Zona calma: reunión con los vecinos

8 10 2017

La Alameda convoca para hoy lunes a las 18:30 a los vecinos del barrio Villa Real para explicar los alcances del recurso de amparo presentado por zona calma que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quiere instalar por fuera de la ley.

El encuentro se llevará a cabo en el club Camioneros, ubicado en la calle Víctor Hugo 2542, donde se abordará esta problemática con los habitantes de Villa Real.

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Conventillo: Larreta tiene cinco días para asistir a las familias

28 09 2017

La jueza Patricia López Vergara, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 6, le dio cinco días como último plazo al Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta para que cubra todos los gastos y atienda las necesidades de las familias afectadas por el incendio en el conventillo de La Boca, ocurrido el pasado 20 de julio, luego de incumplir la cautelar impuesta.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no hizo caso a la determinación de la magistrada y los afectados siguen a la deriva. 


El siguiente es el fallo judicial que intima al Gobierno de la Ciudad:

 

Nombre del Expediente:“BAUTISTA PRADO, MIRIAM MERCEDES Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES – AMPARO – HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS”

Número: A6379-2017/2

“Como vivimos en un mundo tan cómodo nuestra sensibilidad ha languidecido” [1].

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2017.-

 

  1. Agréguese la documental acompañada.

Autos, vistos y considerando:

I

A fojas 654/768 el Asesor Tutelar acompaña entrevistas realizadas a los actores alcanzados por la manda judicial y hace un racconto de las familias que hasta el momento no se han presentado ante el Ministerio de Desarrollo y Hábitat del GCBA, como también de aquéllas que pese haberse presentado, lo ofrecido por el GCBA no les resulta suficiente a fin de cubrir sus necesidades habitacionales.

II

En atención a las manifestaciones vertidas por el Asesor Tutelar en relación a los grupos familiares respecto de los cuales se hallaría incumplida la medida cautelar dictada en autos, seguidamente se reseñará la situación fáctica de los mismos a tenor del relevamiento ya efectuado por el tribunal a fojas 614/617 más los datos que ahora aquél agrega.

  1. Víctor Raúl Bautista Jacobe de 70 años y su pareja Antonia Prado Guzmán de 61 años. Él padece de esquizofrenia y posee certificado de discapacidad. (ver informe de fs. 487/490).

De acuerdo a lo informado por el GCBA a foja 441, al 28/08/2017 no se había presentado ante el Programa Atención a Familias en Situación de Calle a fin de ser evaluada.

El Asesor Tutelar informa que el coactor presentó presupuesto  ante las demandadas pero hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna. Nada dice respecto a cuánto asciende dicho presupuesto.

  1. María de los Ángeles Bustos de 41 años; su pareja Alberto Daniel Duarte de 45 años y sus dos hijas, Brenda Duarte de 22 años y F.S.D. de 12 años. Los tres adultos trabajan en relación de dependencia y sus ingresos superan la línea de pobreza (ver informe de fs. 519/522).

Conforme lo informado a foja 441, se han presentado ante el GCBA a fin de solicitar el subsidio. No se les ha determinado monto alguno, dado que aún no han acompañado presupuesto de alojamiento.

El Asesor Tutelar informa que han concurrido al Ministerio pero que “los inmuebles que lograron ubicar  para alquilar requerían pago de tres meses como adelanto y depósito, así como garantía inmobiliaria, siendo todos estos requisitos que no pueden cubrir de forma autónoma”. Tampoco precisa cuál es el monto.

  1. Gladys Milena Blanco Flores de 40 años, su pareja René Leonor Segovia de 42 años; sus cuatro hijos, David Gonzalo Segovia Blanco de 22 años, René Agustín Segovia Blanco de 18 años, S.J.S.B. de 9 años e I.F.S.B. de 13 años, y sus dos sobrinos, Gonzalo Ezequiel Segovia de 21 años y Pamela Segovia de 19 años (ver informe de fojas 515/518).

Conforme lo informado a foja 441, se les otorgó subsidio habitacional por un monto mensual de .000.

