Trata sexual: Llamar a un prostíbulo

10 10 2017

En medio de una charla con estudiantes secundarios de 4° y 5° llamó a un prostíbulo, el director de la Comisión Especial de Trata de la Legislatura porteña y miembro de la ong Alameda, Lucas Schaerer.

La charla sobre tráfico de personas con fines de explotación sexual empezó con la voz de los estudiantes del colegio secundario Rivadavia, del barrio de Constitución, que relataron porque arrancan los volantes prostibularios pegados en la vía pública, que está repleto alrededor del colegio, y que hasta una vez intentaron con una profesora ayudar a una mujer que en plena calle lloraba porque estaba rehén de la mafia prostibularia. La ayuda quedó frustrada porque ni el 145, ni la policía, ni nadie del Gobierno actuó en defensa de la mujer. Pese a los llamados y pedidos de auxilios.

Parado Lucas Schaerer

En ese momento fue que el director de la Comisión Especial de Trata en la Legislatura porteña llamó a un prostíbulo.

Lucas Schaerer de su billetera tomó un volante que había tomado en el barrio de Flores, en el cruce de las avenidas Nazca y Rivadavia. Entonces puso el celular en alta voz y marcó. En silencio y atónitos los estudiantes con los profesores escuchaban el tono del llamado hasta que atendió la proxeneta.

En la conversación quien atendió reconoció que en el prostíbulo están las mujeres las 24 hs del día todos los días. Que explotan a mujeres de nacionalidad paraguaya. Que venden drogas y alcohol. Y además las tarifas por los distintos modos de sometimiento. El piso era 400 pesos por 20 minutos de sometimiento. Hasta aportó la dirección que no figuraba en el volante Morón al 2400, barrio de Flores.

Fue muy evidente para los testigos de la conversación telefónica que los prostíbulos son campos de concentración a la vista de todos. Pero que los funcionarios del Estado no quieren ayudar a las víctimas porque significa ir sobre su propio financiamiento y perversión.

Con un simple volante de la calle y un celular queda demostrado quienes son los garantes de la esclavitud sexual en la Ciudad de Buenos Aires.

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Candidato a legislador donó 45 mil pesos de su salario

9 07 2017

El candidato a legislador porteño por la lista Honestidad y Coraje en el frente Unidad Porteña, Gustavo Vera, donó 45 mil pesos de su sueldo como diputado de la Ciudad correspondiente a junio a entidades que ayudan a familiares y a personas con distintas discapacidades.

En ese sentido, los beneficiarios este mes del ya implementado gesto que mostró Vera desde que fue elegido legislador porteño, a fines de 2013, y que ya lleva 1.100.000 pesos devueltos a la comunidad, fueron la Cooperativa Discapam (recibió 15 mil pesos), el Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje (recibió 10 mil pesos)y la Parroquia Inmaculada Concepción de Constitución (20 mil pesos).

Los representantes de esas organizaciones agradecieron la actitud del diputado porteño, quien sigue adelante con esta iniciativa.

Stella Martos , presidentea  de la Cooperativa Discapam, explicó que “son siete mujeres que trabajan” y tienen hijos discapacitados, algunos de los también en el emprendimiento, y el dinero aportado por Vera “es un empuje y un ánimo para poder trabajar y salir adelante”.

“El señor Vera nos donó un dinero de su sueldo como legislador para comprar una batidora, una amasadora y un horno para poder fabricar pan y vender en el barrio. La idea también es hacer una copa de leche y donar pan. Estoy agradecida por haberme dado esa posibilidad”, sostuvo Martos.

Por su parte, Roxana Da Rosa, representante legal del Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje, explicó que es “una cooperativa de padres que se fundó en 1962 con un grupo de personas que no tenían un espacio para que sus hijos se eduquen”.

“Gracias a Gustavo Vera y la colaboración de Ezequiel Conde de la Cooperativas Soho y la profe Andrea Boero, que se ocupó especialmente, estamos recibiendo de parte de Gustavo este dinero que usaremos en  equipamiento que necesitamos para un taller de estampado para implementarlo entre chicos de 14 y 24 años que no hayan terminado la escuela primaria.  No solo por el título sino también para que puedan incorporar habilidades en la vida cotidiana y su autonomía”, señaló.

Por último, el Padre Gonzalo Benítes, párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Constitución, remarcó que “al ser la parroquia más antigua de Buenos Aires se necesita una restauración” y agregó que con el dinero entregado por el diputado de la Ciudad van “a pagar el sistema de control de humedad de cimientos”.





Vera reunido con Gils Carbó

25 10 2016
Alejandra Gils Carbó procuradora nacional y Gustavo Vera legislador porteño de Bien Común

Alejandra Gils Carbó procuradora nacional y Gustavo Vera legislador porteño de Bien Común

La defensa de la autarquía y autonomía del Ministerio Público Fiscal, como señala la Constitución que es el cuarto poder del Estado, fue la razón para que pese a las diferencias públicas con la fiscal general Alejandra Gils Carbó, el legislador porteño y titular de la Alameda se reuniera con ella para brindarle su apoyo.

