Berni no informa a un fiscal sobre narcos y trata en Once

13 01 2015

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El Ministerio de Seguridad Nacional bloquea la información sobre narcotráfico y trata a un fiscal federal. Esta negativa por la cartera de seguridad que dirige de facto Sergio Berni se evidencia en la causa penal por 36 inmuebles de la mafia en el barrio de Once (entre privados y 6 búnker narco) que denunció ante el fiscal federal Federico Delgado la agrupación Once de Pie, que integran los vecinos autoconvocados, las iglesias y la Alameda.

Es el propio fiscal Delgado en su investigación preliminar (expediente Nº 123518/14) que a través de efectivos de la Prefectura Naval Argentina a quienes elogio por su tarea (la Policía de Seguridad Aeroportuaria quien dijo no poder hacer las tareas por exceso de trabajo) quienes comprobaron que la mayoría de los inmuebles denunciados por Once de Pie se presumen los delitos de narcotráfico y trata de personas.

Deja bien claro el fiscal Delgado en su expediente que pese al “trabajo serio y comprometido de los prefectos, se vio resentido porque a la hora presente, 39 días después, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación no informó que antecedentes existían sobre los inmuebles denunciados, en los sistemas conocidos como ‘Sistrata’ y ‘Sisdroga’. Esto significa que todos los archivos de trabajo que se utilizaron, pertenecen al del Ministerio Público Fiscal”.

Mapa de la mafia en Once

Mapa de la mafia en Once

LAS EXCUSAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Desde el despacho del legislador porteño y titular de la Alameda, Gustavo Vera, se llamó este martes 13 de enero al titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Sebastián Fernández Ciatti se encuentra de vacaciones y respondió en su lugar Ezequiel Rostein.

“Estamos viendo como responder a las fiscalías porque a nosotros nos rige la ley de secreto Nº 25.520. Además la base Sisdroga no la pasaron en octubre por resolución de la ministra (Cecilia Rodríguez) pero la base de dato de Sistrata lo maneja la Dirección Nacional de Investigaciones (a cargo de Damián Neustad)”, respondió a la pregunta de la razón por no enviar la información solicitada por un fiscal federal en la causa por 36 reductos de la mafia en el barrio de Once.

En la charla telefónica el funcionario de la Dirección de Inteligencia Criminal dejó en evidencia la calidad de la labor en el ministerio de Seguridad “de todas maneras es muy probable que todo lo que respondamos a los fiscales sea negativo porque nos envían oficios por las direcciones que no tenemos datos. Solo nos manejamos con nombres y apellidos”. 

Es llamativo que no tengan en sus bases de datos los inmuebles sabiendo los cambios de personas constantes para complicar las investigaciones. Y otra cosa que llama la atención son las divisiones que evidencia el organigrama del Ministerio de Seguridad entre Criminalidad o Delitos Complejos, por la que no queda claro sus diferencias y por la que sería mejor concentrar los esfuerzos en una sola dirección.

La presentación del mapa con escrache a la AGC

Escrache a la AGC que habilita prostíbulos

ENCUBRIMIENTO POLICIAL

En la investigación del fiscal de Delgado que finalizó el 16 de diciembre de 2014, y que sorteó en la Cámara Federal para que un juez continué la investigación, señala que los puntos denunciado por Once de Pie (puntualmente Lucas Schaerer de la Alameda y Gloria Illopiz Ortiz de Buenos Vecinos Once) “en varios casos se pudieron advertir reiterados antecedentes ilícitos en algunos de los domicilios investigados que admiten el legítimo interrogante respecto del rol de las fuerzas de seguridad en cada una de esas circunscripciones territoriales. Concretamente ¿Previenen o administran los niveles de los delitos? Ese es el punto que nos interesa destacar: la reaparición del delito sobre un mismo domicilio y, como contrapartida, la ineficacia del estado para evitar que ello suceda una y otra vez (…) En definitiva, son muchos los casos en los que la actividad se “interrumpe” pero no se “suspende” frente a los allanamientos y/o clausuras, porque luego renace como si nada hubiese ocurrido. Ciertamente inconcebible¨.

