Hugo Moyano al presidente Mauricio Macri

30 01 2018

Macri y Moyano

Hugo Moyano al presidente Macri: En mi caso, todas las veces que tuve que pasar por la justicia han sido por denuncias falsas que nunca llegaron a ninguna condena. Incluso ambos tenemos el honor de contar con una denunciante en común: la Sra. Ocaña, quien lo ha denunciado por corrupción y ha celebrado su procesamiento por las escuchas ilegales (Twit que tuvo que borrar cuando fue contratada por usted). No me siento ejemplo de nada, pero quiero decirle que desde hace más de 20 años podría estar cobrando una jubilación de privilegio como diputado de la Provincia de Buenos Aires y nunca lo hice. Sin duda es una contribución al Estado que muchos funcionaros denunciantes seriales no están dispuestos a hacer.

La carta completa:

Estimado Señor Presidente:
Es insólito que Usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada. Debería ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su Gobierno no solo se ha “metido”, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados -padres, madres y abuelos de todos los argentinos- que también se encuentran retirados después de haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su Padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas y en algunos casos contratando con el Estado. El Presidente de nuestro país debería saber que la gran mayoría de jubilados cobra la mínima, y padecen al PAMI que cada vez les brinda menos prestaciones y cubre menos gastos por medicamentos. Usted se ha “metido” con todos ellos, entre los que se encuentra mi madre que actualmente tiene 100 años, y que si no fuera por la ayuda familiar no podría tener una vejez digna. Si supiera cual es el valor de una jubilación mínima podría comprender de lo que estamos hablando, y también que el respeto por las personas de edad avanzada se demuestra con acciones concretas, no solo con palabras. Su desinterés por los jubilados quedó en evidencia cuando ni siquiera ha podido responderle a Mirtha Legrand cuanto era la jubilación mínima.

Por otra parte, es bueno que Ud. haya podido presentarse ante la justicia y aclarar el tema de los Panama Papers y haber presentado todos los papeles donde se pudiera constatar en “trámite exprés” que estaba todo a nombre suyo. Igual me permito recordarle que ha tenido otras causas donde ha sido procesado, pero la justicia no ha sido tan expeditiva.

En mi caso, todas las veces que tuve que pasar por la justicia han sido por denuncias falsas que nunca llegaron a ninguna condena. Incluso ambos tenemos el honor de contar con una denunciante en común: la Sra. Ocaña, quien lo ha denunciado por corrupción y ha celebrado su procesamiento por las escuchas ilegales (Twit que tuvo que borrar cuando fue contratada por usted).
No me siento ejemplo de nada, pero quiero decirle que desde hace más de 20 años podría estar cobrando una jubilación de privilegio como diputado de la Provincia de Buenos Aires y nunca lo hice. Sin duda es una contribución al Estado que muchos funcionaros denunciantes seriales no están dispuestos a hacer.

Hugo Antonio Moyano

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El presidente del INTI que acomoda socios y amigos

29 01 2018

Macri junto Ibáñez en la AGC

Javier Ignacio Ibáñez, presidente del INTI desde el 2016 (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), es señalado por los trabajadores de designar 93 empleados en un año sólo en presidencia cuando en la anterior gestión, a cargo de Enrique Martínez, se designaron tan sólo cinco asesores en presidencia de esta vital aérea para las políticas estatales en iniciativas tecnológicas.

Por Lucas Schaerer

Ibáñez es muy contradictorio. Porque ahora pretende despedir 260 trabajadores, y por ello hace tres días los trabajadores resisten al interior del predio del INTI en colectora de av General Paz a metros de av Constituyentes, pero por otro lado designa viejos amigos y socios sin contemplar costo salariales ni capacidad profesional.

