Olga Cruz, costurera, militante de la Alameda, y fundadora de la cooperativa textil

6 12 2012

olga buena

Entrevista en la revista Siete Días 

http://diagonales.infonews.com/nota-190967-Descendemos-de-los-barcos.html

Olga Cruz, fundadora de la Cooperativa La Alameda, en su lucha contra la explotación de personas, entiende perfectamente por qué sus compatriotas caen en manos de explotadores. Olga no se olvida de los días difíciles cuando llegó a la Argentina confiada en que aquí iba a conseguir trabajo. “Dormía en un cuarto muy chiquito, con mis dos hijos y mi esposo. Había cucarachas grandes, enormes, que se movían por toda la pieza todo el tiempo. Teníamos pocos minutos para usar el agua, para usar el baño, todo estaba contado. Y no podíamos siquiera entrar una escoba, porque ocupaba mucho lugar”, resume.

Tan pronto llegó, Olga entendió perfectamente la desesperación de sus compatriotas. “Como nosotros, ellos venían convencidos por personas bolivianas de que les iban a dar trabajos dignos como camareros, cuidadores de personas ancianas, comerciantes, zapateros… Sin embargo, terminaban hacinados, explotados, y privados de su libertad”, resume con un suspiro. Por supuesto, ninguno de ellos llega con un plan B, o al menos una ayuda para aliviar la situación. Olga reflexiona: “Los bolivianos somos muy individualistas. No les contamos a los demás lo que nos pasa, tenemos mucho miedo. Por eso, ni a nuestros propios amigos nos atrevemos a confesarles que en realidad no nos está yendo tan bien como decimos. Eso hace que muchos otros vengan para caer en la misma trampa”, afirma enfática.

Olga está segura de que la organización es el único modo de mejorar las condiciones de vida, por eso desde La Alameda busca advertir también a las autoridades de su país para que cooperen para terminar el flagelo de la esclavitud y la explotación. “Creo que esta es una tierra de oportunidades, pero ellas sólo llegaran cuando los bolivianos aprendamos a defender nuestra dignidad. Hasta entonces, las promesas de salvación individual serán siempre un alma de doble filo”, concluye.





Adelantando la temporada anti-trata y prostibularia de Mar del Plata

6 12 2012

burlesque

Artículo publicado en el diario Crónica.

http://www.cronica.com.ar/diario/2012/12/02/38176-explotacion-sexual-en-la-costa-atlantica.html

 

En la actualidad hay 600 mujeres y niñas secuestradas por redes de trata. Aunque son prostituidas en el interior del país, con la llegada del verano, las organizaciones en contra de las bandas están alerta ante los traslados a cuidades turísticas, informó el suplementoLibre del Diario Crónica.

La cantidad de víctimas por delitos de trata y prostitución afecta a los sectores más vulnerables de la población argentina y tiene conexiones regionales y un alcance global de proporciones extraordinarias.

A pesar de la lucha de diferentes organizaciones sociales y los esfuerzos del propio Estado, en nuestro país cientos de personas -un 98 por ciento de mujerescontinúan siendo sometidas por esta industria mafiosa que mueve millones de dólares anuales. Una de las variantes de este negocio clandestino es el denominado turismo sexual, que tiene lugar durante la temporada alta de vacaciones e incluye paquetes para viajeros del exterior con variadas ofertas sexuales.

Para Silvina Elías, miembro de la ONG La Alameda Mar del Plata, la prostitución siempre tiene una mayor demanda en las ciudades turísticas de todo el mundo, un fenómeno conocido como turismo sexual.

Cuando hicimos la primera investigación en el verano de 2009, nos encontramos con unos 400 prostíbulos, un número altísimo en comparación con Capital Federal, que tenía 600. Esto tiene que ver, por un lado, con una mayor demanda y, por otro, con que la costa atlántica es un lugar de tránsito para las redes de trata”, explica en base a sus trabajos.

Por su parte, Lucas Schaerer, periodista especializado en el tema y miembro de la ONG con sede en Buenos Aires, sostiene: “Por supuesto en temporada, aprovechando los niveles turísticos en alza, las redes de explotación trasladan a sus víctimas a las ciudades donde confluyen miles de veraneantes”.

Sin embargo, cree que las estructuras de las redes mafiosas que allí operan “están encontrando cada vez más dificultades”.

Las campañas de denuncias penales, investigaciones y movilizaciones golpean fuerte a la mafia que esclaviza y trafica mujeres y niñas”, añade.

Desde La Casa del Encuentro, un espacio dedicado a la contención de mujeres sometidas a situaciones de violencia y explotación, afirman: “Tanto en la costa como en las ciudades turísticas del resto del país se ofrecen paquetes para viajeros del exterior en los cuales se incluye oferta sexual”.

En el mundo anualmente la trata de personas para esclavitud sexual mueve 32 mil millones de dólares. En nuestro país vemos cómo en lugares remotos se establecen hoteles cinco estrellas que son producto del lavado de dinero de la trata”, precisa la titular del organismo, Fabiana Túñez.

En el caso marplatense la campaña pública fue de gran utilidad. “Después de las denuncias logramos la sanción de dos importantes ordenanzas: la ley 18.789 prohíbe la habilitación de wisquerías, cabarets y otras formas de encubrir prostíbulos; la otra es la de Asistencia Integral a la Víctima de Trata”, sostiene Elías, quien se lamenta porque “eso no se está traduciendo en muchas víctimas rescatadas ni en causas judiciales” que se hayan iniciado.

