El Pueblo narco: Sunchales en Santa Fé

29 09 2014

mapa

La Red Antimafia en la provincia de Santa Fé va denunciar ante las autoridades nacionales y provinciales un mapa sobre el copamiento de la mafia al pueblo de Sunchales, ubicado a 135 Km de la ciudad de Santa Fé y 270 Km de Rosario.

Este martes 30 de septiembre, la Red Antimafia presentará el Mapa de la mafia en Sunchales ante el Ministerio de Seguridad Nacional y la Procuración Nacional como antes los funcionarios de Seguridad de la gobernación de Santa Fé.

En el mapa confeccionando en tres meses descubrió 21 puntos de venta de droga; 3 prostíbulos y 6 casinos clandestinos. Los puntos naranja es presencia narco; los azules son prostíbulos y los rojos son casinos clandestinos.

El pueblo de Sunchales que habitan poco más de 21 mil personas se encuentra a la vera de la ruta 34 más conocida como “la ruta blanca” de la droga, ya que hace el trayecto desde la provincia de Salta a Rosario. De ahí que la Red Antimafia de Sunchales este coordinando con la Red de Reconquista y Rosario.

La experiencia de denuncias por parte de los vecinos en Sunchales  es lamentable, ya que en general suelen dar negativos y así se mantiene la maquinaria criminal. 

Los vecinos de Sunchales pueden aportar más información vía mail: info@redantimafia.org y en el Facebook: Red Anti mafia Sunchales.

Contacto:

Lucas Manjon: 15 3245 0456





Debate sobre prostitución y trata

26 09 2014

charla en la pichon riviere. png

Este sábado en la primer Escuela de Psicología Social se realiza una charla debate sobre prostitución y trata. A partir de las 15 hs en la calla 24 de Noviembre 997 esquina Carlos Calvo en el barrio de Boedo.





Festival por la Manzana 66 en Once

26 09 2014

festival en balvanera

Un importante festival este sábado por los vecinos de Once para que la manzana 66 sea recuperada para el bien común.

 





Apoyo a la ong Basta de Demoler

25 09 2014

Aquí el apoyo del bloque Bien Común, este jueves en el recinto de la Legislatura porterña por Pablo Bergel, para la ong que protege el patrimonio Basta de Demoler, que recibió una demanda absurda por 24 millones de pesos  por parte del Gobierno PRO.





Denuncia contra Oyarbide por favorecer a marcas esclavistas

24 09 2014

untitledNota del periodista especializado en judiciales Sergio Farella para la página Infobae. 

En una cinta se escucha a integrantes de una banda delictiva que tenían información sobre un supuesto compromiso de la Justicia federal para no investigarlos. “Van a tomar para otro lado”, dicen que les prometieron

Un juicio en el que fueron condenadas una docena de personas por trata de personas para explotación laboral en talleres clandestinos y el cual lograron sortearlo los principales referentes de las marcas más top y exclusivas. La sospecha siempre está en que reciben protección, y hacía allí apunta una investigación que podría comprometer al juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide.

Se trata de una banda de gran extensión y donde las víctimas confeccionaban prendas para marcas top como Kosiuko, Siamo Fuori, Motor Oil, Striven y Semijean, entre muchas otras. Las víctimas eran captadas mediante avisos que se publicaban en Bolivia en varios medios de comunicación y luego de ser captadas eran trasladadas a la Argentina, con muy buenas promesas laborales.

En medio del juicio que concluyó días atrás se detectó una escucha telefónica que vincula al juzgado de Oyarbide con los acusados. Es de junio de 2012 y hablan intermediarios de las principales marcas bajo investigación. Los sospechosos se identifican como Emilio y un abogado de nombre Alejandro, que se jacta de ser el nexo con el juzgado. 

Emilio: ¿Alejandro hay alguna novedad?

Alejandro: Tenemos novedades, en el juzgado nos dieron certeza que ustedes no van a estar más ni escuchados, ni nada, que van a tomar para otro lado y nos pidieron tiempo con el tema de la ropa, cuánto tiempo no establecieron pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos. Que no pasa nada. Yo voy a ver si veo a las muchachos del estudio aunque esto pasó el día viernes, después que usted me mandó las cosas. O el jueves, no me acuerdo. Quiero ver si hoy martes tenemos alguna precisión más y si levantaron el secreto de sumario.

Emilio: ¿Por qué todavía no lo han levantado?

Alejandro: No, el viernes no estaba levantado

La escucha no es un dato aislado. Fuentes judiciales aseguraron a Infobae que justamente la investigación no se dirigió hacia los empresarios, tal como “Alejandro” había asegurado en el audio registrado.

Los talleres clandestinos, en la mira de la Justicia 

La causa no resultó un hecho aislado para los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Oscar Alberto Hergott, Sergio Adrián Paduczak y Ángel Gabriel Nardiello. Ordenaron investigar el posible delito de acción pública a raíz de la constancia de esa escucha y “en razón de que la misma potencialmente involucra a funcionarios públicos”.

La investigación arrojó que la banda captó al menos a 32 personas con fines de explotación laboral, entre ellas tres menores de 18 años, quienes eran sometidas a largas jornadas de trabajo, en condiciones inapropiadas y recibían poca alimentación en los talleres donde eran alojadas o bien en otros lugares donde estaban cautivas. En un juicio abreviado propuesto por el fiscal del juicio Horacio Azzolín, para evitar una revictimización, se condenó a 12 personas hasta 5 años de prisión.

