Artículo sobre lavado de dinero por el perito contable Alfredo Popritkin

30 05 2013

euros

Artículo para Agenda Oculta de Alfredo Popritkin, ex perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, experto en la investigación de delitos económicos y presidente de la ONG “Contadores forenses”.

“La UIF, el organismo encargado de investigar el lavado de dinero, tuvo a su primer titular sin presupuesto ni acceso a información y, posteriormente, alternó períodos entre acefalías y titulares sin experiencia ni decisión política autónoma para tan importante y compleja temática. De Antonini Wilson a Lázaro Baez”.

Aquí el artículo completo: http://www.agendaoculta.net/2013/05/lavado-de-dinero-pantomima-o-realidad.html





En TN: la Alameda, un cura y una vecina por la mafia narco-proxeneta de Recoleta

30 05 2013
NS
Hoy jueves en el canal Todo Noticias (TN) a las 22 hs estará Lucas Schaerer de la Fundación Alameda, una vecina de Recoleta Lidia Figueras, y el sacerdote Julio Torres de la iglesia Patrocinio de San josé donde nos reunimos hace más de un año para construir el Mapa del Crimen Organizado.
El 10 de mayo del año pasado estuvimos en el programa “El juego limpio”, que conduce Nelson Castro, presentado las denuncias por las mafias que generan inseguridad en Recoleta. Allí concurrió Gustavo Vera de la Alameda, Lorena Martins denunciante de su propio padre el zar del proxenetismo, Lidia y Celin dos vecinas autoconvocadas de Recoleta Insegura.
A un año del primer Mapa y escrache a los narco-prostíbulos, el periodista Castro nos entrevistará para conocer detalle de nuestro trabajo.
Más información al:
4115-5071 / 4671-4690





La monja Martha Pelloni y Gustavo Vera viajan a la provincia de Santa Cruz

30 05 2013

red antimafia Rio Gallegos

El sábado 1 de junio la monja Martha Pelloni y Gustavo Vera presentarán la Red Nacional Antimafia en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

En la sede del obispado a las 18 hs se realiza la convocatoria a todas las fuerzas vivas como a todas las mujeres y hombres que quieren dar la pelea para erradicar la trata sexual, laboral, el narcotráfico, el trabajo infantil, las redes de pedofilia, tráfico de órganos y los delitos ambientales, entre otros delitos del crimen organizado que se instaló en nuestro país con más de 8 mil prostíbulos y medio millón de esclavizados.

Para más información:

(011) 4115-5071 / 4671-4690

Breve diagnóstico de la Red Antimafia:

Consideramos que las redes de trata laboral y sexual, el narcotráfico, las coimas y la corrupción  los gravísimos delitos ambientales, el lavado de dinero ilegal que es pasado fraudulentamente a la economía formal y el tráfico de bebes,entre otros delitos, forman parte de un entramado de mafias y crimen organizado. Esto es, la asociación de bandas criminales que persiguen fines económicos junto a sectores corruptos del Estado ya sea policiales, políticos o judiciales, sea mediante el cohecho o la participación directa en el ejecución de los delitos. Esa asociación corrompe al estado y genera una mafiosidad estatal que favorece el crecimiento de mafias que actúan con impunidad y seguras del encubrimiento que las respalda.
En la Argentina se estima como mínimo en medio millón las personas esclavizadas en talleres clandestinos, campos, ladrilleras y diversas ramas de la economía. La mayoría de ellas han sido víctimas de trata con fines de explotación laboral y reducidas a la servidumbre. Miles y miles de chicos son sometidos a trabajo forzoso en el campo o en las calles,o son utilizados para redes de pedofilia o directamente vendidos desde su nacimiento mediante el tráfico de bebés. Alrededor de sesenta mil mujeres son esclavizadas como mínimo en ocho mil prostíbulos en todo el país, muchas de ellas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hay también un crecimiento y masivo tránsito, comercialización y distribución de cocaína al punto tal que nuestro país encabeza en latinoamérica el mayor consumo per capita según datos recientes de Naciones Unidas. También son numerosos casos de corrupción y malversación de fondos públicos alrededor de gravísimos delitos ambientales que se producen alrededor del negocio de las grandes mineras, las petroleras, el deterioro irreparable de tierras cultivables o las fumigaciones con agrotóxicos que no sólo destruyen el medio ambiente sino además enferman a poblaciones enteras.
Estos y otros delitos asociados al contrabando y la corrupción, generan millonarias masas de dinero en el circuito ilegal que luego son pasadas a la economía formal mediante el lavado de dinero, sea a través de sociedades anónimas o fideicomisos, sea a través del juego u otras maniobras fraudulentas ante un Estado que no persigue este delito y que solo tiene dos condenas irrisorias por lavado en las últimas décadas.
Sostenemos que el incremento en los niveles de inseguridad está íntimamente relacionado con el proceso de acumulación mafiosa del capital que está generando una casta empresarial de origen ilícito; que la mafiosidad que corroe al Estado lo atraviesa transversalmente en funciones ejecutivas; y que no se puede reducir el nivel de delito sin dar también en este campo una lucha despiadada contra las mafias. Estamos convencidos que si se persigue decididamente a las mafias desde sus guaridas más visibles hasta las oscuras sociedades off shore donde se lavan los activos del delito,se recuperarán miles de millones de pesos que podrían perfectamente servir para solucionar problemas de pobreza y exclusión y quebrar el espinazo de la mafia. Así también se reducirán significativamente los niveles de inseguridad que brotan de las mismas bandas liberadas del crimen organizado.
Estamos convencidos que hay también una transversalidad de ciudadanos honestos de diferentes creencias políticas y/o religiosas, que enfrentan como pueden a estas mafias desde su función o desde el territorio, la mayoría de las veces aisladamente y a riesgo de sus vidas. La transversalidad de la mafia se organiza y disciplina alrededor de los negocios y el dinero. Es hora de organizar la transversalidad de los que queremos un país sin mafias, esclavitud y exclusión y que más allá de las creencias políticas o religiosas, defendemos los valores de la libertad, la dignidad y el respeto por la vida. Es necesario comenzar a reunir voluntades de todos los que queremos un país sin trata, trabajo esclavo, nacrotráfico, corrupción, lavado, contaminación y destrucción de los recursos naturales .Es hora de encontrar puntos comunes en la diversidad para avanzar hacia una red antimafia nacional.
En su primer asamblea general realizada el 5 de abril al final del Congreso sobre Trata y Crimen Organizado, se consensuaron los siguientes puntos para comenzar a caminar en común en la red. Estos puntos que son demandas y tareas son perfectibles y sujetos a ampliaciones en próximos congresos. Son apenas un primer paso para avanzar.

