Expertos en la política de vivienda en una charla moderada por Gustavo Vera

11 09 2013
De izq a der: Savoia, Sànchez Andia, Reyes, Gasulla, Moreno y Vera al micrófono

De izq a der: Savoia, Sànchez Andia, Reyes, Gasulla, Moreno y Vera al micrófono

Un debate de alto nivel sobre los negociados y la política de vivienda en la Ciudad de Bs.As. de las gestiones PRO y K. Ayer martes 10 después de las 19 hs hablaron expertos como el Asesor Tutelar de Cámara de Menores e Incapaces, Gustavo Daniel Moreno, quien recordó como el complejo habitacional Carlos Mugica construido por el programa Sueños Compartidos, además de venderse para talleres textiles, es ofrecido en diversos expedientes judiciales como habitad para cientos de familias que deben ser retiradas del camino de sirga del Ricahuelo por la causa Mendoza en la Corte Suprema de la Nación.

Gustavo Moreno mira a Gustavo Vera

Gustavo Moreno mira a Gustavo Vera

Por su lado, la legisladora porteña titular de la Comisión de Vivienda, Rocio Sánchez Andia, dejó en evidencia el negociado del PRO en subir el valor de la tierra y expulsar a la población trabajadora y clase media.

Fernanda Reyes al micrófono

Fernanda Reyes al micrófono

Mientras que la candidata a senadora por UNEN, Fernanda Reyes, detalló los negociados del Gobierno Nacional en la pésima gestión de cosntrucción de viviendas en todo el país y que ella dejará en evidencia durante su labor como Diputada Nacional.

Rocio Sánchez Andia

Rocio Sánchez Andia

El presentador y uno de los oradores fue el titular de la Alameda y primer candidato a legislador porteño por UNEN, Gustavo Vera, quien detalló la denuncia de la Alameda.

Luisa Gasulla de brazos cruzados

Luisa Gasulla de brazos cruzados

También estuvieron presentes dos periodistas. Luis Gasulla, el experto en los manejos corruptos del programa Sueños Compartidos que vendió y firmó dedicatorias de su libro El Negocio de los Derechos Humanos, y el periodista de investigación del diario Clarín, Claudio Savoia, quien publicó el artículo en referencia a la denuncia penal de la Alameda con cámara oculta respecto a la venta de viviendas del Complejo Carlos Mugica a través del IVC y los punteros políticos.

Sec Gral del PSA y candidato a legislador, Mario Mazzitelli

Sec Gral del PSA y candidato a legislador, Mario Mazzitelli

ex trabajador de Sueños Compartidos

ex trabajador de Sueños Compartidos

Claudio Savoia escucha a Rocio

Claudio Savoia atento de Rocio

 





Nota de Marcelo Zlotogwiazda: “El Papa, los troskos y el ejemplo de Ombú”

26 08 2013
Desfilando Marcelo Zlotogwiazda por los nuevos modelos No Chains

Desfilando Marcelo Zlotogwiazda por los nuevos modelos No Chains

Publicada en el diario Tiempo Argentino:
http://www.infonews.com/2013/08/23/economia-93601-el-papa-los-troskos-y-el-ejemplo-de-ombu.php

Un ejemplar de las nuevas prendas que se presentaron en el desfile realizado en pleno Palermo Hollywood el sábado pasado lucía en una foto enmarcada que colgaba en una punta de la pasarela, y en la que se apreciaban dos detalles especiales: la remera es sostenida por el Papa Francisco y tiene escrito de su puño y letra una dedicatoria que dice “Al amigo de la Alameda y No Chains, con afecto, Francisco”, y con el agregado irónico, entre paréntesis: “¿Se acuerdan de los troskos de Dios?”.

El amigo del Papa es Gustavo Vera, un ex trotskista que preside la Fundación Alameda de lucha contra el trabajo esclavo y los talleres textiles clandestinos, y que será el candidato que encabezará la lista a legisladores porteños que el espacio Unen presentará en las elecciones distritales del 27 de octubre. A Vera se lo ve en la foto tomada a fines de junio pasado durante una audiencia en el Vaticano sosteniendo junto al Papa la remera. En 2010 el entonces cardenal Jorge Bergoglio había estado presente en el primer lanzamiento de las remeras de No Chains, una red de cooperativas textiles que, además de la Alameda, integran asociaciones de Tailandia, Indonesia, Hong Kong y Filipinas, y que el sábado pasado lanzó sus nuevos diseños con un desfile en el Mercado de Economía Solidaria ubicado en Bonpland al 1600.

