El juez Lijo defendió el Polo Textil

4 06 2019

Juez Ariel Lijo

En el Senado Nacional, el juez federal Ariel Lijo señaló su preocupación por el vaciamiento de la única política pública con salida laboral en favor de las víctimas de trata y defendió el decomiso de bienes a la mafia con reutilización social.

La trata como delito de lesa humanidad es una propuesta del Papa Francisco que se convirtió en su magisterio, en el año 2016, a partir de un coloquio de jueces y fiscales, en la Academia Pontificia de Ciencias y Ciencias Sociales. Desde entonces que alguno de los que participaron de ese coloquio en el Vaticano tomaron la propuesta del Papa jesuita y argentino para hacer realidad que la trata sea considerada por la ley delito de lesa humanidad.

A partir de una jornada encabezada por el senador nacional por la provincia de La Pampa, Daniel Lovera , es que en el momento de su discurso, el juez federal porteño, Ariel Lijo, protestó por el vaciamiento del Polo Textil “que está haciendo el INTI justamente es la salida laboral a las víctimas de trata” y explicó además la experiencia del decomiso de maquinaria entregadas al pueblo Q’om en la provincia del Chaco “fue con Julio Piumato (secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación que estaba sentado en primera fila) y la Alameda que se pudo trasladar la maquinaria que antes era usada para someter y esclavizar y luego sirvió para dar dignidad a un pueblo muy marginalizado”.

En este encuentro en el Senado Nacional se encontraba el director de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Pedro Américo Furtado de Oliveira; el fiscal Anti-Trata, Marcelo Colombo; el juez de Cámara de Tribunal Oral Nº 1, Ricardo Basilico; el diputado nacional, Daniel Arroyo, como otros senadores nacionales, miembros de la iglesia católica y ong’s antitrata.   

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El INTI vacia el Polo Textil para víctimas de trata

21 05 2019

Costureros en la puerta del Polo Textil

Jueces, fiscales y hasta Acción Católica enviaron nota al titular del INTI, Javier Ibáñez, para que no avance en el vaciamiento de la única política pública de reinserción laboral para víctimas de trata y explotación. Los organismos internacionales del Trabajo, OIT, y migrantes, OIM, fueron notificados del retroceso provocado por el gobierno de Cambiemos. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), la OIM Cono Sur y Argentina (Organización Internacional para los Migrantes), jueces federales, fiscales federal, el Consejo Federal de Trata y hasta Acción Católica están preocupados por el vaciamiento del Polo Textil, en el barrio porteño de Barracas, por ser la primer y única política pública para víctimas de trata y explotación que salieron de talleres clandestinos o prostíbulos.

Nota recibida en OIT

Este retroceso lo encabeza Javier Ibáñez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien retiró a todo su personal técnico del Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), como se conoce formalmente al Polo, que tiene un tamaño de mil metros cuadrados, con 40 costureros y 180 maquinas. 

“Esto significa que los costureros ya no contamos con los técnicos en diseño, arreglo de maquinas, en lo administrativo, para la proyección económica, como  comercial todas aéreas claves para el funcionamiento del Polo frente a una industria que el 80 por ciento produce en talleres clandestinos, con trabajo esclavo, sin respecto de las leyes laborales o el pago de impuestos, con empresas que ganan licitaciones del Estado sin tener empleados o acreditado solo uno, encima todo esto en el marco de la brutal caída del consumo y la inflación que no para”, reflexionó Ezequiel Conde, miembro de la Alameda y una de las textiles en el Polo.

Nota en OIM

Asimismo el INTI retiró de su organigrama al CDI y esto fue justiciado por el propio titular del INTI en una reunión con los costureros. “Ibáñez nos chamuyó con el empredurismo y el sí se puede, pero ellos en los hechos ya dejaron la política pública abandonada, se retira el Estado, entonces tenemos una libertad en realidad falsa, porque nos bloquearon los teléfonos de las oficinas, no nos permiten ir a otros sectores del Polo, y lo único que dejan es un personal de seguridad privada para abrir y cerrar la puerta”, agregó Conde, quien no se olvida que este es el segundo recorte del INTI, el primero sucedió hace dos años atrás con el despido de 256 trabajadores, entre ellos del Polo Textil el delegado gremial y técnico, Néstor Escudero.