El Asesor tutelar manifiesta que la coactora no completó la entrega de la documentación debido a que “el ofrecimiento que el ejecutivo local le estaba efectuando no le daba una solución a su problemática habitacional”. No precisa la necesidad concreta.

  1. Rodrigo Emilio Díaz.

No ha sido objeto de informe social. A foja 165, en el escrito de ampliación de demanda se consigna que conforma un grupo familiar con Vicente Jacinto Carrizo de 61 años y Gastón Iván Carrizo de 26 años.

Conforme lo informado a foja 441, se le otorgó subsidio habitacional por un monto mensual de .900.

El Asesor tutelar informa que el coactor que no ha cobrado subsidio por no tener dinero de garantía que se le solicita para el alquiler del inmueble. Y tampoco concreta monto que necesita.

  1. Alicia Ychpas Araujo de 39 años y sus dos hijos, Jack Salcedo de 18 años y D.S. de 3 años (ver conforme fojas 506/508).

Conforme lo informado a foja 441, se han presentado ante el GCBA a fin de solicitar el subsidio. No se le ha determinado monto alguno, en virtud de que aún no han acompañado presupuesto de alojamiento.

Cabe señalar que la actora ha acompañado a fojas 453/455 presupuesto para alquilar un departamento de 3 ambientes por .000. Mas no acredita que haya hecho esta presentación ante las autoridades administrativas correspondientes.

El Asesor manifiesta que no presentó presupuesto debido a que “el ofrecimiento que el GCBA le hizo no le alcanza para cubrir los gastos de una vivienda digna para su grupo familiar” .

  1. Romina del Carmen Segundo. No ha sido objeto de informe social. A foja 164 en el escrito de ampliación de demanda se consigna que conforma un grupo familiar con 7 personas más (3 adultos y 4 niños).

De acuerdo a lo informado por el GCBA a foja 441, al 28/08/2017 no se había presentado ante el Programa Atención a Familias en Situación de Calle a fin de ser evaluada.

El Asesor Tutelar manifiesta que ha concurrido al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, presentó presupuesto pero les informaron que le pagarían el alquiler mensual, no así los gastos para ingresar.

  1. Johana Pamela Martínez de 24 años y su hermano Pablo Sebastián Martínez de 26 años (ver informe de fojas 551/553).

Cabe señalar que la actora ha acompañado a foja 452 presupuesto de  para alquilar un departamento de 4 ambientes por $ 13.000. Mas no acredita que haya hecho esta presentación antes las autoridades administrativas correspondientes.

De acuerdo a lo informado por el GCBA a foja 441, al 28/08/2017 no se había presentado ante el Programa Atención a Familias en Situación de Calle a fin de ser evaluada.

El Asesor Tutelar manifiesta que se ha presentado ante el Ministerio de Desarrollo pero no inició carpeta dado que no se le contemplaba el pago de garantía y demás requisitos.

 

III

  1. Cabe memorar que a fojas 188/193 el 07/08/2017 se dictó medida cautelarmediante la cual “(…) se ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y al IVC otorguen una adecuada e inmediata satisfacción a los requerimientos económicos y materiales de los amparistas que respete lo consagrado en los tratados derechos humanos citados en la nota 6 y la Constitución Federal y Local. En el caso de optar por el otorgamiento de un subsidio, los fondos deberán ser suficientes para cubrir la totalidad del costo de un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad. (…) Asimismo, deberá contemplar la composición de cada grupo familiar”[2].
  2. Así las cosas, repárese que el comportamiento del GCBA no se condice con la manda judicial dictada en autos ni con el contenido normativo de las leyes n° 3.706 y 4036, las que plasman un estándar de continuidad y suficiencia en las acciones estatales, de forma tal que las personas tengan garantizada la satisfacción de su derecho a la vivienda.