Los casos más escandalosos de sus designaciones, en su mayoría a través de contrato de locación, es un viejo socio en la empresa CIRS S.R.L., una empresa dedicada a operaciones inmobiliarias con sede en el microcentro porteño. Leonardo Pedro Spina fue designado empleado del INTI en marzo de 2016 gracias a su antiguo socio empresarial hoy líder del INTI.

Por otro lado Ibánez designó a ex empleados suyos en su paso por el Gobierno de la Ciudad que conoció en la época que lidero con escándalos por medio de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Este es el caso de Joaquín Santiago Rosenvasser designado por Ibáñez en la coordinación de Gerencias Técnicas por la que cobra un sueldo de 40 mil pesos mensuales. Este empleado del INTI antes había

FOTO: Ibáñez de corbata y con el cinturón en la mano en un estadio de fútbol

sido hombre de Ibáñez en el Ministerio de Producción porteño.

Asimismo Eduardo Fernández, también vía contrato de locación por un sueldo de 35 mil pesos, fue designado por Ibáñez en el aérea de Inspección de Obras.

Héctor Torres, otro de los amigos de Ibáñez de su paso por el Gobierno porteño y designado en el INTI más precisamente en la Gerencia General para ganar un sueldo de 42 mil pesos vía contrato de locación de servicios.

LIGADO A LOS PROSTÍBULOS Y BARRAS

En su paso por la AGC la gestión de Ibáñez fue vinculada a las tragedias ya sea con la caída de un entrepiso en el boliche Beara, donde murieron dos jóvenes en el 2010, como con los prostíbulos con explotación y trata de niñas y mujeres en boliches habilitados, como en los escándalos por su enfrentamiento cual barra brava.

Por las muertes en el boliche Beara quedó involucrado en la causa penal su hombre en habilitaciones, Martín Farrell.

Por los prostíbulos Ibáñez quedó en evidencia porque en el portal “Salí Seguro”, de la AGC, convocaba a los padres a que supieran los boliches que concurrían sus hijos pero entre esos locales figuraban decenas de prostíbulos que habían sido allanados por narcotráfico, trata de mujeres y niñas como explotación sexual. Salí Seguro no hacia más que transparentar reductos de la mafia.

El colmo de su gestión llegó cuando Ibáñez fue filmado en un enfrentamiento violento en plena tribuna de Chacarita. Se había sacado su cinturón y corría a hinchas de chacharita a los golpes. En ese momento ejercía de titular de la AGC y directivo del Club Atlanta.





En el INTI 260 despidos. Resisten los trabajadores

27 01 2018

El INTI (Inst. Nac. de Tecnología Industrial), un organismo del Ministerio de Economía Nacional, despidió 260 trabajadores, un 10 por ciento del personal.

Los trabajadores pasaron toda la noche en el predio de av General Paz y Constituyentes y están en asamblea permanente para revertir estos despidos que se traducen en hambre para ellos y sus familias.

costureros de talleres clandestinos en el CDI

Con el construimos el primer  para victimas del .

Néstor Escudero con los anteojos en la cabeza

En la foto delegado sindical de ATE en el Centro Demostrativo de Indumentaria ubicado en el barrio de Barracas A su vez Escudero es uno de los miembro más antiguos de la Alameda.





Un mapa del delito que omite los cometidos en connivencia con la policía

25 01 2018

nota de Tiempo Argentino

Lo presentaron Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, como una herramienta online para que los vecinos de la Ciudad denuncien y sepan dónde ocurren. Incluye robos y hurtos, homicidios y lesiones en hechos viales, pero invisibiliza prostíbulos, talleres clandestinos, puntos de venta de droga y hasta las denuncias contra “trapitos”.

Nota de Gastón Rodríguez publicada por Tiempo Argentino, el sábado 20 de Enero de 2018

https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/74022/un-mapa-del-delito-que-omite-los-cometidos-en-connivencia-con-la-polica-a?utm_content=buffer7081a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#.WmSkuNY5_8M.buffer

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, presentaron durante los últimos días de diciembre lo que llamaron el primer Mapa del Delito, “con datos actualizados que permitirán relevar la dinámica criminal en los diferentes barrios y su evolución mensual” y, de paso, acabar con el “apagón estadístico” de los últimos años.

