Denuncia contra la Inspección General de Justicia

Cuatro funcionarios de la IGJ fueron denunciados penalmente por el titular de la Alameda al revelar, a través de dos canales de televisión, documentación que es protegida por el Código Penal. Quien encabeza la persecución es la Directoria de Entidades Civiles designada en la última dictadura militar.

Gustavo Vera, titular de la Alameda, denunció con el patrocinio de Andrés D. Popritkin a cuatro funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).Vera les imputa el delito de revelación de actuaciones, documentos y datos (artículo 157 del Código Penal de la Nación).

La violación de la ley es mostrar actuaciones y documentos internos de la Inspección General de Justicia. Las actuaciones exhibidas tienen relación con una sanción impuesta el por la IGJ a la fundación Alameda.

Los denunciados son: Susana Graciela Junquiera (Directora de Entidades Civiles), Estefanía Di Bella, Patricia Belén Rodríguez y Diego Bascuas, todos ellos funcionarios públicos de la IGJ.

Los funcionarios de la Inspección General de Justicia tienen prohibido por ley “revelar los actos de los sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido conocimiento de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos” (artículo 23 de la ley 22.315 –Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia–).

Quien encabeza la persecución en la IGJ contra la Alameda es la directora de Entidades Civiles de la IGJ, Susana Graciela Junqueira, quien es empleada del Ministerio de Justicia desde 1979 en plena dictadura militar hasta la fecha. Su hija trabaja en Jefatura de Gabinete de Ministros, particularmente en el Ministerio de Modernización desde agosto de 2016 hasta la fecha.

La directora Junqueira tomó trascendencia en el 2013 cuando el periodista Hugo Alconada Mon hizo una nota en referencia al nombramiento que tuvo en el cargo de Dirección del Registro Nacional de Sociedades y cobró en forma retroactiva medio millón de pesos cuando ya ocupaba otro cargo.

Sobre esta irregularidad de Junqueira la ex empleada de la IGJ, Silvina Martínez, realizó una denuncia en la Justicia Federal que recayó en el Juzgado de Luis Rodríguez y tiene como fiscal a Ramiro Gonzaléz.

Para el proceso de designación Junqueira en el 2013 debía realizarse estudios certificando nuevamente aptitud psicofísica. Para esto presentó un certificado fechado en 1979.

Respecto al actual del titular de la IGJ, Sergio Brodsky es un abogado que viene de la Franja Morada en la UBA, muy cercano a Daniel “Tano” Angelici, empresario del juego y presidente del club Boca Juniors, y a Dario Richarte, vicerrector de la UBA y también segundo en la ex SIDE en el gobierno de la Alianza.

La persecución de la IGJ salió primero a la luz a través de un informe televisivo “4D”, que conduce Luis Majul en el canal A 24. El 7 de marzo pasado se hizo referencia a Vera y la fundación que preside diciendo que “está floja de papeles”.

En la denuncia se señala que la periodista Lucía Salinas hizo “manifestaciones de carácter negativo y tendencioso para crear en el televidente una imagen espuria, tanto acerca de mi persona como la fundación”.

En la denuncia Vera sostiene que “la única manera que aquellas actuaciones hayan llegado a manos de la periodista, es por la revelación que las personas aquí denunciadas han realizado de las actuaciones allí labradas”.

Por el escaso lapso transcurrido entre la aplicación de la sanción y que la misma se divulgara en el mencionado medio de comunicación, queda en evidencia que no existió tiempo material suficiente para poner en marcha los mecanismos formales y legales establecidos para que las copias de las actuaciones en cuestión lleguen al poder de la periodista.

El 2 de abril próximo pasado, en el programa televisivo “4D”, Majul y Salinas mostraron una cédula de notificación que fue dejada por debajo de la puerta en la sede de la fundación en av. Directorio 3998 (barrio de Parque Avellaneda), el miércoles 28 de marzo a las 20.30 horas, ocasión en la que la fundación ya se encontraba cerrada y no había ninguna persona que la recibiera.