Tampoco ha tenido en consideración lo señalado por la CSJN en la sentencia dictada el 24/04/2012 en la causa “Q.C.S.Y”[3], en la cual se abordó de manera integral el drama de la ineptitud de las políticas públicas en materia de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

En alusión al decreto n° 690/06 (Programa Atención para Familias en Situación de Calle) el Alto Tribunal dijo que el mismo “tampoco… brinda una respuesta que atienda suficientemente a la situación examinada en autos… dicha asistencia no sólo no constituye una solución definitiva al problema habitacional… sino que se limita a brindar un paliativo temporal, cuyo monto, en este supuesto, fue considerado insuficiente por los magistrados intervinientes para atender a las necesidades del caso”.

Continuó expresando que “(…) No se trata en esta situación de evaluar el precio del servicio que paga el Estado y dado su costo dar por cumplido el deber que le incumbe, conforme a un estándar de realización de derechos, sino de valorar su calidad en cuanto a la adecuación a las necesidades del caso. Es decir, la inversión del Estado debe ser adecuada, lo que no depende únicamente del monto que éste destina, sino fundamentalmente de la idoneidad de la erogación para superar la situación o paliarla en la medida de lo posible” (resaltado añadido).

En consonancia con ello, debe tenerse presente que los Estados deben adoptar medidas a fin de garantizar que el monto de dinero mensual sea el necesario para satisfacer la necesidad habitacional existente y en consideración de la conformación de cada grupo familiar.

 

IV

  1. Por lo expuesto, en atención a las manifestaciones vertidas por el Asesor Tutelar y a la documentación anejada en autos hasta el momento, se desprende que las familias antes reseñadas continúan inmersas en situación de extrema vulnerabilidad social, de acuerdo con la ley nº 4.036 [4] y las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad[5], dado que la discapacidad, la pobreza y el género, constituyen, entre otras, causas de vulnerabilidad [6]. Ello pues el GCBA no ha cumplido con la manda judicial dictada a favor de aquéllas.

Esta orden cautelar importaría un catálogo de ilusiones de no aportar el GCBA los montos necesarios para acceder a la vivienda, ante la especialísima situación que atraviesan  los actores producto del siniestro.

Permanecer  un ser humano dos meses a la intemperie sin una solución a ese drama evidencia una invisibilización por parte de aquéllos que están obligados a paliarlo. La prolongación en el tiempo de este contexto de desamparo para estas familias no sólo equivale a una degradación sino que también las expone a una situación de violencia, en especial para niños, ancianos y personas con discapacidad.

Cuadro este mucho más grave en tanto no es violencia de género tampoco sexual o exclusiva a mujeres sino violencia estatal al no proveer la salida de la calle a este grupo humano.

En efecto, la problemática de autos pareciera haberse convertido para la demandada en una naturalización del sufrimiento y degradación de la humanidad de lo cual esta magistrada no puede convertirse en cómplice. Acaso, y en palabras del autor citado en el epígrafe, “como vivimos en un mundo tan cómodo ¿nuestra sensibilidad ha languidecido?”.  Es así que a través de la presente se busca por todos los medios apelar al cumplimiento de lo más sagrado que una ley tiene: velar por la dignidad humana.

Entonces, si la suma a subsidiar no alcanza para cubrir la situación específica y concreta de cada grupo amparista a fin de acceder a una vivienda no se logra superar la vulnerabilidad acreditada en cada caso particular.

  1. Por lo tanto, el GCBA deberá adecuar el cumplimiento de la medida cautelar dictada en autos de acuerdo a las necesidades de cada grupo familiar a fin de que los subsidios ofrecidos garanticen la totalidad del costo de un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, en los términos referidos ut supra en el punto IV.1. Ello, en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de imponer astreintes al funcionario responsable; cuya conducta no remedia la indigna situación de los actores quienes moran a la intemperie a raíz del siniestro no provocado por ellos.

LO QUE ASÍ SE RESUELVE.

Notifíquese por Secretaría y con habilitación de días y horas inhábiles al GCBA y a la Ministra de Desarrollo y Hábitat con carácter personal, o en su caso persona autorizada a recibir la misma. Hágase saber al oficial notificador que en este último caso deberá individualizar a la persona que recibe la diligencia.

