Gustavo Vera: «El crimen organizado cuenta con la colaboración de sectores del Estado».

El ex legislador repasó varias de sus denuncias y afirmó que le resultó «una alegría» ver a Gustavo Beliz con Alberto Fernández. «Es un hombre que hay que reivindicar», afirmó en «Página Abierta».

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En primer lugar, el referente de La Alameda se refirió a la acusación de Raúl Martins, denunciado por trata de personas: «La denuncia de Martins gracias a Dios es cierta. La denuncia empieza con su hija, que deja al descubierto una red de trata de personas, con conexión profunda del mundo político y judicial. Martins era un hombre fuerte de los servicios de inteligencia del Estado».

«Después Martins, junto a otros sectores corruptos, gestionó una red de prostíbulos con fines extorsivos. Alfonsín, en los 80, lo separó pero siguió conectado a la Inteligencia. Mientras tanto, Martins desarrolló esta red y establece un vínculo con la familia Conde, cuyo integrante Luis fue vice de Macri en Boca», agregó.

Además estableció que «hay una relación promiscua de la red de trata con el macrismo».

Por otro lado, opinó que «me causó mucha alegría ver a Gustavo Beliz con Alberto Fernández. Es un hombre que hay que reivindicar, el proponía disolver la SIDE, esta cloaca criminal, para realizar una agencia totalmente democrática y con control parlamentario».

«Los grandes medios tardan en instalar temas, cuando hubo un incendio en Luis Viale en un taller esclavo, en situaciones como en la calle Paez, cuando murió intoxicado un chico de 7 años. Al principio éramos tratados de loquitos, de hecho Clarín trataba de justificar la prostitución. Ni siquiera había ley de trata, la primera se hizo en 2012. El crimen organizado cuenta con la colaboración de sectores del Estado», concluyó.

Escucha la entrevista completa acá: https://radiocooperativa.com.ar/gustavo-vera-el-crimen-organizado-cuenta-con-la-colaboracion-de-sectores-del-estado/

Bullrich y Ocaña usaron pobres como falsos aportantes de campaña

Bullrich y Ocaña

Denunció penalmente Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común de la ong Alameda, a quienes encabezaron la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires el año pasado tras revelarse por una investigación periodística que usaron más de 200 personas pobres como aportantes a la campaña millonaria con la cual accedieron a convertirse en senadores y diputados.

Cambiemos en su última campaña electoral usó la identidad de 205 personas pobres para hacerlos pasar como aportantes a su partido. Este método ilegal de recaudación fue denunciado penalmente este martes 19 por la mañana en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa iniciada por Lucas Schaerer, miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda, recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Stornelli (este de licencia por viaje).

Esta demanda penal es sobre Graciela Ocaña, Esteban Bullrich, Gladys Gonzalez y Héctor “Toti” Flores. Todos ellos cabeza de la campaña Cambiemos 2017 en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia aporta los datos de una lapidaria investigación realizada por el periodista Juan Amorín para El DestapeWeb.

“A Ocaña, Bullrich, Flores y Gonzalez les imputamos que se conformaron como asociación ilícita para encubrir fondos ilegales que no pueden justificar su origen por venir seguramente de la corrupción o de delitos mafiosos y por último falsificación de los documentos públicos al tomar la identidad de personas pobres del listado de programas sociales. Fue adrede que buscaron en los pobres por su falta de acceso a la justicia, la información y todas las dificultades que significa vivir en la vulnerabilidad social”.

En la denuncia se destaca que el método de falsear aportantes en pequeños montos es una práctica de narcotraficantes serbios, ya comprobados en causas penales en trámite, que realizaron este método de atomizar fondos para lavar activos a través de personas pobres.

En la demanda judicial firmada por Schaerer se solicita que se tome declaración testimonial al periodista Juan Amorín, se compile todos los aportantes de Cambiemos 2017 y que se analice su patrimonio con la base de datos de AFIP, Banco Central y Ministerio de Desarrollo Social.

Este martes fue el fiscal electoral, Jorge Di Lello, quién tomó la iniciativa de iniciar una investigación preliminar. Por ende le tomó declaración al periodista y al parecer haría lo mismo con algunos de los que figuran como aportantes y lo desmintieron para el informe televisivo del programa El Destape.

“Mauricio Macri y Elisa Carrió junto a los radicales oficialistas dijeron que venían a combatir la corrupción pero ellos son la corrupción. Mauricio es el mismo de su encuentro en un narco-prostíbulo en Cancún y que recibió aportes de Raúl Martins zar de los prostíbulos, y también Gabriela Michetti quedó vinculada a un tratante y proxeneta que sumó a su campaña a senado. O sea no es nuevo que los líderes de Cambiemos están ligados al financiamiento mafioso de sus campañas”, agregó el denunciante Lucas Schaerer miembro del partido Bien Común que impulsa la ong Alameda que preside Gustavo Vera.  

Reempoderar al Estado

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.