Los dos días posteriores, es decir el jueves 29 y el viernes 30 de marzo, fueron feriados religiosos (Jueves y Viernes Santo), motivo por el cual la administración pública nacional no trabajó y la fundación permaneció cerrada. De seguido hubo otros dos días no laborales, por tratarse de sábado y domingo (31 de marzo y 1º de abril).

La emisión del programa “4D” al que vengo haciendo referencia salió al aire el 2 de abril, día que también fue feriado nacional, por conmemorarse del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.-

El tercer paso de la operación mediática orquestada desde la IGJ fue el programa televisivo “TN Central” del 18 de abril por canal “Todo Noticias”, con los periodistas Luciana Geuna y Nicolás Wiñaski.

Para ello, una vez más, exhibieron documentación y actuaciones, que vale recordar no es pública, de la Inspección General de Justicia y está prohibido que los funcionarios la revelen.

El artículo 157 del Código Penal de la Nación establece: será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

La metodología de IGJ con las fundaciones ligadas al partido oficial es muy distinta a la que tienen con la Alameda.

Pensar, Suma, Pericles, Creer y Crecer son todas fundaciones que tuvieron atraso en la presentación de los balances, además fueron investigadas en juzgados federales, en la mayoría de los casos por los delitos de lavado de dinero. Todas estas fundaciones oficialistas en la IGJ sabían que eran investigadas por la justicia.

Fundación Pensar se encontraba investigada desde el año 2015 por una causa que se inició por pedido de la PROCELAC en 2015, cuando el entonces presidente de la fundación, el macrista Matteo Gorretti, quien se habría beneficiado de fondos que les enviaba la administración de Hernan Lombardi cuando era Ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Lombardi como Gorretti había sido sobreseídos por el juez Ariel Lijo, pero la Sala II de la Cámara Federal lo revocó y ordenó seguir investigando. Esto fue en agosto de 2016. Entre 2013 y 2015 recibió $11.500.000 en calidad de ingresos. Cuando la anterior directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes habían aportado el dinero, solo aclararon el 25% de los donantes de 2014, el 15% de los donantes de 2015 y ninguno de 2013. Entre los aportantes de la Fundación Pensar se encuentra Despegar SA, Biblos SA, Air SRL, EXO SA, Minera Alumbrera, IRSA, OSDE, PC Arts Argentina, BFMyL SRL, Establecimiento el orden, VOD Argentina y Fibesa SA. El balance de 2014 fue presentado en el 2016 y tuvo una observación por un incremento registrado de casi medio millón de pesos, simplemente respondieron que corresponde al incremento de los resultados de ejercicio.

La Fundación Formar de Guillermo Dietrich informó que en el balance 2012/2013 entregó donaciones a otras fundaciones por $200.000, además de organizar actividades con el Colegio Argentino de Ingenieros, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Austral y hasta una cena de recaudación de fondos en el Hotel Hilton. En el balance 2013/2014 volvió a donar $100.000 a distintas fundaciones. El balance fue presentado recién en el año 2016 y se le realizó una observación por $241.000 pesos en conceptos de catering. La fundación contestó que fueron gastos corrientes en todas las actividades que realizaron durante ese año. Una gran cantidad de dinero donada hacia estas fundaciones durante el 2013 y el 2015 fueron por parte de organismos del Estado, como el Banco Ciudad, la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores, BRICONS SAICFI (proveedora del Estado), Bañado del Solado SA (proveedora del Estado), PLANOBRA SA (proveedora del Estado), Mejoramiento hospitalario SA (proveedora del Estado), Sadmitec – Lanusse UTE (proveedora del Estado), Pablo Pochat (Banco Comafi), Ángel Estrada y compañía SA, Friend Food SA (proveedora del Estado), Fiorito Factoring SA, SES SA (Nicolas Caputo). En total entre 2013 y 2015 la Fundación Formar recibió $6.000.000 en ingresos según lo declarado. El balance 2013 daba $445.500, el de 2014 paso a $893.480 y el de 2015 llego a ascender a $1.096.098. En 2015 llegaron a gastar 1.3 millones de pesos en administración, 1.2 millones de pesos en seminarios y conferencias y 4.600.000 millones de pesos en «erogaciones» que fueron catalogadas como «especificas de la fundación». Cuando la directora de Entidades Civiles pidió informes sobre los $3.4 millones de pesos depositados en una cuenta bancario, la fundación se limitó a responder que correspondían a ese ítem de «especificas de la fundación».