Primeras resoluciones de la Red Antimafia Nacional:

1.-Aprobación de una ley contra organizaciones criminales de de tipo mafioso (conforme la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional), que contemple la incautación de todos los bienes utilizados para la comisión de este tipo de delitos y de los adquiridos en base a las ganancias producidas por las mismas organizaciones a lo largo del tiempo. Los bienes deben ser administrados por una dependencia estatal para su reutilización social y para la reparación y asistencia integral de las víctimas

2- El Estado social y democrático de derecho debe enfrentar activamente al narcotráfico mediante la aplicación de las leyes, persiguiendo y desmantelando centralmente a los organizadores, carteles y lavadores de dinero proveniente del narcotráfico.

3- El Estado social y democrático de derecho debe comprometerse en el desbaratamiento de las redes de narcotráfico mediante procedimientos respetuosos de los derechos contemplados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de DD.HH.

4- La sanción penal del consumidor de estupefacientes es, inútil para el desbaratamiento de las redes de narcotráfico.

5- Exigimos al Estado la drástica mejora y multiplicación de los centros de asistencia y recuperación de adictos en establecimientos públicos y gratuitos y la anulación de toda tercerización, privatización o concesión de este servicio.

6- Insistimos en la necesidad de la inhabilitación perpetua y absoluta de todo funcionario, sea por elección o designación, vinculado directa o indirectamente por acción u omisión, con redes de narcotráfico.

7- Promover la reutilización social de los bienes decomisados e incautados a las redes de narcotráfico sujetos al control y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

8- Promover la reglamentación total de la ley de protección integral a la niñez, incluyendo la posibilidad de internar a los menores que necesitan tratamiento de desintoxicación sin que ello se interprete como una medida privativa de la libertad.

9. Certificación estatal obligatoria de trazabilidad (INTI, INTA, etc) para la comercialización y producción de artículos que son elaborados con mano de obra intensiva. La misma debe auditar toda la cadena de valor, haciendo hincapié en las ramas tercerizadas.

10. Incorporar como condición en las compras estatales que las empresas proveedoras certifiquen los productos que presentan a licitación.

11. Promover que el Estado impulse un Pacto Nacional contra el Trabajo Esclavo entre las empresas e Instituciones Públicas, ONGs y sindicatos. Que el mismo contemple una lista de acceso público de empresas e instituciones a las que se les descubra in fraganti beneficiándose con trabajo esclavo. La inclusión en esta lista implica tanto sanciones económicas como la prohibición de acceso a créditos, subsidios y otros beneficios.

12. Promover el aumento de las penas tanto de los delitos de trata y tráfico de personas, , abuso sexual y corrupción de menores, proxenetismo y tráfico de órganos.