En esta primera versión, aclararon los funcionarios, fueron incluidos sólo los hechos registrados como de “mayor impacto en la vida de las personas” (homicidios dolosos, homicidios y lesiones por siniestros viales) y los de “mayor ocurrencia” (robos y hurtos, sin considerar los que fueron calificados preliminarmente como tentativas o frustrados por la fuerza policial).

Pero pese a los argumentos oficiales, vecinos y organizaciones sociales critican que, convenientemente, fueron “invisibilizados” aquellos delitos que gozan de protección policial o que, por acción u omisión, dejan “mal parado” al Gobierno de la Ciudad.

“Este depurado Mapa del Delito omite cualquier búnker, kiosco, bar, pool o boliche donde se venda cocaína, pasta base, éxtasis o marihuana a lo largo de todos los barrios de la Ciudad. Además, es llamativo que no deje constancias, por citar un caso muy evidente, de los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales”, se lee en el comunicado difundido por la organización La Alameda luego del anuncio de Rodríguez Larreta y Ocampo ante la prensa.

Respecto de esas omisiones, desde el gobierno sostienen que no incluye los puntos de venta de drogas para “evitar entorpecer las investigaciones” de la justicia federal. Idéntico argumento usa para los delitos sexuales. “Es para evitar identificar el domicilio del hecho, que suele coincidir con el de la víctima”.

Aun peor que esa escueta explicación es el silencio con respecto a la trata con fines sexuales y los prostíbulos. En octubre pasado, Tiempo publicó una nota denunciando los más de 500 prostíbulos que seguían funcionando en la Ciudad, pese a que ya había pasado un año de la sanción de la Ley 5639 que modificó el Código de Habilitaciones y Verificaciones derogando la figura de las “alternadoras”, que es la manera que tienen los tratantes de encubrir como empleadas a las mujeres que son explotadas sexualmente en locales nocturnos “Clase A”, identificados como whiskerías, cabarets, bares o boliches.

En la lista de delitos “borrados” también se encuentran los desarmaderos de autos, las denuncias sobre “trapitos”, el juego clandestino y los talleres textiles que se sostienen con trabajo esclavo.

Zonas liberadas

Este jueves, Larreta y Ocampo volvieron a mostrarse juntos para anunciar “el nuevo despliegue territorial de la Policía de la Ciudad” como parte del Sistema Integral de Seguridad Pública, por el cual “se asignarán las paradas policiales en base a criterios de densidad y circulación de la población, incidencia del mapa del delito y objetivos específicos de seguridad”. Sin embargo, este “despliegue” novedoso no es otra cosa que el viejo modelo de saturación policial que, en palabras de los especialistas, sólo sirve para mostrar que las autoridades “se están ocupando”, aunque nunca se logre la disminución del delito. Pero no es el único “vicio” enquistado. Para La Alameda, “los jefes policiales saben que este mapa fue depurado de los delitos que generan recaudación para ellos mismos y para funcionarios de los tres poderes del Estado”.

El 25 de abril del año pasado, el por entonces primer y flamante jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, quedó detenido (sólo obtuvo la excarcelación 100 días después con el pago de una fianza) cuando se presentó a declarar ante el juez Ricardo Farías en la causa en la que se lo acusa de ser el jefe u organizador de una asociación ilícita que le cobraba coimas a comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra.

El 30 de septiembre pasado, en la previa del partido de Los Pumas contra los All Blacks en el estadio de Vélez, los vecinos filmaron a los “trapitos” ubicando autos sobre la plazoleta Ceferino Namuncurá, a escasos 30 metros de la Comisaría 44ª. La impunidad para cobrar el espacio público se explica porque el jefe de la Comuna 10 es Daniel “El Tano” D’Ipollito, histórico barra de Vélez que supo hacer campaña con Rodríguez Larreta. Todo tiene más sentido al conocer que el actual jefe de seguridad del Fortín de Liniers es Eduardo Capuchetti, casualmente, excomisario de la 44ª. 

