Exigen que se restituya las funciones al Asesor Tutelar de Menores e Incapaces

11 06 2018

Gustavo Moreno en un reciente encuentro en Santa Marta con el Papa Francisco

Quienes firmamos este documento reconocemos el trabajo incansable, coherente y profesional a favor de los niños y los incapaces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Asesor Tutelar en Cámara, Gustavo Daniel Moreno.

La Asesoría a su cargo es responsable de 1300 expedientes en trámite lo que habla de un trabajo sostenido que es parte de sus inicios en el Ministerio Público Fiscal porteño quien siendo Moreno asesor de primera instancia impulsó junto a los sacerdotes de las villas la protección a las víctimas del narcotráfico más precisamente los consumidores de pasta base, y antes de ellos trabajando codo a codo por los niños y los pacientes psiquiátricos con el entonces cardenal primado de la Argentina, Jorge Mario Bergoglio, y desde hace cinco años el Papa Francisco.

Podemos dar fé que este asesor tutelar fue quien aportaba al propio Bergoglio de los lineamientos jurídicos en defensa de los más necesitados y sus intervenciones en caso concreto a favor de los niños.

Su acompañamiento con el cuerpo, como de su equipo, a las necesidades que abordan nuestras organizaciones demuestran que en el dr. Moreno se está aplicando una quita de derechos que no lo afecta a él directamente, más que en el sentido de sentirse un “ñoqui” o sea un hombre que cobra su salario sin trabajar, sino a los miles de personas que a lo largo de estos años cobijo como un hermano al pueblo con su gran conocimiento jurídico de nuestras normativas en defensa de los más necesitados.

Necesitamos multiplicar los funcionarios judiciales de la impronta de Gustavo Daniel Moreno, ascenderlos a cargos con mayor responsabilidad y potenciarlos en su rol en el Estado.

De esa manera lograremos acercarnos más al bien común que tanto claman los más pobres y necesitados.

Por eso solicitamos a la Asesora General, Yael Bendel, que restituya las funciones a Gustavo D. Moreno. 

Gustavo Vera, titular Fundación Alameda

Juan Ignacio García Longhi, Sindicato de Camioneros y coordinador del Comedor Pequeños Camioneritos

Pablo Micheli – Secretario General de la CTA Autónoma

Cristian Lopez – Secretario General de SUTCA

Ximena Rattoni – Secretaria Adjunta APJ GAS

Hector Amichetti – Secretario General Federación Gráfica Bonaerense

Adrian Silva Secretario General APDFA  Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (APDFA)

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La Alameda cumple 16 años

8 06 2018

Hoy hace 16 años, mientras en el mundial 2002 y Argentina se enfrentaba a Inglaterra, un grupo de vecinos se organizó y recuperó un bar quebrado fraudulentamente y apropiado por “La Liga (mafia) de los rematadores”.

Hoy ese bar es la sede de la Alameda, con un comedor comunitario, una cooperativas textil con sus marcas propias y la sede de la Fundación Alameda. La Alameda se amplió a lo sindical y partidario.

Por 16 años más.





Zona liberada: robo de medidores de agua

8 06 2018

Los vecinos de la jurisdicción Comisaría 44 coordinados por la Alameda en las parroquias siguen dando a conocer las zonas liberadas.

Esta vez fue noticia que a través de Versailles de Pie (la formación de vecinos, alameda e iglesia) un video que muestra un robo de medidor de agua. Esto ocurrió el martes 5 de junio, a las 3 am, a dos cuadras de comisaria 44, a pocos metros de una cámara estilo domo del Gobierno porteño.

En la filmación se puede ver como un delincuente saca el medidor de agua de casa ubicada en Lisboa al 600 y otro delincuente hace de campana.

Por la mañana varios vecinos amanecieron con las veredas desbordando agua y se contabilizaron 7 medidores robados por las calles de Lisboa, Lascano y Dupuy.

Le exigimos al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, al ministro de seguridad Martín Ocampo que se hagan cargo y terminen con las zonas liberadas.





Un monseñor vaticanista y líderes sindicales en debate

6 06 2018

Vera, Palazzo, Sanchez sorondo, Moyano, Yasky y Micheli

Desde el Vaticano monseñor Marcelo Sánchez Sorondo participó de una charla con los referentes sindicales de la Multisectorial 21 F. En el día del Medio Ambiente el eje fue la encíclica sobre ecología integral del Papa Francisco llamada Laudato Si.

Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Micheli (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Sergio Palazzo (Corriente Federal), Gustavo Vera (Alameda) rodearon a monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia de Ciencias y Ciencias Sociales del Vaticano.

En el primer piso de la Biblioteca Eva Perón inició la charla el organizador Gustavo Vera. Se concentró en las coincidencias de Laudato Si con el Proyecto Nacional de Juan D. Perón al “advertir el camino suicida de la humanidad con la destrucción de su casa común sólo por el afán de dinero”.

Luego tomó la palabra Sánchez Sorondo quein aseguró algo muy evidente “no tenemos para irnos a otro planeta. Entonces el cuidado de la casa común incluye a quienes tienen buena o mala voluntad porque todos nos vamos a pique”, y por la encíclica del Papa jesuita y argentino definió monseñor que es “una síntesis de biblia, filosofía, teología, ciencia. Es la razón y fe como ya había definido Juan Pablo II”.

Sin dejar de ir al corazón del trabajo del Papa por el cuidado de la casa común (se recordaba en todo el mundo este martes 5 el Día Mundial del Medio Ambiente) reveló este argentino en el Vaticano desde 1971 “que las presiones de los petroleros fueron fuertísimas contra la encíclica y de los políticos que dependen de las petroleras. Porque el Papa no olvida que es el combustible fósil la principal causa del calentamiento global”.

El primer sindicalista en tomar el micrófono fue el bancario Palazzo. “Las implicas en el trabajo es hablar de la destrucción de la casa común. Porque hoy la excesiva financiación por encima del empleo, nos genera este mundo sin justicia social. Por eso cuando criticamos a este gobierno (por Cambiemos que lidera Mauricio Macri) decimos que es una política de mentiras con cinismo. Dicen que quieren dialogo pero cualquiera que los critica es considerado golpista. Por eso no existe el dialogo son el gobierno de la mentira con cinismo”.

Por su lado Pablo Micheli resaltó su pueblo, Junin, de la provincia de Buenos Aires. “Hubo 15 días de lluvia permanente y esto se ocultó hasta en los medios locales. Luego vino el brote de meningitis. Por eso creo que el movimiento obrero debe discutir el cuidado de la casa común como lo hace con los salarios, tarifazos o la reforma laboral”.

En el publico había muchos delegados sindicales, laicos activos de la iglesia, militantes sociales y hasta el senador nacional Fernando Pino Solanas.

“Nuestras creencias, la comunidad organizada y los gremios son nuestra identidad tan fuerte como puede ser el mate. Porque ningún otro país todavía sostiene un 40 por ciento de los trabajadores sindicalizados. En México, Colombia, Paraguay, Perú casi el sindicalismo no existe. A ese modelo nos quieren llevar. Por eso debemos seguir en este camino de un sindicalismo profundamente político que encare estos debates que hacen a la humanidad”, cerró el diputado nacional y dirigente sindical Hugo Yasky.

El coordinador de la charla antes de pasar el micrófono aportó una definición de unidad y perspectiva a futuro. “El movimiento obrero organizado y el Papa unidos nos aportan la esperanza que necesitamos para luchar por la casa común”, aseveró Vera.

Para el cierre Pablo Moyano detalló la contaminación que provocan en los chóferes de camiones para empresas petroleras, mineras y cerealeras. “Ellos depredan el ambiente a costa de la vida de los trabajadores que se enferman y mueren sin ser ancianos”. Por la coyuntura local Moyano anticipó que va a seguir dando pelea que así como estuvimos con monseñor Oscar Ojea y ahora con Marcelo del Vaticano con este respaldo vamos a pedir el paro si no acceden a cumplir con la suba salarial del 27 por ciento”.

El enviado del Sumo Pontifice cerró con la lectura del último documento que emitió sobre la economía y la crítica a quienes fugan sus ganancias al exterior, a través de las llamadas off-shore.





