Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.

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“El gobierno copó y colonizó la justicia”

8 01 2018

http://www.amdelplata.com/segmentos/5a4f8c583d0b67a172094fd7/-el-gobierno–desde-que-asumio–pretendio-tomar-por-asalto-el-poder-judicial-

El titular de la Fundacion Alameda, Gustavo Vera, visitó los estudios de Radio del Plata, en el programa que conduce Daniel Tognetti.

En esta primer parte del reportaje el tema giró en torno a la corrupción judicial sometidos por el aparato de inteligencia





Repudio al fallo del 2×1 para genocidas

9 05 2017

Rosatti, Highton de Nolasco y Rosenkratz

Ante el fallo que por mayoría simple otorgo el beneficio del 2 x 1 al torturador Luis Muiña sentando jurisprudencia para que otros genocidas y torturadores puedan solicitarlo, el movimiento Alameda y su partido Bien Común manifiestan el más profundo estupor y repudio.  

En la votación, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkratz avalaron esta medida, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda votaron en contra.

Fallos como éste significan un retroceso absoluto de cuarenta años de lucha del pueblo por reconstruir una sociedad democrática, horizonte imposible si no existe Memoria, Verdad y Justicia.

El respeto a los derechos humanos y el repudio y dolor por el genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar que asaltó el poder en 1976 forman parte del contrato social de todos los habitantes de bien en la Argentina.

Es inentendible desde lo humano, irresponsable desde lo político y carente de sustancia jurídica en contexto, que tres de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cometan semejante afrenta al pueblo.

Desde nuestro espacio además sabemos y entendemos que la bandera de memoria, verdad y justicia y que el pedido de cárcel común, perpetua y efectiva frente a crímenes de lesa humanidad no son propiedad de ningún partido político ni caben bajo una sola bandera. Ha sido una lucha de amplios y diversos sectores a lo largo de las últimas décadas.

Es por eso que el repudio, la indignación y la exigencia de marcha atrás de este fallo debe ser expresada en absoluta unidad de todo el campo popular.

Tenemos una sola cosa para gritar: HEMOS DICHO NUNCA MAS

La Alameda / Bien Común





Dirigentes presentaron un petitorio ante la Corte Suprema para rechazar el tarifazo

4 08 2016
Firma petitorio 2

Bodart, Vera, Polino, Micheli y Rattoni en la Corte Suprema

Dirigentes políticos, sindicales y sociales presentaron este jueves un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia en rechazo por el Tarifazo impuesto por el Gobierno nacional en los servicios públicos.

La presentación la llevaron a cabo Gustavo Vera,  legislador de Bien Común, el partido de La Alameda, el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, la secretaria adjunta del Personal Jerárquico del Gas, Ximena Rattoni, y el ex diputado  Alejandro Bodart.

En el petitorio se le pidió al presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y a los restantes miembros que lo componen “una reunión” para tratar el tema del aumento de los servicios públicos como el gas, la luz, el agua, ya que “como lo planteó el gobierno vulnera la equidad social y en muchos casos revisten carácter confiscatorio”.

Además, se le solicitó evitar la implementación de audiencias públicas con el formato existente, como lo planteó el Ejecutivo para octubre, ya que en el mismo se discutirá solamente “la distribución y el transporte del gas, que conforman solo el 20 por ciento de la boleta”

“Queremos discutir toda la boleta, como el precios del gas y los impuestos, que conforman el 80 por ciento de la misma, además del 20 por ciento restante”, precisaron los firmantes en el petitorio presentado.

Asimismo, sostuvieron que hay alternativas para llevar a cabo un aumento en la tarifa de servicios públicos y remarcaron que la situación actual implementada por el Gobierno “es grave y de sostenerse el criterio utilizado que considera este servicio público como una mercancía y no un bien social, se agravará”.

“Debe conformarse un ámbito con participación del Gobierno, los empresarios, los usuarios y los trabajadores para discutir y acordar un nuevo esquema que tome en cuentas las necesidades de todos los sectores involucrados para arribar a soluciones racionales que eviten una mayor fractura social en el país”, finalizó el documento presentado ante la Corte.

