Tercera ampliación por asociación ilícita para prostíbulos en departamentos de Zaffaroni

23 08 2011


Este es el texto formal de la tercera ampliación de la denuncia original presentada hace tres casi un mes ante el jefe de los fiscales, Esteban Righi. La denuncia derivó en el fiscal correcional N° 7, Edgardo Orfila. Hoy martes 23, a las 13 horas, estaremos presentando ante el fiscal Orfila el siguiente texto:

AMPLIA DENUNCIA. OFRECE PRUEBA
Señor Fiscal:

Gustavo Javier Vera y Juan Grabois, ambos con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio, conjuntamente con nuestro letrado patrocinante, Mario Fernando Ganora, inscripto al Tomo 36 Folio 227 del CPACF, constituyendo el domicilio procesal en Avda. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa caratulada “Inmueble Zubiría s/inf. Ley 12331 del C.P.” (Expte. N° 76-882/A) que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional n° 6 de la Capital Federal, nos presentamos respetuosamente y decimos:


I.-OBJETO.-
Que por el presente venimos a realizar una nueva ampliación de la denuncia originalmente formulada el día 15 de diciembre de 2009 en la Procuración General de la Nación en la que se pedía que se investigara la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871; 125 bis, 126, 127,  140, 145 bis y 145 ter C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que allí se describía y sus eventuales cómplices y encubridores.
Esta denuncia original fue ampliada a raíz de las publicaciones en la prensa periódica que daban cuenta de que un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, era propietario de algunos de los inmuebles denunciados que funcionaban como prostíbulos. Los elementos de juicio reunidos hacían sospechar que podría verse involucrado en el sostenimiento de las referidas casas de tolerancia. Esta denuncia fue nuevamente ampliada y se acompañaron nuevos elementos de juicio. Ambas ampliaciones fueron ratificadas ante el señor Fiscal el miércoles 17 de agosto del corriente.
Cabe señalar que luego de la presentación de estos escritos aparecieron más elementos de juicio en publicaciones periódicas y como resultado de investigaciones practicadas por los suscritos.