Empieza el juicio contra el dueño de un prostíbulo de Recoleta. Implicados un policía y un inspector de habilitaciones

6 06 2018

stravos

Una víctima destapó la red que captaba mujeres. Están implicados un jefe policial y un inspector porteño.

https://tn.com.ar/policiales/prostitucion-vip-en-recoleta-comienza-el-juicio-contra-el-dueno-del-bar-stavros-acusado-de-trata-de_873600

El juicio contra el dueño de un bar del barrio de Recoleta, que obligaba a sus empleadas a prostituirse, comenzará este jueves. Mientras tanto, avanza la investigación contra un inspector del Gobierno porteño y un policía acusados de haberlo ayudado a llevar adelante la operación.

Leé tambiénDetuvieron a una RRPP acusada de liderar una red de trata

El principal imputado en la causa es Gabriel Athanassopoulos, alias “El Griego”, dueño del bar “Stavros”, que será enjuiciado por el Tribunal Oral Federal 3 junto a su mujer, Betiana Alles, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación comenzó en 2013 cuando una joven, identificada como J.D, comenzó a trabajar en el bar como moza con un sueldo de 150 pesos por día. La jornada de trabajo comenzaba a las 20 y finalizaba a las 4 de la madrugada del día siguiente.

Su mamá llevó el caso a la Procuraduría contra la trata y la explotación de personas, y contó que a fines del 2014 su hija dejó de trabajar en el bar a raíz de una “situación violenta” con Athanassopoulos, que se encuentra detenido con prisión preventiva.

El dueño del bar “Stravros” está acusado de trata de personas con fines de explotación sexual.

A través del testimonio de la joven, se pudo conocer que en el bar, ubicado en la calle Vicente López 2229, el dueño negociaba a sus empleadas con los clientes, para que tuvieran sexo con ellas. Los encuentros se concretaban en hoteles de la zona.

Según relató J.D en Cámara Gesell, su rol de mesera y copera luego se convirtió en una víctima de prostitución alentada por “El Griego” y bajo amenazas. Incluso, le prometía una ganancia de 1.500 a 2.000 pesos por cada cliente.

El lugar donde funcionaba el bar “Stavros”

Al mismo tiempo se llevó adelante una investigación paralela que descubrió una red de protección tanto de un funcionario público como de un jefe policial de la zona. Según la víctima de la trata, Gabriel Trovato, que era el inspector porteño en ese entonces, recibió 60.000 pesos para garantizar que el lugar siguiera funcionando.

Por su parte, Trovato dijo a la Justicia que no tenía relación con Athanassopoulous, pero ambos compartieron un vuelo a Brasil el 7 de julio de 2014 y se los vio juntos en fotos que compartieron en Facebook.

También aparece en la causa la protección policial. Después de que el bar clausurara a mediados de 2014, se generó una denuncia en la comisaría 19 y para evitar que prosperara, “El Griego” obligó a la joven a tener sexoen la dependencia con un subcomisario identificado como Adolfo Damián Vera.

 





Reclamo de los trabajadores y vecinos

6 06 2018

“Mauricio Macri se te viene el apagón”. Así cantaban haciendo sonar los bombos y platillos los trabajadores enrolados en el Sindicato de Luz y Fuerza desde la puerta de la empresa concesionaria Edesur que distribuye la energía eléctrica en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

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El reclamo fue este martes 5 de junio, al mediodía, en la sede de Edesur de la esquina Av Alberdi y Lacarra, barrio Parque Avellaneda. 

Desde la acompañamos a los trabajadores ya que la sede de la Alameda se encuentra a dos cuadras de Edesur -Lacarra y Directorio- y padecemos el tarifazo que el mes pasado pagamos 4 mil pesos sólo de luz. 

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Denuncia contra la Inspección General de Justicia

4 06 2018

Cuatro funcionarios de la IGJ fueron denunciados penalmente por el titular de la Alameda al revelar, a través de dos canales de televisión, documentación que es protegida por el Código Penal. Quien encabeza la persecución es la Directoria de Entidades Civiles designada en la última dictadura militar.

Gustavo Vera, titular de la Alameda, denunció con el patrocinio de Andrés D. Popritkin a cuatro funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).Vera les imputa el delito de revelación de actuaciones, documentos y datos (artículo 157 del Código Penal de la Nación).

La violación de la ley es mostrar actuaciones y documentos internos de la Inspección General de Justicia. Las actuaciones exhibidas tienen relación con una sanción impuesta el por la IGJ a la fundación Alameda.