Gustavo Vera señaló al salir de la reunión este martes 25 de octubre que “este desplazamiento que intenta el Poder Ejecutivo nacional, sin siquiera iniciar un proceso judicial, viola la división de poderes que marca nuestra Constitución, y por ende es un avasallamiento de las instituciones democráticas”.

A lo que añadió Vera “tampoco estamos de acuerdo que de un plumazo se terminen las procuradurias especiales, como la especialidad en Trata y Búsqueda de Personas PROTEX (a cargo de Marcelo Colombo) y la que se ocupa del narcotráfico PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias)”.

Y para finalizar el diputado de la Ciudad afirmó que “es un retroceso en la lucha contra el crimen organizado que la política criminal deje de estar diseñada por el titular de la Procuración y pase al Consejo de Seguridad, porque significa que lo controla el Poder Ejecutivo algo que la ley no establece”.





Presupuesto y endeudamiento anticonstitucional

25 12 2015
Primer hoja de la denuncia ratificada

Primer hoja de la denuncia ratificada

El legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda, ratificó la denuncia penal contra el Ejecutivo porteño por haber enviado el presupuesto un mes más tarde de lo señalado por la Constitución y sin hacer ningún debate en comisiones ni ronda de ministros como se realiza desde hace 16 años en cumplimiento de la ley 70 que habla del presupuesto participativo. Además de un endeudamiento ilegal en 120 millones de dólares para beneficiar al grupo Roggio.

Este lunes 21 de diciembre Vera se presentó a ratificar su denuncia en la Fiscalía Nacional en los Correccional N° 12, a cargo de José Mariano Orfila (que es subrogante) quien tramita el expediente 71.351/15 junto el juzgado Correccional N° 11.

ENDEUDARSE PARA BENITO ROGGIO

En la denuncia penal se señala que el presupuesto se aprobó con pedidos de empréstitos que superan los 1.200 millones de dólares. A pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, 44 legisladores, todo el PRO y el Frente para la Victoria por excepción de Pablo Ferreyra, aceptaron endeudar al Estado sin saber en que condiciones se solicita el préstamo, el tipo de tasa de interés, a qué banco u organismo se solicitará, bajo que jurisdicción judicial, sin definir la moneda de la operación, como la paridad de los títulos, entre otras tantas especificaciones mínimas.

En el caso de la construcción de la planta de residuos zona norte se aprobó una deuda en 120 millones de dólares. El legislador Gustavo Vera votó en contra de este negociado que beneficia directamente a Benito Roggio, líder del grupo Roggio que nació en la década de los ochenta con los negocios de la basura y la concesión del subterráneo. Además de Vera 13 legisladores se opusieron a este endeudamiento entre ellos el interbloque ECO (los bloques Suma +, PSA, Coalición Cívica) por excepción de Graciela Ocaña que se abstuvo junto a Javier Gentilini (Frente Renovador), Verde del Sur (Pablo Bergel), PTS + FIT (Patricio Del Corro), MST (Alejandro Bodart).

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En el recinto de la Legislatura porteña Vera sostuvo que el proyecto de ley por la planta de residuos zona norte “no tenía especificaciones y tampoco lo aclararon en comisión los funcionarios, por lo tanto se desconoce que tipo colocación y a que bancos u organismos se solicitaría, tampoco a que tasas abre a bancos internacionales y no define condiciones del préstamo, tampoco porque ley se rige”.

Para el PRO el argumento en favor de la planta es que disminuye la cantidad de residuos que se entierra porque considera que material reciclado es aquel que se recupera de la tierra, para Vera “esto es mentira porque el material que se recupera esta tan degradado (se mezcló con la basura, el cartón, el plástico) que no tiene prácticamente valor de mercado, por lo tanto no se debe considerar material recuperado”.

Fue más a fondo el legislador titular de la Fundación Alameda y amigo personal del Papa Francisco al señalar que este prestamos “en realidad es un negocio que el Gobierno de la Ciudad paga al grupo Roggio que gestiona el relleno y la planta MBT, ya que se paga por tonelada de tierra recuperada, y para ello se cuenta al material y la tierra, y Roggio no paga la tierra ahora la tiene gratis antes la pagaba, es un terreno de 300 hectáreas y se plantea ampliar a 275 hectáreas más”.

Las organizaciones de cartoneros vienen denunciando este negociado y por eso piden que en lugar de tomar créditos para redireccionarlo al grupo Roggio se debe destinar a la Dirección de Reciclado para conformar equipos técnicos, y campañas con los vecinos lo que generaría la recuperación de materiales reciclado pero por el contrario están desfinanciando el sistema de reciclado estatal para transferirlo al grupo empresario que lidera Benito Roggio.

El legislador que se hizo conocido por devolver cada mes el 60 por ciento de su salario, 30 mil pesos a entidades de bien público, profundizó su denuncia al resaltar que “este negocio tiene tres patas que interactúan para enriquecerse. Los funcionarios del gobierno porteño, la dirección del sindicato de CEMASE y el grupo Roggio”.