Asimismo, hágasele que la mentada notificación deberá diligenciarse en el plazo de un (1) día, de conformidad con lo previsto en el artículo n° 24 de la ley n° 2.145.

A tal fin, desígnese oficial ad hoc a Martín Pandullo DNI n° 23.768.543, Yamila Gisela Eczeiza DNI n° 35.414.682 y Agostina Fátima Ofelia Pizzorni DNI n° 38.069.231.

Fecho, córrase vista al Asesor Tutelar interviniente.

 

  1. En atención al tiempo transcurrido desde la notificación dirigida al IVC sin que aquél haya brindado respuesta al requerimiento de fojas 614/617 (vide cédula de foja 624), en torno al estado de los trámites de créditos iniciados por los amparistas así como también en relación al alcance de la expresión “solicitud validada”, intímeselo a dar acabado cumplimiento con ello en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese con copia de la resolución de fojas 614/617.

 

 

 





La Boca: amparo por las familias del conventillo

27 07 2017

El titular de La Alameda y legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, y los vecinos afectados tras el incendio del conventillo de La Boca presentaron un amparo judicial en el que “se ordena al Gobierno porteño el ingreso de todas la familias al inmueble” de la calle Pedro de Mendoza 1447/51.

En ese sentido, Vera y el abogado y asistente Jonathan Baldiviezo, remarcaron que también “se declare, en su caso, la nulidad del acto administraivo que estableció la clausura por amenaza de ruina y el desalojo de las familias de su casa y la nulidad de su notificación”.

El recurso de amparo recayó en el Juzgado número 6, a cargo de Patricia López Vergara.

En la presentación judicial el legislador también solicitó que “se ordene   al   Gobierno porteño y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que formule y ejecute un proyecto específico en relación al inmueble”, que se incendió la semana pasada en un sector y que provocó que unas 33 familias sigan en la calle.

“Las familias durante el incendio se ‘autoevacuaron’. Una vez que los bomberos apagaron el incendio, las familias intentaron reingresar a su casa pero el Gobierno de la Ciudad, a través de la Policía de la Ciudad, les impidió hacerlo. Las familias no pudieron reingresar para sacar sus  documentos ni   sus pertenencias. A partir de ese momento, todas las familias que habitaban en dicho inmueble se encuentran acampando sobre la Avenida Pedro de Mendoza enfrente del inmueble”, remarcó Vera en la presentación.

Además, agregó: “El Gobierno porteño sólo informó a las familias de la existencia de una “notificación de clausura” como fundamento para no permitirles ingresar nuevamente a su casa. No existe orden judicial alguna que disponga la clausura e impida el ingreso de las familias, sólo esta “notificación de Clausura”.

En ese sentido, Vera y La Alameda filmaron un video dentro del conventillo, en el que se demuestra que no hay ningún peligro de derrumbe y habían pedido sin éxito que el juez de la causa, Diego Slupski, deje entrar allí al perito que pusieron los vecinos para determinar si existe o no alguna gravedad para ir a vivir e vuelta a ese lugar.

El diputado de la Ciudad había remarcado que  a la gente no la dejaban volver, porque “el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pretende hacer un negocio inmobiliario” en el lugar donde hoy está el conventillo.

A eso se le suma que el bombero que apagó el incendio del Conventillo de La Boca sostuvo que el lugar es habitable y el fuego no afectó los cimientos ni estructura del inmueble”.

 

Amparo por incendio conventillo La Boca





“El 36 por ciento de los porteños no llega a fin de mes”

18 07 2017

El candidato a legislador por la lista Honestidad y Coraje en el frente Unidad Porteña, Gustavo Vera, contó en Canal 26 que “hay 1.100.000 porteños que no llega a fin de mes”.

 En el programa La Lupa, que conduce Paulino Rodrígues, el legislador y candidato a renovar su banca explicó que “hay 26 mil personas en situación de calle, 154 mil en la indigencia, 324 mil en la pobreza y 452 mil que aparecen en la clase media frágil, que significa que en cualquier momento caen en la pobreza”.