La industria textil tuvo una década ganada en términos de producción y empleo, pero no en condiciones laborales. Según cifras del Ministerio de Trabajo, mientras el número de costureros que trabajan en blanco pasó de 25.000 a 50.000 desde 2003 hasta ahora, la cantidad de no registrados se triplicó de 40.000 a 120.000. Y en muchísimos casos los que están en la informalidad trabajan en situación de extrema precariedad, a veces rayana en la esclavitud.

Con la por entonces sensible conducción de Enrique Martínez, a mediados de la década kirchnerista el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó a ocuparse del problema. Desde 2005 venía realizando tareas de concientización en todas las partes involucradas, pero luego de la tragedia ocurrida en marzo de 2006 cuando el incendio de un taller clandestino en la calle Luis Viale de la Capital Federal terminó con la vida de seis personas, el organismo se dispuso a desarrollar un programa de certificación de condiciones laborales y ambientales que terminó plasmada en una normativa de carácter voluntario conocida como “Compromiso Social Compartido (CSC)”.

La idea es que las empresas del sector le soliciten al INTI que certifique el cumplimiento de una serie de requisitos que demuestran la vigencia de condiciones laborales dignas (particularmente la ausencia de trabajo infantil, de trabajo forzado, de violencia laboral y de discriminación), la protección de los derechos del trabajador (en materia de remuneraciones, libertad sindical, ética laboral y capacitación profesional), el cuidado de la salud y de la seguridad ocupacional, el respeto al medio ambiente, y la lealtad comercial. El procedimiento de certificación incluye la verificación de que los requisitos también son cumplidos por los licenciatarios y por los principales proveedores, es decir los talleristas y los trabajadores a domicilio.

Según datos de la AFIP, en el país hay registradas algo más de 3.200 empresas en el rubro textil, de las cuales cerca de 2.000 son microempresas y alrededor de 900 son pequeñas firmas; pero casi el 80 por ciento de las ventas son efectuadas por las 300 y pico de tamaño mediano y las 56 grandes compañías del sector.

De todas ellas, sólo una cuenta con el certificado de Compromiso Social Compartido. Luego de una minuciosa auditoría a la empresa y a toda su cadena de valor, a fines del año pasado el INTI le otorgó el certificado de CSC a Ombú, la tradicional marca de ropa de trabajo que en su origen fue de Grafa (Bunge & Born) y que ahora es propiedad de una multinacional que surgió de la fusión de la brasileña Santista (compró Grafa a mediados de los ’90) con la española Tavex. La certificación incluye a la fabricación del hilado, a los licenciatarios que confeccionan las prendas, y a los talleres tercerizados que completan el proceso productivo.

Desde que el INTI tuvo listo el programa y convocó a las empresas del sector, más de 100 mostraron algún interés, pero finalmente desistieron todas menos Ombú. Debe haber habido variados motivos que explican el abandono, pero seguramente una de las causas principales fue la falta de voluntad o capacidad para cumplir con los requisitos exigidos.

El INTI pretende que el programa sea potenciado por presión de la demanda. La idea es que, además de la presentación voluntaria, las firmas textiles se vean inducidas a contar el certificado, ya sea porque los consumidores u ONGs lo reclaman o porque resulta indispensable para poder participar de licitaciones de compras de organismos públicos o privados.

Respecto de esto último, en su tesis para la maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero, el abogado del INTI Adrián Choren señala: “Si la herramienta de la compra sustentable se utiliza desde el Estado en su conjunto (Nacional, Provincial y Municipal) se pueden lograr mayores resultados”.

En ese sentido se ha avanzado poco. El de Defensa ha sido el único ministerio nacional que se comprometió por convenio a contratar sólo a aquellas empresas que al menos hayan adherido al programa de CSC, es decir que aunque no cuenten con el certificado cumplen con cuatro requisitos mínimos (ausencia de trabajo no registrado, forzado e infantil, y adecuadas condiciones de seguridad e higiene). Y, dicho sea de paso, el ministerio se vio obligado a otorgar un período de gracia a varios de sus proveedores para no quedar desabastecido de uniformes.

