Entrevistas por el escrache al narco-prostíbulo Madaho’s

25 10 2012

Aquí Lucas Schaerer, de la Fundación Alameda, en el noticiero de América 24 la semana pasada tras el escrache al impune narco-prostíbulo Madaho’s ubicado frente al cementerio de Recoleta en la esquina de Azcuenaga y Vicente López

Luciano Úmerez, comunero y miembro activo de Recoleta Insegura, en la puerta de Madaho’s dejando en claro porque la causa de la inseguridad es el crimen organizado.

CONTACTO: 4115-5071/4671-4690 / mail: prensaalameda@yahoo.com.ar





Canal 9 en el escrache al narco-prostíbulo Madaho’s

25 10 2012

Canal 9 estuvo presente el lunes de la semana pasada en el cacerolazo y escrache de los vecinos de Recoleta Insegura y la Fundación Alameda al narco-prostíbulos, Madaho’s, propiedad de Mario Sasian, Daniel Fayn y Gustavo Gonzalez.

Los vecinos reunidos en la Iglesia Patrocinio de San José confeccionaron un mapa del Crimen Organizado de Recoleta que detectó 45 prostíbulos dos de ellos ubicados frente a la Comuna 2, y hasta a una cuadra del Ministerio de Seguridad Nacional.

CONTACTO: 4115-5071 / 4671-4690 / prensaalameda@yahoo.com.ar





Ley de ART: Un viraje regresivo en materia de daños laborales

24 10 2012

Este artículo escrito por Horacio Schick, abogado laboralista y docente universitario, fue publicado en el mensuario virtual de la Fundación Alameda, http://www.agendaoculta.net: 

Este informe destaca porque la reforma impulsada por el Gobierno Nacional es similar a la impuesta en la década del 90’ apartándose de la doctrina impulsada por la Corte Suprema Nacional y por el Grupo de Expertos en Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. De votarse estos cambios los trabajadores regresan al estado de desprotección similar al neoliberalismo mientras que será tachada por inconstitucional aumentando la litigiosidad. 900 mil accidentados anualmente.

El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado un proyecto de reforma parcial a la ley 24.557 modificando algunas de sus normas y dejando subsistente el resto, así como el decreto 1694/09.
Como primera observación puede señalarse el método hermético y secreto del análisis de la reforma circunscrito, exclusivamente, a las cúpulas empresariales, sindicales de un sector y de las aseguradoras, en lugar de promover un debate amplio y pluralista, donde pudieran intervenir también todos los especialistas, jueces y abogados, conocedores en profundidad de la temática relativa a los accidentes del trabajo.

Se ha repetido la experiencia del año 1995. La sanción de la vigente Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) fue fruto de las deliberaciones en las altas esferas en el cuestionado Acuerdo Marco de julio de 1994, con el rechazo de la inmensa mayoría de la doctrina especializada, en un proceso que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de los pilares fundamentales de la LRT por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las sentencias del Supremo Tribunal de la Nación determinaron el régimen actual conformado por un sistema de reparación de infortunios laborales sustancialmente protectorio y diferente a la ley original.

Los fallos “Aquino”, “Llosco”, “Milone”, “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, “Silva”, “Suárez Guimbard”, “Torrillo”, “Arostegui”, “Lucca de Hoz”, “Ascua”, entre otros, cerraron un largo debate, perdido por aquellos que trataron de justificar la Ley de Riesgos y, paradójicamente, los mismos sectores que se beneficiaron con su aplicación inicial.

Uno de los aspectos más relevantes de esta jurisprudencia del Máximo Tribunal fue la consagración definitiva del carácter constitucional del derecho a la reparación plena y el otorgamiento de igual rango al principio alterum non laedere (de no perjudicar a otro) que prohíbe a los hombres dañar los derechos de un tercero, interpretando así el artículo 19 de la Constitución Nacional, con la consecuente declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, párrafo primero, de la ley 24557.