El informe de Delgado va más allá, no sólo corroborando los puntos denunciados, sino que también se pregunta por el accionar de las fuerzas policiales, las comisarías que tendrían que ser la primer barrera contra el delito y la más cercana al vecino. Sobre este punto el Fiscal amplia ¨la policía llegó tarde y fue la información proporcionada por los vecinos la que permitió descubrir esos comportamientos ilegales. No obstante, ésta no es la dinámica que prevé la ley, porque no es una tarea de los vecinos ocuparse de esos asuntos, sino que es el Estado, a través de las fuerzas policiales, quien tiene que evitar que eso suceda a través de una función que remite a sus inicios como institución pública: prevenir para impedir que se cometan delitos¨.

Ya hacia el final del informe el fiscal Delgado propone dos líneas de investigación, primero judicializar la investigación en su conjunto y no sobre casos aislados, con la intención de desentrañar la/s organización/es que podrían estar tras estas mafias; segundo proyectar la investigación a la deficiente actuación de las fuerzas de seguridad para dilucidar si existe connivencia con las mafias que azotan al barrio.

Hoy la causa por la red narco/prostíbularia de Once lleva el expediente 12608/14 y quedó en manos del Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Daniel Ercolini, secretaria Nº 20 a cargo de Gustavo Enrique Cristofani. Once de Pie integrado por la Alameda, Buenos Vecinos de Once, las parroquias y sinagoga del barrio seguirán aportando información en la causa judicial. 

El fiscal Federico Delgado aseguró que su investigación preliminar “no es más que la punta de un iceberg sobre dos planos delictivos que deben ser revelados tras una investigación que aborde el conjunto, la trama y no dispersarse en una cantidad de fragmentos investigados”.

Además se sugiere la intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas –PROTEX- de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.

Fiscal Federico Delgado

Fiscal Federico Delgado

DICTAMEN COMPLETO DEL FISCAL DELGADO

Expediente Nº 123518/14

///nos Aires, 16 de diciembre de 2014.

                  Por recibido, agréguese y téngase presente la información remitida.

                  La presente investigación preliminar se inició en los términos de la resolución PGN 121/06 y las facultades dispuestas por el artículo 26 de la Ley 24.946, con motivo de la presentación efectuada por Lucas Schaerer y Gloria Llopiz Ortiz, en su carácter de miembros de la Fundación Alameda y de la organización vecinal “Buenos Vecinos Once” respectivamente, a través de la cual solicitaron que se investigue la presunta comercialización de estupefacientes, trata de personas y prostitución en treinta y seis domicilios de esta ciudad. Esa fue la brújula que guio la pesquisa que tuvo como objetivo central corroborar o descartar esa hipótesis delictiva, y de esa manera verificar si se encontraban reunidos los requisitos necesarios para efectuar una denuncia de acuerdo lo establece el artículo 176 del Código Procesal de la Nación.

                   Más allá de esto, detrás de esta hipótesis de investigación –regenteo de prostitución y/o posible infracción a la ley 26.364, y en algunos casos comercio de estupefacientes– subyace otra directamente relacionada que necesariamente deberá ser materia de un análisis más profundo por quien asuma la dirección de la pesquisa una vez que se encuentre judicializada. Es que, como ya veremos, los resultados de las averiguaciones materializadas revelaron un dato llamativo sobre la actuación prevencional de las comisarías donde se encuentran ubicados los domicilios investigados. Como es obvio, esas dependencias policiales son las herramientas más directas que tiene el Estado en aras de prevenir la comisión de hechos delictivos. Es más, la propia ley de procedimientos coloca en cabeza de los policías la obligación de prevenir en delito en las calles (artículo 183 del CPPN). Sin embargo, en varios casos se pudieron advertir reiterados antecedentes ilícitos en algunos de los domicilios investigados que admiten el legítimo interrogante respecto del rol de las fuerzas de seguridad en cada una de esas circunscripciones territoriales. Concretamente ¿Previenen o administran los niveles de los delitos? Ese es el punto que nos interesa destacar: la reaparición del delito sobre un mismo domicilio y, como contrapartida, la ineficacia del estado para evitar que ello suceda una y otra vez.  Por esta razón, si bien en algunos de los domicilios que denunció la fundación “La Alameda” no se detectó la venta de drogas o infracciones a la ley de trata de personas, el sólo hecho de que los archivos del propio sistema de administración de justicia “hablen” y digan que en varias ocasiones los jueces intervinieron y clausuraron esos inmuebles, revela con nitidez la necesidad de escrutar no solo la venta de drogas o la trata de personas, sino el rol que le cupo a la policía en el sentido apuntado.