Un convenio similar ya fue suscripto por la Dirección de Escuelas bonaerenses, y a nivel nacional las carteras de Justicia e Interior estarían por asumir el compromiso de condicionar sus compras a la presentación del certificado CSC o, al menos, de la adhesión al programa.

En forma paralela, el INTI está empujando para que la Oficina Nacional de Contrataciones aplique el criterio a todas las compras que realiza el Estado, que en el caso de indumentaria ascendieron en el año 2010 a más de 100 millones de pesos, según datos de esa repartición.

Los especialistas del INTI en el tema señalan que el criterio bien podría extenderse a todas las compras que realiza el sector público, e incluso fijarse como requisito para recibir algún tipo de beneficio estatal, como por ejemplo financiamiento promocional o Repro del Ministerio de Trabajo.

Porque hay que tener presente que así como en la industria textil el trabajo en negro se cuenta de a miles, en el país lo padecen millones.





Reportaje a Gustavo Vera sobre las próximas elecciones en Canal 26

2 08 2013

El programa Plan M, que conduce Maximiliano Montenegro, entrevistó al titular de la Alameda y candidato antimafia a legislador porteño, Gustavo Vera, como extrapartidario en el frente que lideran Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió.

“Vamos a terminar con el pacto de omertá (código mafioso del silencio) que se vive en la Legislatura porteña que hoy parece que fuera Suiza”, aseveró Vera quien dio detalles del pacto mafioso entre el kircherismo y el macrismo para garantizar tres mil talleres textiles clandestinos en Capital Federal, más de mil prostíbulos porteños y la impunidad sobre el narcotráfico.

 

 





Se firmó el comodato por las maquinarias incautadas de talleres esclavos

20 06 2013

IMG_1652

La comunidad Q’om de la provincia de Formosa, a través de su Qarashé, se hizo cargo ayer a la noche formalmente de la maquinaria incautada por vía judicial de tres talleres textiles esclavos que servirán para que el pueblo originario conforme su propia cooperativa de trabajo textil. 

Este jueves por la noche en la sede del hotel del sindicato de judiciales (UEJN) Félix Díaz, referente de los Q’om, junto a Julio Piumato, secretario de DDHH de la CGT y del gremio judiciales, más Gustavo Vera de la Alameda, se reunieron para leer y firmar el comodato que entrega formalmente las 24 maquinas textiles incautadas por el juez federal Ariel Lijo en el marco de una causa por trata laboral y trabajo esclavo entres talleres clandestinos de la capital federal, donde se confeccionaba entre otras marcas Narrow.

IMG_1644

A la maquinaria textil se le suma un molino que serán trasladados el próximo martes 25 por el gremio de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

La capacitación laboral a la comunidad Q’om estará a cargo de la Alameda para que luego sostengan su emprendimiento sin trabajo esclavo, ni patrón y con total autonomía.

Más información: 4115-5071 / 4671-4690

IMG_1639





Cómo operan las redes de trabajo esclavo en Buenos Aires

30 05 2013

TAller clausurado_chica

La esclavitud laboral volvió a ser noticia. El titular de Falabella fue citado a declarar por la explotación de inmigrantes en talleres textiles. Víctimas del circuito de trata cuentan a INFOnews como es vivir bajo el yugo de los explotadores. Historias manchadas de dolor y de sangre. También habla Ezequiel Conde, referente de la agrupación gremial UTC y delegado de SOHO.

 

Por: Cecilia Toledo

http://www.infonews.com/2013/05/29/sociedad-78414-como-operan-las-redes-de-trabajo-esclavo-en-buenos-aires.php

“Yo le diría a la gente que cuando se va a comprar una prenda, revise la etiqueta para saber de dónde viene, porque puede estar manchada con sangre”. El que habla es Adolfo, nacido en Sucre, Bolivia. Llegó a nuestro país con apenas 18 años y tiene conocimiento de causa: estuvo durante cinco años en situación de esclavitud dentro de un taller clandestino, a dos cuadras de La Salada.

La historia de Adolfo es la de tantos otros compatriotas bolivianos que llegan a nuestro país con la esperanza de mejorar su calidad de vida, pero en lugar de prosperidad encuentran sometimiento. La esclavitud laboral (la esclavitud del siglo XXI, como la llaman muchos) volvió a ser noticia esta semana, cuando el titular de la cadena de tiendas Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, fue citado a declarar por el delito de “trata de personas” a través de la explotación de inmigrantes en talleres textiles ilegales que trabajaban para su firma.