13. Promover la drástica mejora y construcción de nuevos establecimientos de servicios sociales para contención y refugio de las víctimas a fin de evitar el maltrato, el ocio alienante y la privación de la libertad.

14. Promover que el Estado se ocupe de la efectiva reinserción social de las víctimas en el mercado con trabajo convencionado y digno, en el ámbito privado y /o estatal.

15. Promover que el Estado se ocupe de la efectiva reinserción social de las víctimas menores de edad y se efectivice la figura del abogado del niño vigente en la ley 26061 y se le restituyan todos sus derechos.

16. Promover la incorporación (o efectivización donde exista) obligatoria en la curricula de la enseñanza en todos sus niveles campañas de prevención contra la trata de personas, la explotación sexual y laboral, adicciones y corrupción de menores .

17. Reglamentación y puesta en marcha del Consejo Federal vigente en la ley 26842 que establece la fiscalizaciòn de los tres poderes del Estado y las ONGs de las políticas públicas contra la trata de personas.

18. Penalizar el consumo, producción, distribución, comercialización y tenencia de material pornográfico infantil.

19. Exigir la obligatoriedad por parte del Estado de la pronta inscripción de los recién nacidos si los padres son indocumentados o cuando son menores de edad

20. Promover la incorporación obligatoria en la currícula de escuelas primarias y secundarias de todo el país la temática de trata, droga y adicciones.

21. Como aporte a la visibilización y participación popular activa, instituir el DIA NACIONAL POR LA LIBERTAD Y CONTRA LAS MAFIAS. Se resuelve que sea el 16 de noviembre en aniversario de la muerte del niño de seis años Ezequiel Ferreyra que murió trabajando como esclavo y manipulando agrotòxicos en la empresa avícola Nuestra Huella.

22. Las organizaciones presentes nos planteamos trabajar en una red que articule experiencias, propuestas, materiales informativos y acciones para el cambio cultural en cada provincia donde intervenimos.

23. Se consensúa el siguiente protocolo de acción para la búsqueda de personas desaparecidas:
– Inmediatamente realizar la denuncia en la fiscalía federal, telefónicamente a UFASE o en el juzgado más próximo cualquiera sea su competencia
– Contactar al CAP (protocolización de comisarías y hospitales) para revisar el listado de las personas desaparecidas.
– Contactar a la persona que denuncia a que lo diga personalmente en la organización más cercana (depende el caso)
– Si la desaparición está corroborada, masificar la búsqueda mediante la movilización y la utilización de medios de comunicación  alternativos, redes sociales, etc.
– Acompañar a la familia a realizar la denuncia en la Fiscalía Federal correspondiente, incluso antes de las 48 hs.

24. Que la denuncia se pueda presentar en cualquier juzgado o fiscalía, cualquiera sea su competencia

25. Poner en red los recursos con los que cuentan las distintas organizaciones en todo el país (alojamiento, capacitación, trabajo, etc)

26. Armar en cada barrio con los vecinos un mapa de los delitos organizados por barrio o jurisdicción de comisaría, hacerlo público y denunciarlo ante todos los organismos pertinentes.. Para ello recibir denuncias en lugares con referencia social para luego presentar en instancias del estado (judicial, legislativo) y hacer un seguimiento. También difundir en los medios propios (blog, redes) y medios de comunicación general

27. Difusión y capacitación desde las ongs para los vecinos de las leyes (de trabajo a domicilio, trata, profilaxis, droga, convenio internacional contra toda la discriminación, etc)

28. Reclamar asistencia psicológica a las victimas de un delito en un barrio,

29. Organizar campaña para retirar volantes de oferta sexual en la vía pública

30. Promover que los delitos ambientales sean declarados delitos de lesa humanidad porque se afecta gravemente a pueblos enteros y a la naturaleza en asociaciones corruptas de áreas del Estado con empresas privadas.





Protesta de vecinos ante la proliferación de prostíbulos en Recoleta

29 05 2013
Tres prostíbulos en el edificio de Uriburu 1059

Tres prostíbulos en el edificio de Uriburu 1059

Aquí pasamos a reproducir tres artículos publicados por diario Popular, La Nación y la Agencia AICA:
Jorge Rouillon
Buenos Aires (AICA): Vecinos del barrio de Recoleta manifestaron anoche su protesta ante prostíbulos que funcionan en edificios de departamentos de la zona. El ¨escrache¨ fue movilizado por Recoleta Insegura, grupo de vecinos que se reúne en la parroquia del Patrocinio de San José y que denuncia los robos, la prostitución y el narcotráfico en esa zona de la ciudad. Participaron el diputado nacional Alberto Asseff (UNIR- provincia de Buenos Aires), la ex diputada nacional Fernanda Gil Lozano (ARI, Capital), el consejero vecinal Luciano Humeres (Proyecto Sur), Lía Zervino, vecina de la zona y secretaria de la Comisión Nacional Justicia y Paz, entre otros. También estaba el presbítero Julio Torres, párroco del Patrocinio de San José, así como Gustavo Vera, Lucas Schaerer y otros integrantes de La Alameda, entidad que lucha contra la trata de personas. Vera señaló que los vecinos se organizan, no importa a qué partido se siga, o si se cree o no: “Defendemos la libertad y la dignidad humana”.
Vecinos del barrio de Recoleta manifestaron anoche su protesta ante prostíbulos que funcionan en edificios de departamentos de la zona.