Petitorio 4





Piden a la Corte Suprema que se revise las boletas de gas “lo que se les paga a las petroleras por bocas de pozo”

3 08 2016
A las 12 hs ante la Corte Suprema y a las 20 hs el ruidzo

A las 12 hs ante la Corte Suprema y a las 20 hs el ruidzo

La secretaria adjunta del Personal Jerárquico del Gas y representante de la Fundación La Alameda, Ximena Rattoni, remarcó que la presentación que realizarán en la Corte Suprema de Justicia por el tarifazo de los servicios públicos tiene como objetivo pedirle al Máximo Tribunal “hacer una convocatoria para discutir toda la cadena de la factura del gas, sobre todo la que tiene que vercon “los impuestos y lo que se les paga a las petroleras por las bocas de pozo”.

La presentación judicial la llevarán a cabo el gremio que Rattoni representa, la Fundación La Alameda y Bien Común, el sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, la CTA Autónoma, Consumidores Libres de Héctor Polino y otras agrupaciones como Libres del Sur. Y a las 20:00 encabezarán junto a otros referentes políticos y sociales el “Segundo Ruidazo” contra el tarifazo, a llevarse a cabo en toda la Argentina.

“El Gobierno pide que la Corte le habilite el tarifazo y luego hacer una audiencia pública, que no se hacen desde hace 15 años, para tratar otro aumento. Pero esas audiencias no solo que no son vinculantes, sino que solo abarcan el transporte y la distribución, es decir la última parte de la cadena del costo del gas que es de un 20 por ciento, cuando el 70 u 80 por ciento restante de la boleta lo conforman los impuestos nacionales y provinciales y la renta de las petroleras en la boca de pozo”, precisó Rattoni en declaraciones al programa radial Online “la verdad concreta” que conduce el legislador porteño Gustavo Vera por Conexión Abierta.

A la hora de desglosar una factura de este servicio público, Rattoni explicó que ese dinero de las bocas de pozo no se lo lleva Metrogas o GASNEA, ya que “entre la distribuidora y la transportadora se llevan el 20 por ciento”, mientras que los impuestos municipales y provinciales se quedan con un 30 ó 35 por ciento”.

“Y hay otro 45 ó 50 por ciento que es lo que le pagamos a las petroleras por las bocas de pozo. Es lo que llamaos gas viejo o gas convencional y son los pozos que estan históricamente en el país. No hablamos de pozos nuevos y esto explica la mitad de la factura de gas que pagamos. Lo estamos pagando entre 3,50 y 5 dólares el millón de BTU, que es la medida de gas, mientras que en Estados Unidos se paga 2 dólares”, detalló la sindicalista del gas.

Es por eso que Rattoni sostuvo que ante la Corte pidieron que “se elimine ese tope del 400 por ciento que fijó el Gobierno, porque va a resultar impagable para una enorme cantidad de usuarios, conformados por familias de trabajadores y pequeños comerciantes”, pero también plantearon “una innovación y que haga una convocatoria para discutir toda la cadena del gas”.

“Si se le hace caso al Gobierno vamos a terminar en una audiencia pública que es no vinculante y que va a discutir solo lo que es el 15 ó 20 por ciento ciento de la boleta”, agregó.

En ese sentido, la referente de La Alemada planteó: ¿Qué pasaría si podemos discutir el precio internacional de boca de pozo?¿ qué pasaría si podemos bajar un dólar el millón de BTU o si podemos discutir alguna parte de los impuestos?”

Rattoni precisó que “hay que hacer algo de esto sustentable y pagable” al tiempo que cestionó al gobierno al acusarlo de “dilapidar una buena oportunidad de revisar las tarifas de los servicios con el consenso social”.

“Había consenso social para que las tarifas sean revisadas, pero el Gobierno dilapidó esa oportunidad pretendiendo ajustarlas de una y de manera absolutamente desquiciada. En todos los ámbitos se está planteando que no hay una cuestión generalizada de que se esté en contra de un aumento de tarifas. Esto el Gobierno lo dilapidó y no quiere entender”, añadió .