II.- HECHOS.-
En los anteriores escritos sostuvimos que según surge de las constancias del Registro de la Propiedad Inmueble, el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni es propietario de quince inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires.
También dijimos que al menos en seis de ellos, funcionarían prostíbulos bajo la modalidad de privados, es decir departamentos en edificios sujetos al régimen de la ley de propiedad horizontal (ley 13.512) donde se explota encubiertamente la prostitución ajena.
Los inmuebles a nombre del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni que presuntamente operarían en la modalidad de “privados” son los siguientes:
• Vicente López 2217 piso 5º 19.
• Pasaje Luis Dellepiane 668 piso 3ero Depto. 8
• Paraguay 875 1º “A”
• Marcelo T. de Alvear 1906 9º “A
• Bacacay 3110/14
• Av. Santa Fe 1240, Piso 10, Depto. “A
También habíamos sostenido que sin perjuicio de lo que constituye el objeto procesal expresado en la denuncia original del año 2009 y en la primer ampliación que correspondía señalar que existiría a nuestro juicio un plus que no podía dejarse de investigar. En efecto, aparentemente se estaría verificando que son las mismas personas las que participarían en el la organización y funcionamiento de los prostíbulos. Esto daba que pensar en la posible existencia de una red de casas de tolerancia manejadas por una asociación ilícita (art. 210 C.P.). Precisamente existen nuevos elementos de juicio que también apuntan en esa dirección y que iremos detallando a lo largo del presente.
Se ha publicado en la revista “Noticias” del día 13 de agosto de 2011 que el Dr. Jacobo Grossman, abogado y ex socio del Dr. Zaffaroni y, en este caso, vocero del Ministro de la Corte, (págs. 100/105) habría confirmado que el señor Ricardo Montivero es el apoderado legal de este Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Dr. Grossman también habría sostenido que el Dr. Zaffaroni le alquiló a la señora Marcia González tres de los mencionados inmuebles con fines de vivienda y con prohibición de sublocación. Agregó que el Dr. Zaffaroni le habría alquilado con las mismas condiciones otros dos de los inmuebles mencionados a la señora Angélica Duarte. En estos dos últimos contratos la señora Marcia González se habría obligado como garante de la locataria. Estas cinco contrataciones y sus respectivas negociaciones las habría llevado a cabo el señor Ricardo Montivero en calidad de apoderado del Dr. Zaffaroni operando con la inmobiliaria “Juan Calvo Propiedades” con domicilio en la calle Nazca 3271, aunque en realidad la inmobiliaria funcionaría en Nazca 3269, propiedad del hijo de Juan Calvo, el señor Gerardo Juan Calvo. Según los dichos del Dr. Grossman aparecidos en la mencionada publicación las operaciones realizadas por el señor Ricardo Montivero en nombre del Dr. Zaffaroni habrían correspondido a los inmuebles de Vicente López 2217 ($1000 el primer año y $1200 el segundo); Marcelo T. de Alvear 1909 ($ 1600); Bacacay 3112 (($ 1600 y $1900); Bacacay 3112 ($1600 y $1900); Luis Dellepiane 668 ($ 1300 y $ 1550) y Santa fe 1240 ($1350 y $1600). Según el Dr. Jacobo Grossman ni el Dr. Zaffaroni ni el señor Ricardo Montivero habrían sabido que el propósito de la locataria era el de utilizar los inmuebles para instalar prostíbulos.
El Dr. Grossman señala asimismo que hubo una reunión realizada el sábado anterior al reportaje en la que se juntaron Juan Calvo, Ricardo Montivero y Marcia González para solicitarle a Marcia González que desalojara los departamentos.
En el referido reportaje, el Dr. Grossman no pudo explicar adecuadamente porqué motivo el señor Ricardo Montivero celebró cinco contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda a la misma persona y con prohibición de sublocar. En este sentido hay que tener en cuenta que Angélica Duarte no habría sido más que la prestanombre de Marcia González. Cinco inmuebles locados a la misma persona sin prácticamente garantías para el caso de falta de pago no es habitual ni mucho menos. Son circunstancias lo suficientemente extrañas como para hacer entrar en sospechas a cualquiera por poco avisado que fuera. Por otra parte, la gente normal no vive en cinco inmuebles al mismo tiempo ya que, en principio los seres humanos no sólo carecemos del don de la ubicuidad, sino que, además, los inquilinos de monoambientes no suelen ser personas de gran fortuna. Operaciones de esa naturaleza inducen habitualmente a sospechar que los inmuebles van a ser utilizados por los inquilinos con fines ilícitos o eventualmente para eludir la acción de la justicia (aguantaderos). Tampoco aparentemente pudo el Dr. Grossman explicar satisfactoriamente las características más que sospechosas de la inmobiliaria que habría actuado de intermediaria en la locación. En efecto, presuntamente se trataría de una inmobiliaria que actúa al margen de la ley, sin matrícula y con una sanción por parte del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) por proceder de esa manera. La elección de una inmobiliaria de esta naturaleza para negocios de