La vida de una costurera inmigrante

20 04 2017

Olga Cruz Ortiz, de nacionalidad boliviana, llegó a la Argentina hace 19 años y en esta ocasión cuenta su experiencia de vida siendo explotada en un taller clandestino y su presente como miembro de la cooperativa de Mundo Alameda.

 

La siguiente es la entrevista que el programa “Ser Urbano”, que se emite por C5N, le hizo a Cruz Ortíz, quien dio detalles de su periplo para arribar al país y de cómo cambió su vida al ser rescatada:

 

 

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Cómo descubrir si en tu cuadra funciona un taller clandestino

22 03 2016

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A continuación, algunas características que podrían significar que en tu cuadra funciona un taller clandestino:

http://floresdepapel.com.ar/como-descubrir-si-en-tu-cuadra-funciona-un-taller-clandestino/

Ruidos de máquinas de coser funcionando día y noche, salidas bloqueadas, puertas con candados, retazos de tela en la basura: se trata de una postal repetida en las calles de Flores.

La situación que caracteriza a estos talleres es la de una extrema vulnerabilidad de los trabajadores, jornadas de trabajo extensísimas, bajos salarios, hacinamiento, ausencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene y hasta la trata y tráfico de personas: con la promesa de “un buen trabajo, buena paga y buen lugar para vivir”, las organizaciones criminales trafican inmigrantes, mayormente de Bolivia, que luego son explotados para potenciar la producción ilegal. Y eso no es todo, según alarmantes datos de La Alameda, en Flores habría 2.200 niños viviendo en dichas condiciones en alrededor de 350 talleres.

Este tipo de negocio ilegal trae también problemas para el servicio eléctrico del barrio, ya que las máquinas textiles trabajan a veces las 24 horas con instalaciones sumamente precarias, lo que convierte a los talleres de costura en una de las causas de los tantos cortes de luz que sufren los vecinos.

Por todo lo que conlleva esta problemática, desde el año pasado que el periódico Flores de Papel, junto a La Alameda – la ONG del legislador de Bien Común Gustavo Vera-, recibe datos que ayuden a realizar nuevas denuncias.

A continuación, algunas características que podrían significar que en tu cuadra funciona un taller clandestino:

Casas sin numeración

Locales o casas que parecen abandonadas

Edificios tomados

Cierre constante de ventanas o puertas

Entradas cerradas con candados o bloqueadas

Salidas alternativas

Portones altos para camionetas tipo Sprinter o Trafic

Vehículos que transportan rollos de telas

Ruidos de máquinas funcionando

Retazos de tela en los contenedores de basura

Entrada y salida de gente a primera o última hora (también los domingos cuando cae el sol)

Personas que entran al mediodía a llevar bolsas con tuppers para entregar almuerzos a los trabajadores ilegales.





Los procesan por segunda vez por trata laboral en campos

18 02 2016

 

trata

http://www.fiscales.gob.ar/trata/mar-del-plata-los-procesan-por-segunda-vez-en-14-meses-por-trata-con-fines-de-explotacion-laboral-en-campos/

Se trata de dos hombres, dueños de establecimientos rurales dedicados a la producción frutihortícola. Una mujer y el encargado del predio situado sobre la ruta 88 también están procesados. La resolución judicial da cuenta de la precariedad habitacional del lugar donde vivían y trabajaban las víctimas, y los riesgos a los que los trabajadores estaban expuestos.

Son dos causas distintas, pero las semejanzas están a la vista: explotación laboral en campos; mismas modalidades de trabajo clandestino e ilegal con jornadas que superaban las 8 horas, sin cobertura médica ni seguridad social; precarias condiciones de vida, riesgos latentes por la manipulación de agroquímicos; voluntades corrompidas por la pobreza; mujeres que trabajan pero no son reconocidas como tales, niños y niñas que también viven allí en condiciones de hacinamiento; hombres y jóvenes, del norte argentino y Bolivia, lejos de sus ciudades y de tener algún día la posibilidad de un trabajo legítimo.