Una tarde en “la Siberia”, donde los policías nunca alcanzan

La mujer prácticamente le arrebata el micrófono a Juan Pablo Arenaza, subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, agita su bastón y grita: “¡La Siberia dijo basta! ¿Usted sabe qué es la Siberia?”. El funcionario se excusa, dice que es de Pacífico, y se gana la reprobación de unos 200 vecinos de ese rincón de Villa Urquiza, casi todos mayores de 65 años, reunidos en la “milonga” del club Sin Rumbo para conocer cómo funciona el Mapa del Delito, desilusionados por la ausencia del ministro Ocampo y sobrecogidos por la muerte, dos días antes, de Mauro Díaz, de 36, baleado en medio de un tiroteo entre policías y ladrones. La vecina reclama mayor presencia policial y exige que venga Gendarmería: “Les damos hasta el domingo a la noche para que empiecen a patrullar, y si no, la Siberia se levanta”. La aplauden.

Los vecinos hablan de la “ausencia total” de policía, en un barrio donde, en realidad, los efectivos de a pie y las luces de LED azul de los patrulleros de la Policía de la Ciudad parecen omnipresentes día y noche. La cantidad de hombres no sería el problema, sino dónde, cuándo y cómo actúan o dejan de hacerlo. Un comerciante de Núñez y Zado, donde murió Díaz, toma la palabra y dice: “Nuestro barrio era muy tranquilo, pero ahora explotó”. Arenaza promete una próxima reunión de Ocampo con los comerciantes. Arrecian los reclamos de más retenes en los accesos desde la Provincia, más controles de alcoholemia, quejas contra los cartoneros, los pibes que se meten en las plazas ya enrejadas y contra todo lo que huela a pobre. Aún no se sabe si la bala que mató al vecino salió del arma de uno de los tres delincuentes que, tras evadir con un Citroën C4 robado un control en General Paz y Constituyentes, huyeron en su Fiat Uno, o si partió de los policías que los perseguían y que de hecho mataron a un ladrón.

Hasta que otra vecina, Rita, habla de un tipo de delito que no está en el mapa. Dice que tiene miedo de denunciar una casa donde venden droga, a una cuadra de la comisaría, que le cuesta creer que no tenga protección policial. Arenaza la invita a hacer la denuncia en el Ministerio. Un instante después, un solícito joven de camisa celeste (son como 12) se acerca a tomarle los datos a la señora. Otro vecino, Luis, señala lo obvio: que estos delitos “fáciles de denunciar”, robos y hurtos, son los subproductos del crimen organizado, del narco y la trata, ausentes en el mapa. Se pregunta por qué. Le explican que es “para no entorpecer la investigación de la justicia federal”. Vuelve a preguntarse: ¿no será el barrio una “zona liberada”?Ahora todos gritan, pero del laberinto de inseguridad de este barrio como tantos, casi nadie pretende salir por arriba: la invariable respuesta es el pedido y la promesa de mayor presencia policial. Y Arenaza regresa rápidamente a los argumentos habituales: muestra en el mapa que la incidencia de tal o cual delito coincide con esta o aquella villa,  y de paso promete un inventario de casas tomadas, “para ver dónde hay conflictividad”. Los vecinos se retiran en paz.





Reempoderar al Estado

22 01 2018

En las altas esferas del Poder Judicial argentino se está discutiendo desde fines del año pasado el uso de los bienes incautados a corruptos o asociaciones ilícitas. La Alameda como organización antimafia y fundadora de la Red Nacional Antimafia propone y demuestra que es posible construir políticas públicas que vayan sobre el corazón financiero de los mafiosos sin perder la mirada en la resinserción de las víctimas de las organizaciones criminales.