Asimismo, la Corporación del Sur, a cargo de Karina Spalla, también se le dirigió una nota por el vaciamiento del Polo Textil, porque de este organismo depende el predio y figuran como creadores de esta política pública, que en su momento fue inédito además por poder unir organismos del Estado nacional, porteño, justicia y trabajadores.

Juez Torres, ascendido a la Corte Bonaerense

Por otro lado, quien puso el grito en el cielo, fue el juez federal porteño que en el año 2008 decomiso la maquinaria de una fábrica esclavista y la entregó en comodato para la ayuda a los costureros.

“El Polo Textil es sanador y da dignidad”, así definió Sergio Torres, que hace días atrás fue ascendido a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Torres se refirió al Polo Textil de Barracas, en un encuentro del Equipo No a la Trata en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Asimismo el magistrado, ascendido al máximo tribunal bonaerense, le dirigió una nota al titular del INTI, señalando su “preocupación porque mucha de las maquinas en el Centro son producto del secuestro en el marco de la causa 7.786/08, en el juzgado Nº 12” y de la que “considera de suma importancia que siga el centro bajo un régimen laboral acorde a la ley”.

Fiscales de PROTEX Colombo y Mangano

A la oficina de Ibáñez en el INTI también llegó una nota de preocupación firmada por los titulares de la Fiscalía Anti-Trata. Marcelo Colombo y Alejandra Mangano señalan que el Polo Textil “constituye un espacio de reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad”, y le recordó las palabras del ingeniero Enrique Martínez, ex presidente del INTI, que dijo el día de la inauguración del Polo “se trata de una planta textil preparada para la instalación de cooperativas de trabajadores costureros”.

Estos fiscales además lograron hace pocos días que se aprobara una nota en defensa del Polo Textil por el Consejo Federal de Trata y Explotación, que va dirigir la misma una carta al Comité de Trata que depende de Marcos Peña, titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los titulares de la Procuraduría sobre Trata y Explotación (PROTEX) señalaron que el INTI también es depositario judicial de las maquinas entregadas por el juzgado federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, en el expediente 3692/2013 quien expresó en un fallo que “no tiene sentido que las maquinarias secuestradas se mantengan ociosas hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva, mientras las víctimas se encuentran desocupadas y sin sustento”.

Por otra parte, Acción Católica Argentina (ACA), dirigió una nota, con la firma de su titular Rafael Corso, al presidente del INTI, donde explica que se reunieron con “trabajadores del Polo Textil y de la Fundación Alameda que nos han relatado que no queda personal técnico que administre la política pública como venía sucediendo desde hacía una década”, y hasta escucharon al “propio juez federal, Sergio Torres, que nos dejó un panorama que nos ha dejado muy preocupados sobre la falta considerable de políticas de Estado para revertir la plaga de la trata, el trabajo esclavo y la desocupación y por ello solicitamos todas las medidas posibles para no dejar el Polo Textil librado a la buena voluntad solo de los trabajadores de las cooperativas si no que el Estado se haga cargo de sus funciones en favor del bien de toda la comunidad y sobre todo los más vulnerables. Como el magisterio del Papa Francisco nos ha enseñado la trata de personas es un delito de lesa humanidad que daña en primera medida a la víctima, pero también a toda la sociedad”.





“Es una paparruchada el procesamiento de Bonadio”

12 07 2017

Legislador Vera juez Bonadio

El legislador porteño y candidato a renovar su banca, Gustavo Vera, aseguró que el procesamiento que dictaminó en su contra el Juez Bonadio fue anunciado por el propio magistrado un día antes en la embajada de los Estados Unidos.

La acusación contra Vera es “por dos máquinas que se devolvieron y que según los talleristas no se corresponden con el número de cabezal y número de serie, algo que le correspondía al juez federal Ariel Lijo, que fue quien entregó las máquinas en comodato”.

“Eso no nos correspondía solo a mí y a Julio Piumato por ser representantes de La Alameda y de la secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que eran los depositarios judiciales”, explicó el diputado de la Ciudad.

Juez Bonadio y el periodista de Clarín Blanck en la Embajada de Estados Unidos

Vera reveló que se enteró de que iba a ser procesado antes del fallo de Bonadio, porque se lo contaron periodistas que participaron de los festejos en la embajada de los Estados Unidos, el jueves 6 de julio -un día antes- por el Día de la Independencia de ese país, ocurrida el 4 de julio. 