La Corte Suprema, ratificó el criterio de acumulación de resarcimientos, no en el sentido de que el trabajador o los derechohabientes cobraran la totalidad de la reparación plena al empleador además de la indemnización tarifada de la LRT, sino interpretando que el damnificado puede reclamar de la ART lo regulado por la ley especial y en forma paralela, sucesiva o conjunta, puede demandar al empleador en razón de los daños y perjuicios no satisfechos por la indemnización tarifada, a través de la vía del derecho común, si es que se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil.

Estas sentencias del Supremo Tribunal de la Nación mejoraron sustancialmente la posición de los damnificados por accidentes y enfermedades del trabajo. La reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, en este tema crucial, desoye y se aparta de esta doctrina emanada de la Corte federal y será tachada de inconstitucionalidad por los tribunales inferiores. Los damnificados regresan al estado de desprotección similar a los escenarios anteriores a esta jurisprudencia renovadora.

El proyecto construye un escudo contra la jurisprudencia constitucional del más alto Tribunal, en vez de considerar cada una de la sentencias de la Corte Suprema a fin de no repetir situaciones de inconstitucionalidad, y produce un retroceso altamente negativo para los damnificados, respecto del escenario jurisprudencial vigente. El proyecto -como se verá- erosiona y contradice la profusa doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de daños laborales, lo que se refleja en aspectos centrales al establecer la opción civil excluyente con renuncia a la indemnización tarifada, con el agravante de derivar las acciones civiles a la Justicia Civil como fue dispuesto por primera vez mediante la ley 24028 de 1991. Además se propone que en dicho ámbito civil no se deberán tener en cuenta los principios del derecho del trabajo sino la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.

Esta redacción está ‘calcada’ de la ley 24028 dictada en 1991, en pleno auge del tan denostado ‘neolaboralismo’.

Cabe destacar que también se desoyó al Grupo de Expertos en Relaciones Laborales convocado por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución MTEySS 502/2005, para elaborar propuestas renovadoras en materia de derecho laboral. El destacado Grupo había concluido, con respecto a este tema, que: “con relación al sistema de reparación de los daños provenientes de un accidente o enfermedad del trabajo, será indispensable tener en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (citan al caso ‘Llosco’) según la cual la percepción, por parte del trabajador, de las prestaciones que derivan de la Ley de Riesgos para resarcir la incapacidad permanente, no impide que ejerza su derecho a obtener indemnizaciones por la vía de la acción civil, sobre la base de que ambos regímenes legales (el especial y el derecho civil) resultan independientes”.[1]

El fundamento doctrinario del proyecto que propone limitar el acceso a la reparación integral, provienen de la llamada“interpretación económica del derecho”, que coloca una mirada preferente no ya en las víctimas de daños injustamente sufridos, sino en los “dañadores”, en las empresas, que por la índole de su actividad son proclives a producir daños, pretendiendo disminución de la responsabilidad indemnizatoria, para estimular la producción y la generación de empleo.

Se trata de los mismos argumentos utilizados para justificar la flexibilidad laboral en la década del 90 (y la propia sanción de la LRT), cuya vigencia no impidió la recesión y finalmente el fenomenal colapso económico de principios de este siglo. Por lo tanto, estos argumentos deslegitimados por la realidad, carecen hoy de fuerza de convicción.

También, desde ámbitos oficiales y empresariales – defensores enfáticos del proyecto – se descalifica la labor de los abogados defensores de trabajadores víctimas de daños laborales, omitiendo ponderar que sin los juicios promovidos por estos “abogados de a pie”, no se habrían dictado los fallos que corrigieron y modificaron, a favor de los damnificados, el inicuo e inconstitucional sistema diseñado en el año 1995. Como advirtió el abogado Julio Simón, sin esos juicios nunca se habría hecho realidad la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que sienta el principio de que nadie debe hacer daño a otro y si lo hace debe repararlo. Sin esos juicios se habría continuado dañando a los trabajadores sin reparar en su debida magnitud esos perjuicios, sin esos juicios se habría convalidado el atropello a derechos humanos fundamentales -la vida, la salud, la dignidad de la persona humana[2].