El “escrache” fue movilizado por Recoleta Insegura, grupo de vecinos que se reúne en la parroquia del Patrocinio de San José y que denuncia los robos, la prostitución y el narcotráfico en esa zona de la ciudad.

El lunes 20 de mayo numerosos vecinos habían realizado una asamblea en esa parroquia y allí decidieron realizar una marcha de repudio, buscando conmover la indiferencia de distintas autoridades oficiales (ejecutivas, legislativas, judiciales, policiales, comunales).

La concentración de protesta comenzó a las 19 en la esquina de Arenales y Ayacucho, donde se reunió al principio un centenar de personas, número que fue engrosándose al sumarse otras personas a lo largo de la marcha.

Unos asistentes portaban dos carteles grandes, con un mapa del delito en la zona, y la leyenda: “Basta de crimen organizado en Recoleta”, en tanto otros muchos llevaban carteles más pequeños que decían “Fiscal Di Lello NO investiga a la mafia”.

Cinco jóvenes tocaban tambores, mientras la gente cantaba: “Los vecinos/nos cansamos./Queremos vivir seguros/y acá nadie se hace cargo”.

La protesta, se especificó, incluye a creyentes y no creyentes, a personas contrarias al avance de la delincuencia, sin acepción de posturas políticas o credos religiosos.

Se advirtió la presencia del diputado nacional Alberto Asseff (UNIR- provincia de Buenos Aires), acompañado de su esposa, Susana Sánchez Morteo, dirigente de esa misma agrupación; de la ex diputada nacional Fernanda Gil Lozano (ARI, Capital); del consejero vecinal Luciano Humeres (Proyecto Sur); de Lía Zervino, vecina de la zona y secretaria de la Comisión Nacional Justicia y Paz, entre otros. También estaba el presbítero Julio Torres, párroco del Patrocinio de San José, así como Gustavo Vera, Lucas Schaerer y otros integrantes de La Alameda, entidad que lucha contra la trata de personas.

Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de la convocatoria, entre ellos, los canales 26, Crónica y Telefé, el diario La Nación, el portal Infobae y la agencia AICA, y numerosos fotógrafos registraron cuando el diputado Asseff, el consejero Humeres y otras personas colocaron simbólicamente una faja en la puerta de Arenales 2029 que decía: “Clausurado. Violación de la ley de profilaxis 12.331”, entre aplausos de los manifestantes y el acompañamiento de algunos vecinos de la cuadra, desde puertas y balcones cercanos.

Luego, la marcha enfiló hacia la calle Uriburu, donde se colocaron carteles en la puerta de vidrio de un edificio de departamentos en J. E. Uriburu 1059, que señalaban la existencia de un “privado “ en el tercer piso, departamento 22. Este lugar se encuentra enfrente de la residencia universitaria Santa Teresa de Jesús.

Consultada una joven manifestante, Noelia de Belder, de 27 años, abogada egresada de la UBA, señaló que participaba por estimar que “la prostitución es una forma de esclavitud”. Desestimó la distinción entre quienes consienten y quienes no participar en esa actividad, y señaló que las políticas que buscan regularla, a partir del supuesto consentimiento de mujeres que están siempre en situación de vulnerabilidad, como lo hace Holanda, no hacen sino promover el negocio de los proxenetas en su país y en otros. Por el contrario, consideró que debe calificarse al “consumidor” de esos servicios como “prostituyente” y responsable de ese mal, como lo son los proxenetas. Se manifestó partidaria de una legislación como la de Suecia, que, dijo, sanciona a los “clientes”, porque sin demanda no habría oferta. E indicó que existen en el país proyectos en un sentido similar de la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el senador Aníbal Fernández (Frente para la Victoria).

En la calle Uriburu entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear se concentró bastante gente y resultó difícil el paso de los vehículos, aunque los manifestantes procuraron dejar libre un carril para los autos y los ómnibus que pasaban casi rozándolos. En esa cuadra, se denunció además la existencia de otro “tugurio”, un prostíbulo que funciona en un sótano teniendo el permiso de habilitación como una juguetería. El local se encuentra a pocos metros de la sede de la comuna 2.