Al trabajador $ 0,70
“Uno se va cansando” y “es difícil, es difícil”, son frases con las que insiste Adolfo, como soplando las palabras al viento. Las dificultades fueron muchas: partir de su país, trabajar en condiciones inhumanas, tomar coraje para denunciar a sus explotadores y empezar de nuevo.

Cuando comenzó a trabajar como costurero, Adolfo trabajaba de 7.00 de la mañana a 11.00 de la noche, por $150 mensuales “que al cambio de hoy no cubría nada”, recuerda el hombre que pasaba los días y noches encerrado en el taller.

La escena más terrible era ver cómo a una familia de cuatro personas, los explotadores daban sólo un plato de comida “y tenían que fragmentarlo en porciones para poder comer”. Las promesas que los dueños de los talleres realizaban a sus empleadores, obligándolos a trabajar por horas y horas sin pagar finalmente lo acordado, es otro de los recuerdos más tristes de aquella época. El fin de semejante pesadilla llegó cuando “tomé coraje y salí a pelearla”, aseguró Adolfo.
Una de las dificultades más grandes que enfrentan las personas en situación de esclavitud laboral es el aislamiento. “No tienen contacto con nadie, no los dejan salir sin autorización –“si vos salís hay otros diez para reemplazarte”, escuchan los costureros-, los asustan constantemente con la idea de que los van a deportar –ese es el gran fantasma y lo mencionan en INFOnews- y las únicas radios que se escuchan dentro de los talleres son emisoras clandestinas de la comunidad Bolivia que completan el círculo del aislamiento, porque insisten con la posibilidad de deportación, una medida que no forma parte de la política inmigrante de nuestro país”, explicó Ezequiel Conde, delegado gremial de SOHO y referente de la Unión de Trabajadores Costureros (UTC), la agrupación gremial de la Alameda que denuncia a las grandes marcas esclavistas.

Conocer los derechos y deberes de empelados y patrones es el camino para abandonar el circuito esclavista. “Cuando me animé a salir empecé a conocer a otra gente y a aprender de las leyes”, recuerda Adolfo, para quien la posibilidad de un empleo digno en condiciones humanas no era siquiera una fantasía.

Según el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI) existen más de 5000 talleres clandestinos de ropa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En pleno siglo XXI, hay cerca de 30 mil trabajadores en condiciones de precariedad extrema.

“Te decían `te voy a aumentar el sueldo´, pero después nada. Éramos ocho personas en un cuarto de dos por dos, dividido por cortinas o por machimbre. La comida era poca, y mala. Cuando empecé a ver la situación de mis compañeros tomé conciencia y decidí alejarme de a poco, porque te amenazaban”. Salido de semejante maraña, Adolfo logró formar una familia. Tiene tres hijos y su mujer, también de la comunidad boliviana, estudia Trabajo Social en la Universidad de Lomas. Seguramente sueña con cambiar la realidad de tantos compatriotas.
La red esclavista

El circuito comienza con avisos en las calles de Bolivia –de allí son el 90% de los costureros esclavizados en Buenos Aires, el resto de Perú- , donde las tasas de desempleo son muy altas, y Argentina se erige como La América, ese lugar donde las oportunidades florecen y todo es posible.

“Los colectivos que traen a esos trabajadores son los mismos que negocian con los tratantes de blancas, porque cargan personas sin documentos y arreglan en las fronteras el paso”, describió Ezequiel Conde, referente de la Unión de Trabajadores Costureros de la Alameda, una ONG que lucha contra el trabajo esclavo, infantil y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Ya en Argentina, los trabajadores llegados desde Bolivia arriban al barrio de Flores o Liniers, donde se los carga en un remiss y se los traslada hasta los talleres, que más que a un puesto de trabajo, se asemejan a los calabozos de cualquier comisaría.

El primer indicio de lo que vendrá aparece cuando les retienen los documentos, y les exigen trabajar para pagar sus pasajes, su estadía y su comida, gastos que en el arreglo inicial estaba cubiertos por la empresa.