Para Vera “no nos pueden tratar como una vil escribanía, votar a libro cerrado negocios que son infames, acá coinciden la mayoría de los legisladores por un toma y daca, esto es absolutamente invotable, avasalla el poder legislativo y así no se construye república. Lo único que falta que digan que somos desestabilizadores por llevar esta problemática a la justicia, los proyectos deben ser despachados como corresponde, este es dinero del vecino. Se vota a libro cerrado un empréstito que no se sabe el valor dólar, condiciones y mercado, este y todos los empréstitos que llegan a 1.200 millones de dólares y el presupuesto. Al final el PRO aprendió de las malas acciones de los que se van, son republicanos en la oposición y en el gobierno se votan endeudamientos lesivos para los vecinos, y cuentan con votos obtenidos de manera abyecta”, cerró el legislador de Bien Común, el partido de la Alameda.

Cita textual en la denuncia penal que figura como subtitulo “los empréstitos. Se despacharon a libro cerrado, sin análisis alguno.

Es decir que estos expedientes no fueron sometidos a estudio alguno en el marco de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. A su vez carecen de documentación que avale los pedidos realizados por el Ejecutivo Porteño respecto a este punto en particular. A mayor abundamiento sobre el fondo de la cuestión, cabe indicar que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, no se hicieron presentes para explicar la conveniencia, el mérito y la oportunidad de incrementar la deuda pública de la Ciudad.

De esta manera, estos proyectos son verdaderos ‘cheques en blanco’ que no definen moneda de la operación, la paridad de los títulos, el tipo de tasa de interés y otras tantas especificaciones mínimas que no tiene sentido traer a colación en este momento.





Presupuesto PRO: Denuncia penal por violar la Constitución

4 12 2015

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Por avasallamiento del Poder Ejecutivo del PRO sobre el poder Legislativo es que el legislador de Bien Común, el partido de la Alameda, hizo la presentación penal por abuso de autoridad e incumplimiento del deber de funcionario público sobre el Poder Ejecutivo por haber presentado un mes después de lo que marca la ley el presupuesto 2016, por no haber dado respuestas a las preguntas de los legisladores y no haber realizado la ronda de ministros para consultas que era costumbre desde hace 16 años. Además imputó por malversación de fondos al pedir cinco empréstitos sin aportar ninguna información.

El poder Ejecutivo porteño fue denunciado penalmente este jueves 3 de diciembre por parte de Gustavo Vera legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda. La causa tramita con el número 71351/15, en el Juzgado Correccional N° 11, fiscalía N° 12. Se imputa abuso de autoridad e incumplimiento del deber de funcionario público ya que se envió al parlamento el presupuesto para el 2016 recién el lunes 24 de noviembre, y los desagregados del presupuesto donde se encuentra la mayor información el martes 25 de noviembre. Esto significa para Vera que se viola la ley 70, tres artículos de esta, y el artículo N° 52 de la Constitución. La ley 70 habla del carácter participativo del presupuesto, y la Constitución coloca fecha de presentación antes del 30 de septiembre.

Otros dos elementos de prueba del avasallamiento del Ejecutivo sobre el Legislativo, como representantes del pueblo, es que jamás respondieron a las preguntas presentadas en tres oportunidades por el legislador Vera y suspendieron las rondas de ministros con sus equipos que durante 16 años respondían las consultas de los legisladores antes de pasar a votar en el recinto.

Para el legislador Gustavo Vera “se votó atributos típicos de virreinatos, ya que los superpoderes le permiten al gobierno redireccionar el presupuesto al área que quieran sin pasar por la Legislatura, con el porcentaje que quieran y con subejecuciones arbitrarias como tomar deudas en condiciones que nadie conoce al no informarlas. Estamos hablando de endeudamiento de 1.200 millones de dólares.     

FORMULA DENUNCIA

EXCELENTÍSIMA CÁMARA:

GUSTAVO JAVIER VERA, en mi carácter de Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al Bloque “Bien Común”, con domicilio real en la calle Perú Nº 160, Oficina Nº 206, de esta Ciudad, constituyendo domicilio procesal en la calle Pedernera Nº 65, Planta Baja Nº 5, también de esta ciudad capitalina, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

 I.- OBJETO:  

Que por las razones de hecho y de derecho que a continuación pasaré a exponer, vengo por la presente -en los términos del artículo 174 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación Argentina- a interponer formal denuncia contra las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o contra todo aquel que resulte responsable por la violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en sus funciones, en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o instigador, tal como lo prevén los arts. 248 y 249 del Código Penal de la Nación Argentina.

 Es oportuno señalar que asumiré el rol de querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población.

 II.- HECHOS:

DEL PRESUPUESTO EN GENERAL

Tal denuncia será promovida en contra de los nombrados precedentemente, en virtud de los hechos que se suscitaron a causa de la presentación del proyecto de ley de presupuesto para el año 2016 (exp. 2462/J/2015). Así las cosas, los mentados funcionarios pretendieron darle -al mismo- un deficiente tratamiento legislativo evitando adoptar las medidas necesarias para que se realice un genuino debate democrático sobre dicho proyecto.