esa importancia es inexplicable salvo, claro está, si consideramos lo vidrioso de las operaciones. En efecto, difícilmente una inmobiliaria seria y acreditada en el mercado, sujeta a los controles de la autoridad de aplicación, se hubiera arriesgado a realizar operaciones de esta naturaleza y menos estando de por medio el patrimonio de un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este sentido conviene destacar que el señor Ricardo Montivero no podía ignorar que existían serios problemas con la señora Marcia González en relación con los inmuebles que ésta había alquilado y que se estaban utilizando como prostíbulos. La actividad ilícita que se llevaba a cabo en esos inmuebles generaba graves inconvenientes con los copropietarios de los edificios donde estaban ubicados. La administración del Consorcio de Propietarios de Bacacay 3110/3114 3110/3114 trató de solucionar el problema generado por las quejas de los vecinos comunicándose con la inmobiliaria Juan Calvo (Tel: 4501-1371 4501-1371) y entabló conversaciones con quien dijo ser el secretario del Dr. Zaffaroni, una persona de nombre Ricardo Montivero, aunque sin resultados. Asimismo en el año 2008 el Consorcio de Propietarios Luis Dellepiane 668 requirió una mediación privada por daños y perjuicios en el que fue citado Montivero por la Dra. María Celina López. El caso derivó en una denuncia en su contra y contra la señora Marcia González por infracción a la ley 12.331 que tramita en la causa n° 33.379 en la que interviene la Fiscalía en lo Correccional n° 4.
A esto hay que unir que los personajes que aparecen en los referidos conflictos presentarían rasgos propios del ambiente de la prostitución organizada. En efecto, recordemos que el individuo que habría concurrido a la audiencia ante la mediadora Dra. Celina López con motivo de los problemas con el Consorcio de Propietarios Luis Dellepiane 668 en representación de Ricardo Montivero fue una persona que carecía de poder de representación y que se identificó como Carlos A. De Vinzenzi. Este De Vinzenzi se habría comprometido a resolver el tema, indicando que el verdadero propietario era el Dr. Eugenio Zaffaroni y que el titular dominial, Ricardo Montivero, era tan solo su testaferro. Este individuo cuyo nombre completo es Carlos Eugenio Alberto De Vinzenzi, DNI 12.587.237, se desempeñaría como administrador de consorcio y es el propietario del inmueble de la calle Avellaneda 689/91 y de la línea telefónica 4903-5973 4903-5973. Ese domicilio y ese teléfono corresponden a un prostíbulo que fue mencionado en la denuncia del año 2009 presentada a la Procuración General de la Nación que sirve de inicio a estas actuaciones. Este prostíbulo que funciona en la propiedad de De Vinzenzi anuncia en las páginas de Internet http://www.tacosaltos.com y es ampliamente comentado en los Foro-Escorts que se acompañan. Asimismo debo señalar que el padre de De Vinzenzi, el señor Carlos A. De Vinzenzi es el titular de la línea 4808-0156 4808-0156 correspondiente al prostíbulo de la calle Vicente López 2217, piso 5, Depto. 19, propiedad del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, alquilado a Marcia González, con intervención de Ricardo Montivero y de la inmobiliaria de Juan Calvo.
La señora Marcia González no solamente es la persona vinculada a los prostíbulos sitos en Vicente López 2217, piso 5°, Depto 19; Marcelo T. de Alvear 1909, Piso 9° Depto. “A”; Bacacay 3110/14; Pasaje Luis Dellepiane 668, Piso 3° Depto 8 y Santa Fe 1240, Piso 10 Depto. “A” sino que además aparece como titular de la línea telefónica de otros dos prostíbulos sitos en Avda. Rivadavia 6747, Piso 9 Depto. 89 (T.E.4632-9047) y Emilio Mitre 772, Piso 6° Depto. “C”. El prostíbulo de la Avda Rivadavia 6747, Piso 9 Depto. 89 publica en la página http://www.tacosaltos.com y en los foros de escorts que se acompañan. Cabe destacar que este prostíbulo también había sido denunciado ante la Procuración General de la Nación en el año 2009. En cuanto al prostíbulo de la calle Emilio Mitre 772, Piso 6° Depto. “C”, este establecimiento hace su publicidad también en la página http://www.tacosaltos.com y en los foros escorts que se acompañan. Vale decir que todo indicaría que la señora Marcia González es una proxeneta que maneja o pertenece a una vasta red de prostitución.
En cuanto al caso del prostíbulo de la calle Santa Fe 1240, Piso 10, Depto “A” poseemos suficiente información como para afirmar que ni siquiera en este caso se estaría en presencia de mujeres que ejerzan la prostitución a título individual. Aquí no sólo estaría involucrada la mencionada Marcia González sino también la pintoresca actriz porno que responde al alias de María Touche. Esta última persona no solamente actúa en películas y espectáculos pornográficos sino que además ejerce la prostitución y como tal es muy conocida en los foros y en el ambiente. Esta persona además tiene pupilas que ejercen la prostitución bajo su dirección en el referido lugar. Estas pupilas responden a los alias de Nadine Fox y Pauli y aparecen publicadas en los foros de escorts que se acompañan.