La secretaria adjunta del Personal Jerárquico del Gas sostuvo que “una cosa es poner en discusión una cadena de valor y ver si hay que moverlas o no y otra muy distinta es pretender una transferencia directa de recursos del bolsillo de un laburante que gana 15.000 pesos a las petroleras que no hacen un pozo nuevo hace 20 años”.

“No se puede decir que esto es un lío y ni que venimos de la pesada herencia y aplicar un sablazo. Queremos discutirlo con la gente adentro”, cerró Rattoni.





Legislatura: Beneplácito por el acto de apoyo a la Corte

17 03 2016

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Este jueves 17 en la sesión de la Legislatura porteña votó a favor de dos beneplácitos que presentó Gustavo Vera, legislador por Bien Común, el partido de la Alameda. Uno es por el acto multipartidario que ayer realizaron intendentes y legisladores, nucleados alrededor del Pacto San Antonio de Padua que recoge los principios de la enciclica papal “Laudato Si”,  en Plaza Lavalle con motivo de reunirse la Comisión Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico.

El otro beneplácito aprobados  la tarea de solidaridad con los más pobres a través de las duchas comunitarias que se instalaron en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús de Barracas.  

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su beneplácito por el acto multipartidario  organizado por intendentes y Legisladores, nucleados alrededor del Pacto San Antonio de Padua que recoge los lineamientos y esencia de la Enciclica papal “Laudato Si”,  en Plaza Lavalle con motivo de reunirse la Comisión Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El miércoles 16 de marzo a las 15 horas en Plaza Lavalle, se realizará la reunión plenaria de jueces y fiscales federales convocada para definir cursos de acción destinados a mejorar y agilizar los procedimientos en las causas sobre narcotráfico.

Los firmantes del Pacto San Antonio de Padua convocamos a una movilización multipartidaria para respaldar políticas orientadas a combatir el narcotráfico y preservar la vida. El punto uno de los diez, inspirados en la guía espiritual de Francisco, habla sobre la lucha contra el narcotráfico. El mismo establece:

Continuar con la lucha activa contra el narcotráfico.

La inequidad, como ha dicho el Santo Padre, es fuente de violencia y de corrupción y caldo de cultivo para actividades perniciosas como el narcotráfico. Impedir el crecimiento de este flagelo y, más aún, avanzar hacia su erradicación es un imperativo moral y una necesidad política, porque cuando estas actividades ilegales se extienden y penetran el tejido social amenazan la democracia y la convivencia misma en sociedad. Elegir el camino adecuado para enfrentar este tipo de embates es crucial. Es pertinente citar nuevamente aquí a Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium: “Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción”. La amenaza del narcotráfico fue uno de los temas centrales de los mensajes papales durante la reciente visita de Francisco a México. “El narcotráfico es una metástasis que devora”, alertó. Y agregó: “La proporción del narcotráfico, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones, no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, a refugiarnos en condenas genéricas, sino que exigen un coraje profético”.

cura Sebastian García

cura Sebastian García

PROYECTO DE DECLARACIÓN POR LAS DUCHAS EN LA IGLESIA

La Legislatura de la Ciudad autónoma de Buenos Aires manifiesta su

Beneplácito a la tarea de solidaridad con los más pobres a través de las duchas comunitarias que se instalaron en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús de Barracas.  

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Basílica Sagrado Corazón de Jesús, de Barracas, inauguro la semana pasada un sector de duchas para personas en situación de calle inspiradas en los gestos que el Papa Francisco tuvo para los sin techo en el Vaticano.

La bendición e inauguración de las duchas fue el 8 de marzo, a las 18:30, en la Basílica de la avenida Vélez Sarsfield 1351 y estuvo a cargo del sacerdote Sabastián García.

Las obras comenzaron en septiembre último con miras a ser estrenadas durante el Año de la Misericordia y demandaron un proceso de puesta en valor de los baños de la Parroquia, tras el arreglo de cañerías, azulejos y paredes.