En suma, los juicios fueron y siguen siendo el medio eficaz para que los damnificados recuperaran, por vía de la reparación integral, un justo resarcimiento que habían perdido por la ley 24557.

Se omite mencionar también que la ‘litigiosidad’ existente está directamente vinculada con la alta siniestralidad laboral de nuestro país.

Sólo en el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) verifica alrededor de 650.000 infortunios del trabajo anuales. A este componente habría que agregarle otro 35 %, proveniente de los siniestros ocurridos en el sector informal no registrado, lo que totalizaría la existencia aproximada real de 900.000 eventos dañosos anuales. A lo dicho hay que agregar que una parte significativa de las acciones judiciales se refiere a enfermedades laborales no reconocidas por las ART, ni por las comisiones médicas, corroborado el infrarregistro de estas afecciones originadas en el trabajo que caracteriza al sistema vigente, conforme también se comprueba en las propias estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Por lo tanto, los reclamos judiciales existentes se corresponden con niveles razonables de litigiosidad propios de un sistema democrático con división de poderes, donde el acceso a la justicia es un derecho fundamental.

Las expresiones que estamos comentando lamentablemente coinciden con la campaña de descrédito hacia los operadores jurídicos, iniciada hace 20 años por un célebre ministro de Economía, junto con las Cámaras empresarias.

Estos ataques de cuño economicista cuestionan la función de los abogados y el rol de la justicia. El telón de fondo lo integra el “desprecio por el Derecho” como directiva de convivencia, la subestimación de la actividad de los abogados, y el descreimiento en los jueces del Estado.

Se repiten críticas mediáticas y metajurídicas que vinculan las sentencias del alto Tribunal con el aumento desproporcionado del índice de los pleitos y con la imposibilidad de las empresas de asumir los costos indemnizatorios y seguir produciendo. Como si el funcionamiento del sistema productivo estuviese condicionado por el acceso a la reparación integral de los daños sufridos por los trabajadores. La situación es similar a los siniestros por accidentes de tránsito, también de carácter masivo, donde se aseguran sin inconvenientes los riesgos, y las víctimas gozan del acceso irrestricto a la justicia para reclamar el resarcimiento pleno de los daños padecidos. A nivel comparativo, cabe destacar que la rama de la responsabilidad civil de seguros generales tiene un índice de litigiosidad muy superior al de riesgos del trabajo.

La previsibilidad de los costos de las condenas civiles puede resolverse, no cercenando derechos de raigambre constitucional, sino por medio del aseguramiento diferenciado y obligatorio de la responsabilidad civil, conjuntamente con la indemnización tarifada.

No hay que omitir que las flagrantes inconstitucionalidades que contiene el proyecto acentuarán la litigiosidad, porque la citada norma será nuevamente cuestionada en los Tribunales, que seguramente declararán la inconstitucionalidad de esta propuesta en caso de ser aprobada por el Congreso Nacional.

También hay un retroceso incluso respecto de la propia ley vigente en lo que se refiere a los accidentes de trabajo “in itinere” sobre los que se disminuye parcialmente el monto indemnizatorio al cercenarse el adicional del 20% que se otorga a los demás infortunios, aplicándoseles solo la fórmula básica, en otro viraje regresivo, quebrantando una tradición vigente de hace más de 70 años en nuestro país y en el mundo.

Existen otros temas objeto de crítica como la ratificación del procedimiento administrativo obligatorio diseñado por la ley original desoyendo lo dicho por la Corte en los casos “Castillo”, “Venialgo” y “Marchetti” y retrocediendo, con respecto al escenario vigente, donde el régimen es voluntario para los damnificados y donde estos pueden recurrir directamente al juez laboral competente sin pasar por el laberíntico procedimiento administrativo de la ley especial.

La mejora de las indemnizaciones se limita a un incremento del 20 % adicional sobre el resultado de la fórmula matemática básica que se mantiene igual. También se reajustan por el indice RIPTE desde enero del 2010 los pisos indemnizatorios y los adicionales de pago único para las altas incapacidades, fijados en un valor exiguo en el decreto 1694/09.