Gustavo Vera, de La Alameda, señaló que los vecinos se organizan, no importa a qué partido se siga, o si se cree o no: “Defendemos la libertad y la dignidad humana”. Y expresó que “el papa Francisco y el padre Julio nos abrieron las puertas, siempre estuvieron con los vecinos”.

El y otros manifestantes reiteraron las quejas por no haberse abierto investigaciones oficiales a partir de las denuncias formuladas. Y señalaron que una causa elevada al juez Ariel Lijo y al fiscal Jorge Di Lello, “duerme en algún cajón”.

Las denuncias recibidas de vecinos vinculan la existencia de los prostíbulos con el narcotráfico, los robos en las calles y en los edificios (“entraderas”) y otros delitos.

Recientemente vecinas de Recoleta instalaron también mesas para recibir denuncias, durante un fin de semana, en la iglesia del Santísimo Redentor, Larrea y Beruti, donde explicaron el Mapa del Delito confeccionado por Recoleta Insegura a los parroquianos que acudían a las misas dominicales. Señalaron que encontraron mucho interés y se añadieron nuevos voluntarios a este trabajo.

El Mapa 2013 a la derecha y el otro del 2012

El Mapa 2013 a la derecha y el otro del 2012

http://www.diariopopular.com.ar/notas/157949-en-recoleta-red-narcos-maneja-54-prostibulos

 

En Recoleta, red de narcos maneja 54 prostíbulos

En el mapa presentado por los vecinos consta que se documentaron más de 200 casos de asaltos y episodios delictivos con violencia. Escracharon prostíbulos, uno de ellos ubicado a metros de un colegio católico.

Los vecinos del barrio Recoleta realizaron ayer una manifestación y presentaron un mapa de la inseguridad, donde se revela que en la zona funcionan una red de narcos que maneja 54 prostíbulos. Asimismo, documentaron más de 200 casos de asaltos y episodios delictivos con violencia. Los vecinos, con apoyo de la organización La Alameda, se concentraron en Arenales 2029, justamente el ingreso de uno de los prostíbulos impunes, que funciona en la cuadra de un colegio católico.

Luego, los manifestantes marcharon hacia Uriburu 1059 (frente a la Comuna 2) para escrachar los otros tres prostíbulos de esta red que se dedica a la explotación sexual de hombres. En el informe, los vecinos denunciaron que “la red delictiva, que se dedica al narcotráfico, la trata y proxenetismo en Recoleta, tiene instalado por lo menos 54 prostíbulos algunos camuflados como boliches o whiskerías también en edificios, y se los conoce como privados”.

“En este contexto mafioso hemos podido tomar denuncias por robos a los vecinos que alcanzaron más de 200. Varios centros del narcotráfico y un taller textil clandestino”, se indicó en el texto, que ya fue presentado a las autoridades del Ministerio de Seguridad. Asimismo, los vecinos manifestaron que “la justicia federal tiene el resultado de nuestro primer mapa de la inseguridad desde hace un año”, puntualizando que “los responsables que no se erradique estas mafias son el juez federal Ariel Lijo (juzgado Federal 4, secretaría 7) y el fiscal Jorge Felipe Di Lello, quien tiene la causa bajo su investigación pero no avanzó en nada”.

“No hicieron más que pedidos de informe a la Policía Federal y la fiscalía antitrata. Después de un año no lograron descubrir y encarcelar a ningún delincuente. La causa fue iniciada el 5 de mayo de 2012 a partir de nuestro trabajo y lleva como caratula violación a la ley 23.737, la ley de drogas”, indicaron los vecinos. También explicaron que “otro de los funcionarios judiciales responsables de la seguridad de los vecinos que recibió un listado de prostíbulos de Recoleta es la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Sudeste Penal Contravencional y de Faltas, Sandra Verónica Guagnino, que recibió un listado de 126 prostíbulos, y aunque tiene las pruebas no avanzó”.

Finalmente, los manifestantes pidieron a la ministra Nilda Garré que profundice acciones contra la mafia que opera en la zona, y al encargado de la cartera de seguridad porteña, Guillermo Montenegro, ya que el gobierno de la ciudad “tiene competencia para clausurar todo comercio ilegal o que se habilita fraguando su real actividad”.

Fiscal Federal responsable de la causa

Fiscal Federal responsable de la causa

http://www.lanacion.com.ar/1586130-vecinos-de-recoleta-marcharon-contra-los-prostibulos-que-funcionan-en-el-barrio

Vecinos de Recoleta marcharon contra los prostíbulos que funcionan en el barrio

Criticaron la “indiferencia” oficial y escracharon los lugares de trata

Ante lo que definieron como “indiferencia” por parte de las autoridades, casi 300 vecinos de Recoleta participaron ayer de un masivo escrache frente a departamentos del barrio que funcionan como prostíbulos. La marcha fue convocada por la página web Recoleta Insegura, cuyo principal representante, Lucas Schaerer, señaló durante la caminata que “ya se han levantado muchísimas denuncias ante la Ciudad, y todas reciben la misma falta de respuesta”.

