El INTI vacia el Polo Textil para víctimas de trata

21 05 2019

Costureros en la puerta del Polo Textil

Jueces, fiscales y hasta Acción Católica enviaron nota al titular del INTI, Javier Ibáñez, para que no avance en el vaciamiento de la única política pública de reinserción laboral para víctimas de trata y explotación. Los organismos internacionales del Trabajo, OIT, y migrantes, OIM, fueron notificados del retroceso provocado por el gobierno de Cambiemos. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), la OIM Cono Sur y Argentina (Organización Internacional para los Migrantes), jueces federales, fiscales federal, el Consejo Federal de Trata y hasta Acción Católica están preocupados por el vaciamiento del Polo Textil, en el barrio porteño de Barracas, por ser la primer y única política pública para víctimas de trata y explotación que salieron de talleres clandestinos o prostíbulos.

Nota recibida en OIT

Este retroceso lo encabeza Javier Ibáñez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien retiró a todo su personal técnico del Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), como se conoce formalmente al Polo, que tiene un tamaño de mil metros cuadrados, con 40 costureros y 180 maquinas. 

“Esto significa que los costureros ya no contamos con los técnicos en diseño, arreglo de maquinas, en lo administrativo, para la proyección económica, como  comercial todas aéreas claves para el funcionamiento del Polo frente a una industria que el 80 por ciento produce en talleres clandestinos, con trabajo esclavo, sin respecto de las leyes laborales o el pago de impuestos, con empresas que ganan licitaciones del Estado sin tener empleados o acreditado solo uno, encima todo esto en el marco de la brutal caída del consumo y la inflación que no para”, reflexionó Ezequiel Conde, miembro de la Alameda y una de las textiles en el Polo.

Nota en OIM

Asimismo el INTI retiró de su organigrama al CDI y esto fue justiciado por el propio titular del INTI en una reunión con los costureros. “Ibáñez nos chamuyó con el empredurismo y el sí se puede, pero ellos en los hechos ya dejaron la política pública abandonada, se retira el Estado, entonces tenemos una libertad en realidad falsa, porque nos bloquearon los teléfonos de las oficinas, no nos permiten ir a otros sectores del Polo, y lo único que dejan es un personal de seguridad privada para abrir y cerrar la puerta”, agregó Conde, quien no se olvida que este es el segundo recorte del INTI, el primero sucedió hace dos años atrás con el despido de 256 trabajadores, entre ellos del Polo Textil el delegado gremial y técnico, Néstor Escudero.

Asimismo, la Corporación del Sur, a cargo de Karina Spalla, también se le dirigió una nota por el vaciamiento del Polo Textil, porque de este organismo depende el predio y figuran como creadores de esta política pública, que en su momento fue inédito además por poder unir organismos del Estado nacional, porteño, justicia y trabajadores.

Juez Torres, ascendido a la Corte Bonaerense

Por otro lado, quien puso el grito en el cielo, fue el juez federal porteño que en el año 2008 decomiso la maquinaria de una fábrica esclavista y la entregó en comodato para la ayuda a los costureros.

“El Polo Textil es sanador y da dignidad”, así definió Sergio Torres, que hace días atrás fue ascendido a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Torres se refirió al Polo Textil de Barracas, en un encuentro del Equipo No a la Trata en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Asimismo el magistrado, ascendido al máximo tribunal bonaerense, le dirigió una nota al titular del INTI, señalando su “preocupación porque mucha de las maquinas en el Centro son producto del secuestro en el marco de la causa 7.786/08, en el juzgado Nº 12” y de la que “considera de suma importancia que siga el centro bajo un régimen laboral acorde a la ley”.

Fiscales de PROTEX Colombo y Mangano

A la oficina de Ibáñez en el INTI también llegó una nota de preocupación firmada por los titulares de la Fiscalía Anti-Trata. Marcelo Colombo y Alejandra Mangano señalan que el Polo Textil “constituye un espacio de reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad”, y le recordó las palabras del ingeniero Enrique Martínez, ex presidente del INTI, que dijo el día de la inauguración del Polo “se trata de una planta textil preparada para la instalación de cooperativas de trabajadores costureros”.

Estos fiscales además lograron hace pocos días que se aprobara una nota en defensa del Polo Textil por el Consejo Federal de Trata y Explotación, que va dirigir la misma una carta al Comité de Trata que depende de Marcos Peña, titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los titulares de la Procuraduría sobre Trata y Explotación (PROTEX) señalaron que el INTI también es depositario judicial de las maquinas entregadas por el juzgado federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, en el expediente 3692/2013 quien expresó en un fallo que “no tiene sentido que las maquinarias secuestradas se mantengan ociosas hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva, mientras las víctimas se encuentran desocupadas y sin sustento”.