“Me entero por periodistas que el señor Bonadio decía a viva voz en el ágape de la embajada de Estados Unidos que me iba a procesar. También se lo dijo por whats app a otros periodistas, mientras a nuestros abogados no se les brindaba información ni se les dejaba leer el expediente. El mismo día que me procesó, nos negó tomar vista del expediente y tener una información judicial correcta. Todo esto forma parte de una operación”, indicó.

El candidato a renovar su banca como legislador por la lista Honestidad y Coraje en el frente Unidad Porteña, sostuvo que “esto es algo totalmente traído de los pelos, porque hace un año que el juez Bonadio podría haber tomado la indagatoria, pero lo hace justo después de que se fijaron las listas y sospechosamente tira un procesamiento en medio de la campaña electoral”.

Afirmó que “el fiscal Carlos Rivolo está totalmente en contra” del procesamiento que dispuso el magistrado y añadió que “parece ridícula la argumentación que plantea”.

Además, explicó: “Según el juez Marcelo Martínez Giorgi, que fue el primero que tomó la causa, ya estaba todo debidamente devuelto. Después, Bonadio reabre nuevamente este tema a partir de que los talleristas plantean que dos máquinas de las que se devolvieron no se corresponden con el número de cabezal ni el número de serie”.

“Esas maquinas iban a se reutilizadas para los Hogares de Cristo del Padre  Pepe Di Paola en Villa La Cárcova de San Martín y del padre Charly en la Villa 21-24. Doné parte de mi sueldo e incorporé acta ante escribano sobre la donación para que se reacondicionaran los lugares, sobre todo el de San Martín, a fin de que pudieran estar en condiciones para poder llevar esas máquinas”.

Vera detalló que “después la Cámara de Apelaciones revocó el fallo y ordenó devolver la máquinas, nosotros las devolvimos y los talleristas, que ni siquiera pueden acreditar que son propietarios de las máquinas y dicho sea de paso están imputados por trabajo esclavo en una causa que todavía está abierta y en trámite en el Juzgado Federal de Martínez Giorgi, argumentan que hubo un cambio de cabezal y de motor. Efectivamente restauramos varias máquinas porque estaban rotas”, completó. 

Asimismo, reveló: “El juez federal  Sergio Torres se ofreció como testigo para argumentar cómo nosotros hemos trabajado el tema de incautación de bienes para su reutilización. Jamás hubo algún tipo de desprolijidad”.

“Llevo donado mas de un millón de pesos de mi salario y lo puedo justificar porque fue ante escribano publico. He rechazado una probation de Ricardo Jaime de 1.200.000 pesos porque no acepto dinero de corruptos. No tengo propiedades, no tengo tengo autos. Lo único que tengo es una moto valuada en 5.000 pesos y quedarme con un motor y un cabezal cuyo valor es de 10.000 pesos es algo totalmente ridículo hasta desde el sentido común”, remarcó.

Vera planteó que “si hay dos depositarios judiciales, por qué Bonadio solo procesa a uno de ellos” cuando ambos tienen la misma responsabilidad.

“Vamos a apelar esta paparruchada e incluso se han propuesto varios testigos. Vamos a difundir de cuando me citó a indagatoria y expliqué toda la historia de incautación de bienes para reutilización social, cuando se armó el centro demostrativo de indumentaria, que hoy es política pública, el taller textil de los Qom en el Chaco. En ningún caso hubo problemas. Es más, todo el mundo elogió la política que llevábamos adelante”, recordó.

Vera aseguró que habló con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, “para que en el tema de la incautación de bienes hubiera una acordada y quedara claro el tema judicialmente” y también dialogó con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, con quien realizó un encuentro “junto al juez federal Sergio Torres para tratar la necesidad de incautación de los bienes”.

“Eso debía hacerlo el Estado, como lo hacía en un principio a través del INTI, que estaba a cargo de Enrique Martínez, pero lo dejó de hacer. Los bienes que se incautan se pudren en depósitos judiciales porque las resoluciones tardan muchos años y no se les puede dar una reutilización social”, señaló.

Además, el titular de La Alameda recordó un caso testigo cuando “el juez Norberto Oyarbide incautó unas 300 máquinas que cuando llegó a juicio oral el tribunal oral resolvió darlas al INTI, pero cuando fueron a retirarlas estaban destruidas porque quedaron a la intemperie y con el paso delos años se deterioraron”.