Los manifestantes se concentraron en Arenales y Ayacucho, donde pegaron un cartel con la leyenda “Clausurado” en la puerta del edificio señalado como parte de la red prostibularia. De allí marcharon hacia Uriburu al 1000, donde repitieron la misma acción en otros tres departamentos de la cuadra, todos denunciados por violar la ley de profilaxis y la de trata de personas.

“Ya en 2012 marchamos dos veces frente a los narcoprostíbulos de Recoleta, en Vicente López y Azcuénaga, lo que produjo el alejamiento del Comisario Lucioni de la Comisaría 17a. y una causa elevada al juez Lijo y al fiscal Di Lello, que duerme en algún cajón de ese juzgado”, señaló Schaerer. En la marcha también se hicieron presentes Gustavo Vera y otros miembros de la ONG La Alameda, quienes subrayaron que gracias a la acción de los vecinos se logró que los comuneros prometieran impulsar una ley para erradicar la prostitución de la comuna 2.

La semana pasada, la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de Eduardo Hulton, clausuró nueve prostíbulos, cinco de ellos en la zona de Vicente López y Azcuénaga. “Madaho’s, Hellas y Plays, en las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta, cerraron definitivamente. En otros casos algunos violaron la orden de clausura o presentaron algún recurso de amparo para seguir funcionando”, explicó Facundo Carrillo, presidente de la comuna 2.

La manifestación de los vecinos empezó en la esquina de Arenales y Ayacucho, frente a un departamento privado, en la cuadra del colegio católico La Anunciata. Una vez allí, miembros de los vecinos autoconvocados en Recoleta Insegura mostraron el “Segundo mapa del crimen organizado”, que releva la red de 54 prostíbulos ubicados en Recoleta.

“En este contexto mafioso hemos podido tomar denuncias por robos a los vecinos, varios centros del narcotráfico y un taller textil clandestino”, denunció Lucas Schaerer, de La Alameda.

Durante la marcha, los vecinos se quejaron porque, según afirman, entregaron hace un año el “mapa de la inseguridad” sin que el juez federal Ariel Lijo (juzgado Federal N° 4, secretaría N° 7) o el fiscal Jorge Felipe Di Lello hayan actuado en consecuencia.

“Pasó un año y no descubrieron nada ni encarcelaron a ningún delincuente. La causa fue iniciada el 5 de mayo de 2012 y acá estamos todavía. La fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Sudeste Penal Contravencional y de Faltas, Sandra Verónica Guagnino, también recibió un listado de 126 prostíbulos; tiene las pruebas, pero no avanza”, apuntó Schaerer.

El año pasado, Facundo Carrillo, titular de la Comuna 2, se presentó en la iglesia Patrocinio de San José, junto con todos los comuneros y delante de un centenar de vecinos, para prometer acciones contra el narcoproxenetismo y la trata de personas.

“Pero frente a su propia sede comunal, en el edificio de Uriburu 1059, funcionan tres prostíbulos”, indicó un manifestante que pegaba un cartel en la puerta del predio. Los porteros de la cuadra, vecinos que salían al paso de la marcha y madres que acababan de retirar a sus hijos de la escuela coincidían en que “la falta de respuestas” fue la que permitió que la prostitución se instalara en Recoleta.

Arenales 2029

Arenales 2029





El dueño de Falabella a indagatoria. Repercusión en los diarios

28 05 2013

FALABELLA shopping
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-220993-2013-05-28.html

Grandes marcas bajo investigación

El pedido de indagatoria de Juan Luis Mingo Salazar, el titular de Falabella, es el momento culminante de una serie de investigaciones que se vienen realizando desde hace diez años, por denuncias de trabajo esclavo contra importantes firmas textiles. Una de las primeras presentaciones se hizo en el año 2006 contra 18 empresas de primera línea, entre ellas Puma, Topper, Adidas, Awada, Ona Saez, Mimo y Dufour, a las que se señaló como presuntamente relacionadas con las actividades en un taller ubicado en la calle Campana, en el barrio porteño de Floresta. En ese taller trabajaban costureros indocumentados, entre ellos un adolescente de 16 años, algunos de los cuales habían sido traídos desde Bolivia con la promesa de un empleo digno. Se les pagaba poco más de 20 pesos a cada uno por día, por confeccionar camperas. Trabajaban, en condiciones insalubres, de lunes a viernes, desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche.

