Fuente: Diario El Sol – Periodista Marcelo Torrez
Decir que producto de una pandemia los mendocinos descubrieron –a grandes rasgos o reconfirmaron otros– que la explotación de los obreros rurales, más conocidos como obreros golondrina, se ha mantenido viva y coleando luego de denuncias tras denuncias y de años en los que el problema se ha ido visibilizando con mayor fruición, podría sonar a exageración. Y es posible que se considere de esa manera. Lo que puede sorprender, más que nada, es que todavía y bien entrado el siglo XXI, persistan muchos productores, grandes y medianos chacareros, fruteros y vitivinicultores de la provincia con esa costumbre, todavía muy arraigada, de tomar personal en condiciones vergonzosas, infrahumanas y sin siquiera poner el foco en la informalidad del pago por la falta absoluta de registración laboral.
Un total cercano a 140 personas llegaron al control fitosanitario ubicado entre Mendoza y San Juan cuando promediaba el último fin de semana. Se transportaban en cuatro colectivos. Cuando fueron retenidos y se les pidió la documentación especial y extraordinaria que ordenó un protocolo específico que fue publicado a comienzo de mes, sólo 19 la cumplían y se les permitió ingresar. El resto continuó en la ruta, sin alimentos, sin servicios, sin agua, sin baños, con falta de todo. En el contingente también había menores.
El legislador provincial Marcelo Romano, enterado del asunto, documentó en videos la vivencia de los golondrina y subió a las redes las historias. Apuntó al Gobierno y lo acusó de insensibilidad por no permitirles el ingreso a la provincia. La CNRT –organismo encargado de regular el transporte– acudió al lugar a constatar el estado de los vehículos en los cuales los obreros habían transitado varios cientos de kilómetros. Confirmó varias faltas e incumplimientos de las normas, entre ellas, el descanso insuficiente de los choferes. Dos vehículos cumplían con las reglas, los otros dos no. Según se informó, se labraron las multas y sanciones correspondientes.
El caso de los obreros repercutió en varias direcciones. El Gobierno explicó que quienes no han podido ingresar es porque no cuentan con un contrato de trabajo ni con un boleto de regreso en que se consigne la fecha de salida de la provincia. Estas personas sólo podían argumentar que se dirigían a la finca de tal o cual persona, en el mejor de los casos, y otros, que llegaban con la esperanza de encontrar trabajo en la temporada de cosecha.
Las cámaras de empresarios también se han manifestado de modo crítico con muchos de sus colegas del sector de la agricultura. Lo han hecho en voz baja, de manera discreta. Tampoco quieren exponerse frente a los suyos que, advierten, compiten ilegalmente, desde la informalidad y en medio de la pandemia sin advertir el peligro y el riesgo al que exponen al resto de la población; partiendo, claro está, desde el propio contingente de cosechadores que traen para trabajar en sus fincas.
El flagelo de la informalidad no parece cesar en Argentina. Tampoco en Mendoza. La pandemia de Covid –creen ver algunos– podría agravar aún más la situación para el próximo año: menos trabajo y más informalidad. Los sindicatos tampoco han hecho oír sus quejas contra los mismos empresarios ni han llevado adelante una acción de presión sobre los organismos de control del Gobierno dedicados a controlar la registración de los trabajadores. Estas personas arrancan su periplo en Jujuy y Salta, mayormente, y comienzan su temporada laboral en Mendoza para la cosecha de la cereza y el ajo. Suelen finalizar su travesía a fines de abril en la provincia de Río Negro. El transporte, como está visto, resulta siempre deplorable y más que condenable.
Recién conocido el caso, públicamente, una productora se hizo cargo de una parte del contingente y se comprometió a cumplir con el protocolo de ingreso de los obreros y con sus obligaciones, entre ellas, el contrato laboral por el tiempo determinado. “Yo los traje como lo hemos hecho siempre”, explicó a los funcionarios que le indicaron todo lo que le faltaba. Ese “como lo hemos hecho siempre” resultó ser la más clara confirmación de que pocas cosas han cambiado en un sector que todos los años da la nota por incidentes varios o por la exteriorización de casos de explotación, de trabajo esclavo y por la presencia de menores, cada vez menos, trabajando en la cosecha, a la par de los adultos.
LA ALAMEDA 