La Fundación SUMA fue la gran protagonista del escándalo por el robo en la casa de Gabriela Michetti. La fundación se creó en 2014. Ese mismo año presentó todos los papeles que la IGJ requería, pero no tuvo que ni llegar a hacerlo por que la fundación los presentó voluntariamente. En 2015 cuando la ex directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes habían aportado el dinero, no contestaron. En 2014 los donantes fueron Banco Santander Río, Pan American Energy (PAE), Fundación Banco Macro, OPM Inmobiliaria SA (Rukán), Farmacity, Banco Comafi, Fliacer Participaciones SA, Banco Galicia, Julián Harguindey, Marina Klemensiewicz, Roberto Paullier Ferber Roberto, Lidia Saya, Carlos Brum, Alejandro García, y Martín Borelli.

«Arribas recibió coimas para Calcaterra, el primo de Macri»

El legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda, aseguró que el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, «recibió coimas para el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri» y sostuvo que con la acusación que se le imputó, «ya no queda nadie en la actual AFI que no esté denunciado por enriquecimiento ilícito y con una causa abierta».

«La investigación es impecable. Está mostrando un soborno que se le entrega al señor Arribas para que se lo haga llegar a Calcaterra, que es el beneficiario por las obras de soterramiento del  Sarmiento que se iban a hacer en esa época  entre la empresa de Calcaterra, primo de Mauricio Macri, con la empresa brasileña que fue condenada en el ‘lava jato'», indicó Vera en el programa «El Destape» que se emite por C5N.

El también titular de La Alameda afirmó que de esa manera «se completa el rompecabezas, porque ya no falta nadie en la actual AFI que no esté denunciado por enriquecimiento ilícito y con una causa abierta».

«Hay que recordar que nosotros somos denunciantes y éramos querellantes hasta que nos sacó la Marcelo Martínez Di Giorgi de la causa por enriquecimiento ilícito de Stiuso y toda su banda con 65 empresa, de Juan José Gallea, de Darío Richarte y de todos estos muchachos que ya vienen de la época de la SIDE en el período de Fernando De la Rúa y que se apropiaron de bienes públicos para convertirlos en bienes privados para su propio beneficio», señaló.

gustavo-vera-y-arribas

GUSTAVO VERA Y GUSTAVO ARRIBAS

Vera recordó que inició una denuncia contra Silvia Majdalani, la subjefa de la AFI, «que está abierta en el Juzgado Federal de Julián Ercolini», al tiempo que pidió «avanzar en la disolución» del organismo de inteligencia, al que calificó como «una cueva de ladrones que no sirve para nada, solo para espiar a la población».

«Claramente hay que avanzar sobre otro tipo de inteligencia que realmente sirva para combatir el crimen organizado, la trata, y que tenga un fuerte control parlamentario y ciudadano. Pero no esta cueva de delincuentes que se han enriquecido en todos los gobiernos y que sirven al mejor postor y a sí mismos», agregó.

Asimismo, precisó: «El gobierno mantiene un doble estándar: a las denuncias infinitamente menores le da una amplitud enorme, por ejemplo el absurdo de pedirle la declaración jurada de un año a Emilio Pérsico, del que todos sabemos que vive en condiciones muy humildes. Pedir la podés pedir, pero de ahí a la amplificación mediática que se le da para tratar de estigmatizar, de ensuciar es otra».