Esa denuncia fue realizada, en forma conjunta, por la Unión de Trabajadores Costureros y la Fundación La Alameda. Las denuncias habían sido aportadas por trabajadores que dijeron tener conocimiento de “varias decenas” de talleres que tenían el mismo sistema laboral. La presentación fue por violación a la ley 12.713, que regula el régimen de trabajo a domicilio, a la ley de migraciones, al convenio del gremio del vestido y también por “reducción a servidumbre”.

En julio del año pasado, una nueva causa se abrió contra un taller del barrio de Mataderos donde se confeccionaban prendas para la firma Cheeky, dirigida por Juliana Awada, la actual mujer del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Los costureros, de origen boliviano, trabajaban quince horas por día con un sueldo mensual de 1800 pesos. Los trabajadores tenían incluso dificultades para salir de la planta, dado que vivían en el lugar, hacinados, en cuartos pequeños, con camas tipo cucheta.

Cheeky ya había sido denunciada con anterioridad, en enero de 2007, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, durante la gestión como jefe de Gobierno de Jorge Telerman. En aquella ocasión se habían constatado irregularidades en varios talleres que fueron inspeccionados, pero un fallo del entonces juez y hoy ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dictó el sobreseimiento de los responsables de la firma. La resolución fue considerada “escandalosa”.

En julio de 2012 se renovó la denuncia contra Cheeky por “reducción a servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y a la ley de trabajo a domicilio”. La denuncia fue por la existencia de un taller en el cual trabajaban 13 personas en condiciones infrahumanas. No bien la denuncia se hizo pública, la firma aseguró en un comunicado que “de acuerdo con su procedimento habitual, ha resuelto suspender inmediatamente la relación comercial con ese taller hasta tanto se esclarezca su situación” con la Justicia.

El año pasado se hizo un escrache por trabajo esclavo a la marca de ropa Soho, que ya había sido acusada en 2007. Aunque también hubo un sobreseimiento judicial, se reiteraron las denuncias por la existencia de tres talleres en los que se confeccionaban prendas para esa marca. La manifestación contra Soho se hizo frente al local que tiene la firma en la avenida Santa Fe al 2000, en la Capital Federal.

Una de las últimas denuncias se hizo el 12 de abril de este año, contra la marca Zara. Esta es la segunda imputación judicial contra la misma firma. Igual que la primera presentación, se hizo ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, a cargo de Marcelo Colombo. Las denuncias fueron hechas contra el responsable de la firma, Luis Mendoza Zarco, y contra los responsables de un taller de costura ubicado en Cafayate 1836 de la Capital Federal.

Allí se confeccionaban prendas para las marcas Zara y Scombro, entre otras. Se entregaron filmaciones y fotografías que demostrarían que el local no está en condiciones de ser habilitado, por problemas de salubridad, higiene y por la “explotación de empleados a los que se le paga cuatro pesos por prenda terminada”.

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/piden-indagar-al-titular-de-falabella-por-trabajo-esclavo-345.html

Piden indagar al titular de Falabella por trabajo esclavo

Un fiscal pidió que se investigara al titular argentino de las tiendas Falabella luego de que la AFIP allanara un taller. En el local había personas en condiciones de esclavitud cosiendo ropa de las marcas vendidas por la cadena chilena.