Columna de opinión de Lucas Manjón, coordinador de la Red Nacional Antimafia.

El 2018 es un año para recuperar el Estado. Desde una manera ingeniosa, que es atender a las deficiencias en materia de seguridad para la reconstrucción del tejido social. Penar, reinsertar, recuperar y reutilizar.Se necesitan políticas públicas que sepan analizar y actuar sobre la realidad actual. Podemos buscar las normas que regulan el qué hacer con los bienes incautados en las causas penales y nos encontramos con un desorden que tiene más de 20 años. Hasta ahora, los poderes del Estado encontraron que la única norma fue actualizando es el artículo 23 del Código Penal, pero desde hace tiempo se sabe que las leyes de fondo no alcanzan a quienes cometen delitos y que son las normas de procedimiento y de organización las que pueden servir para materializar un castigo.

No hay respuesta eficaz al fenómeno de la criminalidad organizada sin que los bienes incautados a funcionarios corruptos, narcotraficantes, esclavistas, proxenetas, contrabandistas o tratantes terminen siendo gestionados por el Estado, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy la incautación de los bienes al crimen organizado se aplica pero ellos no son reutilizados socialmente.

Desde hace ya varios años que bajo el lema de “devuelvan lo robado”, “que vayan presos pero que la pongan”, diferentes sectores políticos iniciaron campañas publicitarias, llenas de sentido común pero vacías de contenido y acompañadas por proyectos extremadamente burocráticos y poco prácticos que solo buscan atacar los hechos de corrupción vinculados a tal o cual partido político.

La realidad es que recuperar los bienes productos del delito de la criminalidad organizada como de la corrupción, no deben ser simples campañas publicitarias; deben ser el mecanismo por el cual el Estado vuelva a tener en sus manos, gran parte del poder que decidió desprenderse y que los ciudadanos le habíamos delegado.

LOS PARÁSITOS DEL ESTADO

El fenómeno del crimen organizado y la corrupción tuvieron su auge en los años 80-90, para la misma época en que los sectores neoliberales lograron que los Estados en vía desarrollo se desprendan de las responsabilidades que le competen desde su nacimiento en la era moderna. La salud, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana pasaron a ser controladas por empresas privadas y se convirtieron en una responsabilidad de una democracia mercantilizada; si paga los impuestos cuenta con derechos, quien no, el averno. Todavía parece ser necesario recordar que las funciones de los Estados y las empresas son diametralmente opuestas.

Los Estados poco a poco comenzaron a perder el control de las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad. La economía inició un fulminante proceso de transnacionalización y nuevos elementos comenzaron a desarrollarse como parásitos.

Esos seres vivos que se alimentan y se desarrollan a expensas de otro ser vivo; para el Estado eso es el crimen organizado. Los parásitos son también organismos vivos y pueden volverse receptores de otros seres vivos que los necesitan para vivir.

El crimen organizado es un parásito, que nace y se reproduce en y desde el Estado.

¿Como se quita a un parásito de un organismo? Mediante un tratamiento que permita al organismo principal (quien da vida) recuperar la totalidad de sus funciones naturales y eliminando el motivo “de vida” por el cual el parásito se hospedó en el cuerpo.

El fin máximo del parásito de la criminalidad organizada es el lucro, el lucro intensivo y desmedido. Lo necesario para ello es que el organismo que le provee vida no muera; que el Estado siga generando dinero, asumiendo las funciones en las cual el parásito no tiene intenciones de asumir el control.

El narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos no solo destruyen periódica y sistemáticamente a la sociedad; y es el Estado mismo quien alimenta las diferentes evoluciones del crimen organizado, los aloja y ayuda a que se reproduzca; también es quien paga sus consecuencias.