Por último, Vera consideró que “este fallo busca cerrar un debate, un proceso, respecto a la necesidad de incautar los bienes de la mafia para una reutilización social, que no tiene que hacer ninguna ONG , sino el Estado”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Respuesta a las calumnias

4 10 2016

alameda

Es increíble que tengamos que salir a responder calumnias de un abogado de esclavistas investigados por trabajo esclavo y trata laboral que nos acusa de habernos apropiado de dos máquinas textiles (valuadas en tres mil pesos cada máquina).  

Fue el Juez Federal Ariel Lijo quien resolvió que se incauten y reutilicen las maquinarias de dos esclavistas. La Secretaria de Derechos Humanos de la CGT y la Alameda fueron depositarios judiciales de las máquinas para ser cedidas al Hogar de Cristo del Padre Pepe Di Paola. Adicionalmente el titular de la Alameda de su salario como legislador porteño le donó diez mil pesos al padre Pepe para que terminen de acondicionar la escuela de oficios en San Martín.

Pocas semanas después la Cámara Federal, la Sala II a cargo de Martín Irurzun, y Horacio Cattani, sentenció que la investigación por trata y explotación laboral debía proseguir aunque revocó el procesamiento de los esclavistas y ordenó la devolución de las maquinarias.

Efectivamente la devolución de la maquinaria se realizó (ver adjunto la constancia), en dos partes por razones organizativas, logísticas y se completó hace dos semanas. Esto quedó registrado en el juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi que prosigue la investigación por trata y explotación.

Mientras que el abogado de los esclavistas denunció malversación de fondos públicos por dos máquinas ante el Juez Federal, Claudio Bonadio, pero como ya estaba todo devuelto  ahora dice que no son las que corresponden.

En realidad toda la denuncia era un maniobra tendiente a realizar una operación de prensa con el claro objetivo de calumniar a nuestra organización, el referente y al Papa Francisco como lo hacen en los títulos en la que se resalta con fotos.

Cabe recordar que la Alameda jamás se quedó con ninguna máquina incautada y ante actas judiciales constan la reutilización en incautaciones a organizaciones como la Comunidad Q’om de la provincia de Formosa y del Chaco.

El mismo juez Martínez Di Giorgi que recibió la maquinaria por parte de la Alameda hace dos semanas en otras causas nos entregó maquinaria para que seamos depositarios judicial ante la negativa de los organismos oficiales de administralas.

No es menor recordar que la Alameda rechazó una donación que pretendía hacer por vía judicial el condenado ex secretario de transporte nacional, Ricardo Jaime, por $1.200.000 de pesos por proceder de la corrupción.

Por último, es público y accesible a todos los medios que lo requieran las actas ante escribano público de la donación/devolución de gran parte del salario del legislador Gustavo Vera que ya asciende a la cifra de $850.000.

Resulta ridículo la acusación que Gustavo Vera se quiere quedar con maquinaria cuando el legislador porteño de Bien Común podría haber comprado 283 máquinas al precio de las dos que supuesta y falsamente dicen algunos periodistas que se apropió.

No se nos escapa que hay algunos periodistas muy enojados con el Papa Francisco y que hace tiempo vienen desinformando y demonizando su figura y a todos los que estamos cercanos a él. El propio Francisco hoy se solidarizó con Gustavo Vera y además lo felicitó por la ley recientemente sancionada de cierre de todos los prostíbulos encubiertos en la Ciudad de Buenos Aires.

En su carta Francisco dice ” No me extrañan las reacciones de la gente que no quiere paz y justicia frente al anuncio de que no podré viajar el año que viene. Sentí que debía  explicar las razones… y el pueblo de Dios comprendió perfectamente. Lamento que algunos hayan ensuciado a personas cercanas, entre ellos vos. Felicitaciones por el cierre de “cabarets” (prostíbulos encubiertos). Es impresionante la insensibilidad de algunos frente a la trata de personas”

Agradecemos la buena predisposición del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nacional, Germán Garavano, que a partir de ahora dispondrá que sea su ministerio que se constituya en depositario judicial de todo bien incautado para su reutilización social, ya que antes ningún organismo del Estado asumía la responsabilidad de ser depositario judicial. De esta manera las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al bien común no tendremos que lidiar con trámites que siempre tendría que haber hecho el mismo Estado.