Etiquetas manchadas con sangre.
En horas comienza la explotación más cruda: “por pantalón de jean realizado les pagan $5, y las grandes marcas los venden después a un mínimo de $500. Por remera, se pagan 0,20 centavos”, precisa Conde. Además del aislamiento, otra de las dificultades es el después. “No hay lugares de contención para estas personas, una vez que se cierra un taller donde se realiza trabajo esclavo, familias enteras se quedan en la calle. Y tienen que volver a ingresar al sistema de explotación laboral”, describe, no sin amargura, Conde.

Tragedia y esclavitud

María tenía 19 años cuando partió de Bolivia a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Pero nunca las encontró: tras ser esclavizada durante más un año en un taller del Gran Buenos Aires, regresó a La Paz –su ciudad natal- para poder salir de ese sistema de trabajo que le había parecido una verdadera pesadilla. Pero su “ex jefe” insistía en que volviera a trabajar. Llamados diarios, insistentes amenazas y advertencias del tipo “nunca vas a dejar de ser pobre”, la convencieron de lo que no quería, regresar a Buenos Aires.
¿Por qué esa persona estaba tan interesado en que regreses a su taller?, preguntó INFOnews. “Porque fui la única empleada que le duró. El resto aguantaba una semana y se iba”, explica María. Como sucede cada vez que una persona hace algo que no desea, las cosas salieron mal: en Jujuy tuvieron un accidente, en el que la pareja de María y su hermano (17 años) perdieron la vida, y ella se quedó sin una pierna.

En ese momento, el patrón explotador se asustó tanto que viajó a Jujuy. Le pidió a María que no revele el motivo de su viaje, y como un deporte que manejaba con habilidad, apeló a la promesa. “Te voy a pagar aunque no trabajes, no te va a faltar un plato de comida. Vos no te preocupes por nada”, le dijo a la joven que todavía no salía del impacto del accidente.

Las promesas las cumplió, pero durante un tiempo. El suficiente hasta ver que María estaba viva, y allí apeló a otro de los deportes que manejaba con gran habilidad: las amenazas. “Te vas a tener que ir de acá. No te podemos bancar más”, le decían.

En una de sus tantas visitas al médico, el doctor le dijo que no podía trabajar, necesitaba medicación y descanso. “Ellos se enojaron, no les gustó nada”, recuerda María, que ya para ese momento había tomado una postura más inflexible y les aseguraba que no podían echarla. Pero la situación se hizo insostenible, y tiempo después logró irse a vivir a lo de su hermana, que también trabaja en un taller textil, aunque con mejores condiciones. Eso sí: de su pierna perdida, sus miedos y sus traumas nadie se hará cargo; pues la de María es otra historia surgida de las tinieblas del esclavismo laboral, un asunto sobre el que es urgente echar un poco de luz.





Pedido de Indagatoria al dueño de Falabella por trabajo esclavo

27 05 2013

falabella

El fiscal federal, Federico Delgado, quiere que se cite a indagatoria al dueño de la marca de ropa Falabella por utilizar talleres textiles clandestinos con trabajo esclavo y explotación de inmigrantes indocumentados instalados en el barrio de Floresta.

El miércoles 22 el fiscal Delgado solicitó al juez Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11, a cargo de Claudio Bonadio, secretaría n° 22 (a cargo de María Laura Charnis), la indagatoria de Juan Luis Mingo Salazar, dueño de Falabella. Esta medida judicial que puede poner al borde del procesamiento al empresario se inició en el marca de una causa penal a fines de diciembre de 2012 donde se descubrieron dos talleres textiles clandestinos, con inmigrantes reducidos a la servidumbre, donde se encontraron remitos y etiquetas de la marca Falabella S.A.

La causa n° 13354/12 (Fiscalnet 135807/12) “NN s/ reducción a la servidumbre” también refiere al delito de trata de personas (ley 26.364 modificada por la ley 26.842) ya que se encontró “que se apropian del trabajo esclavo a través de la cadena de explotación de seres humanos. Por lo tanto, sus autoridades deben responder penalmente por estos sucesos. Se trata, concretamente, de la firma “Falabella S.A.” y, en consecuencia, es imperativo recibir declaración indagatoria a Juan Luis Mingo Salazar, su presidente. También a Héctor Mitelman y a Gustavo Mitelman, ya que son los responsables de la firma que ofició de proveedora, “SIFAP S.A.”, todo de acuerdo al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Los talleres textiles clandestinos se ubican en Quirós 3041, San Nicolás 266 y San Nicolas 276/8 que fueron allanados el 12 de marzo. Allí trabajaban diez personas en condiciones con cama adentro, con un sueldo de aproximadamente $2.500 -de los cuales $1000 eran retenidos para la comida y vivienda- y que las condiciones de higiene del lugar eran deplorables.