VERA EN SU RECORRIDA POR LA VILLA 21-24

“En total son 1.100.000 porteños, un 36 por ciento, que no llega a fin de mes”, agregó el diputado de Bien Común.

Por potra parte, Vera relató cómo fue su recorrida por la Villa 21-24 y las pésimas condiciones en las que viven sus habitantes. 

“Los vecinos que están esperando que se le den casas estábn viviendo en situaciones tremendas, a pesar que hubo un montón de fallos que indicaban que se los debía trasladar de allí y reubicarlos en otra zona. Se sigue incumpliendo la ley”, precisó.

 





Pedido de informes por el cierre de prostíbulos

6 06 2017

 

La Comisión de Trata de la Legislatura porteña, realizó un pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad, por la aplicación de la ley que quita habilitaciones con que se encubren los prostíbulos. De hecho el legislador porteño de Bien Común presentará un nuevo mapa de los prostíbulos porteños.

A siete meses de haberse sancionado la “Ley Vera”, que da fin a las habilitaciones que encubren los prostíbulos en la Capital Federal, hay una gran cantidad de prostíbulos que permanecen abiertos. Al punto que el legislador y titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, presentará un listado que supera los 600 prostíbulos operando con impunidad en plena Ciudad.

En el informe, el legislador de Bien Común Vera indicó que “el Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos  a la aplicación de la Ley 5639”.

También exigió que se indique “qué procedimientos se desarrollaron en cumplimiento a lo establecido por la Ley 5639. Especifíquelos y envíe copia a la Legislatura; informe   si   el   Ejecutivo poseía,   previa   sanción   de   la   Ley   5639,   un   registro de alternadoras. Si es positiva la respuesta, informe en que dependencia se encuentra y envíe copia a la Legislatura.

Además, sostuvo que esta ley “es una herramienta indispensable en la Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual, de hombres, mujeres, niños y niñas”, al tiempo que indicó que “se demostró que estos locales de clase A violan no solo la legislación argentina sino también el estatuto de la ONU referida a la defensa de los Derechos Humanos”.

“La presente ley modifica el Código de Habilitaciones para derogar la figura de las alternadoras más conocidas como coperas y bailarinas que es la manera de encubrir como empleadas, ya que son mayormente mujeres,  a las víctimas de trata y explotación sexual dentro de los  locales  nocturnos Clase  A,  comúnmente   llamados  whiskerías, cabarets, bar, boliches pero que en realidad son prostíbulos”, se indicó en la presentación del informe.

Además, el diputado de la Ciudad remarcó que “es importante tener en cuenta que los prostíbulos se encuentran prohibidos en todo el país por la ley de Trata, ley de Profilaxis y los convenios internacionales contra la prostitución por cuenta ajena y trata y el Convenio Contra Toda Forma de Discriminación de la Mujer”.

Por último, la ley 5639 entró en vigencia el 1 de noviembre de 2016, y el objeto del presente pedido de informes, nacido en el seno de la Comisión Especial de Hechos Vinculados a la Trata de Personas, es conocer el avance concreto y aplicación que tiene la ley al día de hoy”.

Esta es la ley:

Artículo 1°.-Derogase las siguientes disposiciones del Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado por Ordenanza 33266: 10.2.2. inciso f); 10.2.12; 10.2.13; 10.2.14 y 10.2.15.

Art. 2º.- Sustituyese el punto 10.2.16 del capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado por Ordenanza 33266, por el siguiente:

“El número del personal afectado a cada establecimiento (artistas, músicos, servicios sanitarios) estará condicionado al número de servicios sanitarios con que cuente cada local, según lo establecido en el artículo 4.8.2.3 inciso g) item 2) del Código de la Edificación”.

Cláusula Transitoria: Transcurridos 90 días de publicada le presente ley, caducarán definitivamente las habilitaciones de uso según ordenanza 33.266 y modificatorias, de todo establecimiento o dependencia de un establecimiento comercial donde se constate que se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual o se verifique alguno de los supuestos de trata de personas.