                   Lamentablemente esta es la figurita del álbum que se repite, es moneda corriente cuando se comienza a escarbar un poco –no mucho- sobre los antecedentes de ciertos domicilios que alguna vez encerraron entre sus paredes este tipo de prácticas delictivas. En efecto, la experiencia revela que en ocasiones un mismo inmueble es reutilizado para llevar a cabo este tipo de prácticas –que además son un foco permanente de otros comportamientos que se mantienen al margen de la ley– más allá de que haya existido algún tipo de intervención judicial gracias a la actividad de los vecinos de la zona. En definitiva, son muchos los casos en los que la actividad se “interrumpe” pero no se “suspende” frente a los allanamientos y/o clausuras, porque luego renace como si nada hubiese ocurrido. Ciertamente inconcebible.  No podemos detenernos en esto pero, la propia información recabada de los registros de la fiscalía corrobora ese tipo de anomalías.

                   Por esta razón, como anticipamos, la presente denuncia exige explicitar dos planos bien diferenciados aunque relacionados entre sí: por un lado contamos con varios domicilios sobre los que presume que se cometen comportamientos delictivos y otros que, además de ello, poseen reiterados antecedentes que anuncian al lugar como un afluente de esos comportamientos –casi siempre los mismos, trata de personas o venta de estupefacientes-; y por el otro, que ciertos de ellos fueron sometidos a una actividad jurisdiccional previa –como por ejemplo allanamientos y clausuras-. Es decir que, en ambos casos, la policía llegó tarde y fue la información proporcionada por los vecinos la que permitió descubrir esos comportamientos ilegales. No obstante, ésta no es la dinámica que prevé la ley, porque no es una tarea de los vecinos ocuparse de esos asuntos, sino que es el Estado, a través de las fuerzas policiales, quien tiene que evitar que eso suceda a través de una función que remite a sus inicios como institución pública: prevenir para impedir que se cometan delitos.

                   Con esto queremos decir que por una parte será necesario profundizar las diligencias que se efectuaron en aquellos domicilios donde se informa un posible comportamiento delictivo; y por otro que también resulta imprescindible conocer cuanto ocurre desde las dependencias policiales más próximas a la zona, responder al interrogante ¿porqué se comete una y otra vez el mismo delito sobre un mismo inmueble? Sobre todo; porque las comisarías, al menos en la jerga tribunalicia, se jactan mediante sus funcionarios de conocer el territorio. Entonces, una de las tareas a desarrollar durante la investigación deberá girar en torno a verificar esta circunstancia. En particular establecer si desde la comisaría se conocen estos comportamientos a los que nos venimos refiriendo y, para avanzar un poco más porqué no, corroborar si en algún momento ese conocimiento mutó en algún tipo de participación por parte de los funcionarios policiales.  