“Falabella” suelen contratar a talleres que subcontratan a otros talleres más pequeños. Es decir, las empresas mantienen el trabajo de diseño, comercialización, imagen, moldería y corte, mientras que tercerizan la confección, terminaciones y planchado directamente en talleres clandestinos o a través de talleristas intermediarios. Estos últimos se ocupan de subcontratar a trabajadores a domicilio o a otros talleres.

También tienen responsabilidad los eslabones intermedios de la cadena de comercialización, en Robert Egber Tupino Yncacutipa, que subvirtió el giro de los negocios formalmente declarado, para montar un taller ilegal. Este tallerista se encuentra registrado ante la AFIP como monotributista, CUIT n° 20-954561179-4, correspondiente a la categoría F (acabado de productos textiles), pero no tiene ningún empleado registrado ante dicho organismo.

El taller textil ubicado en San Nicolás 266 tiene de capataz o tallerista a Robert Egber Tupiño Yncacutipa quien manifestó que vive en el lugar junto a su esposa, Sonia Paula Salas Huaman. Además allí viven y son explotados una pareja con tres hijos. Durante el allanamiento se encontró dinero en efectivo, talonarios de factura “C” a nombre de Tupiño Yncacutipa, así como también bultos de ropa con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino (las últimas dos son marcas propias de Falabella). Había cuatro máquinas en el taller.

El taller ubicado en Quirós 3041 tiene doce máquinas de coser, su encargado también es Tupiño Yncacutipa. Al momento del allanamiento, se encontraban cinco costureros todos de nacionalidad peruana, con excepción de uno boliviano y uno indocumentado. Uno de los costurero declaró que trabajaba nueve horas por mil pesos por mes. Y además reveló que la comida se la llevaba el talleristas desde San Nicolas.

Asimismo se encontraron prendas sin terminar, con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino, idénticas a las halladas en el taller de San Nicolás 266. Una persona en situación migratoria irregular.

El fiscal comprobó que toda esta cadena de comercialización abreva de la esclavitud. Ello es así porque el nexo entre Falabella y los talleres textiles ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266 es la firma “SIFAP S.A.”, con domicilio en Mendoza 4838/40, que funciona desde 1943 bajo el rubro “taller de estampados en metales (fábrica de plumas y chinches)”.

El dueño de “SIFAP S.A.” es Héctor Mitelman y el presidente de la sociedad es Gustavo Mitelman. En la causa quedó ratificado los hermanos Mitelman son proveedores oficiales de Falabella. Los rollos de etiquetas a nombre de Falabella S.A. contienen la inscripción de códigos de barra o de productos y precisamente esas identificaciones condujeron a los investigadores a la firma “SIFAP S.A”. La cadena es: talleres clandestinos-“SIFAP”- “Falabella”. Por ello la indagatoria Juan Luis Mingo Salazar –Presidente de Falabella S.A.- a Héctor Mitelman, a Gustavo Mitelman –titular y Presidente de SIFAP S.A, respectivamente- y al tallerista Robert Egber Tupiña Yncacutipa.

Falabella con este sistema de producción viola la ley 12.713 que establece responsabilidad solidaria de empresarios, intermediarios y talleristas a los efectos del pago de salarios y de los accidentes de trabajo. También el código penal en el artículo 140 y 145 bis, como también en el artículo 117 de la ley nacional de migraciones (nro.25.871).





Zara la multinacional española cuenta con talleres clandestinos

24 05 2013

zara

Publicado en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168593

Por Lucas Schaerer

Una denuncia penal da cuenta de las condiciones en las que trabajan decenas de trabajadores en talleres de Zara

La marca de ropa Zara, de capital español, subcontrata en Argentina su producción a talleres textiles clandestinos donde se esclaviza a costureros inmigrantes. Zara sostiene la misma metodología de explotación ilegal e inhumana en Sao Paulo, Brasil, hasta el punto de que tuvo que pagar una multa millonaria por estos mismos delitos que se le imputan también en otros once países.