Al no derogarse la ley 24557 -sino al integrarse en un nuevo texto ordenado- persiste la misma crítica definición acotada de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales.

Se establece que el principio general indemnizatorio es el del pago único; sin embargo, las prestaciones indemnizatorias dinerarias en forma de renta, en curso de ejecución, continúan vigentes, vulnerando la jurisprudencia de la Corte Suprema en los casos “Milone” y “Suárez Guimbard”, permitiendo la continuidad residual del pago en renta y el negocio de las compañías de seguro de renta vitalicia, que las administran a título oneroso otorgándole a los damnificados exiguos intereses. Debería en cambio disponerse el reintegro automático de todos los fondos a los damnificados.

[1] Valdovinos, Oscar y otros, Grupo de Expertos en Relaciones Laborales. Estado actual del Sistema de Relaciones Laborales en la Argentina, Rubinzal-Culzoni, p. 227.

[2] Simón, Julio César, “Los riesgos del trabajo y los juicios”, en La Ley 08/09/2009, 1.





Solicitan al Ministerio de Seguridad la intervención de la comisaría Nº 11

23 10 2012

Por la actitud de complicidad ante las agresiones durante el escrache y por el notorio encubrimiento a este aguantadero narco-proxeneta es que solicitamos a la ministra de Seguridad Nacional Nilda Garré la inmediata intervención de la Comisaría N° 11.

En el día de ayer, la agrupación de vecinos Caballito de Pie, la Fundación Alameda y la parroquia Buen Pastor realizó un escrache sobre un narco prostibulo ubicado en la calle Díaz Vélez 5343, en el barrio porteño de Caballito, a tan solo dos cuadras de la comisaría 11 de la Policía Federal, en Díaz Vélez 5152.

El dueño del inmueble escrachado

El dueño del inmueble escrachado

La banda que opera sobre este lugar ya había sido denunciada por la Fundación Adoptar en el año 2006, por traficar mujeres y explotarlas sexualmente junto a menores de edad.

La Alameda denuncia el inmueble de Díaz Vélez 5343 en el año 2009 junto a otros 613 prostíbulos en la Capital Federal. La Fiscalía Anti Trata, UFASE, lo denuncia en Diciembre del 2011, y la Fiscalía Correccional N° 2 solicita el allanamiento del lugar y el Juzgado N° 8 a cargo de Walter Candela, en una bochornosa decisión, niega el pedido.

El viernes pasado los vecinos presentaron una nueva denuncia en la Fiscalia Anti trata, a la espera de que algún juzgado, con funcionarios honestos, decida tomar una real intervención sobre el lugar y cortar con este circuito de explotación y narcotráfico.

El escrache de ayer lunes 22 que comenzó a las 20:05, e inició en el Cid Campeador y concluía en el narco prostibulo, hasta ese momento se desarrollo con total normalidad. Pasados quince minutos de comenzado el escrache primero fue la presencia del supuesto dueño del inmueble denunciado, que vive en una casa lindante, que se dedicó a increpar y amenazar con su perro, mientras que desde el interior del narco prostíbulo comenzaron a arrojar baldes repletos de lavandina, objetos contundentes de todo tipo y gas pimienta sobre los vecinos que realizaban la pacifica protesta. 

Ante esta situación de violencia de los mafiosos sobre los vecinos, la actitud del personal de la Comisaría N° 11 fue de total pasividad y complicidad ante los mafiosos. El oficial a cargo del operativo se acercó hasta la puerta del inmueble, vio las agresiones y escuchó los gritos desde el interior del aguantadero que confirmaban lo registrado en la cámara oculta.

Por la actitud de complicidad ante las agresiones durante el escrache y por el notorio encubrimiento a este aguantadero narco-proxeneta es que solicitamos de manera inmediata la intervención de la Comisaría N° 11.

De la misma manera solicitamos una reunión con la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Celia Garre o su sucesor en el mando, Sergio Berni.