Aníbal Fernández y un mexicano mafioso

17 02 2016

perfil x ahumada

13/02/2016 Perfil.com – Nota
Ahumada Kurtz, el mexicano que ahora podría ser investigado 

Emilia Delfino

El caso del triple crimen y el tráfico de efedrina durante la era K, tuvo varios episodios llamativos en la última semana y el empresario argentino-mexicano, Carlos Ahumada Kurtz, sindicado por Martín Lanatta como la persona que le pagó U$D 5.200.000 al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández para permitirle el ingreso irrestricto de efedrina, fue protagonista directo e indirecto de dos de esos hechos. 

El empresario fue denunciado por La Alameda el viernes pasado en los tribunales federales luego de que la ONG confirmara sus vínculos comerciales con Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar procesado por el ingreso de 50 toneladas de efedrina entre 2006 y 2008. Quien también lo tiene en la mira es la jueza federal María Servini de Cubría, confirmaron fuentes judiciales. 

La Alameda pidió investigar los nexos entre Ahuamada, Fernández y Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar que está procesado por el ingreso de 50 toneladas de efedrina que fueron desviadas ilegalmente. “Tanto Ahumada Kurts como Carlos Granero a través del gerenciamiento y adquisición de clubes y jugadores de fútbol y la realización de obras energéticas y construcciones posiblemente se encontrarían blanqueando dinero proveniente del narcotráfico, originado en Argentina y México”, dijo el denunciante Gustavo Vera, legislador porteño. 

El lunes, su sobrino murió en el Nahuel Huapi en un confuso episodio. Su muerte fue caratulada como “dudosa”. Gastón Ariel Ahumada Kurtz, de 39 años y experto en buceo, murió ahogado. El titular del centro de buceo de Bariloche dijo que “no bajó ni un metro de profundidad”, según informó Perfil.com. 

En la denuncia, se establece que Ahumada es socio de una empresa de vuelos privados, Aeroservicios de CV S.A., gemela de otra empresa del mismo empresario radicada en México. Pero sus fuertes son el fútbol, los desarrollos inmobiliarios y el desarrollo energético. En el fútbol se origina su nexo con Granero, “representante de jugadores de fútbol, habilitado por la FIFA, representando alrededor de 85 jugadores profesionales”, según la denuncia. 

Ahumada, que debió escaparse de México tras un escándalo de corrupción y extorsión, gerenció en los últimos años el Club Atlético Talleres de Córdoba, el Club Atlético Juventud Unida Universitario y el Club Sportivo Estudiantes, los últimos en San Luis. En 2008, año del escándalo de la efedrina y el triple crimen, Carlos Granero vendió a Ahumada el 70 % de sus acciones en la empresa Ateliers S.A., dedicada a la representación de jugadores. 

clarin x A.F y Ahumada

06/02/2016 Clarín – Nota – El País – Pag. 20

La causa Efedrina
Piden investigar vínculos de Aníbal F. y un mexicano 

Nicolás Pizzi npizzi@clarin.com 

Antes de fugarse de la cárcel, Martín Lanatta declaró ante la jueza María Servini de Cubría que el mexicano Carlos Ahumada Kurtz (tiene doble nacionalidad) le pagó 5,2 millones de dólares a Aníbal Fernández por el negocio de la efedrina. Luego este diario reveló, en base al testimonio del propio Ahumada, que se conocían y se habían reunido en el Ministerio de Justicia. Nadie indagó en esa relación, al menos hasta hora. Ayer, el legislador porteño Gustavo Vera presentó una denuncia para que se investigue a Ahumada Kurtz, y sus posibles vínculos con el ex jefe de Gabinete. La denuncia, que le tocó por sorteo al juez Ariel Lijo, también pide indagar sobre los negocios del mexicano con el hermano de José Granero, Carlos, empresario del fútbol, y con su abogado, Eugenio Zaffaroni, quien nunca explicó en público su relación con Ahumada.

El ex juez de la Corte fue un nexo con el kirchnerismo. De hecho, según pudo saber Clarín, fue anfitrión de un encuentro en su domicilio con el entonces ministro de Planificación, Julio de De Vido.
En México, Ahumada es un personaje mediático luego de protagonizar un escándalo político que lo llevó a la cárcel: en 2004, se grabó una cámara oculta entregándoles coimas a políticos cercanos a Andrés López Obrador, por entonces candidato presidencial. Tres años después, regresó a la Argentina. Su primer negocio fue en Talleres de Córdoba, de la mano del ex jugador Martín Vilallonga, a quien conoció en México, y del empresario Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar. La relación comercial termino muy mal, con juicios cruzados. Ahora Vera quiere que se indague un poco más. “Sería prudente que podamos conocer si los empresarios Ahumada Kurtz y Granero ingresaron al mercado financiero, especialmente en las múltiples inversiones realizadas en empresas constructoras, de energía, clubes y pases de jugadores de fútbol, casas de juego y casinos, dinero originado en hechos delictivos”, dice la denuncia.