                   Una aclaración más antes de avanzar sobre los resultados obtenidos durante la sustanciación de este legajo. La distinción marcada no debe hacernos perder de vista el hilo que vincula ambas hipótesis y que, de algún modo, pone en evidencia la conveniencia de no desmembrar la causa en una infinidad de expedientes aislados. Hacer tal cosa acarrearía desperdiciar la oportunidad de intentar –aprovechando el enorme insumo que nos han brindado dos organizaciones de la sociedad civil con fuerte conocimiento, compromiso y arraigo barrial– comprender la trama de la explotación de prostíbulos y la venta de drogas en un sector de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lo contrario nos enredaríamos en la misma burocracia estatal que una y otra vez trabajan con la foto y no con la película, con el fragmento y no con el entramado completo del fenómeno. En el camino perdemos la perspectiva que nos otorga una mirada del conjunto.

                   Entonces, sin más, avancemos sobre los elementos recogidos durante la investigación donde se sustenta este razonamiento que nos permite solicitar la judicialización del legajo.

                   Al comienzo solicitamos a la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que realizaran discretas averiguaciones en cada uno de los domicilios individualizados. El objetivo era claro, desentrañar la actividad que se desarrollaba en el lugar y, en particular, si se cometían los comportamientos delictivos denunciados. La notificación al Jefe de esa Unidad se diligenció el 7 de noviembre de 2014, aunque recién el día 12 de ese mismo mes y año la fuerza informó que no podía tomar el trabajo por exceso de tareas asignadas (ver fojas 17/8)

                   Por eso cambiamos de fuerza y recurrimos al Departamento de Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina que se encargó de llevar adelante esas averiguaciones y de cruzar esa información con los datos proporcionados por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación (ver fojas 22/3). El trabajo serio y comprometido de los prefectos, se vio resentido porque a la hora presente, 39 días después, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación no informó que antecedentes existían sobre los inmuebles denunciados, en los sistemas conocidos como “Sistrata” y “Sisdroga”. Esto significa que todos los archivos de trabajo que se utilizaron, pertenecen al del Ministerio Público Fiscal

                   Así, los resultados obtenidos durante ese trabajo nos permiten aseverar que se recolectaron elementos suficientes para solicitar que se investiguen ambos planos delictivos. Es decir, por una parte la actividad ilícita propiamente dicha que se desarrollaría en el lugar y, por la otra, la relación que pueda existir entre esos comportamientos con las fuerzas de seguridad que tienen la función de prevenir delitos en la zona. Para una mayor claridad, a continuación vamos a recurrir a un cuadro en el que se podrá visualizar de una manera más clara la información obtenida.

                  La información expuesta habla por sí y exige judicializar la presente investigación preliminar con el objetivo de desentrañar la identidad y modalidad delictiva llevada a cabo por las personas que se encuentran tras el funcionamiento de los “privados” que pueden ocultar una explotación de personas en los términos de las leyes 26.364 y 26.842 y, a su vez, para develar el trasfondo de que, pese a la presencia de las fuerzas de seguridad, esas conductas se llevan a cabo una y otra vez por más que exista información previa que sindica a varios de esos inmuebles como focos delictivos.

                   Entonces, insistimos, la denuncia reconoce múltiples dimensiones que deben ser profundizadas, y para ello es preciso judicializar la investigación. Es que por un lado, para obtener mayores datos es necesario contar con medidas de exclusivo resorte jurisdiccional –intervenciones telefónicas, allanamientos, etc.- y, por otro, es fundamental dedicarle más tiempo del que contamos en el marco de una investigación preliminar porque la materia es compleja, no sólo por la cantidad de domicilios implicados, sino también por lo que significa desentrañar la/s organización/es que se podrían encontrar tras esas conductas. Sobre el punto es preciso enfatizar -y a esta altura reiterar- que la investigación debe avanzar de manera conjunta, debido a que no sería extraño que los estratos superiores de esas organizaciones criminales se crucen en algún tramo.   