La iniciativa fue de la Asociación Civil Miserando, que forma parte de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro, y la presentó a su Director, Luis Liberman, quien a comienzos de 2015 viajó a Roma a conocer, por consejo del Papa, las duchas del Vaticano y se vinculó con la Limosnería Apostólica, obteniendo detalles de ese proyecto y transformándose en inspiración para replicarlo en nuestro país.

Liberman destacó: “Las obras en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús constituyen el primer escalón de un largo proceso en el que, como enseña el Sumo Pontífice, los políticos, empresarios y el resto de los actores de la comunidad debemos ponernos al servicio del más frágil, luchando contra toda injusticia social y por quienes estén alojados en un lugar de descarte. Como políticos, es una responsabilidad cambiar el paradigma de exclusión por otro donde nadie quede fuera.”

Tras la inauguración de las duchas de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, habrá una misa abierta en la parroquia, oficiada por el padre Sebastián García, en la que se hará una colecta destinada al Proyecto Duchas.





Narcotráfico: Petitorio a la Corte Suprema

16 03 2016
Intendente Katopodis Intendente Descalzo, Intendente Menendez, legislador porteño Vera y presidente PJ Bonaerense Spinoza

Intendente Katopodis Intendente Descalzo, Intendente Menendez, legislador porteño Vera y presidente PJ Bonaerense Spinoza

El Pacto de Padúa que es un acuerdo multipartidario alrededor de los principios de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco tuvo su debut callejero. Fue este miércoles por la tarde en un masivo acto de apoyo a la Comisión Anti-narco de la Corte Suprema Nacional. 

Este petitorio entregado a los jueces que deben enfrentar a los narcos fue firmado por el legislador porteño y titular de la Alameda Gustavo Vera, los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de San Martín, Gabriel Katopodis; de Escobar, Ariel Sujarchuk; en representación de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el senador provincial del Frente Renovador Sebastián Galmarini; el secretario general del Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe), José Carranza; de la UOCRA y del Sindicato de Comercio.

En las escaleras del Palacio de Justicia

En las escaleras del Palacio de Justicia

Nos movilizamos en el día de la fecha al Palacio de Tribunales para:

intendentes y vera1. Manifestar nuestro apoyo a la Comisión Especial de Lucha contra el narcotráfico creada por la Corte Suprema e integrada por magistrados de todo el país y nuestro deseo que la misma pueda encontrar mejores y más eficaces herramientas para combatir al narcotráfico y rescatar y reinsertar socialmente con trabajo digno a las victimas de las adicciones.

2. Solicitar vuestro apoyo para que los intendentes sean respaldados en sus denuncias sobre trata, trabajo esclavo y narcotráfico mediante investigaciones preliminares profundas que permitan terminar con las mafias y la impunidad.

3. Apoyar la creación centros de recuperación de adictos del estado en cada municipio y con salida laboral para dar una alternativa digna de recuperación a los miles de jóvenes que hoy padecen problemas de adicciones.

4. Desarrollar un proceso de cooperación fluída y eficaz entre las intendencias y el poder judicial hoy representado en la Comisión Especial de lucha contra el narcotráfico creada por la Corte a fin de avanzar tanto en el combate a las mafias de la trata y el narcotráfico como a la recuperacion de las victimas de este flajelo.

“En la sociedad actual el bien común es solidaridad y opción preferencial por los pobres” Papa Francisco. Laudato Si.

La iniciativa por impulsada los jefes comunales que firmaron el Pacto de San Antonio de Padua el pasado 18 de enero y fue ratificado el 29 de febrero, que fue promovido inicialmente por doce intendentes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que asumieron como propio el contenido de la última encíclica papal, Laudato Si´ y luego se sumaron intendentes y representantes políticos de distintas fuerzas. 

vera 1El Pacto de Padua un firme compromiso de diez puntos inspirados en la guía espiritual del Papa Francisco, que incluye consensos para enfrentar el flagelo del narcotráfico, que también contempla acuerdos para combatir la pobreza, la trata de personas, la violencia de género, el daño ambiental, la desnutrición y el abuso infantil, entre otras cuestiones, fue ratificado días atrás por más de 50 intendentes y legisladores de la gran mayoría de las fuerzas políticas de distintos distritos del país.