Años atrás, Oyarbide fue centro de la polémica porque en un fallo en el que sobreseyó a directivos de la empresa de indumentaria Soho consideró que existe un sistema de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los talleristas y que se trata de “un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa”. El caso ameritó la denuncia de la agrupación La Alameda.
 

 

 





La ley de trata no está reglamentada

23 09 2014

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Hace 22 meses que la presidenta no reglamenta la reforma a la Ley de Trata. Esto impide a las ong’s, a la Corte Suprema, la Procuración Nacional, el Congreso Nacional y las provincias integrar el Consejo Federal que debe determinar la políticas públicas contra este flagelo que victimiza a 500 mil personas en la Argentina.  

Ante está situación la Alameda tomó dos medidas concretas. Por un lado presentar a través de su titular, el legislador Gustavo Vera, un proyecto de declaración que fue votado el 3 de julio por 40 legisladores que expresa la “profunda preocupación ante la falta de reglamentación de la Ley N° 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Modificatoria de la Ley N°26.364), ya que obstaculiza su efectiva aplicación, y reclama que el Poder Ejecutivo Nacional tome las medidas necesarias para subsanar esta situación“, añade el texto convertido en ley por 40 legisladores porteños.

Y por otro lado, la Alameda presentó el lunes 17 de marzo un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, ya que la falta de reglamentación de la ley 26.842 (Ley de Trata) impide que las ong’s integren el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas contemplado en el artículo 7 de la referida ley y poder así participar en el diseño de las políticas públicas contra este flagelo que en la Argentina victimiza a medio millón de personas. Asimismo por no reglamentar la ley quedan fuera del Consejo Federal los representantes por Diputados y Senadores Nacionales, por la Corte Suprema, por el Ministerio Público Fiscal, por las provincias y CABA.

El amparo recayó en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, bajo el expediente Nº 5884/2014.

La ley prevé la autarquía del organismo para  garantizar en mejor medida la posibilidad de diseñar políticas de largo y profundo aliento.

Además el Consejo Federal debe designar un coordinador a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación. Pero como se afirma en la ley se debe esperar la reglamentación pertinente para poner en marcha este organismo. También depende de la reglamentación la participación de las organizaciones no gubernamentales (art. 8 de la referida ley)

De ahí que el amparo solicite la inmediata suspensión de toda actividad de la ex diputada nacional Cecilia Merchán (ex Libres del Sur), a cargo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, por ser manifiestamente ilegal  en razón de contradecir las disposiciones  de la ley 26.842.

Fue el anterior Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, quien nombró el 2 de septiembre de 2013 como directora a Cecilia Merchán quien manifestó que avanzarán en la elaboración del PROGRAMA NACIONAL obviando que la ley 26.842 prevé que sea el CONSEJO FEDERAL quien dé los lineamientos para este PROGRAMA NACIONAL y no que el programa se elabore de manera inconsulta solamente por parte de cuatro  Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.

De esta manera que la presidenta está privando a las provincias de participar en la elaboración del Plan, así como al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las ONGs.

Al no ponerse en marcha el Consejo Federal es que Cecilia Merchán avala en forma discrecional, sin política consensuada, en pocas palabras “fuera de la ley” al Comité contra la Trata.

HISTORIA DE LA LEY

La reformar a la ley de Trata se logró por una fuerte movilización popular consecuencia de la indignación generada por la absolución dictada por un tribunal oral tucumano contra los autores de la desaparición forzada de Marita Verón, la que  había sido víctima de una poderosa red de trata de personas con fuertes vínculos con las fuerzas de seguridad y el poder político. La ley reformar a la ley del 2008 fue sancionada el 19 de diciembre del 2012 y promulgada el 26 de diciembre de 2012 mediante decreto 2571/2012.

Esta ley procura remediar las falencias de la ley 26.364  que la habían tornado inocua y con consecuencias inicuas. Para ello crea una serie de organismos que para ser puestos en funcionamiento demandan la consiguiente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

OMISIÓN DE CFK

Sin reglamentación miles y miles de casos de trata de personas pueden ser favorecidos o pasarse por alto o ser interpretados como meras infracciones administrativas a la legislación del trabajo o a las normas de moralidad e higiene municipales a raíz de una errónea política criminal. Desde esta óptica, desde comprender que cada tema, cada situación debe ser considerada de modo integral, sostenemos la necesidad del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas” y también un “Programa Nacional” en igual sentido que tiendan a subsanar aquello que los programas y ámbitos institucionales vigentes a tal efecto no han logrado, para ello debe estar vigente la ley aprobada y para ello es necesaria su reglamentación.

Esta omisión en la reglamentación es la que posibilita la continuidad de un statu quo propicio a la vulneración de los derechos de miles de víctimas y no permite la implementación de planes federales que podrían evitar o disminuir la comisión del delito de trata de personas o de formas tradicionales y naturalizadas de explotación (verbigracia, el trabajo infantil peligroso, la explotación del trabajo no remunerado de las familias de los trabajadores rurales, la prostitución reglamentada municipalmente en violación a las disposiciones del art. 15 de la ley 12.331 y del art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).





Vera en Canal 26 con Maxi Montenegro

23 09 2014

El legislador porteño por el Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera, ayer lunes a la noche en Canal 26 en el programa “Plan M” que conduce Maximiliano Montenegro.

Vera habló sobre la visita de la presidenta Cristina Fernández del sábado al Vaticano, el panorama político, sobre la deuda externa y las causas judiciales contra funcionarios nacionales por narcotráfico y corrupción.