Los denunciados son: Susana Graciela Junquiera (Directora de Entidades Civiles), Estefanía Di Bella, Patricia Belén Rodríguez y Diego Bascuas, todos ellos funcionarios públicos de la IGJ.

Los funcionarios de la Inspección General de Justicia tienen prohibido por ley “revelar los actos de los sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido conocimiento de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos” (artículo 23 de la ley 22.315 –Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia–).

Quien encabeza la persecución en la IGJ contra la Alameda es la directora de Entidades Civiles de la IGJ, Susana Graciela Junqueira, quien es empleada del Ministerio de Justicia desde 1979 en plena dictadura militar hasta la fecha. Su hija trabaja en Jefatura de Gabinete de Ministros, particularmente en el Ministerio de Modernización desde agosto de 2016 hasta la fecha.

La directora Junqueira tomó trascendencia en el 2013 cuando el periodista Hugo Alconada Mon hizo una nota en referencia al nombramiento que tuvo en el cargo de Dirección del Registro Nacional de Sociedades y cobró en forma retroactiva medio millón de pesos cuando ya ocupaba otro cargo.

Sobre esta irregularidad de Junqueira la ex empleada de la IGJ, Silvina Martínez, realizó una denuncia en la Justicia Federal que recayó en el Juzgado de Luis Rodríguez y tiene como fiscal a Ramiro Gonzaléz.

Para el proceso de designación Junqueira en el 2013 debía realizarse estudios certificando nuevamente aptitud psicofísica. Para esto presentó un certificado fechado en 1979.

Respecto al actual del titular de la IGJ, Sergio Brodsky es un abogado que viene de la Franja Morada en la UBA, muy cercano a Daniel “Tano” Angelici, empresario del juego y presidente del club Boca Juniors, y a Dario Richarte, vicerrector de la UBA y también segundo en la ex SIDE en el gobierno de la Alianza.

La persecución de la IGJ salió primero a la luz a través de un informe televisivo “4D”, que conduce Luis Majul en el canal A 24. El 7 de marzo pasado se hizo referencia a Vera y la fundación que preside diciendo que “está floja de papeles”.

En la denuncia se señala que la periodista Lucía Salinas hizo “manifestaciones de carácter negativo y tendencioso para crear en el televidente una imagen espuria, tanto acerca de mi persona como la fundación”.

En la denuncia Vera sostiene que “la única manera que aquellas actuaciones hayan llegado a manos de la periodista, es por la revelación que las personas aquí denunciadas han realizado de las actuaciones allí labradas”.

Por el escaso lapso transcurrido entre la aplicación de la sanción y que la misma se divulgara en el mencionado medio de comunicación, queda en evidencia que no existió tiempo material suficiente para poner en marcha los mecanismos formales y legales establecidos para que las copias de las actuaciones en cuestión lleguen al poder de la periodista.

El 2 de abril próximo pasado, en el programa televisivo “4D”, Majul y Salinas mostraron una cédula de notificación que fue dejada por debajo de la puerta en la sede de la fundación en av. Directorio 3998 (barrio de Parque Avellaneda), el miércoles 28 de marzo a las 20.30 horas, ocasión en la que la fundación ya se encontraba cerrada y no había ninguna persona que la recibiera.

Los dos días posteriores, es decir el jueves 29 y el viernes 30 de marzo, fueron feriados religiosos (Jueves y Viernes Santo), motivo por el cual la administración pública nacional no trabajó y la fundación permaneció cerrada. De seguido hubo otros dos días no laborales, por tratarse de sábado y domingo (31 de marzo y 1º de abril).

La emisión del programa “4D” al que vengo haciendo referencia salió al aire el 2 de abril, día que también fue feriado nacional, por conmemorarse del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.-

El tercer paso de la operación mediática orquestada desde la IGJ fue el programa televisivo “TN Central” del 18 de abril por canal “Todo Noticias”, con los periodistas Luciana Geuna y Nicolás Wiñaski.

Para ello, una vez más, exhibieron documentación y actuaciones, que vale recordar no es pública, de la Inspección General de Justicia y está prohibido que los funcionarios la revelen.

El artículo 157 del Código Penal de la Nación establece: será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

La metodología de IGJ con las fundaciones ligadas al partido oficial es muy distinta a la que tienen con la Alameda.

