Vera presentó su libro

La presentación del libro «Gestión legislativa 2013-2017 de Gustavo Vera» se realizó en la sede de la ong Alameda del barrio de Parque Avellaneda, en la Comuna 9. En la presentación se destacó que por primera vez un diputado por la Ciudad devolvió cada mes de su salario un 60 por ciento al pueblo alcanzando al fin de su mandato el total de 1.500.000 pesos entregados a distintas entidades de bien público. Asimismo no tuvo tapujos en publicar y difundir su recibo salarial, como su declaración jurada que como única propiedad mantuvo a lo largo de sus años legislativos una moto 125 cilindradas valuada en 6 mil pesos.

Vera ante el público que había completado la planta baja de la calurosa esquina de Lacarra y av Directorio agregó que «este método de solidaridad concreta con el sueldo fue propuesto como ley para equiparar el salario del legislador porteño a director de Escuela o jefe de guardia de Hospital Público. La abrumadora mayoría de los diputados rechazaron de plano si quiera discutir cuanto debería igualar el salario de un diputado con las dos profesiones de mayor responsabilidad de la comunidad, la salud y la educación».

La presentadora Ximena Rattoni, Maxi Acuña en silla de ruedas, al lado Juan Ignacio Longhi responsable del Comedor Camioneritos

EL RENDIMIENTO NO SE ATA AL SALARIO

El salario equiparado a un director de escuela no significó bajo rendimiento legislativo. Por el contrario Vera y su bloque Bien Común, pese a no contar con experiencia parlamentaria ni aparato partidario de larga vida, ocuparon el puesto número cinco de los legisladores con mayor labor parlamentaria, ya sea en presentaciones de leyes o pedidos de informes. Fue tan potente el trabajo legislativo que el año 2015 el PRO con Carmen Polledo a la cabeza decidió quitar a Vera de dos de las cinco comisiones que cubría como vocal y a la Comisión Especial de Trata la aislaron.

«Esto no es menor. El Papa Francisco se hizo amigo nuestro y no sólo por mi caso porque nosotros no estamos detrás del dinero. Lo demostramos en la Legislatura que fuimos para servir al pueblo, y no a servirnos del pueblo. No tener al dinero como fin último nos lleva ahora a no querer ningún cargo de los ofrecidos en la función pública. No queremos perpetuarnos en cargos con sueldazos y comodidad», aseguró Gustavo Vera quien confirmó que vuelve al aula como docente de nivel primario.

El libro sobre la gestión legislativa del bloque Bien Común fue editado por el Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo y Pablo Moyano.

La presentación del libro fue coordinada por Ximena Rattoni (dirigente del gremio del gas en la CTA-A) quién desatacó que haber devuelto el sueldo a personas o instituciones con necesidad no desalentó la tarea legislativa. Al contrario siendo un unibloque, sin experiencia parlamentaria y sin abandonar ninguno de sus frentes (los coloquios sobre nuevas formas de esclavitud en el Vaticano, la Red Nacional Antimafia, la Fundación, los emprendimientos textiles con su pelea gremial, el comedor comunitario, etc) terminó Gustavo Vera votado en el 2016 y 2017 por la encuesta de revista Comunas como el mejor legislador porteño, sumado a que en estos cuatro años por proyectos de ley y pedidos de informes se ubicó entre los cinco legisladores más activos, según la Revista Qué que hizo los cálculos.

Vera presentó desde el año 2014: unos 25 proyectos de ley, 52 proyectos de declaración, 9 proyectos de resolución y 34 pedidos de informes. Esto deja un total de 120 presentaciones legislativas a comienzos del 2017.

Vera logró sancionar la ley que quita habilitaciones a todo local comercial que sea medio para la explotación sexual y la trata de personas. Un reclamo histórico de las ong’s, la justicia y diversos partidos que fue recién sancionada hace un año con 40 votos a favor.

