Un fallo que favorece a Flybondi  

11 04 2018

El juez penal subrogante de Morón, Néstor Barral, resolvió este martes 11 de abril el levantamiento completo de la medida cautelar presentada por los vecinos. No le importó que no cumpla con la evaluación de impacto ambiental y que el CONICET desaconseja  categóricamente la utilización de la Base Militar como aeropuerto comercial y señala todas las omisiones.

Esto significa que autoriza a FlyBondi y a cualquier otra aerolínea a operar vuelos comerciales en forma ilimitada durante las 24 horas desde la Base Aérea Militar de El Palomar.

Asimismo dio vía libre para que continúen las obras en el sector de los hangares militares, pese a las presentaciones judiciales para que se resguarden ya que están protegidas por la Ley de Sitios de Memoria, porque de allí partían los “Vuelos de la Muerte” y pese a que en la inspección ocular realizada por la Jueza Forns, la sobreviviente Zoraida Martin reconoció esos hangares como el lugar donde estuvo secuestrada y torturada en la última Dictadura Militar.

Lucas Marisi, el vecino y abogado que motorizó el amparo que derivó en la medida cautelar, y que lidera las demandas contra lo que los vecinos llaman el “aeropuerto trucho” construido en la Base Aérea Militar, afirmó que “va apelar esta resolución, porque a pesar del amparo, no se ha cumplido con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por ley. Por eso, el levantamiento de la cautelar es ilegal: no se ha cumplido con la Ley de Ambiente ni tampoco ha intervenido ni el Ministerio de Ambiente de Nación, ni el Organismo de Desarrollo Sustentable de Provincia (OPDS)”.

Agregó Marisi que “el acto administrativo denominado DIA (Declaración de Impacto Ambiental) que debe emitir el Ministerio de Ambiente de Nación nunca apareció porque no existe, ya que no se realizó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que no es reemplazable por los estudios ambientales, hechos unilateralmente y sin control de nadie, por Aeropuertos Argentina 2000 y que el CONICET criticó duramente por estar llenos de errores y ocultamiento de información”.

“Por eso, la decisión de Barral es de la más absoluta ilegalidad y clandestinidad ambiental, sobretodo porque el Juez nada dijo de las dos veces que FlyBondi violó la medida cautelar superando el tope de vuelos permitidos”, expresó Marisi.

Un informe del CONICET “desaconseja categóricamente la utilización de la Base Militar de El Palomar como aeropuerto comercial y señala todas las omisiones, falencias e inconsistencias de los estudios ambientales hechos por Aeropuertos Argentina 2000”.

El CONICET concluye que “la ubicación de El Palomar lo ubican entre las peores ubicaciones dentro del contexto internacional, para operar un aeropuerto ya que se encuentra entre los que menor distancia tienen entre la cabecera de pista y las viviendas próximas, lo que agravará la contaminación de ruidos y gases sobre la población de los alrededores, con consecuencias nocivas sobre la salud y el medio ambiente, al margen del peligro mortal de una tragedia aérea”.

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Un juez paraliza la obra ilegal “Zona Calma”

27 10 2017

Por el amparo del legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, que acompañaron vecinos y el club Social y Deportivo Camioneros, el juez suspendió la obra llamada “Zona Calma” que se quería instalar en el barrio de Villa Real, en la Comuna 10, sin audiencia pública y sin estudio de impacto ambiental. Un negociado de 14 millones de pesos que perjudicaba al vecindario en beneficio de privados.

El titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 10, Aurelio Ammirato, suspendió la ejecución de Zona Calma, encabezada por el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

El argumento del PRO para la obra es la reducción de velocidad, cuando por el contrario en Villa Real no es zona de accidentes reiterados, además no realizó el gobierno la audiencia pública y ni siquiera presentaron estudio de impacto de ambiental.

El magistrado Ammirato afirmó que el Ejecutivo de la Ciudad, en poder de Horacio Rodríguez Larreta, no presentó en la justicia “los permisos ambientales correspondientes que son otorgados por la Agencia de Protección Ambiental”.

Este fallo le otorga la razón al legislador Vera, los vecinos y el Club Camioneros respecto a que la obra “Zona Calma, no contaba con el certificado de aptitud ambiental que se requiere en este tipo de obras”.

De esta manera, quedó demostrado que la gestión de Rodríguez Larreta viola la ley para iniciar obras inconsultas y hace uso del espacio público para negociados que favorecen solo a las empresas constructoras.

“Zona Calma” consta de una reducción de velocidad obligatoria para todos los casos no advirtiendo la necesidad de diferencia para casos de emergencias de salud, por seguridad o por incendios que ameriten superar los límites de velocidad”, hizo notar al respecto.

Según el pliego de condiciones particulares de la obra, se desarrollará entre las calles Ramón Lista, Juan E. Martínez, Nogoyá e Irigoyen. Con distintas intervenciones urbanas se busca “alertar al conductor del ingreso a la zona 30, donde la velocidad máxima será de 30km/h en lugar de 40, y reordenar el tránsito de camiones; incorporación de 1.362 m2 de suelo absorbente”.

En su fallo el juez dice: “En mérito de las consideraciones vertidas, doctrina y jurisprudencia citadas; RESUELVO: Suspender —con carácter precautelar y en el estado en que actualmente se encuentre— la ejecución del proyecto denominado “ ZONA CALMA – VILLA REAL”, que se desarrollaría en el barrio de Villa Real, entre las calles Ramón Lisa, Juan E. Martínez, Nogoyá e Irigoyen, de esta ciudad, hasta tanto la parte demandada acredite en estos actuados haber dado cabal cumplimiento a las previsiones de los arts.  8, y cctes., la ley 123 (cfr. supra, consid. III).”





Banderazo vecinal contra “Zona Calma”

10 10 2017

El slogan del PRO “Zona Calma” provocó el efecto contrario. Al punto que intranquilizó a los vecinos del barrio de Villa Real que convocan para mañana miércoles 10 de octubre a un banderazo, que recorrerá las calles de este tranquilo barrio conmocionado por la obra de achicamiento de calles llamada “Zona Calma”.

La iniciativa del PRO que no fue consultada con los vecinos en una audiencia pública y sin un estudio de rigor de impacto ambiental provocó una organización inédita en este pequeño barrio ubicado al oeste de la Ciudad, en los márgenes de las avenidas General Paz y Beiró.

Más de 60 vecinos se autoconvocaron este lunes en el Club Deportivo Camioneros, ubicado en Víctor Hugo entre Tinogasta y Simbrón, para escuchar a los asesores del legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, que impulsan con los vecinos y el gremio de Camioneros un amparo para frenar las obras de achicamiento de calles hasta tanto no se cumpla con un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública.

De la reunión informativa en el club del Sindicato de Camioneros se llegó a la conclusión que además de las presentaciones judiciales, en la Legislatura y a los funcionarios es necesario involucrar al vecindario en “esta obra que es un negocio para el sector privado con una licitación que alcanza los 14 millones de pesos pero un perjuicio para la circulación del camión de bomberos, camiones, ambulancias o micros escolares”, aseguró el abogado Carlos Beizhun e integrante de Bien Común.

El propio Horacio Rodríguez Larreta vivió el fastidio que genera “Zona Calma” en los vecinos de Villa Real la semana pasada en un encuentro en el Club Jorge Newery.

Mientras que en la Legislatura porteña este lunes en la Comisión de Transporte fue votado por unanimidad el pedido de informes al Poder Ejecutivo por las obras llamadas “Zona Calma”.

CONTACTO:

15 6621 5919 / 4338-3552