Dicho sea de paso la gravosa actitud mencionada en el acápite que antecede, contó con la connivencia de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Así las cosas, he tomado conocimiento en -virtud de mis funciones-, que el día 23 de noviembre del año 2015, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió a la Legislatura Porteña la ley de Presupuesto para el año 2016, es decir casi dos meses más tarde, del plazo establecido en el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y del art. 50 de la ley 70 para efectuarlo. Resulta evidente que este proceder configura “prima facie” un hecho de suma gravedad institucional el cual no tiene precedente en la Ciudad de Buenos Aires, configurando y tipificando los delitos que arriba he detallado (incumplimiento de los deberes de Funcionario Público y abuso de autoridad de las funciones inherente al cargo).

En la misma inteligencia de cosas, el día 25 de noviembre, es decir dos días después de la fecha en que se presentó el proyecto, este obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de esta Legislatura. Resulta sobreabundante hacer hincapié en el irrisorio tiempo con el que contaron los integrantes de dicha comisión para efectuar sus respectivos análisis, lo cual impidió una crítica razonada y un minucioso detalle de la información contenida en dicho proyecto, frustrando la discusión y el intercambio de ideas y opiniones y con ello la realización de un autentico y participativo debate democrático. Asimismo tampoco se realizó la “ronda de ministros” que desde hace 16 años se desarrollaba antes de la firma del despacho de Comisión. Allí los distintos ministros defendían las partidas correspondientes a sus áreas y recibían preguntas y recomendaciones de parte de los Sres. Diputados. A su vez tampoco se realizaron las audiencias habituales con los diferentes ministros de la Administración de la Ciudad, las cuales deben ser efectuadas ineludiblemente en forma previa al envío del proyecto de ley del Presupuesto. Toda esta situación sumada a la falta de tiempo para analizar la información que contiene el Proyecto dejo reducido a la nada misma la posibilidad de discutir de manera seria y razonada el proyecto que aquí cuestiono.

Demás está decir que este proceder resulta contrario a la valiosa práctica institucional que siempre ha caracterizado a la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de todas sus Administraciones.

En virtud de todo lo dicho es claro que las numerosas falencias ocurridas a través del proceso de discusión del presupuesto no solo vulnera la división de poderes sino que también debilita el rol institucional que tiene la alta casa que integro en el proceso de formación de las leyes. Además los mentados funcionarios han vulnerado los derechos de toda la Ciudadanía, ya que todos los porteños se ven privados de la posibilidad de contar con la información adecuada y participar genuinamente de la discusión presupuestaria de su ciudad.

Por ello entiendo que este tratamiento acelerado, irreflexivo, y dolosamente arbitrario, resulta violatorio de las normas que consagran el derecho a la participación en torno a esta cuestión de suma trascendencia para la vida democrática de la Ciudad.

Así los artículos 9, 10 y 29 de la ley 70 establecen lo siguiente:

Artículo 9º – Se garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del Gobierno de la Ciudad a través de foros temáticos y zonales. A esos efectos se articularán los mecanismos que surjan de la Ley de Presupuesto Participativo.

Artículo 10 – Los sistemas establecidos y regulados por esta Ley y toda norma que se dicte en consecuencia tendrán en consideración las prioridades de asignación de recursos elaboradas por instancias de participación de la población.

Artículo 29 – El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, tiene carácter participativo, el cual se garantiza mediante la consulta a la población en el proceso de elaboración y seguimiento.

Y el artículo 52 de la constitución de la Ciudad de Buenos Aires reza:

Artículo 52.- Se establece el carácter participativo del presupuesto. La ley debe fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos.

Consecuentemente y frente a esta lamentable situación he de solicitar la intervención de la autoridad jurisdiccional a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos que aquí denuncio.

DE LOS EMPRESTITOS

Párrafo aparte merece el tratamiento que se le ha dado al proyecto respecto de los empréstitos. Así, los exp. 2412/J/2015, 2413/J/2015, 2460/J/2015 y 2461/J/2015, se despacharon a libro cerrado, sin análisis alguno. Es decir que estos expedientes no fueron sometidos a estudio alguno en el marco de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. A su vez carecen de documentación que avale los pedidos realizados por el Ejecutivo Porteño respecto a este punto en particular.

A mayor abundamiento sobre el fondo de la cuestión, cabe indicar que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, no se hicieron presentes para explicar la conveniencia, el mérito y la oportunidad de incrementar la deuda pública de la Ciudad.

De esta manera, estos proyectos son verdaderos “cheques en blanco” que no definen moneda de la operación, la paridad de los títulos, el tipo de tasa de interés y otras tantas especificaciones mínimas que no tiene sentido traer a colación en este momento.

Resulta oportuno señalar que en referencia a los destinos para los cuales se requieren estos empréstitos son:

 usd 120 millones (Planta Residuos Zona Norte)

  1. usd 60 millones (Planta Residuos Zona Sur)
  2. usd 500 millones (obras varias)
  3. usd 460 millones (Amortización de deuda)

 Como corolario final de la cuestión denunciada, tengo que indicar que el vergonzoso proyecto de ley de presupuesto para el año 2016, fue despachado en minoría, es decir solo con el voto del oficialismo (Propuesta Republicana – pro) y sin ningún voto de bloques opositores.