III. SIGNIFICACIÓN JURIDICA
A diferencia de lo sostenido reiteradamente por el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en sucesivas declaraciones públicas entendemos que lo que aquí se describe está muy lejos de ser meros problemas de consorcio que se han magnificado para perjudicarlo a través de los medios de comunicación.
En primer lugar, el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.) establece claramente que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
El concepto de “explotación de la prostitución de la mujer” entendida como facilitación o promoción de la prostitución de una mujer para satisfacer deseos ajenos con fin de lucro puede extraerse de otro tratado internacional que si bien no tiene jerarquía internacional es superior al derecho interno (art. 75 inc. 22 C.N.). Este tratado internacional es el “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena” ratificado por la ley 11925. Este tratado dispone expresamente que:
“Artículo 1 Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.
Artículo 2 Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”.
La mera lectura del art. 2 del referido tratado permite ver que dar o tomar a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena es una conducta prohibida y que el Estado tiene la obligación de punirla penalmente en virtud del principio del derecho internacional “pacta sunt servanda” consagrado en el art. 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. En efecto, todo tratado internacional en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, no pudiéndose invocar las disposiciones del derecho interno como justificación de su incumplimiento (art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados).
Nuestro país, a pesar de las dificultades que existen para ajustar su derecho interno a los tratados internacionales dando cumplimiento a las disposiciones de los arts. 24, 75 inc.s 22 y 23 C.N., tiene disposiciones que se ajustan al criterio abolicionista en materia de prostitución establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. También existen tipos penales que satisfacen las exigencias del orden jurídico internacional establecidas en los tratados de mención. En efecto, las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 “Profilaxis de las Enfermedades Venéreas” apuntan en ese sentido. La ley prohíbe los prostíbulos en toda la República (art. 15) y reprime a “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensiblemente o encubiertamente casas de tolerancia” (art. 17). Se ha interpretado desde antaño tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que es sostenedor de una casa de tolerancia o prostíbulo quien alquila el local a las prostitutas y recibe parte de las ganancias (Ver Ricardo C. Nuñez “Tratado de Derecho Penal-Parte Especial, Vol IV, pág 370, Ed. Lerner. Bs. As. 1964 y la jurisprudencia que se cita en la nota 106 del mencionado texto).
La ley 12.331 tiene como bienes jurídicos tutelados la salud pública, la libertad y la dignidad humana (Ver Andrés José D´Alessio “Código Penal de la Nación-comentado y Anotado, Tomo III- Leyes Penales Comentadas, 2ª Edición, pág 113; CCC, Sala I c. 40.352 “Doly´s Bar-Troillet y otros” resuelta el 28 de junio de 2011).
La explotación de la prostitución de la mujer es una práctica discriminatoria que conduce inexorablemente a la trata de personas, forma contemporánea de esclavitud, que constituye la negación total de los Derechos Humanos. En este sentido cabe traer a colación la Resolución n° 99/2009 del Procurador General de la Nación para advertir el peligro que significan los prostíbulos y la necesidad de hacer cumplir las disposiciones de la ley 12.331.
No se nos escapa que los prostíbulos instalados en los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal afectan la moralidad y seguridad de éstos (art. 6 de la ley 13.512) cuestión que, sin embargo, no debe ser subestimada ni banalizada. No olvidemos que todo fenómeno criminal siempre perturba la convivencia social pacífica, aunque no toda perturbación de la convivencia sea criminal. En el caso concreto de los prostíbulos corresponde señalar que perjudican enormemente una herramienta social diseñada para resolver el problema de la vivienda. En efecto, el derecho a la vivienda digna de los sectores medios y populares necesita recurrir a la construcción de viviendas colectivas sujetas al régimen de la ley de propiedad horizontal para ser efectivo. La vida en los edificios de departamentos sólo es posible en la medida en que se respeten normas mínimas convivencia porque de lo contrario se transforman en lugares peligrosos y temibles para sus habitantes. Los prostíbulos, que sirven a actividades ilícitas, deterioran las normas de convivencia en razón de que los individuos que los frecuentan pertenecen al mundo del hampa y actúan como tales, o son adictos al alcohol y a los estupefacientes, provocan grescas y escándalos, llevan a cabo conductas indecentes en los espacios comunes, amenazan a los vecinos, atentan contra el pudor de mujeres y niñas que habitan en la casa, generan climas de intimidación y violencia, etc. Estos perjuicios derivados del fenómeno criminal de la vulneración de las disposiciones de la ley 12.331 deben considerarse como las consecuencias inmediatas y mediatas del delito (art. 901 C.C.) que deberán ser tenidas en cuenta por el juez tanto para la individualización de la pena (art. 41 C.P.) como para el caso de que se promueva la acción civil en el marco del proceso penal.
En el caso concreto de autos entendemos que, a partir de lo expuesto más arriba, existen elementos de juicio suficientes como para afirmar que el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni dio en arriendo sus departamentos a personas que los utilizaron para explotar la prostitución. La cuestión a dilucidar es si procedió a sabiendas o no de la circunstancia de que se iba a utilizar a los inmuebles con ese propósito. Las características del hecho, las personas involucradas, la forma en que se fue respondiendo a la opinión pública a medida que se iba develando la trama de los acontecimientos, no permiten, a nuestro juicio y por el momento, descartar de plano la cuestión y obligan a profundizar la investigación. En efecto, la presunción de inocencia no es absoluta sino que admite ser desvirtuada por las pruebas aportadas en el proceso. Existiendo la comprobación del tipo objetivo, no basta con la mera alegación de inocencia para poner fin a la investigación sin haber agotado previamente todas las medidas de prueba razonables. De otra manera se estaría consagrando un principio de impunidad que en definitiva beneficiaría a los poderosos y audaces en perjuicio de la sociedad toda.

IV. PRUEBA

V. PETITORIO
Por todo lo expuesto, solicitamos que se tenga por constituido el domicilio, ampliada la denuncia y por ofrecida la prueba.
Proveer de conformidad. Será Justicia.

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