«Y después, el Gobierno trata de disimular semejante elefante de 600 mil dólares que le entregan por parte de un operador de una empresa que fue condenado por corrupción y se acogió a la figura del arrepentido. Eso me parece un hecho gravísimo», aseguró el diputado de Bien Común.

Por último, Vera también precisó que a la AFI «de alguna manera, los gobiernos de turno le van agregando figuritas que están tan salpicadas como las que ya estaban».

«Apriete» a la fundadora de La Alameda para que Vera retire la denuncia contra Stiuso

Tamara Rosenberg junto a Bergoglio

Tamara Rosenberg junto a Bergoglio

La causa que inició la Alameda contra Antonio Stiuso trajo sus consecuencias, ya que el martes por la noche «apretaron» a la fundadora de La Alameda, Tamara Rosenberg, con el objetivo que el legislador Gustavo Vera desista de continuar con la causa.  

El martes por la noche, en Parque Avellaneda, Tamara fue seguida por un automóvil cuando se encontraba a cuatro cuadras de su casa y casi al llegar a su vivienda -cerca de la comisaría 40 de la Policía Federal- un sujeto armado le robó solo la cartera.

Asimismo y casi al mismo tiempo, desconocidos forzaron y rompieron la puerta del garaje de la Fundación La Alameda, que se encuentra en el mismo barrio y muy cerca un domicilio del otro.

Tamara, Gustavo Vera y Bergoglio cardenal

Tamara, Gustavo Vera y Bergoglio cardenal

«Me bajé del colectivo ayer a la noche cuando volvía de estudiar y en la calle Laguna y Primera Junta (a una cuadra de Av. Eva Perón) vi a un hombre en actitud rara por lo que me crucé de vereda. Pero cuatro cuadras adelante justo en la esquina de Laguna y San Pedro me esperaba el mismo hombre para apuntarme con un arma. A los gritos pedí ayuda pero no lo intimidé. Me roba el bolso con un libro, apuntes, mi celular, y documentación personal», contó Rosenberg.

Enseguida añadió: «Este hombre luego se subió a un auto color negro, marca Ford Focus (patente FDH 800), que manejaba otra persona. En esa esquina justo está el domo del Gobierno de la Ciudad. Luego del apriete disfrazado de robo me fui a la Comisaría 40 que queda a dos cuadras donde dejé asentado que ayer por la mañana la organización a la que pertenezco denunció penalmente a Raúl Othacehé ex intendente de Merlo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero esto en la comisaría no lo quisieron transcribir».

«Hoy a las 8.30 de la mañana al llegar a La Alameda veo que barretearon el portón del garage (Lacarra 728). Es surrealista porque había un policía de la Federal parado al lado y dijo que no había visto nada. Él llegó a las seis de la mañana y en toda la noche no hubo custodia. O sea no cumplen con la orden judicial de custodiar nuestra sede luego de reiterados atentados», remarcó la víctima.
portón

Tamara explicó que este miércoles fue «con el abogado de La Alameda a la fiscalía a cargo de Paula Azaro» y se encontró con la triste novedad de que allí «no tenían la denuncia porque no la elevaron de la comisaría 40».

«Mañana vamos a presentar las fotos del portón, que se investigue la chapa del auto, pediremos el domo y denunciaremos la relación con la causa ‘Stiuso y Othacehé'», agregó Rosenberg.

El «apriete» disfrazado de asalto se produjo el mismo día en el que Vera junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, presentaron una denuncia contra el ex jefe comunal de ese distrito, Raúl Othacehé por «defraudación, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero».

Si bien todo puede hacer apuntar a Othacehé y su grupo delictivo, el legislador afirmó que todo fue llevado a cabo por el mismo ex agente de la SIDE, Stiuso, quien mantiene relaciones estrechas con Othacehé.

Es que el diputado de Bien Común fue citado para presentarse este miércoles en tribunales por la denuncia que inició contra Stiuso y su esposa María Cecilia Rossero; el secretario de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan José Gallea (ex director Grupo 23); el empresario Matias Garfunkel, y el abogado Dario Richarte.