Los amparos judiciales de Vera y su bloque Bien Común son recordados en materia de defensa del bolsillo del pueblo como el freno a los parquímetros en los barrios, o con la suba de la tarifa del subte. En cuanto a la defensa del patrimonio urbano y el medio ambiente con el amparo por la obra del Palacio Roccatagliata en Coghlan o Zona Calma en Villa Real, y por la defensa social en el incendio del conventillo de La Boca donde las familias damnificadas tuvieron una solución habitacional tras meses de acampe.

Las denuncias penales de Vera alcanzaron a políticos corruptos ligados a la mafia de la trata como la ex legisladora Lidya Saya que recaudó de los prostíbulos dinero para la campaña de Gabriela Michetti senadora.

Por el lado del uso de tierras públicas para negocios privados, más conocidas como usurpaciones VIP, la denuncia penal abarca a la imputación de los últimos tres directores de concesiones que entregaron más de 45 terrenos propiedad de todos para negocios de pocos, entre los más recordados se encuentra la cancha de Golf que quita 45 héctares al Parque Roca en Lugano o el Centro de Eventos Costa Salguero en la Costanera Norte.

Un sello imborrable es el trabajo sobre la inseguridad pero desde el punto de vista de crimen organizado. Así se configuraron Mapas del Delito en diversos barrios junto a las iglesias y los vecinos autoconvocados. Entonces las denuncias de la ong Alameda, más la recibidas en la Comisión Especial de Trata se potenciaron con los vecinos desde los barrios en las parroquias.

En salud Vera denunció permanente la atención en clínicas privadas por parte de los Legisladores, y empleados como en los organismos de control, dejó al desnudo las razones de la crisis de la salud pública en la cual se atendió durante toda su gestión el titular del bloque Bien Común.

Otro proyecto que dejó una huella son los 350 mil inmuebles ociosos que no se alquilan ni se venden. La propuesta de Vera para subir los impuestos aquellos que hacen especulación inmobiliaria mientras miles están hacinados o sin casas marcó una política pública aunque por intereses económicos de minorías aún no se impuso como ley.

Gustavo Vera siempre ligó su tarea parlamentaria a los intereses del movimiento obrero organizado. Al punto de participar de los paros, actos o movilizaciones como actividades más de reflexión por la unidad de los trabajadores. Es recordado que por su iniciativa se declaró el Día del Recolector de Residuos, a partir de la historia de sobrevivencia de Maximiliano Acuña, quien viajó al Vaticano a ver al Papa Francisco en noviembre con una delegación de Camioneros encabezado por Pablo Moyano.

 

Toma de colegios: Por orden del PRO los directivos denuncian a los estudiantes

Los directivos de tres colegios tomados denunciaron penalmente a los propios estudiantes de sus instituciones. Los directivos argumentan que recibieron un instructivo que la propia Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, ahora niega ante la Asesoría Tutelar de Menores haberlo difundido. Asimismo la Policía de la Ciudad, que depende de Rodríguez Larreta, están incursionando en Colegios tomados sin contar con respaldo de ordenes judiciales. Para mañana se sumarían dos colegios más a las tomas llevando el número a 19 escuelas sin clases. 

Las autoridades de las escuelas  que denunciaron a su propio alumno son: Normal 2 Mariano Acosta en el barrio de Once, la escuela media Julio Cortázar de Flores y la de Bellas Artes Manuel Belgrano en La Boca.

Si bien la cartera educativa que encabeza Soledad Acuña negó hace instantes ante la Asesoría Tutelar de Menores de Cámara el instructivo, el asesor Gustavo Daniel Moreno remarcó que Acuña «tiene que dar explicaciones, porque por más que dice que es falso, salió de adentro del Ministerio».

«Se ha comprobado que en la escuela Julio Cortázar las autoridades escolares (la rectora y vicerrectora, ambas suplentes) labraron un acta el 7 de setiembre (que se les hizo firmar a los estudiantes) aplicando el instructivo, diciendo que la toma implicaba usurpación y que las autoridades debían hacer la denuncia policial», explicó Moreno en declaraciones al programa «La Verdad Concreta», que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por radio Conexión Abierta.