Para eso, Vera pidió a la Justicia que solicite información a diversos organismos como la Inspección General de Justicia, la AFIP, el Banco Central, la UIF y a los bancos donde operaron los empresarios.

También quiere que se indague sobre las salidas al exterior de Ahumada, que solía moverse en un avión privado.

El legislador también requirió investigar si Fernández “ha tenido vínculo con alguno de estos empresarios y si él o su entorno se han enriquecido de manera ilegítima, con dinero proveniente de hechos ilícitos y permitiendo que los empresarios laven el dinero mal habido”. En noviembre pasado, el ex jefe de Gabinete debutó en Comodoro Py por el Plan Qunita. Fue el comienzo de un año agitado. 





Indagatoria por esclavistas a los dueños de las marcas Narrow y M 51

12 12 2013

narrow 2

La denuncia de la Alameda y la secretaria de DDHH de la CGT ante la AFIP derivó en una causa penal que descubrió talleres esclavos de importantes marcas de ropa como Narrow y M 51 que ahora deberán prestar declaración indagatoria.

Estos talleres en el barrio de Parque Chacabuco donde se sometía a la esclavitud a inmigrantes traficados fueron allanados, las maquinarias incautadas y cedida a la comunidad Q’om para su primer emprendimiento textil en Formosa. Mientras que se procesó y embargo a los capataces de los talleres. Pero el juez federal, Ariel Lijo, siguió avanzó sobre la cabeza de la organización criminal que sometía a inmigrantes esclavizados para producir Narrow, M 51. 

La celda del taller donde confeccionaban Narrow

La celda del taller donde confeccionaban Narrow

Como denunciantes el legislador y titular de la Alameda, Gustavo Vera, y el secretario de DDHH de la CGT, Julio Piumato, están convencidos que seguir la Campaña Nacional contra el Trabajo Esclavo va a provocar que la justicia actúe para lograr la libertad de miles que solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estiman en un total de tres mil.

Aquí la nota del diario Página/12 que omite informar que la AFIP actuó por una presentación del mes de marzo que fue acompañada por una movilización a la AFIP.

 

puerta oculta simulada como pared en el taller esclavo

puerta oculta simulada como pared en el taller esclavo

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-235468-2013-12-12.html

A dar explicaciones por el trabajo esclavo

Nueve directivos de marcas reconocidas están acusados de beneficiarse con la producción de talleres textiles clandestinos donde eran explotados 57 inmigrantes bolivianos. Es novedoso que la Justicia les impute a los dueños de las empresas ser parte de la cadena de trata.

Por Mariana Carbajal

En un hecho inédito, los dueños de seis firmas de indumentaria fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de constituir como parte de su cadena de producción tres talleres clandestinos donde eran explotados laboralmente como mano de obra esclava 57 inmigrantes bolivianos. En total, son nueve directivos y socios de las empresas que comercializan distintas marcas, entre ellas Narrow, de jeans y ropa juvenil, una firma con trece sucursales en la Capital Federal, una de ellas en el Abasto Shopping, y muchas más en el resto del país. La citación fue firmada el martes por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Ariel Lijo, en el marco de una causa en la que ya fueron procesados en mayo los encargados de los tres talleres por los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país.

botones narrow

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Es novedoso que la Justicia le impute a dueños de firmas de indumentaria ser parte de la cadena de trata. “La verdadera forma de cortar con este delito es terminar con el promotor, que es quien se nutre de la mano de obra esclava”, destacó una fuente judicial, cercana a la investigación. La defensa que suelen esgrimir los empresarios es que ellos tercerizan la producción y que desconocen que se fabrican las prendas en talleres clandestinos, con mano de obra esclava. Para el juez Lijo, hay suficientes pruebas en el expediente para establecer que en realidad es una decisión empresaria constituir los talleres para fabricar las prendas en esas condiciones, para abaratar costos y acrecentar sus ganancias.