Por otra parte, Acción Católica Argentina (ACA), dirigió una nota, con la firma de su titular Rafael Corso, al presidente del INTI, donde explica que se reunieron con “trabajadores del Polo Textil y de la Fundación Alameda que nos han relatado que no queda personal técnico que administre la política pública como venía sucediendo desde hacía una década”, y hasta escucharon al “propio juez federal, Sergio Torres, que nos dejó un panorama que nos ha dejado muy preocupados sobre la falta considerable de políticas de Estado para revertir la plaga de la trata, el trabajo esclavo y la desocupación y por ello solicitamos todas las medidas posibles para no dejar el Polo Textil librado a la buena voluntad solo de los trabajadores de las cooperativas si no que el Estado se haga cargo de sus funciones en favor del bien de toda la comunidad y sobre todo los más vulnerables. Como el magisterio del Papa Francisco nos ha enseñado la trata de personas es un delito de lesa humanidad que daña en primera medida a la víctima, pero también a toda la sociedad”.





Ley de Trata: CFK bloquea a las Ong’s, el Congreso, la justicia y Gobernadores

18 03 2014

CRISTI-marita-veron

Hace 26 meses que la presidenta al no reglamentar la Ley de Trata impide a las ong’s, a la Corte Suprema, la Procuración Nacional, el Congreso Nacional y las provincias integrar el Consejo Federal que debe determinar la políticas públicas contra este flagelo que victimiza a 500 mil personas en la Argentina.  

Por ello que la Alameda presentó este lunes 17 un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, ya que la falta de reglamentación de la ley 26.842 (Ley de Trata) impide que las ong’s integren el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas contemplado en el artículo 7 de la referida ley y poder así participar en el diseño de las políticas públicas contra este flagelo que en la Argentina victimiza a medio millón de personas. Asimismo por no reglamentar la ley quedan fuera del Consejo Federal los representantes por Diputados y Senadores Nacionales, por la Corte Suprema, por el Ministerio Público Fiscal, por las provincias y CABA.

El amparo recayó en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, bajo el expediente Nº 5884/2014.

La ley prevé la autarquía del organismo para  garantizar en mejor medida la posibilidad de diseñar políticas de largo y profundo aliento.

Además el Consejo Federal debe designar un coordinador a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación. Pero como se afirma en la ley se debe esperar la reglamentación pertinente para poner en marcha este organismo. También depende de la reglamentación la participación de las organizaciones no gubernamentales (art. 8 de la referida ley)

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De ahí que el amparo solicite la inmediata suspensión de toda actividad de la ex diputada nacional Cecilia Merchán (ex Libres del Sur), a cargo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, por ser manifiestamente ilegal  en razón de contradecir las disposiciones  de la ley 26.842.

Fue el anterior Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, quien nombró el 2 de septiembre de 2013 como directora a Cecilia Merchán quien manifestó que avanzarán en la elaboración del PROGRAMA NACIONAL obviando que la ley 26.842 prevé que sea el CONSEJO FEDERAL quien dé los lineamientos para este PROGRAMA NACIONAL y no que el programa se elabore de manera inconsulta solamente por parte de cuatro  Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.

De esta manera que la presidenta está privando a las provincias de participar en la elaboración del Plan, así como al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las ONGs.

Al no ponerse en marcha el Consejo Federal es que Cecilia Merchán avala en forma discrecional, sin política consensuada, en pocas palabras “fuera de la ley” al Comité contra la Trata.

HISTORIA DE LA LEY

La reformar a la ley de Trata se logró por una fuerte movilización popular consecuencia de la indignación generada por la absolución dictada por un tribunal oral tucumano contra los autores de la desaparición forzada de Marita Verón, la que  había sido víctima de una poderosa red de trata de personas con fuertes vínculos con las fuerzas de seguridad y el poder político. La ley reformar a la ley del 2008 fue sancionada el 19 de diciembre del 2012 y promulgada el 26 de diciembre de 2012 mediante decreto 2571/2012.

Esta ley procura remediar las falencias de la ley 26.364  que la habían tornado inocua y con consecuencias inicuas. Para ello crea una serie de organismos que para ser puestos en funcionamiento demandan la consiguiente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

OMISIÓN DE CFK

Sin reglamentación miles y miles de casos de trata de personas pueden ser favorecidos o pasarse por alto o ser interpretados como meras infracciones administrativas a la legislación del trabajo o a las normas de moralidad e higiene municipales a raíz de una errónea política criminal. Desde esta óptica, desde comprender que cada tema, cada situación debe ser considerada de modo integral, sostenemos la necesidad del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas” y también un “Programa Nacional” en igual sentido que tiendan a subsanar aquello que los programas y ámbitos institucionales vigentes a tal efecto no han logrado, para ello debe estar vigente la ley aprobada y para ello es necesaria su reglamentación.

Esta omisión en la reglamentación es la que posibilita la continuidad de un statu quo propicio a la vulneración de los derechos de miles de víctimas y no permite la implementación de planes federales que podrían evitar o disminuir la comisión del delito de trata de personas o de formas tradicionales y naturalizadas de explotación (verbigracia, el trabajo infantil peligroso, la explotación del trabajo no remunerado de las familias de los trabajadores rurales, la prostitución reglamentada municipalmente en violación a las disposiciones del art. 15 de la ley 12.331 y del art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).