 No obstante ello, los días 26 de noviembre, 30 de noviembre y 1 de diciembre, envié al Presidente de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, un pliego de preguntas correspondientes al tratamiento del presupuesto 2016, las cuales no tuvieron respuesta alguna de su parte. (las mismas se adjuntan). En este sentido cabe indicar que según consta en la versión taquigráfica de la reunión de la comisión, fueron los propios funcionarios del poder ejecutivo los que se comprometieron a dar respuesta a la mayor brevedad posible a todas las cuestiones que eventualmente pudieran plantear los legisladores, siempre y cuando lo hicieran por escrito con anterioridad al tratamiento de la Ley de Presupuesto en el recinto.      

 III.- DERECHO:

Esta parte entiende que conforme las conductas de los denunciados se habrían cometido los delitos contemplados y reprimidos en los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación Argentina.

 Es así que conforme las conductas antes descriptas, es dable recordar lo establecido por el art 248 y 249 del Código Penal de la Nación en cuanto dispone: 

 ARTICULO 248. – Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

 ARTICULO 249. – Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

 Analizadas las acciones, es evidente que ante la programada intención de imponer el proyecto de ley mencionado, en forma tan violenta e ilegal, no velando por los derechos que por imperio constitucional le corresponde a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y la clara intención de coadyuvar por parte del Sr. Diputado Alejandro García y la Sra. Diputada Carmen Polledo, a la perpetración de ilícitos mediante la omisión de su intervención, resulta ilícita y contraria a derechos reconocidos constitucionalmente.

  “Al respecto puedo sostener que el tipo penal está destinado a sancionar la inejecución de las leyes cuyo cumplimiento le incumbiera, y no el mero incumplimiento de funciones administrativas. Es un delito de omisión consistente en no hacer lo que la ley manda en razón de su cargo, traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o alguno de los poderes públicos”. (C.C.Corr.Fed., sala II, Zambianchi, C.A. y otros”, B.J., N°1, enero-abril 1986,p.159).

 En este caso, la conducta típica descripta se configura con el accionar de las autoridades del Poder Ejecutivo Porteño, quienes omitieron maliciosamente dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a sus cargos.

 Como si ello no fuera suficiente, sus miembros legislativos -el bloque de diputados del PRO en la Legislatura de la Ciudad- muestran una evidente inacción ante la ocurrencia de hechos de clara gravedad institucional, actitud que claramente se destina a la vulneración de los derechos más fundamentales de los ciudadanos por los cuales fueron elegidos para representarlos, por ello digo que se da en auto un claro incumplimiento respecto de los deberes que les incumben en razón de su cargos.

 Antijuricidad de la conducta. Violación manifiesta de los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 La vulneración del derecho a la seguridad de los ciudadanos.

El derecho a la seguridad –tanto jurídica como personal-, está contemplado en el art. 3 de la Declaración universal sobre Derechos Humanos, 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 La Real Academia Española de la Lengua define la seguridad como la cualidad de estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Por tanto, toda situación que perturbe en una u otra medida esa ausencia de peligros, daños o riesgos es susceptible de ser calificada como una amenaza a la seguridad. Muy variados y provenientes de distintos ámbitos pueden ser esos factores que, en mayor o menor grado, amenacen la seguridad de las personas.

 Con anterioridad a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el concepto dominante de seguridad estaba centrado en el Estado y en los principios de la soberanía estatal, como fue articulado por el Tratado de Westfalia de 1648 y cuyas reminiscencias aún se mantienen. Los temas de seguridad giraban en torno a la integridad territorial, la estabilidad política, los arreglos militares y de defensa y las actividades económicas y financieras relacionadas.

 Se entendía que los Estados perseguían el poder, lo cual implicaba el triunfo de uno de ellos como resultado de la derrota del otro. Según estas ideas tradicionales, el Estado monopolizaría los derechos y los medios de proteger a los ciudadanos, se establecería y ampliaría el poder del Estado y su seguridad con el fin de entronizar y mantener el orden y la paz. La historia ha demostrado que la seguridad del Estado no necesariamente es la seguridad de las personas y las dos guerras mundiales han sido claro ejemplo de ello.

 Con fundamentos en esa concepción arcaica de la seguridad en América Latina se impuso la doctrina de la llamada “seguridad nacional” y los países de la región, con algunas excepciones, vivieron las épocas más difíciles de su historia, con sangrientas dictaduras, irrespeto de los derechos humanos y la imposición de sistemas totalitarios. El concepto de seguridad fue asociado a esta noción de seguridad nacional y quedó profundamente deslegitimado para los sectores democráticos y progresistas que lo asocian con motivos al pretexto para recortar las libertades fundamentales.