Por: Milva Benitez

El fiscal federal Federico Delgado solicitó que el ingeniero Juan Luis Mingo Salazar, titular de la cadena de tiendas Falabella S.A.C.I., sea citado a indagatoria en una causa por reducción a la servidumbre. El expediente, radicado en el juzgado de Claudio Bonadio, se inició tras inspecciones realizadas por AFIP en diciembre de 2012, donde encontraron personas sometidas a condiciones de trabajo esclavo.
“Viven ahí, duermen ahí y confeccionan todo el tiempo, incluso les pregunté si conocían las calles aledañas y no conocían nada. Me dio la impresión que no salen mucho de la casa. Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios. Aparte el olor a encierro era terrible, no había ni una ventana abierta”, contó ante el fiscal una de las inspectoras que participo de ese operativo.
En marzo de este año, Delgado dispuso el allanamiento de los locales que funcionaban en Quirós 3041 y San Nicolás 266 de la ciudad de Buenos Aires. Encontraron a 10 personas que trabajaban “cama adentro”, con un sueldo de aproximadamente $2500; del que solo obtenían una parte porque “$1000 eran retenidos para la comida y vivienda”. Trabajaban entre 12 y 18 horas al día.
En estos talleres, los trabajadores en su mayoría provenientes de Perú, se encontraban en situación migratoria regular. Pero su documentación estaba retenida por Robert Egber Tupino Yncacutipa, el titular de los locales y las máquinas. El hombre figura ante la AFIP como monotributista correspondiente a la categoría F (acabado de productos textiles), pero no tiene ningún empleado registrado ante dicho organismo.
En los allanamientos, los agentes de la policía federal encontraron bultos de ropa y etiquetas de las marcas que comercializa la cadena comercial de origen chileno, Falabella. En el pedido de indagatoria el titular de la Fiscalía Nº 6 en lo Criminal y Correccional, lamenta que muchas veces estas causas fracasen porque “tan solo se logra descubrir el taller, más no a quien se apropia de ese trabajo —Pero agrega―.: Aquí las cosas fueron diferentes.”
Los talleres vendían su producción a la firma SIFAP S.A., de Héctor y Gustavo Mitelman. Esta empresa, que actuaría como intermediaria, proveía la ropa que Falabella comercializa con el mismo nombre y con las marcas Sybilla y Americanino.
“Las grandes marcas generalmente crean sociedades con una fachada legal donde tercerizan y éstos mandan al taller de trabajo esclavo”, explicó a Infojus Noticias Lucas Schaerer, representante de La Alameda, la organización que ha denunciado este tipo de explotación en reiteradas oportunidades. “La tercerización les permite no contaminarse”, dijo el fiscal Delgado en su escrito.
Schaerer destacó la intervención del fiscal porque desde 2005 hasta ahora –cuando presentaron las primeras denuncias como asociación -: “No hay ninguna causa de trabajo esclavo que haya llegado a juicio, y menos que involucre a grandes empresas.”
Falabella es una empresa de origen chileno, que comercializa productos bajo el formato de tiendas por departamentos, con presencia en Chile, Colombia, Argentina y Perú. En 2002, Mingo Salazar ingresó a la empresa como Gerente de Finanzas Retail, cargo que ocupó hasta su partida a Argentina en octubre de 2008. Actualmente es Country Manager del Grupo Falabella Argentina y Presidente de CMR Falabella S.A.

http://tiempo.infonews.com/2013/05/28/argentina-102709-la-justicia-apunta-a-falabella.php

La justicia apunta a Falabella

Por: Tiempo Argentino

La justicia pidió ayer la indagatoria del Country Manager de las tiendas comerciales Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, investigado por el delito de “trata de personas” por medio de la explotación trabajadores inmigrantes en dos talleres textiles del barrio porteño de Floresta.
El oficio corrió por cuenta del fiscal federal Federico Delgado, quien solicitó ayer la declaración del empresario en el marco de la causa 13354/12, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, y promovida tras dos allanamientos impulsados por la AFIP en diciembre pasado.
El fiscal solicitó a su vez que se indague a los empresarios Héctor y Gustavo Mitelman, supuestos “responsables de la firma que ofició de proveedora” de ropa para la cadena, SIFAP SA, y de Robert Egber Tupino Yncacutipa, que carga con la imputación de haber montado un taller ilegal, consignó Delgado.
La empresa aseguró a Tiempo Argentino que “colaborará con la justicia argentina en todo lo que se le solicitó” a la vez que ratificó “su compromiso con el país y con su modelo de trabajo basado en principios éticos de confianza, respeto por los derechos y dignidad de las personas y el desarrollo sustentable de sus negocios”.
Mientras tanto, se especula con que el titular de la compañía multinacional de origen chileno podría afrontar cargos bajo la Ley 12.713, que establece “responsabilidad” con el pago de salarios y los accidentes de trabajo, y también por los artículos 140 y 145 bis del Código Penal. Asímismo se analizará la actuación del empresario en relación con el artículo 117 de la Ley Nacional de Migraciones, detalló la asociación civil La Alameda, que sigue de cerca la problemática del trabajo esclavo. 





Reportajes televisivos por el escrache a los prostíbulos en Recoleta

28 05 2013

La Alameda, los vecinos autoconvocados en Recoleta Insegura, el sacerdote Julio Torres de Patrocinio de San José, el comunero Luciano Umerez, la diputada nacional (MC) Fernanda Gil Lozano vecina del barrio nos movilizamos para presentar el Mapa del Crimen Organizado de Recoleta (un total de 54 prostíbulos y más de 200 delitos) 2013 y clausurar simbólicamente una red de cinco prostíbulos que operan con impunidad en la cuadra de colegio (Arenales 2059) y frente a la sede Comunal 2 (Uriburu 1059) y al lado de la sede gobierno en un subsuelo habilitado como jugueteria.

 





Suspendido Gustavo Vera hoy a las 23 en Todo Noticias (TN)

28 05 2013

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Se suspendió para el próximo martes a las 23 hs el reportaje al titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, en el programa “Palabras más, palabras menos” del canal de cable Todo Noticias (TN). 

 








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