamente en las distintas fiestas que organizaban los imputados.

Desde el principio, los imputados con Stinfale a la cabeza, intentaron obstruir al Juez y al Fiscal de la causa. Solo pudieron lograr su cometido junto a los miembros de la Sala II de la Cámara Federal, que junto a los acusados demoran la elevación a juicio de la causa. Para una delación todavía mucho mayor, en el día de ayer se decidió apartar al Fiscal Delgado. De esta manera no solo se retrasa la posibilidad de celebrar un juicio oral, sino que las defensas plantearan una enorme cantidad de nulidades apoyándose en la decisión que tomaron Martin Irurzun y Eduardo Farah. Reiteradamente la Sala II hostiga la causa y la justicia, haciendo lugar a pedidos injustificados de la defensa, la cual intentando demorar el avance de la causa, llena de testigos el expediente, para lo cual debió encontrar este tipo de complicidad en Irurzun y Farah.

Con un fallo totalmente contrario a la postura que los camaristas Irurzun y Farah tuvieron en otras causas, acusaron al Fiscal Delgado de que en la causa “su objetividad en el caso no esté conservada”.

Esta misma cámara ha tomado parte en causas donde los fiscales que intervienen, públicamente se manifestaron por la “necesidad” de encarcelar a posibles imputados, “de tenerla al paso de la detención”. En ninguno de estos casos Irurzun y Farah siquiera llamaron la atención del fiscal. Sobre esto mismo, la mayoría de las quejas presentadas por aparente imparcialidad ante esta cámara fueron negadas, ni siquiera se permitió el avance de la presentación. En este caso, los magistrados decidieron dar lugar y facilitar a los imputados la delación del juicio, tanto de los empresarios como de los funcionarios públicos, a los cuales, también esta Cámara les disminuyo la imputación.

La política tomada por el poder judicial para enfrentar al narcotráfico se termina materializando en un verdadero fiasco, vuelve a demostrar la complacencia con la cual se muestran algunos actores judiciales, frente a poderes verdaderamente importantes del narcotráfico en Argentina. Cinco jóvenes murieron en una fiesta que debía ser una diversión; hoy la justicia para esos cinco jóvenes se encuentra cada vez más lejos y con culpables cada vez más libres. Los miembros del poder judicial que intentan avanzar sobre los poderosos del crimen organizado son reiteradamente condicionados para desestructurar su trabajo.

La para – institucionalidad vestida de institucionalidad es la forma más perversa de defraudar a la ley y la sociedad.





“Al testaferro de Aníbal Fernández lo denunciamos hace un año”

26 09 2016

El jefe de investigación del partido Bien Común y coordinador de la Red Nacional Antimafia, Lucas Manjon, reveló que el empresario sindicado como testaferro de Aníbal Fernández fue denunciado por La Alameda “hace un año” debido a los vínculos que él y sus socios “tenían con ex directores de la vieja SIDE”.

manjon

Manjon relacionó a Tomeo con los ex integrantes del Servicio de Inteligencia Alejandro Patrizio y Germán Salier, y remarcó que esos jefes “tienen empresas que manejan fondos millonarios desde que se fueron de la SIDE con sueldos que apenas superaban los 15 mil pesos”.

“Nosotros en La Alameda denunciamos a Tomeo hace un año. Encontramos que Tomeo y sus socios tienen vínculos con ex directores de la vieja SIDE como Alejandro Patrizio, quien dirigía la sede de ese organismo en Ezeiza, y Germán Salier, sindicado como el director operativo de las patotas de la ex SIDE”, precisó el jefe de investigaciones de Bien Común.

Además, en declaraciones al programa “Todo en uno”, que se emite por Canal América, Manjon sostuvo que “Aníbal Fernández ha tenido responsabilidad política en el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado”.

“Aníbal Fernández tenía responsabilidad sobre lo que era la Dirección de Migraciones y la Sedronar, organismos importantes para la logística del crimen organizado, por lo que tiene responsabilidad política del crecimiento del narcotráfico”, afirmó.