No sólo los hechos se repiten, también los acusados. Juan Martín Costantino, como cabeza de una organización que sacaba rédito económico de esa explotación, fue imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado en diciembre de 2014. La semana pasada el juez federal Santiago Inchausti volvió a procesarlo, junto a una hermana, su padre –también procesado en la causa anterior- y un hombre que cumplía el rol de encargado del campo situado en el kilómetro 9 de la ruta 88. Era otro campo, pero allí, entendió la justicia, se cometían los mismos delitos.

La causa, en la que interviene el fiscal federal Nicolás Czizik, se inició a partir de una denuncia de la Fundación Alameda, a la que fue agregada otra presentación sobre el mismo lugar, realizado por Stella Casasola, delegada regional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Tales presentaciones fueron realizadas al tomar conocimiento público el allanamiento realizado por el mismo Juzgado en el otro predio que poseían los imputados.

Las tareas de investigación estuvieron a cargo de personal de la delegación local de la Prefectura Naval Argentina y luego se dispuso la intervención telefónica de los números de las personas investigadas. Reunidas decenas de pruebas, se allanó la quinta denunciada –compuesta por dos predios rurales divididos por una calle de tierra, conocida como “La Loma” o “Aníbal”- y de las viviendas donde habitaban los tres principales sospechosos.

Juan Martín Costantino, Francisco Costantino y Mariela Soledad Costantino, fueron procesados como coautores y Rubén Sartor como partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre – 41 hechos en total (8 bajo la modalidad de acogimiento, 31 hechos bajo las modalidades de captación, traslado y acogimiento y 2 hechos bajo la modalidad de captación y recibimiento) -, que concurren en forma real entre sí.

A la mayoría de ellos –conocidos como “medieros”-, se les abonaba el 25% de su producción, aunque desconocían el precio de la mercadería, dado que lo fijaban discrecionalmente los dueños del lugar. A ello, se suma otro elemento fundamental: “Luego de liquidado el porcentaje el explotador retiene el dinero que les corresponde a los trabajadores, porque aduce que pueden perderlo, que pueden robárselo sus propios compañeros, o en algunos casos alegan que lo utilizan para reinvertir en el negocio”, según consta en el escrito de procesamiento.

Otra modalidad de trabajo por producción era la de un embalador, quien recibía cuatro pesos por cada cajón embalado. También, estaba el caso del trabajo por temporada: un hombre, quien vivía en el predio allanado junto a su mujer y su hija de dos años, había llegado hacía cuatro meses y mantenía su familia en virtud de ‘adelantos’ dado que no le habían pagado aún los meses completos trabajados.

A su vez, se detectaron casos de personas que habrían sido captadas y/o acogidas con idénticos fines y trabajaban a cambio de una retribución fija mensual, la que en la mayoría de los casos se encontraba “muy por debajo” de los parámetros de la legislación laboral vigente. Las mismas condiciones atravesaban otras dos personas cuyo trabajo se diferenciaba del resto porque se dedicaban a la albañilería.

Más allá de estas diferencias, las condiciones laborales y de pago, y las circunstancias habitacionales eran similares en todos los casos.

Precarierad Habitacional

El escrito firmado por Inchausti deja detalladas las condiciones edilicias “muy precarias” de las viviendas del predio. “Muchos han referido no contar con baños dentro de su hogar, encontrándose el mismo afuera, alejado y debiendo compartirlo con varias personas, siendo que la mayoría refirió no contar con agua caliente. Las dimensiones de estas viviendas eran pequeñas, siendo que en muchos casos los niños dormían en el mismo ambiente que sus padres”, precisa.

Al no contar los baños con agua caliente, los integrantes de las familias debían calentarla para poder asearse: como las casas no cuentan con gas, usaban garrafas que ellos mismos debían comprar.