 Sin embargo estas prevenciones no se justifican frente al moderno concepto de seguridad humana. Este moderno concepto  comenzó a definirse y a extenderse a partir de su inclusión en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este informe se puso por primera vez  de manifiesto la necesidad de configurar un nuevo paradigma de la seguridad que dejara  de considerar al Estado como el centro de la misma y colocara en este lugar a la persona. El informe PNUD mencionado señaló que, en la actualidad, la seguridad humana se refiere a la preocupación de toda persona por las circunstancias de su vida cotidiana: su trabajo, su desarrollo integral, el acceso a bienes básicos como la educación y la vivienda, el cumplimiento de las obligaciones por parte de sus gobernantes o el respeto al medio ambiente. Estos y otros elementos configurarían entonces una seguridad humana entendida como: primero, seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad o la represión; y segundo, protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana. A la luz de estas características, el PNUD destacó estas dos dimensiones principales de la idea de seguridad humana que ya habían sido mencionadas en el preámbulo de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos: libertad respecto del miedo (freedom from fear) y libertad respecto de la necesidad (freedom from want). La primera dimensión se centra en la supresión de aquellos factores que, como la guerra, la violencia o la represión, pueden alterar el desenvolvimiento normal y pacífico de la vida de una persona. En cambio, la segunda pone el acento en la obligación de satisfacer las necesidades básicas de las personas, una cobertura imprescindible para poder llevar una vida segura y digna.

 En ese contexto la seguridad ciudadana se configura como una modalidad específica de la seguridad humana (PNUD 2009-2010), concretamente, de la seguridad personal. Es definida por el PNUD como “la protección universal contra el delito violento o predatorio” (PNUD 2009-2010), mientras que el IIDH asume una definición más amplia: “aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizados el pleno goce de sus derechos de participación y en la que existen mecanismos, instituciones eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones que puedan lesionar tales derechos de forma ilegítima…” (IIDH, 2007). Ambas definiciones son complementarias entre sí y enriquecen la seguridad humana en su dimensión de seguridad personal.

 Además dicha conducta desplegada debe ser dolosa, de manera que quede de lado toda conducta negligente, ya que el tipo penal contenido en el art. 249 del código de fondo, exige la presencia de ese tipo subjetivo, es decir, que el funcionario público haya tenido conocimiento de estar realizando todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, por lo que esto no radica en la simple extralimitación objetiva sino en el conocimiento de esa extralimitación lo que configuraría entonces el aspecto subjetivo, que es precisamente el límite demarcatorio que separa el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, de la simple irregularidad funcional.

 Estaríamos entonces frente a una irregularidad funcional que trae aparejada una corrección disciplinaria. Por esta razón, al momento de ponderar el incumplimiento entiendo que no ha de ser correcto solo el hecho de que importe la simple indolencia del funcionario para cuya corrección bastaran las sanciones disciplinarias.

 En cuanto al análisis de la figura del art. 248 C.P., estimo que la no ejecución de las leyes cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario, contempla tanto situaciones puramente omisivas del deber legal que surge del mandato de la norma aplicable, como situaciones comisivas que significan el quebrantamiento de la prohibición contenida en una norma de esas características. En el sub judice, según la descripción efectuada, se verifica una de las hipótesis, en cuanto  se dio una verdadera intención de participar en forma alguna ante la ocurrencia de un ilícito de extrema gravedad.

 IV.- PRUEBA:

A los efectos de comprobar los extremos aquí esgrimidos aporto el siguiente material probatorio, sin perjuicio de que oportunamente sea ampliado:

 Documental:

  1. Como medida de prueba se acompaña el pliego de preguntas correspondientes al tratamiento del presupuesto 2016, efectuadas por el suscripto a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

 2. Copia de los expedientes nro. 2462-J-2015, 2460-J-2015, 2461-J-2015, 2412-J-2015, 2413-J-2015 y 2482-J-2015.

 Informativa:

Se libre oficio al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nº 1 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que informe si ante el organismo a su cargo se sustancia el expediente A38856/2015/0, el cual guarda íntima relación en cuanto a su objeto con esta presentación.

 Mención especial merece el hecho de la imposibilidad física de aportar el expediente a través del cual se trata el proyecto de ley de presupuesto para el año 2016, en virtud de su complejidad. El mismo consta de 400 fojas y 24 anexos de 400 fojas cada uno. No obstante pongo a disposición de S.S., si asi lo requiere, la posibilidad de  presentarlo en soporte digital.

 V.- PETITORIO

 1.Solicito que se me tenga por presentado y con el domicilio constituido y se tenga por interpuesta la presente denuncia en los términos del artículo 174 del Código de rito.

 2.Solicito que se remita la presente al Juzgado en lo Criminal en turno.

 3.Solicito que luego de ello se cite a declarar en los términos del artículo 294 a la totalidad de los denunciados.

 4.Se provea la totalidad de los elementos probatorios ofrecidos.

 5. Solicito que se arbitren todos los medios que se encuentren a su alcance, a fin dictar una prohibición de innovar a fin de que no se produzca un gravamen imposible de reparación ulterior.

 

                                                                            Proveer de Conformidad

                                                                                           SERA JUSTICIA





El presupuesto oculto de Rodríguez Larreta

25 11 2015

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El PRO violó el artículo 53 de la Constitución porteña que determina que el presupuesto debe ser enviado a la Legislatura antes del 30 de septiembre. Esto lleva que tras 16 años de ronda de ministros en la Legislatura por el presupuesto este año no ocurra. 

El PRO se lleva puesta la Constitución y la Ley 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Publico de la Ciudad al no haber presentado antes del 30 de septiembre, el primer presupuesto que deberá administrar Horacio Rodríguez Larreta.