Basta de mafias en los barrios.

Caballito de Pie – Fundación Alameda

Vecinos autoconvocados en la Iglesia el Buen Pastor, en Aranguren 691

CONTACTO:

Gustavo Vera 15 6158 4835

Lucas Manjon 15 3601 7389





En Caballito escrache: Los vecinos filman y denuncian un aguantadero narco-proxeneta

21 10 2012

 

       

 

CONTACTO: Lucas Manjon 15 3601 7389 / Gustavo Vera: 15 6158 4835

Caballito de Pie, junto a la Fundación Alameda y la parroquia Buen Pastor continúan la lucha contra las mafias que operan en este barrio porteño. Cansados de la falta de respuestas, decidieron sacar a la luz, mediante una cámara oculta, uno de los tantos aguantaderos denunciados en junio de este año ante organismos nacionales y porteños.

Presentamos una denuncia penal en la Fiscalía Federal antitrata UFASE  el día viernes 19 de octubre y este lunes 22, a partir de las 19:30 horas. Concentramos en Honorio Pueyrredón y Ángel Gallardo (Cid Campeador) para marchar y escrachar un narco- prostíbulo ubicado en la Av. Díaz Vélez 5343.

En el inmueble de la Av. Diaz Velez 5343, los vecinos pudimos demostrar mediante cámara oculta la comercialización de cocaína, la explotación sexual de mujeres y el tráfico de mujeres desde el Paraguay para ser explotadas sexualmente.

En la cámara oculta se observa una casa con gran cantidad de habitaciones, donde hay un negocio totalmente sistematizado con mesas, barra para tragos, música y el total hermetismo hacia el exterior. Personas que deambulan por toda la casa, sectores de la casa totalmente inaccesibles, donde ofrecen los servicios sexuales de mujeres que no se pueden ver, y la entrega de cocaína en el lugar para luego revender.

Desde el 2006 este lugar es promocionado en las web prostibularias, como “LA CASITA DEL PLACER”, “LA CASA DE BRENDA” y muchos nombres más. En la actualidad es promocionado como “BUENOS AIRES NO DUERME”. Este centro del narcotráfico y la explotación sexual, ya fue denunciado por la Fundación Alameda en el año 2009, junto a otros 613 prostíbulos que funcionaban en la Capital Federal.

En diciembre de 2011, la Unidad Fiscal Anti Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), también elevó una denuncia sobre este lugar en av. Díaz Vélez 5343. Sumada a una denuncia por infracción a la Ley de Profilaxis (12.331) realizada por la Fiscalía Correccional Nº 2 a cargo de Dora Nanci Olivieri, la cual solicitaba la intervención telefónica y el allanamiento de este aguantadero.

El pedido de allanamiento y las escuchas telefónicas fueron solicitados al Juzgado Correccional Nº 8, secretaria 61, a cargo de Walter Candela. El magistrado rechazó cada uno de los pedidos de la fiscal Olivieri pese a la gran cantidad de denunciadas y pruebas presentadas sobre este aguantadero de narcos y explotadores.

Estas mafias operan en Caballito desde antes del año 2006. Como lo confiesan en la cámara oculta, esta banda de narcotraficantes y esclavistas, explotaban sexualmente mujeres y niños, en una casa ubicada en Río de Janeiro 281.

Este lugar fue denunciado por Julio Cesar Ruiz, titular de la Fundación Adoptar, en el año 2006, cuando pudieron observar como un hombre mayor de edad ingresaba a los empujones a tres jóvenes menores de edad.

http://www.adoptar.org.ar/2010/06/rio-de-janeiro-281-caballitos-buenos-aires-con-esclavos-sexuales/

Pese a esta denuncia, en el año 2008, la misma Fundación Adoptar tuvo que asistir a una victima de estos mafiosos que estaba inconciente en la calle, a metros del prostíbulo.