De las inspecciones realizadas, consta también que no se observa en el lugar cloacas ni agua corriente potable; que en el sector de viviendas se encuentra una suerte de basural con residuos incinerados; y se observa la inmediatez entre las casas y los invernaderos en los que se desarrollan las labores, donde se opera con sustancias tóxicas tales como insecticidas, fertilizantes y otros agroquímicos.

Estas situaciones de precariedad habitacional fueron constatadas por el juez en la inspección judicial llevada adelante en diciembre pasado, en la que estuvieron presentes además del Fiscal interviniente, representantes de ATAJO en esta jurisdicción, para brindar contención a las víctimas.

Peligro, agroquímicos

La denuncia que dio inicio a esta causa, señalaba que a los trabajadores “la aplicación de agrotóxicos les ocasionan fuertes mareos, náuseas, cerrazón de los pulmones, tos, irritación de la visión, quemaduras en las manos y picazón en el cuerpo”. Incluso, daba cuenta de que en repetidas oportunidades los trabajadores se vieron obligados a salir del lugar donde realizan la aplicación y que había aves y sapos muertos dentro de las carpas por el efecto tóxico.

Frente a esta situación, la Justicia constató que los empleados carecen de elementos de seguridad y protección personal acordes para la tarea que realizan, tales como guantes, máscaras, botas de goma, aún cuando la disposición legal obliga a los empleadores a suministrar estos elementos.

Roles de los imputados

El procesamiento señala como principales responsables de las maniobras desplegadas al grupo familiar compuesto por Juan Martin, Mariela Soledad y Francisco Costantino, en carácter de dueños y responsables del negocio. Los hermanos son miembros de la sociedad Huertas del Sudeste S.A., encargada de la comercialización del producido de la quinta investigada, y los dos hombres son particularmente marcados por los testigos como ‘patrones’ del lugar.

Por su parte, Rubén Sartor era el encargado de los predios allanados, al igual que otro acusado sobre quien se dictó la falta de mérito. Según consta en el escrito judicial, el imputado impartía órdenes vinculadas a la actividad agrícola del lugar, era quien pactaba el porcentaje a ser abonado como suma salarial a los trabajadores y además actuaba como intermediario entre los empleados y los dueños.

Incluso, se ha conocido que Sartor se encargaba por intermedio de terceros de conseguir personas para que fueran a trabajar en los predios rurales allanados, en las precarias condiciones del lugar.

Sobre voluntades y libertad

El juez Inchausti reparó –en torno a las declaraciones prestadas por los trabajadores- que “si bien algunas de las presuntas víctimas manifestaron hallarse a gusto trabajando y residiendo en el predio, no obstante las condiciones en que se encontraban, lo cierto es que sus expresiones y el consentimiento que directa o indirectamente hubieran prestado para su acogimiento en el lugar, deben ser analizados partiendo del contexto social al que pertenecen, su situación económica, cultural, administrativa, su pertenencia a la población trabajadora de origen extranjero y/o migrante, lo que los ubica entre los colectivos más vulnerables al empleo irregular y a la explotación laboral”.

“Bajo ese tamiz –añadió-, desde que tal suerte de ‘voluntad’ no implica la ausencia de indicadores de trata y reducción a la servidumbre, sino la presencia de otros elementos, como las carencias sufridas en sus lugares de origen y una situación de vulnerabilidad y desamparo extremas que, en un país y una sociedad completamente ajenas, viene a robustecer, en la víctima, la percepción de ausencia de mejores opciones de vida y su no reconocimiento de tal condición”.

En otro pasaje, el magistrado reparó en que “la imposibilidad de disponer del dinero (de sus salarios que era retenido por los dueños del establecimiento rural) les impedía a los trabajadores trasladarse libremente y el caso en que decidieran irse de allí a su lugar de origen, sus posibilidades se veían aún más reducidas, pues los montos que implican esos traslados serían para ellos imposibles de afrontar”.

Decomiso y embargo

El juez actuante, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Código Penal, dispuso el decomiso preventivo del predio donde eran explotadas las víctimas.  A su vez, mandó trabar embargo sobre bienes y dinero de los imputados por tres millones y medio de pesos; y una caución personal por un millón de pesos.