El Estado argentino al desprenderse de diferentes áreas sensibles para el desarrollo y bienestar de la sociedad, habilitó al crimen organizado a reproducirse y ocupar esos sectores. Son los Estados quienes deben afrontar los problemas que se generan en su seno. Una catastrófica situación sanitaria que deja a un 25% de jóvenes argentinos con problemas de adicciones totalmente a la deriva; mujeres y niñas víctimas de explotación sexual que sólo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan un millar de prostíbulos, produciendo graves traumas psicosociales, económicos y de salud; y medio millón de personas explotados laboralmente que de ser rescatadas por los organismos oficiales estarían perdidas en un laberinto de burocracia e incertidumbre nos dejan la segunda y más oculta de las realidades del crimen organizado; las consecuencias.

Una experiencia exitosa.

¿Cual es la manera para recuperar parte del Estado al crimen organizado?

Nuevamente debemos afirmar que es mediante la política. Y se lograron esas políticas exitosas, pero de manera aislada y excepcionales.

La experiencia de la Fundación Alameda demuestra que con política se pudo disputar y ganar espacios de poder a los parásitos del Estado, las mafias.

En el año 2008, un Juez Federal había incautado maquinarias a un empresario textil que reducía a la servidumbre a casi un centenar de trabajadores bolivianos. El desafio en esto, era superar experiencias anteriores que enviaban la maquinaria a depósitos judiciales a cielo abierto provocando la paradoja de “rescatar” a los esclavos pero dejarlos sin trabajo, ni casa. Ante esta situación la Fundación Alameda fue convocada y propuso la intervención estatal por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Gobierno porteño para que generen un proceso que de utilidad a esas máquinas incautadas y sean puestas al servicio de los costureros rescatados. El objetivo se cumplió y en el barrio porteño de Barracas funciona el Centro Demostrativo de Indumentaria, donde trabajan más de 80 personas, muchas rescatas de talleres clandestinos.

Pero el problema surge con la precariedad de la política pública. Ya que con el tiempo las autoridades de esos organismos decidieron no seguir asumiendo las responsabilidad de brindar una reinserción económica y social real para las víctimas de trata y por lo tanto no volvieron a generar un espacio de integración social y económica para víctimas de trata.

Frente a esta situación, en el año 2013, la Fundación Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT, volvió a insistir con la reutilización social de los bienes del crimen organizado, y para esto las organizaciones se constituyeron como depositarias judiciales y junto a otros sindicatos de la central obrera crearon una cooperativa en una comunidad recóndita de la provincia de Formosa, donde 30 mujeres de pueblos originarios fueron capacitadas en el oficio de la costura y encontraron una salida laboral digna. Misma política y procedimiento impulsaron para la ong y los gremios en la provincia Chacho para 20 mujeres QOM.

UNA SINCERA REUTILIZACIÒN

Distintos organismos de gobierno nacional comenzaron a presentarse en varios procesos judiciales abiertos que tienen algunos funcionarios del gobierno anterior y a solicitar los bienes productos del delito que estas personas tenían en su poder: un yate de lujo para la Prefectura Argentina y un jet privado para la Policía Federal Argentina.

Es el juzgado que encabeza Sebastián Casanello se llevo adelante la reutilización de maquinaria de construcción, la cual había sido secuestrada en un proceso de lavado de dinero. El mecanismo pudo implementarse mediante la intervención de varios organismos nacionales y algunos cuantos municipios del país. Mientras que el yate de lujo y el jet privado se anunciaba cual entrega de premios y alfombra roja, la reutilizacion directa y social de la maquinaria solo ocupo pequeños espacios en los diarios matutinos. Se reutilizó pero que no se note.

Si bien fue una muestra más de política partidaria que de Estado, la decisión de quienes conducen esos organismos del Estado para constituirse como depositarios judiciales de esos bienes, abrió una posibilidad de debate a quienes desde hace más de 8 años trabajamos para que el Estado recupere sus poderes y responsabilidades.

Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad y la posibilidad de devolverle al Estado parte de su poder. Los jueces en sus procedimientos llevan adelante el secuestro de los bienes productos del delito, pero la realidad es que el destino de esos bienes es su abandono por una larga cantidad de años.

Fueron presentados varios proyectos de ley para extinguir el dominio de los bienes a los condenados por corrupción y delitos de crimen organizado. Este proceso, en el marco de nuestro sistema judicial, solo alargaría el tiempo en que los bienes puedan ser reutilizados, los cuales perderían cada mes un porcentaje de su funcionalidad operativa.

Ya fueron varios los intentos y los proyectos para que la reutilización sea una política de Estado. En mayo de 2016, algunos intendentes del Conurbano, acompañados por el presidente de la Fundación Alameda marcharon y se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,para plantear la enorme problemática que es para los municipios enfrentar al crimen organizado.

De estas reuniones surgió en varias de las intendencias, las “Mesas Interinstitucionales contra el narcotráfico” donde se generó un espacio de trabajo que incluye a funcionarios municipales, provinciales y nacionales junto la justicia federal y provincial. En ese mismo espacio del edificio de la Corte Suprema, en la figura de su presidente, se llevó adelante el compromiso de trabajar hacia un mecanismo que permita y establezca un marco de procedimiento para la reutilización de bienes productos del delito para que los diferentes municipios cuenten con una mayor cantidad de medios para prevenir al crimen organizado.

AGENCIA NACIONAL DE BIENES

En varias reuniones que miembros de la Fundación Alameda tuvieron con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se discutió el proyecto de crear una Agencia Nacional de Bienes que clasifique, centralice y distribuya los bienes secuestrados por parte de los diferentes juzgados federales y para que sean reutilizados y administrados mediante diferentes agencias del Estado. Las conversaciones llegaron a su fin, por decisión del Ministerio y por motivos exclusivamente partidarios.

El proceso para reutilizar los bienes y reparar al Estado, solo requiere voluntad política: constituir la Agencia, llevar adelante un registro público y periódico de los bienes que son secuestrados por el Poder Judicial, determinar su valor fiscal y cuando alguna agencia nacional, provincial o municipal requiera utilizar algunos de esos bienes, generar una cuenta en el Banco Nación por el mismo valor fiscal del bien, para de esta manera garantizar la restitución del valor total del bien en el caso que tenga que ser devuelto a su titular.

Un mecanismo con muchísimas similitudes, ya es realizado por la Corte Suprema y la SEDRONAR desde el año 2009, pero casi exclusivamente son reutilizados los vehículos secuestrados en causas por narcotráfico.

Es por ello que debemos seguir insistiendo y trabajando para que el Estado deje de alimentar al parásito del crimen organizado.

En este caso, el parásito necesita dinero para seguir viviendo. La reutilización de los bienes incautados al crimen organizado no es solo una reparación en el sentido económico, permite iniciar el camino de la recuperación de la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones de la democracia. El ciudadano podrá ver como se castiga a los delincuentes, se asiste a las víctimas de esos delitos y se repara el daño a toda la sociedad en general.

En definitiva se trata de reempoderar y reconstruir el Estado.





El rol de Francisco es tender puentes no gobernar Argentina

22 01 2018

Gustavo Vera en Telefe

En Telefe, programa Morfi, fue entrevistado Gustavo Vera. El titular de la Alameda respondió todas las preguntas o dudas sobre el Papa Francisco en su visita pastoral a Chile.

Link del reportaje:

http://telefe.com/morfi-todos-a-la-mesa/actualidad/el-rol-de-francisco-es-tender-puentes-no-el-de-gobernar-argentina/





Canal 9 reportaje a Gustavo Vera

17 01 2018
El titular de la Alameda fue entrevistado en Canal 9 por el Papa Francisco en Chile.
En el programa que conduce Maju Lozano fue consultado Gustavo Vera por distintos temas de la agenda papal.