Mientras era asistida, se presento personal de la Comisaría 10, quien maltratando a la victima intentaba retirarla de la vía pública, negándole asistencia médica del SAME. En la actualidad no se tiene conocimiento si la victima fue realmente rescatada o cayó nuevamente en las manos de estos mafiosos esclavistas.

http://www.periodicotribuna.com.ar/4591-grave-como-se-secuestra-en-capital-federal.html

Caballito de Pie ya denunció, junto a la Alameda, mas de 130 delitos en la Comuna 6 en Junio de 2012. Ningún organismo hizo eco de las denuncias, es más, las denuncias fueron minimizadas, por todos. Ante ello, 300 vecinos se manifestaron realizando un “campanazo” en la intersección de Acoyte y Rivadavia.

Posterior a esto, la Parroquia Buen Pastor, lugar donde se desarrollan la asambleas, fue asaltada, en un claro mensaje mafioso y de intimidación hacia los vecinos, quienes rápidamente organizaron junto a las asambleas de Recoleta, Versailles, Liniers y Parque Avellaneda, un festival Anti – Mafia, para demostrar la unidad de los vecinos y la firme decisión de acabar con todas estas mafias.

Caballito tiene dos antecedentes de la esclavitud en prostíbulos y talleres textiles. Por un lado en Beauchef 241 PBº 1, el inmueble prostíbulo donde había sido asesinada una joven paraguaya, que era a su vez la garantía prostibularia de los demás departamentos prostibularios propiedad del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni. En tanto que el 30 de marzo de 2006 se produce en Luis Viale 1269, la mayor tragedia en un taller clandestino donde murieron seis personas que estaba esclavizadas, entre ellos cinco menores de edad, todos inmigrantes bolivianos.





Karaoke hoy a las 22 hs en el Centro Cultural Nunca Más de Villa Pueyrredón

20 10 2012

Esta fiesta se realizará en la esquina de Cabezón y Nazca, barrio de Villa Pueyrredón, a partir de las 22 horas. El fin de la actividad es que la recaudación sirva para la lucha de la Fundación Alameda.

Agradecemos a todos los compañeros del Centro Cultural Nunca Más que hacen esta gran contribución a la pelea por una sociedad sin esclavos, ni excluidos.

CONTACTO: 4115-5071 / 15 6880 3973





La Alameda se reunió con la jueza federal de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez

19 10 2012

Ana Cecilia Álvarez, titular del Juzgado Federal de Río Gallegos provincia de Santa Cruz, recibió este viernes por la mañana al titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, y al abogado penalista y vicepresidente de la fundación, Mario Ganora.

La reunión de la jueza y los miembros de la ong alcanzó las tres horas. Allí hablaron de las causas penales ya concluidas sobre las redes de trata y proxenetismo, puntualmente el barrio prostibulario más grande del país Las Casitas.

A su vez se entregaron nuevos datos a las ampliaciones presentadas en su momento por las redes prostibularias.

Asimismo se cruzaron opiniones respecto a los mecanismos estatales en la asistencia a las víctimas de trata.

La jueza Álvarez al recibir a la Alameda hace honor a lo señalado en los convenios internacionales en la lucha contra el crimen organizado, que es el trabajo en conjunto de los funcionarios con la sociedad civil organizada.

La Alameda hace explicito su respaldo a la magistrada Ana Cecilia Álvarez por su política ejemplar contra las redes mafiosas que trafican mujeres y niñas para la explotación sexual en los prostíbulos.

“Las últimas campañas difamatorias contra la jueza tienen su origen en los inconvenientes de los sectores mafiosos por el avance judicial. Así como en el 2009 nos quisieron demonizar por nuestra denuncia sobre Las Casitas, ahora van por la jueza que fue a fondo contra las redes mafiosas que involucran a altos jefes policiales”, señaló Gustavo Vera desde Río Gallegos.

A los pregoneros que sostuvieron que el cierre de las Casitas provocaría, violaciones y descalabro social, queda demostrado a tres años de la clausura de los prostíbulos que nada de estos ocurrió. Por el contrario, la sociedad respaldó el avance de la justicia y la erradicación de la trata sexual.








Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 254 seguidores