Entrevista en Metro: “Hay mucha tela para cortar con las coimas municipales”

30 01 2012


En el canal Metro, programa “Informe Reservado”, fue entrevistado el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera. La grabación de la entrevista podes verla en: http://www.informereservado.tv

Invitado al programa INFORME RESERVADO TV, Gustavo Vera, titular de LA ALAMEDA, se refirió a la trata de personas, entre otros temas, y aseguró que “Los mecanismos de corrupción y connivencia con sectores del Estado son más o menos comunes”. “Tenemos una Fundación, eso es más reciente, del 2007, pero es a los efectos de poder constituirse querellante en las causas de trata, para no comprometer a la víctima”. “Es el brazo jurídico de la asamblea, donde discutimos como hacer un flan hasta la próxima denuncia que vamos a realizar la semana que viene”, enfatizó. “Tuvimos 18 atentados en total, desde febrero de 2002 con armas de fuego, justo cuando se daba un levantamiento en Bolivia. Nos tirotearon la sede. Nos han robado banderas, y el último nos rompieron la sede en forma importante, cuando denunciamos la red de 25 prostíbulos que traficaban cocaína y explotaban menores en el 2008. El último atentado fue en el 2009, estábamos colaborando con una inspección de la subsecretaria de trabajo. En aquel momento el comisario de la 40 era Sergio Maldonado, el hombre clave de contacto entre la Federal y (Raúl) Martins concretamente en esta causa. Un asiduo visitante al apart hotel Anchorena que iba con un amante, el que organizaba el circuito de coimas y el subcomisario López que se le abrió una causa por extorsión a frigoríficos, esta era la gente que estaba frente a la comisaría cuando se produce el ataque a nuestros compañeros”, enfatizó. En relación al caso Martins, señaló que “Ríos es uno de los hombres que se encarga de las coimas en los sectores más oscuros del crimen organizado. Hay mucha tela para cortar con lo que tiene que ver coimas municipales, hay muchos más nombres, ni hablar de la agenda de Martins”. Ver: http://www.informereservado.tv
“La Alameda arranca como una asamblea popular, en el 2002. Empezamos a juntarnos con un grupo de vecinos en Parque Avellaneda, nos ligamos mucho a los sectores más vulnerables de la sociedad, con una olla popular, asistíamos a la gente en situación de calle. Se nos acercaron muchos compañeros de la colectividad boliviana, nosotros no sabíamos que en el barrio había tantos, y de a poco fuimos interiorizándonos de los lugares donde trabajaban, como habían llegado. Nos llamo la atención que el fin de semana en el parque había muchísimos bolivianos, mientras que en la semana estaba vacío. Estaban en casa cerradas que ocultaban estos talleres clandestinos”, explicó Vera.
Según dijo, “fabricábamos pan para el comedor, luego para fabricas recuperadas, de ahí se armo el primer emprendimiento. Al comedor venían costureros, juntamos entonces maquinas de coser, y armamos un taller para reparar ropa”. “Ahí se empezó a gestionar las primeras maquinas para armar un emprendimiento textil. Luego, cuando se empezó a romper los muros de confianza, y confraternizamos de forma más profunda, nos enteramos de cómo habrían sido traídos los bolivianos, de que había mecanismos de trata de personas aceitado, complicidad y connivencia de autoridades bolivianas y argentinas en la frontera. Lo que no sabíamos es que había marcas tan grandes involucradas en este asunto, a tan pocas cuadras de LA ALAMEDA. La primer denuncia es a 3 cuadras, dos talleres que trabajaban para Mountagne y Rusty, entre otros”, aseguró.