Ante la prepotencia del PRO, que recién hace dos días envió a la Legislatura el presupuesto que alcanza los 112 mil millones de pesos y cuenta con 50 anexos, el legislador de Bien Común, Gustavo Vera, presentó este miércoles 25 un despacho por minoría en la Comisión de Hacienda que preside el legislador PRO, Alejandro García.

Desde Bien común se habla que ante el avasallamiento consumado por el Ejecutivo sobre la Constitución se recurriría a la vía judicial.

Aquí el despacho por minoría:

El Expediente N° 2462-J-2015 proyecto de Ley que eleva el Presupuesto General de Gasto y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la CABA para el ejercicio fiscal 2016 y

Considerando:

Que el proyecto de Presupuesto contiene los principales lineamientos de la política de ingresos y gastos de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires para el próximo ejercicio fiscal,

Que es obligación del Poder Ejecutivo presentar el proyecto de ley de presupuesto ante el Poder Legislativo antes del 30 de setiembre del año anterior al de su vigencia en cumplimiento del artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Que este proyecto fue ingresado en la Legislatura de la Ciudad el día 23 de noviembre de 2015 incumpliendo el mandato constitucional y la Ley 70 de Sistemas De Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Publico de la Ciudad.

Que este incumplimiento pretendió ser justificado por la existencia de un proceso electoral ajeno a esta jurisdicción,

Que tampoco aplican factores relacionados al proceso de transición entre gobiernos entrantes y salientes, toda vez que ambos corresponden al mismo elenco político,

Que en ese sentido descreemos de la imposibilidad de ingresar el proyecto en tiempo y forma,

Que sería posible comprender resultase compleja la elaboración de una previsión presupuestaria de cualquier índole con las indefiniciones políticas que caracterizaron la coyuntura nacional durante 2015,

Que en función de esa dificultad, esperar hasta después de conocidos los resultados del balotaje presidencial para formular proyecciones de la macroeconomía futura y su impacto en las cuentas de la Ciudad, podrían haber justificado la demora en la presentación del proyecto,

Que lejos de ser el caso, el Poder Ejecutivo envió un proyecto extemporáneo que había sido elaborado antes de octubre,

Que esto es evidente cuando la página 21 del Mensaje que acompaña el proyecto habla de las modificaciones en el escenario económico proyectado para 2016 en “función de las próximas elecciones a realizarse en octubre”,

Que es posible en ese sentido pensar que las proyecciones realizadas en setiembre pasado merezcan ser revisadas,

Que sumado a las demoras, cuando finalmente presentaron los proyectos, hubo que esperar un día adicional para contar con la totalidad de planillas que acompañan el proyecto, que fueran entregadas en la tarde del 24 de noviembre de 2015,

Que más allá de los esfuerzos que serán realizados por estudiar y analizar con detenimiento el proyecto enviado, la realidad es que se llega al día de hoy a la firma de un despacho que no fue trabajado,

Que obviamente tampoco se realizaron las reuniones informativas con los responsables del Poder Ejecutivo que de a los legisladores y a los ciudadanos una idea acabada del destino de la Ciudad y sus recursos para el año próximo,

Que el apuro con que se trata este y otros proyectos de vital importancia para la vida colectiva de la Ciudad no se explica sino remitiéndose a la voluntad de que determinadas cuestiones queden resueltas antes de que asuman la próxima Legislatura,

Que la trascendencia del expediente permite pensar en la posibilidad de ampliar el espacio de sesiones de manera extraordinaria para poder realizar un acabado estudio,

Que también existe la alternativa legal otorgada por el art. 51 de la Ley 70 de iniciar el próximo periodo fiscal prorrogando el Presupuesto General del ejercicio 2015 y tratar de manera correcta el expediente en marzo próximo,

Que esta administración ya utilizó esa herramienta en 2010 cuando no se lograron los acuerdos necesarios para sancionar el presupuesto en diciembre y los consensos se trabajaron hasta el marzo siguiente,

Que además, en ese momento se podrá contar con una visión menos incierta de la próxima realidad macroeconómica de la Argentina, su impacto en la economía local y trabajar un presupuesto en consecuencia,

Que el Sr. Presidente electo, hoy aún Jefe de Gobierno plantea para su gestión nacional objetivos en materia inflacionaria muy diferentes de lo enviado por él mismo en el expediente en trámite,  es ejemplo de esto la previsión inflacionaria prevista en 2016 en el 26%,

Que en nuestra matriz tributaria cada punto de caída en la inflación afecta directamente la recaudación local, y es importante estudiar estos efectos detenidamente antes de votar un presupuesto a libro cerrado como se está pretendiendo en estos días,

Que es obligación de los legisladores defender hasta el final los intereses de los ciudadanos,

Que nos reservamos el derecho a recurrir en el transcurso de esta semana a la vía judicial en los términos de los art. 48 y 49 del Código Penal de persistir el Poder Ejecutivo en este avasallamiento sobre el Poder Legislativo en resguardo de los legítimos intereses de los ciudadanos y del respecto republicano por el equilibro entre los poderes del Estado,

Por lo expuesto, se insta a la vuelta a Comisión del expediente 2462/j/2015 así como los proyectos 2459/2015 que introduce modificaciones al Código Fiscal y 2465/2015 de Ley Tarifaria 2015 por hacer a un mismo conjunto de propuesta presupuestaria y tributaria para iniciar su correcto análisis,

 

 





Fallo que frena a los gerentes en las Comunas

21 07 2014

comunas y macri

La justicia suspendió el decreto 251/2014 de organización de las Comunas que dictó Macri, en la causa judicial interpuesta por comuneros de 14 Comunas, con el impulso del Bloque Verde/Alameda, que integra Gustavo Vera y Pablo Bergel .