La citación a indagatoria alcanza a Silvia Bollada y Silvio D’Amore, presidente y accionista de Vidatex S.A., y a Sergio Alejandro Garber y César Fernando Fucks, socios gerentes de Research Textil S.R.L., ambas firmas fabricantes de la marca Narrow. También a Aldo Mario Rodríguez, presidente de Indu Jeans S.A., que comercializa la marca M51 de jeans y camisas; a Rodrigo Garro, socio gerente de Hermanos Garro S.R.L.; a Juan Carlos Paravicini y Ernesto Ponzini, socios gerentes de Kroppo S.R.L., que venden Zurah Jeans; y a Yim Chamg Yul, titular de la marca Berry Blue. Están citados entre el 17 y 21 de febrero para presentarse ante el juez Lijo.

dentro de esta jaula el papel higiénico

dentro de esta jaula el papel higiénico

Hay otra investigación similar que involucra al presidente de Falabella en Argentina, Juan Luis Mingo Salazar. El fiscal federal Federico Delgado pidió a fines de mayo su indagatoria con una imputación similar a la que enfrentan los nueve directivos y socios citados por Lijo, pero el juez federal Claudio Bonadío –que entiende en esa causa– tiene parado el expediente y todavía no respondió al planteo del fiscal Delgado.

En cambio, Lijo avanzó en la investigación: en el llamado a indagatoria sostuvo que los empresarios textiles imputados se beneficiaron económicamente a partir de la constitución de los talleres clandestinos en razón del “bajo monto” que tuvieron que invertir en mano de obra, producto de la explotación a la cual fueron sometidas justamente aquellas personas que fabricaban las prendas de vestir que ellos comercializaban.

Los talleres estaban ubicados en Santander 873/5, Del Barco Centenera 1878/80 y Doblas 1435/7, de la ciudad de Buenos Aires. En esos sitios, “quienes confeccionaban las prendas eran sometidos a extensas jornadas de trabajo –en algunos casos de 13 horas–, se desempeñaban en precarias condiciones de salubridad, seguridad e higiene, no se encontraban inscriptos en forma regular, y por ello recibían una remuneración considerablemente inferior a la acordada por la normativa vigente en el rubro en que se desempeñaban”, señaló el magistrado. Como consecuencia de la particular situación de vulnerabilidad de cada uno de los trabajadores que acogían, “se los explotaba a través del sometimiento a condiciones de servidumbre laboral”, indicó el juez. “Con el objeto de reducirlos, algunos de los trabajadores fueron captados pagándoles el viaje desde su país de origen hasta esta ciudad, dinero que luego le fue descontado del sueldo acordado por su trabajo y prometiéndoseles regularizar su situación al momento de obtener su documento de identidad argentino. En tal sentido, se valían de la condición de extranjeros con visa de turista por noventa días, y sin permiso de trabajo, que ostentaban estas personas para obtener su mano de obra a costos inferiores a aquellos previstos por las regulaciones nacionales, principalmente por la vulnerabilidad en la que los colocaba su situación de inmigrantes y bajo la promesa de su pronta regulación”, advirtió Lijo.

interior del taller esclavo

La causa judicial se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos –el 30 de abril último–, que motivó el allanamiento de los tres talleres textiles. En los procedimientos participaron la División Trata de Personas de la Policía Federal y la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Cinturón Sur de Gendarmería Nacional Argentina. En total, fueron rescatadas 57 víctimas de trata, de nacionalidad boliviana, que vivían en esos lugares en condiciones de hacinamiento, inseguridad, falta de higiene total, e incluso vigilados mediante cámaras de seguridad. Allí, además, se descubrieron paredes y muros falsos hechos para ocultar parte de los talleres clandestinos y cuartos donde dormían las víctimas, que en algunos casos no superaban los ochenta centímetros de altura.

A partir de la documentación secuestrada en los allanamientos, se supo que los encargados de los talleres –cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara– formaban parte de la Cooperativa de Trabajo Taverguis, creada el 27 de abril de 2006. Esa cooperativa tenía como objeto la confección de prendas de vestir y funcionaba de hecho en aquellos tres inmuebles, fabricando ropa para las marcas Narrow, M 51, Zurah Jeans y Berry Blue. A su vez, en función de la prueba que vinculaba a los talleres con las marcas, se ordenó el allanamiento de sus oficinas administrativas.