“Se arma un circulo virtuoso para perseguir a los esclavistas. Se genera una política pública, nosotros nos interiorizamos más con el tema de trata y trafico. Es inevitable que si vos investigas una línea de trata no te topes con las otras, entonces nos familiarizamos con ese tema. Los mecanismos de corrupción y connivencia con sectores del Estado son más o menos comunes, ahora LA ALAMEDA tiene mas sedes, en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata. Tenemos cuatro brazos, un centro comunitario, el que históricamente generó las inferiores del lugar, la cooperativa de trabajo, que tiene dos marcas. Nuestra cooperativa no trabaja para el Estado, durante los primeros años la pasamos mal, pero finalmente logramos abrirnos en el mercado. A los compañeros les permitió trabajar dignamente y formar también otras cooperativas”, afirmó.
Para Gustavo Vera, “tenemos por otro lado una Fundación, eso es más reciente, del 2007, pero es a los efectos de poder constituirse querellante en las causas de trata, para no comprometer a la víctima”. “Es el brazo jurídico de la asamblea, donde discutimos como hacer un flan hasta la próxima denuncia que vamos a realizar la semana que viene”, enfatizó. “Tuvimos 18 atentados en total, desde febrero de 2002 con armas de fuego, justo cuando se daba un levantamiento en Bolivia. Nos tirotearon la sede. Nos han robado banderas, y el último nos rompieron la sede en forma importante, cuando denunciamos la red de 25 prostíbulos que traficaban cocaína y explotaban menores en el 2008. El último atentado fue en el 2009, estábamos colaborando con una inspección de la subsecretaria de trabajo. En aquel momento el comisario de la 40 era Sergio Maldonado, el hombre clave de contacto entre la federal y (Raúl) Martins concretamente en esta causa. Un asiduo visitante al apart hotel Anchorena que iba con un amante, el que organizaba el circuito de coimas y el subcomisario López se le abrió una causa por extorsión a frigoríficos, esta era la gente que estaba frente a la comisaría cuando se produce el ataque a nuestros compañeros”, enfatizó.
Según explico, “Ese último ataque tuvo mucha repercusión internacional, hubo marchas en 5 países. Hubo muchas marcas involucradas”. “Ya La Alameda logró tan nivel de presencia, y de credibilidad a nivel nacional e internacional, que ya se hace todo muerto muy caro.
Respecto al caso de Raúl Luis Martins, dijo: “Lorena era un contacto de la Fundación hace tiempo. El caso Martins lo conocemos desde los 90`, en una causa que tenía que ver con los prostíbulos vip, en aquel momento había trafico de brasileras, dominicanas. Esto llegó a juicio oral, se anularon determinados procedimientos y la causa volvió para atrás, trampas habituales cuando no se quiere ir a fondo con estas cuestiones. A Martins se lo conoce por la denuncia que tiene en México, hay una denuncia de expulsión por su actividad vinculada al a trata, él ingresa en la SIDE en 1973, por contacto de su esposa. Empezó a trabajar y se liga a la triple A, tiene una amante ahí que se llama “La Negra” con la cual establece un vínculo y arma los primeros privados con fines de prostitucion en el año 78, 79. Su esposa tiene un capital importante, tiene herencias y propiedades, aparentemente Martins se fuma una parte de la herencia y empieza la disputa matrimonial”.
“Básicamente la estructura de impunidad con la que Martins armo la red, tiene tres patas, una es la SIDE, porque siempre mantuvo contacto, hay gente que le avisa cuando tiene teléfonos intervenidos o allanamientos, siempre tuvo contacto con la Federal, y también tiene una pata en el gobierno municipal. Acá los contactos en los últimos tiempos más estrechos son con Raúl Ríos (ex titular de la Agencia Gubernamental de Control), que viene de Boca, de la lista (Gabriel) Conde-Macri. Hay pruebas de la misteriosa visita de Macri a un prostíbulo de Cancún, denunciado por la policía mexicana. Es una cosa tremenda. Ríos es uno de los hombres que se encarga de las coimas en los sectores más oscuros del crimen organizado. Hay mucha tela para cortar con lo que tiene que ver coimas municipales, hay muchos más nombres, ni hablar de la agenda de Martins”, concluyó Gustavo Vera.

Ver: http://www.informereservado.tv