Art. 3°.- Comuníquese, etc.

 





Fallo judicial en defensa de los adoquines

6 03 2017

La Justicia falló a favor del recurso de amparo presentado por el legislador porteño de Bien Común para preservar los adoquines de un pasaje en el barrio de Caballito.  

Con el objetivo de evitar el asfaltado o pavimento del Pasaje San Irineo y dejar la estructura con los adoquines originales es que Gustavo Vera presenta el amparo logrando por determinación judicial que se frené la obra iniciada por el Ministerio de Espacio Público y Ambiente, a cargo de Eduardo Macchiaveli.

En ese aspecto, pavimentaron una cuadra y media de las tres que posee el pasaje con la primera capa, por lo que se exigió que todo vuelva a su estado original, con los correspondientes adoquines.

“El temor de los vecinos es que el asfaltado genere una salida rápida para los vehículos en el contexto de la cuestionada obre de las empresas con aval del gobierno PRO por demoler el colegio Santa Rosa y construir edificios; mientras que los vecinos y un amplio arco de legisladores quieren sostener el edificio del colegio para trasladar allí otras escuelas, donde los estudiantes hoy están hacinados”, remarcó Vera..

En ese sentido, hay dos colegios que funcionan en un mismo predio (el Normal Nº 4 que comparte su edificio con el Liceo Nº 2) y otros tres que lo hacen en otro edificio (el Nacional Nº 17 lo hace con los Comerciales Nº 23 y 29, en Avenida Rivadavia 5161/71), por lo que el edificio del excolegio Santa Rosa serviría para descomprimir un poco el problema educacional.

La decisión judicial fue tomada el viernes 4 de marzo, por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 15, Víctor Trionfetti.

La medida cautelar presentada por Vera señalaba lo siguiente:

“Vengo por la presente en mi calidad de habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a interponer acción de AMPARO COLECTIVO contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de que:

A) Se declare la nulidad de todos los actos administrativos que autorizan la realización de las obras de asfaltado o pavimento del Pasaje San Ireneo y se ordene al GCBA la inmediata paralización de los trabajos de asfaltado o pavimento en éste pasaje.

 “B) Se ordene a la demandada la recomposición del ambiente dañado, ordenando el restablecimiento al estado anterior del Pasaje San Ireneo conforme a los arts. 27 y 28 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675.

 “C) Se ordene a la demandada a que paulatinamente lleve al Pasaje San Ireneo a su estado original por tener sectores reparados con materiales distintos al empedrado y adoquinado, retirando los segmentos realizados con aquellos materiales y sustituyéndolos por los originales como lo ordena el art. 2 de la ley N° 65”.

 De esta manera, el Gobierno de la Ciudad deberá reponer los adoquines para que todo vuelva a su estado original. 





Marcha por el Hospital de Lugano en la nueva Jefatura porteña

17 06 2015

0012414285Este jueves 18 de junio, a partir de las 11 hs., se realizará una marcha desde avenida Caseros y Rioja hasta la sede del Gobierno Porteño ( en la manzana Uspallata, Athuel, Los Patos e Iguazú) en Parque Patricios, para exigir que Macri cumpla con la construcción del hospital de Villa Lugano (ley número 1769/05) y el resto de las deficiencias en las que viven los vecinos de la Comuna 8 como la falta de urbanización de la Villa 20.

Los legisladores del bloque Bien Común, Gustavo Vera, estará presente acompañando a los vecinos de Lugano ante la nueva sede del Gobierno porteño.

Además se suma al reclamo de los vecinos de Lugano la falta de agua y la contaminación en la provisión de la misma, más los cortes de luz y la precaria provisión de energía eléctrica.

Por último el petitorio de reclamos contra los talleres textiles clandestinos y el aumento de la tuberculosis, en particular en dicha parte de la Ciudad de Buenos aires

Contactos: Diosnel: 1559235552/Dr. Zambrano 1544453909 / Marcos 1550161349

Face: Si al Hospital para Lugano. No al vaciamiento del Cecilia Grierson