Además, agregó información sobre los otros dos colegios tomados judicializados: «El 8 de setiembre el vicerrector a cargo del Rectorado, de la Escuela Normal 2 Mariano Acosta hizo la denuncia de la toma directamente ante el Ministerio Público Fiscal. Y la toma del escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano fue denunciada y tramita ante la Fiscalía Penal 31 bajo causa judicial MPF 158.766″.

Moreno explicó que «el último hecho es un instructivo reflotado de la época de Esteban Bullrich, que el Ministerio mandó el jueves pasado indicando a las autoridades de los colegios que denuncien judicialmente las tomas» y aclaró que «si bien dice que no hay que denunciar a personas, eso resulta ingenuo, porque el fiscal o la policía va a indagar y a tratar de encontrar a los responsables».

«Esto se repitió en 2012/2013 y en el 2008 y dada la arbitrariedad, el violar la Constitución, los derechos de los chicos, estamos frente a un reclamo educativo y no un delito, intimamos a la ministra de Educación para que ratifique o no el instructivo y si dicen que no es real, bueno que hagan una investigación porque eso salió del Ministerio».

El fiscal remarcó que en la escuela Manuel Belgrano «fueron autoridades de la Fiscalía 31 con la Policía y más allá que no tomó ninguna decisión, la sola presencia genera intimidación en los chicos».

«Estamos frente a un claro reclamo que tiene protección constitucional, amparado por los derechos del niño, ya que el artículo 12 señala que los chicos pueden y deben participar en los plantes de estudio. En vez de discutir eso, estamos discutiendo el instructivo y el ingreso de la Policía», precisó.

Asimismo, recordó que en 2013 y en 2008 hubo dos intentos de aplicar el instructivo, pero presentaron «una medida cautelar», al tiempo que señaló que les «llama la atención que ese instructivo siga dando vueltas».

«Todo ello demuestra que el instructivo fue aplicado por autoridades escolares, en contradicción con lo que responde el Ministerio de Educación; lo que representa una vía de hecho prohibida por el art. 9 de la ley de procedimientos administrativos (al no existir protocolo como dice el Ministerio), por lo cual la ministra debió haber dispuesto comunicar a todos los establecimientos secundarios acerca de la inexistencia de protocolo y que el instructivo que estaba circulando no podía ni puede aplicarse. Nada de eso se hizo», precisó Moreno.

Por último, consideró que «es de una ingenuidad palmaria pensar que  la denuncia de una toma no implicará en sí misma la denuncia de los alumnos, ya que denunciado un hecho deviene lógico que autoridad policial o el fiscal buscará identificar a los autores. La consecuencia es la misma: la criminalización de los estudiantes».

ESCUELA FUTURO ES EXPLOTACIÓN INFANTIL

La asesora de educación del bloque Bien Común, Silvia Cryan, explicó que el programa piloto en 17 escuelas esconde «la explotación infantil» y adelantó que mañana se sumaría dos escuelas más a las tomas que ya alcanza 17 instituciones.

Cryan, que es asesora del diputado porteño Gustavo Vera, reconoció que en la Legislatura no se discutió este programa piloto llamado Escuela Futuro y que el propio Ministerio de Educación no tiene claridad

Respecto al rol de los sindicatos reconoció que sólo dos están activamente acompañando a los estudiantes y defendiendo al trabajador que perdería horas cátedras si los chicos pasan a trabajar en empresas el 50 por ciento del tiempo en el año. «UTE y Ademys se oponen, AMET por escuelas técnicas claro apoyan pero el resto de los gremios nada dicen». En total 17 gremios existen en la Ciudad.