Pensar, Suma, Pericles, Creer y Crecer son todas fundaciones que tuvieron atraso en la presentación de los balances, además fueron investigadas en juzgados federales, en la mayoría de los casos por los delitos de lavado de dinero. Todas estas fundaciones oficialistas en la IGJ sabían que eran investigadas por la justicia.

Fundación Pensar se encontraba investigada desde el año 2015 por una causa que se inició por pedido de la PROCELAC en 2015, cuando el entonces presidente de la fundación, el macrista Matteo Gorretti, quien se habría beneficiado de fondos que les enviaba la administración de Hernan Lombardi cuando era Ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Lombardi como Gorretti había sido sobreseídos por el juez Ariel Lijo, pero la Sala II de la Cámara Federal lo revocó y ordenó seguir investigando. Esto fue en agosto de 2016. Entre 2013 y 2015 recibió $11.500.000 en calidad de ingresos. Cuando la anterior directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes habían aportado el dinero, solo aclararon el 25% de los donantes de 2014, el 15% de los donantes de 2015 y ninguno de 2013. Entre los aportantes de la Fundación Pensar se encuentra Despegar SA, Biblos SA, Air SRL, EXO SA, Minera Alumbrera, IRSA, OSDE, PC Arts Argentina, BFMyL SRL, Establecimiento el orden, VOD Argentina y Fibesa SA. El balance de 2014 fue presentado en el 2016 y tuvo una observación por un incremento registrado de casi medio millón de pesos, simplemente respondieron que corresponde al incremento de los resultados de ejercicio.

La Fundación Formar de Guillermo Dietrich informó que en el balance 2012/2013 entregó donaciones a otras fundaciones por $200.000, además de organizar actividades con el Colegio Argentino de Ingenieros, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Austral y hasta una cena de recaudación de fondos en el Hotel Hilton. En el balance 2013/2014 volvió a donar $100.000 a distintas fundaciones. El balance fue presentado recién en el año 2016 y se le realizó una observación por $241.000 pesos en conceptos de catering. La fundación contestó que fueron gastos corrientes en todas las actividades que realizaron durante ese año. Una gran cantidad de dinero donada hacia estas fundaciones durante el 2013 y el 2015 fueron por parte de organismos del Estado, como el Banco Ciudad, la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores, BRICONS SAICFI (proveedora del Estado), Bañado del Solado SA (proveedora del Estado), PLANOBRA SA (proveedora del Estado), Mejoramiento hospitalario SA (proveedora del Estado), Sadmitec – Lanusse UTE (proveedora del Estado), Pablo Pochat (Banco Comafi), Ángel Estrada y compañía SA, Friend Food SA (proveedora del Estado), Fiorito Factoring SA, SES SA (Nicolas Caputo). En total entre 2013 y 2015 la Fundación Formar recibió $6.000.000 en ingresos según lo declarado. El balance 2013 daba $445.500, el de 2014 paso a $893.480 y el de 2015 llego a ascender a $1.096.098. En 2015 llegaron a gastar 1.3 millones de pesos en administración, 1.2 millones de pesos en seminarios y conferencias y 4.600.000 millones de pesos en “erogaciones” que fueron catalogadas como “especificas de la fundación”. Cuando la directora de Entidades Civiles pidió informes sobre los $3.4 millones de pesos depositados en una cuenta bancario, la fundación se limitó a responder que correspondían a ese ítem de “especificas de la fundación”.

La Fundación SUMA fue la gran protagonista del escándalo por el robo en la casa de Gabriela Michetti. La fundación se creó en 2014. Ese mismo año presentó todos los papeles que la IGJ requería, pero no tuvo que ni llegar a hacerlo por que la fundación los presentó voluntariamente. En 2015 cuando la ex directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes habían aportado el dinero, no contestaron. En 2014 los donantes fueron Banco Santander Río, Pan American Energy (PAE), Fundación Banco Macro, OPM Inmobiliaria SA (Rukán), Farmacity, Banco Comafi, Fliacer Participaciones SA, Banco Galicia, Julián Harguindey, Marina Klemensiewicz, Roberto Paullier Ferber Roberto, Lidia Saya, Carlos Brum, Alejandro García, y Martín Borelli.