En Argentina, los talleres ilegales están ubicados en locales a las afueras de la ciudad de Buenos Aires o en barrios turísticos y con mucha población de inmigrantes atraídos desde la República de Bolivia con engaños, ya que se les promete vivienda, comida, trabajo, una jornada laboral de ocho horas y cobrar en dólares.

La ONG Alameda ha dado a conocer que existen, al menos, cuatro talleres ilegales que fabrican ropa para Zara. La denuncia se ha hecho conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Confede­ración General de Trabajo (CGT) de Argentina, la mayor central obrera del país, y demostró que las jornadas de trabajo son inhumanas. Las denuncias penales presentadas el 26 de marzo y el 11 de abril de este año, que además fueron ratificadas tiempo después por los inspectores del Gobierno de Buenos Aires, evidencian mediante grabaciones con cámaras ocultas que los costureros duermen en literas pegados a las máquinas donde son explotados. De momento, se ha impuesto la clausura administrativa sobre dos talleres, de los cuatro que fueron denunciados por la ONG Alameda.

Una jornada de trece horas
Además, las jornadas de los trabajadores que elaboran la ropa para Zara alcanzan las 13 horas, de lunes a viernes de siete de la mañana y hasta las diez u once de la noche. Además, el sistema eléctrico de estos lugares es precario, lo que genera peligro de incendio como ya ocurrió en 2006, cuando fallecieron seis personas de nacionalidad boliviana, cinco menores de edad, encerrados en la entreplanta de un taller clandestino.

Este sistema no es la excepción de la industria textil en Argentina y el resto del mundo. La ONG Alameda ha denunciado también que 110 primeras marcas de ropa, entre ellas algunas firmas internacionales como Puma y Topper, llevan a cabo las mismas prácticas que Zara. Incluso los propios empresarios admiten que la ilegalidad alcanza al 78% de la confección de ropa. Este sistema de trata y esclavitud ha sido denunciado en México por las maquilas, en Italia por los talleres de la Camorra y ahora por la fábrica que se ha derrumbado en Bangladesh recientemente.

En la actualidad, la causa judicial contra Zara que se tramita en el juzgado federal 7 de Buenos Aires con el número de expediente 3161/2013 y es el magistrado Sebastián Casanello quien está a cargo de la misma. La investigación sobre los talleres de Zara está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan. Aunque ya han visitado estos centros de trabajo clandestinos, los tribunales argentinos retrasan la investigación, lo que beneficia a la empresa. El fiscal que investiga a Zara aún no ha llamado al fabricante a declarar. La trasnacional Inditex, propietaria de Zara es la segunda empresa textil en importancia del mundo y su dueño, Amancio Ortega, la quinta fortuna del planeta y la primera de Europa.

Ilegalidad de Zara
En Argentina, Zara está acusada de violar la Ley de Trabajo a domicilio. Al fabricante se le responsabiliza laboral y penalmente, también a los dueños de los talleres donde se subcontrata su producción, por incumplir la Ley de Migrantes, que prohíbe beneficiarse de un indocumentado. Aunque Zara puede registrar su cadena de producción a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que depende del Estado, nunca lo ha hecho. Este programa es casi gratuito aunque no es obligatorio. En su defensa, desde el Estado español, Zara respondió a los medios de comunicación que se han realizado auditorías internas, sin embargo, no se han comprobado las denuncias existentes. Las grabaciones sobre las condiciones laborales de los trabajadores han sido entregadas como prueba en la denuncia penal. La ONG Alameda ha llevado a cabo varios escraches en las tiendas argentinas de Zara y ya ha popularizado un lema sobre Inditex: “EsclaviZará”.

Trabajadores que pagan con su vida
El edificio Rana Plaza, que se vino abajo el pasado 24 de abril en Bangladesh y en el que hasta la fecha han muerto 1.126 personas, pone al descubierto de nuevo cómo se fabrica la ropa. Las multinacionales, entre ellas las españolas Mango, El Corte Inglés, Benetton y Primark, han tenido que reconocer que sus prendas eran fabricadas en ese centro y han admitido las condiciones de esclavitud que sufren las trabajadoras y trabajadores de esos talleres. El propietario del inmueble ha sido detenido, pero no se han abierto diligencias contra las transnacionales.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/zara-produce-condiciones-esclavitud-argentina.html








Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 260 seguidores