Para finaliza Silvia Cryan aseguró que «el ministerio de Acuña no tiene claro como se implementaría Escuelas Futuro, por ejemplo respecto a que pasa con el trabajo de los docentes, las horas que pierden ante el nuevo formato de las clases».

Fiscal Antitrata habla de intentos de secuestro

El fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, remarcó que hicieron una investigación en cuanto a los posibles secuestros de personas, sobre todo de chicas, que fueron denunciados en los últimos tiempos y que de los 34 casos que recibieron 23 fueron judicializados y se comprobó que hubo «intentos de secuestro».

De todas maneras, aclaró que puede tratarse de una modalidad parecida, pero no de trata de personas, aunque pidió «no subestimar las denuncias que pueden hacerse ante una comisaría o una sede judicial».

«Tuvimos en el último mes un incremento no solo de denuncias, sino de noticias, reenvío de información por la web, consultas telefónicas, en los que nos hicieron llegar casos con posibles secuestros de personas en la vía pública. A partir de eso, nos propusimos con  la Dirección General de Análisis General de la Procuración General analizar toda esa información», detalló Colombo en declaraciones al programa «La Verdad Concreta» que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por la radio online Conexión Abierta.

En ese sentido, el fiscal de la PROTEX señaló que «desde febrero hasta ahora hubo 34 de esos supuestos casos, de los cuales 33 fueron en Capital y uno en Provincia, más precisamente Olivos. De esa cantidad, 23 fueron judicializados, pero todos fueron intentos de secuestro, todas fueron mujeres».

«Además, en ocho casos se individualizó que era una camioneta y en siete que era blanca», añadió.

Colombo sostuvo que verificaron las condenas que hubo por trata de personas y explotación sexual «en ninguno de los hechos se usó como captación y secuestro una camioneta», aunque aclaró que «eso no quiere decir que se lleven a cabo episodios parecidos para modalidades similares».

«Le mandamos una nota a la Procuradora (Alejandra Gils Carbó) el viernes para que profundice este primer examen que hicimos nosotros sobre todas las fiscalías del país para ver si tuvieron casos similares a los nuestros. También le pedimos que le dé participación a la UFEM (Unidad especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales) para ver si tuvieron algunos antecedentes que revelen si en condenas o procesamientos registrados en la Ciudad si hubo alguno parecido a estos hechos», precisó.

El fiscal pidió «que se actualicen y se pongan al día todas las cámaras de seguridad, porque no debería ser un gran problema acreditar ese hecho porque estaria filmado».

«El problema es que hoy hay algunas cámaras que no funcionan o que no están ubicadas en lugares más críticos, como las cercanías a las escuelas. Esta puede ser una buena excusa para poner al día el circuito de cámaras y así poder tener una respuesta rápida ante hechos de esta magnitud», sostuvo el fiscal.

Colombo indicó que «es débil la respuesta jurisdiccional en cuanto a una denuncia, ya que se recibieron en la PROTEX a personas que fueron a la comisaría a hacer la denuncia y no se la tomaron o lo hicieron sin la seriedad necesaria».

«Esta modalidad (secuestro de mujeres con fines de trata) aparece y desaparece. Como se pone en el tapete en determinado momento ello llevó a autoridades judiciales y policiales a no darles la importancia que vale y ese es un error grave», precisó.

Colombo indicó que le pidieron a la Procuración General «hacer otro estudio más profundo sobre esta hipótesis para ver qué hay de cierto y qué no», al tiempo que remarcó que «no debe ni puede descalificarse este tipo de denuncias, ni tampoco referirse a las mismas como subestimándolas, más allá que no sean casos de trata al final del camino».

Por último, señaló que «si existiera una sensibilización de este tema, está más que fundada por el aumento exponencial que tuvieron los casos de femicidios».

«Lo que hacemos nosotros es ver que pasa para llevar una palabra objetiva a la población. Con que dos casos de estos fueran verdaderos ya es suficientes para encender la alarma como para no descalificar», indicó.