Aquí un resumen de la sentencia, que puede encontrarse completa en el adjunto.

Carátula de la causa judicial: “VAYO MIGUEL ENRIQUE y otros CONTRA GCBA SOBRE AMPARO, EXPTE: EXPTE. A7770-2014/ 0

Fecha de la sentencia: Sentencia de fecha 18 de Julio de 2014

Juzgado: Juzgado Nº 23 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario a cargo del Juez Francisco J. Ferrer.

Actores que presentaron la acción de amparo:  Por la Comuna 1, María Lavalle; por la Comuna 2, Luciano Umérez; por la Comuna 3, Alberto Lacherra; por la Comuna 4, Miguel Vayo; por la Comuna 5, Patricia Machado; por la Comuna 6, Martín Iommi; por la Comuna 7, Jorge Orovitz Sanmartino; por la Comuna 8, María Alejandra Camiña Bergalli; por la Comuna 9, Rubén Tzanoff; por la Comuna 10, María Marta Lopes; por la Comuna 11, Paula Resels; por la Comuna 12, Basilio Sioutis; por la Comuna 14, Marcelo Charlón; y por la Comuna 15, Carlos Méndez.

Letrado patrocinante: Jonatan Emanuel Baldiviezo

LEGITIMACIÓN

Los derechos derivados de la organización de la Ciudad como democracia participativa, y, en consecuencia, los relativos a las atribuciones que corresponde ejercer a las Comunas, merecen ser reputados derechos con incidencia colectiva.

 Finalmente, en ningún caso podría negárseles tal legitimación cuando invocan su carácter de integrantes de Juntas Comunales.

En consecuencia, son portadores de un interés directo en la preservación de las atribuciones que tienen la responsabilidad de cumplir. En este orden de ideas, no podría asignárseles una legitimación menor a la que posee un simple habitante cuando ha sido el propio pueblo de la Ciudad quien les ha confiado la misión de integrar los órganos de gobierno de las comunas (conf. artículos 1, 14 y 130 de la Constitución de la Ciudad).

VESORISIMILITUD DEL DERECHO

la organización, competencia y funcionamiento de las Comunas es una materia que ha sido reservada por la Constitución a la Legislatura local. 

la organización que se pretende asignar a las comunas importa, siempre con la cautela que una afirmación de este tipo exige en este estado liminar de la litis, un avance sobre las atribuciones exclusivas de la Legislatura Local para regular “organización y competencia” de las Comunas, “preservando la unidad política y presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno” (conf. artículo 127 de la CCABA). 

En particular, la ley 1777 confirió a las propias Juntas Comunales la atribución de “organiza[r]funcionalmente su acción de gobierno en áreas de gestión”. El único recaudo impuesto por el legislador fue que cada Comuna contara “con un área de participación vecinal y otra de control comunal.” El resto de las áreas las establecería la Junta Comunal respectiva “teniendo en cuenta la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad y las prioridades comunitarias”.
En consecuencia, la organización propuesta por el decreto 251/GCABA/2014 afectaría atribuciones de las propias Comunas, quienes, de acuerdo a la Constitución local y la reglamentación efectuada por la Legislatura, deben decidir tan importante aspecto institucional (conf. artículo 127 de la Constitución de la Ciudad y artículo 28 de la ley 1777). 
al definir la estructura organizativa de las comunas, misión que prima facie tenía vedada, el decreto 215/GCABA/2014 afectaría los límites que a su actuación impuso la ley 3233. En particular, de acuerdo a la norma citada, el Poder Ejecutivo tiene el deber de: “[a]bstenerse de emitir o producir actos que signifiquen intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas o lesionen su participación en las competencias concurrentes”. La distribución de competencias entre las gerencias y subgerencias ya analizadas da cuenta de un incumplimiento de dicha manda (conf artículo 4, inciso d, ley 3233).

PELIGRO EN LA DEMORA

 la afectación de derechos vinculados con el ejercicio de la democracia participativa resulta de difícil o imposible reparación ulterior. 
se presenta en el caso un temor fundado de que, de no concederse una tutela preventiva, se pueda causar un grave daño al modelo de instituciones autónomas diseñado por nuestros constituyentes. 

AFECTACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

 En nuestro diseño constitucional, el interés público persigue en forma prioritaria garantizar el goce de los derechos fundamentales. Por ello puede ser calificado como un Estado de Derecho. En este sentido, una medida cautelar que persiga preservar el derecho a una democracia participativa y su efectivo goce a través de las Comunas, no puede considerarse contraria a dicho interés. 

RESOLUCIÓN

1.- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la ejecución del decreto 215/GCABA/2014 hasta tanto se decida el fondo de la cuestión.