                   A su vez, el segundo plano que se propone para proyectar la investigación –la actuación deficiente de las fuerzas de seguridad– también merece ser profundizado, en especial poner atención sobre cada una de las comisarías implicadas a fin de dilucidar si existe alguna suerte de connivencia con las personas que llevan adelante las actividades delictivas en aquellos domicilios. En pos de este objetivo, puede resultar útil contar con el recorrido que efectúan los móviles de las comisarías implicadas a través del dispositivo GPS que llevan instalado, porque esa información permitirá revelar la cantidad de veces que transitaron la zona investigada y quizás, más allá de ello, no son capaces de ver lo que ocurre. A la par, podría ser útil obtener las filmaciones que puedan existir sobre el ingreso a esos domicilios y evaluar los puntos geográficos donde fueron ubicados los servicios de prevención.

                  Para encarar la investigación en ese sentido es primordial tener en perspectiva la dimensión del poder territorial que ejercen cada una de las comisarías en el radio de espacio asignado, es decir, el control del espacio público y el conocimiento o por lo menos la idea de cuanto ocurre en aquellos domicilios. La administración de ilegalismos y la selectividad es inevitable, maximizar los controles y la responsabilidad de todas las instituciones competentes en la materia es un imperativo práctico. Posiblemente siempre se mantenga convenientemente indiferenciada la corrupción, la ineficiencia y las contingencias que separan los hechos del plan. Como sea, el camino es la investigación, para comprender los fenómenos y responder ante ellos.

                   Entonces, los elementos recolectados en la presente investigación preliminar no son más que la punta de un iceberg sobre dos planos delictivos que deben ser revelados tras una investigación que aborde el conjunto, la trama y no dispersarse en una cantidad de fragmentos investigados por distintos agencias aisladas que se quedarían con la imagen del árbol sin el bosque. La unidad de la investigación hará que esas esperanzas no se diluyan en los pasillos de la burocracia estatal.

                   Al respecto, sugerimos que se le dé intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas –PROTEX- de la Procuración General de la Nación para que brinde cooperación desde su especialidad en la materia y perspectiva institucional privilegiada para reparar en los rasgos sistémicos y estructurales del problema.

                   Por último, antes de finalizar hay que reconocer la dedicación, esmero y puntualidad demostrados por los prefectos del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina en el trabajo realizado en las presentes actuaciones, el cual permitió efectuar la presente denuncia penal. En virtud de ello, líbrese oficio al Jefe de la Prefectura Naval Argentina para que haga llegar las felicitaciones de esta dependencia.

                   Con ese fin, remítanse las actuaciones a la Sala de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a efectos que se determine, mediante el sorteo de rigor, el Juzgado que habrá de investigar el fenómeno denunciado.

                  Notifíquese de lo resuelto al Sr. Fiscal General mediante oficio de estilo.

                  Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

                  Ante mí:

En  del mismo se remitieron las actuaciones a la Sala de Sorteos de la Cámara Federal. Conste.

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2 responses

13 01 2015
assorati

Reblogueó esto en Esclavitud Ceroy comentado:
ESTIMADOS:

PARECIERA QUE HAY UNA GRAN DESORGANIZACIÓN EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD. ES UNA INEFICIENCIA QUE LE PRODUCE UN DAÑO CONSIDERABLE AL PAÍS, TODA VEZ QUE FACILITA EL DESARROLLO DE LAS REDES DE CRIMEN ORGANIZADO. TAL VEZ SI EN LUGAR DE PERDER EL TIEMPO REALIZANDO INTELIGENCIA Y SEGUIMIENTO A LAS ONGS QUE COMBATIMOS LA TRATA, CENTRARAN SUS ESFUERZOS EN REALIZAR INTELIGENCIA SOBRE LAS REDES DE TRATA, TENDRÍAMOS MEJORES RESULTADOS.

MERCEDES ASSORATI

15 01 2015
FILATINA

Como cuando dicen que no hay decisión política: ESA ES LA DECISIÓN POLÍTICA. No es casualidad lo que sucede. Es demasiado importante como para dejarlo pasar, y él es el responsable de que suceda. Eso tiene un alto costo para la sociedad, en recursos para la delincuencia que se hace más fuerte, en delincuencia oficial que se hace más corrupta y un precio que cobran los corruptos por su cooperación con las mafias. http://www.filatina.wordpress.com

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