El plan de Stiuso era fácil: apretar a la fundadora de La Alameda, violentar una puerta de la Fundación y Vera, amedrentado, se presentaba este miércoles para dejar sin efecto la denuncia.

Pero nada de eso ocurrió, porque el presidente de La Alameda sigue adelante con la causa, se presentó ante el juez Ariel Lijo -el que lleva adelante la causa contra Othacehé- para detallar lo ocurrido y pedirle custodia de la Policía Metropolitana para Rosenberg.

Stiuso Garfunkel Richarte y Gallea

FOTO: Stiuso Garfunkel Richarte y Gallea

DETALLES DE LA PRESENTACIÓN DE VERA EN UN JUZGADO FEDERAL

La causa en la que Vera denunció a Situsso quedó en poder del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 9 del doctor Luis Osvaldo Rodríguez, de quien Vera sostuvo que es padrino de la hija de Javier Fernández, que a su vez es operador del mismo Stiuso. «Todo queda entre amigos».

En tanto, el fiscal es Carlos Stornelli, muy allegado al ex comisario de la Policía Federal Claudio Lucione, quien fue denunciado por el diputado de la Ciudad junto a otros uniformados por la recaudación de prostíbulos y que luego de su salida de la fuerza terminó como subjefe de la custodia del plantel de Boca, un escalón abajo de Stornelli.  

El presidente de La Alameda recibió una citación judicial de parte de los imputados tanto en la Legislatura como en la misma ONG, en el que lo obligaban a asistir en audiencia a los tribunales, ya que de otra forma lo harían por medio de la fuerza pública, cuando ese tipo de cuestiones se producen ante varias negativas de asistencia y en este caso era la primera.

Al arribar al Juzgado, Vera entró a una oficina de dimensiones chicas, pero se le prohibió hacerlo con su abogado, Rodolfo Yanzón.

Sin embargo, al entrar al lugar se encontró con los cuatro letrados de los imputados (Stiuso, Gallea, Richarte y Garfunkel) y sin la presencia del magistrado.

Cuando el legislador de Bien Común vio el expediente notó que dentro estaba sólo su denuncia, la ratificación de la misma y algún que otro detalle básico, pero que no se había empezado a investigar a los imputados de los servicios de inteligencia.

Consciente de que era parte de una apretada, Vera  pidió ver cómo había avanzado la causa y no se la dejaron ver, al tiempo que uno de los abogados pedía saber si toda la denuncia la había escrito o no el mismo presidente de La Alameda, cuando ese hecho tiene un valor irrelevante y ni siquiera está obligado a responder.

Enseguida otro letrado pidió que Vera diera detalles de la causa que había iniciado cuando todos los pormenores estaban en el archivo.

En tanto, el abogado de Stiuso Santiago Blanco Bermúdez fue el que más intercambió diálogo con un Vera que usaba frases incisivas. «Lo felicito doctor, recusó a todos los jueces que le pusieron hasta que le tocó un amigo», arremetió Vera, mientras el letrado respondió: «Si un juez falla a favor es imparcial y si falla en contra es parcial».

La «apretada o aviso» de los abogados de los servicios terminó y al retirarse del tribunal, Blanco Bermúdez se puso a hablar con el legislador porteño y le remarcaba la inocencia de Stiuso en la causa.

En un momento determinado apareció una periodista y Vera, además de saludarla, se lo presentó como: «El abogado de mi enemigo».

Fue entonces que el abogado le respondió «querrá decir su adversario», pero el diputado fue más allá y remarcó: «No es mi adversario es mi enemigo. Él responde a los intereses de un grupo en los Estados Unidos que forma parte del partido de la guerra».

«El de su defendido es un partido que quiere y pregona por la guerra cuando el papa Francisco aboga por la paz en el mundo y yo estoy del lado de Francisco. Por eso es mi enemigo», cerró el diálogo Vera.