El problema es legal y administrativo ya que, por motivos poco claros, no interviene la Justicia Federal, indispensable para que se procese a los proxenetas.

Vale destacar que en la ciudad balnearia, donde gracias al trabajo de La Alameda se eliminó la oferta prostibularia del principal diario de la región, más de veinte personas se encuentran procesadas por el delito de trata con fines de explotación sexual. Hay civiles, abogados y policías, lo que va dejando al descubierto un complejo entramado de complicidades entre las mafias y las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y judiciales.

En la actualidad, según coinciden las fuentes consultadas, las cifras son escalofriantes: existen al menos 600 mujeres y niñas desaparecidas por la trata de personas para la prostitución.

Las estadísticas oficiales, pertenecientes a la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, no varían demasiado. Se ha avanzado en la lucha, pero aún resta mucho para lograr que la prostitucion no sea un destino para ninguna persona”





Amenazan a Fernanda Gil Lozano por una causa con menores en un prostíbulo

5 12 2012

gil lozano

Desde la Alameda queremos hacer explicito nuestro repudio de las amenazas recibidas por Fernanda Gil Lozano, diputada con mandato cumplido, y acompañarla con todos nuestras fuerzas para que no se dejé intimidar ella y su familia por proxenetas y explotadores de niñas y mujeres.

Gil Lozano más allá de su labor parlamentaria viene acompañando con todas sus fuerzas a las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra las mafias de la trata de personas.

La amenaza recibida la sentimos como una amenaza a todos los que peleamos por un país sin trata sexual, laboral y esclavitud.  

La intimidación fue telefónica a  su celular y en su domicilio y vinculada a la nota publicada en la revista El Guardián, escrita por Mauro Federico, sobre una investigación de los circuitos ilegales de recaudación de la Policía Federal y el enriquecimiento de los funcionarios policiales. En el artículo mencionado se reproduce la transcripción de una escucha telefónica dispuesta por la Justicia a raíz de una denuncia que recayó en el Juzgado Federal Nº 5, secretaría 9, que investiga la Fiscalía Nº 12 a cargo de Patricio Evers. En esa transcripción dos oficiales de la policía comisaría 38 dicen que la entonces diputada Gil Lozano vio el “boliche” y “como esta semana hay quilombo con el tema trata en el Congreso y un montón de actos, avisales que saquen a las menores y las escondan arriba”. (sic)

Gil Lozano hoy presentó una denuncia en la Fiscalía N° 12 a raíz de
las amenazas recibidas.

Creemos que Fernanda Gil Lozano así como se defendió en la cámara de diputados ante las acusaciones amenazantes del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fastidiado por las denuncias ante organizaciones de Derechos Humanos internacionales por la trata de personas, así como acompañó en persona escraches a prostíbulos ya sea en Liniers, Once o Recoleta, y así como se solidarizó en pleno campo de Pilar con las familias traficadas y esclavizadas por la empresa avícola Nuestra Huella creemos que se mantendrá en la misma posición de no bajar los brazos para lograr un país sin trata, ni esclavos.





Desapareció por segunda vez en Caballito una menor de edad

4 12 2012

M Victoria

Este es un mail enviado por la periodista en Canal 26, Verónica Janowicz.

Mi sobrina política Vicky, María Victoria Colapaolo, que tiene 14 años desapareció el viernes 30 de noviembre alrededor de las 18 y 30 hs en Aranguren y Fragata Sarmiento, en el barrio de Caballito. Quedó muy mal después de lo que le pasó en el primer secuestro.

La última vez que la vieron vestía calza negra, zapatillas blancas, musculosa negra y un buzo azul de San Lorenzo.

María Victoria mide 1,60 metros, tiene pelo castaño, ojos pardos. Es de tez blanca y muy pecosa.
Cualquier información su mama se llama Karina Avalos y su celular es 15-6505-6548, 4611-5692. Por favor difundir. Muchísimas gracias





La cámara oculta por la venta de viviendas sociales para talleres textiles clandestinos

4 12 2012

Aquí la cámara oculta realizada por la Fundación Alameda que comprueba que algunas viviendas del complejo habitacional de Castañares y av. General Paz destinadas a los pobres terminan siendo vendidas para instalar talleres textiles clandestinos.

El complejo habitacional conocido como Padre Mugica está a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que terceriza su construcción en el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.





Hasta siempre querida compañera Verónica Ferrero

3 12 2012
La primera de la izquierda junto a Gustavo Vera

Verónica la primera de la izquierda junto a Gustavo Vera

 

Por Gustavo Vera

 

Se nos fue de repente y sin avisar el día de su cumpleaños, el sábado 1 de diciembre cuando cumplía 31. Una salud delicada, una aguda crisis asmática y un paro cardiorespitarorio se llevaron a nuestra querida y joven compañera Verónica Ferrero que había fundado a principios de año el primer grupo de la Alameda Córdoba. Nos enteramos en medio de un plenario en la Alameda de los trabajadores de SOHO que acababan de conseguir judicialmente la expulsión de la patronal por vaciamiento fraudulento y la total intervención de la firma. Verónica hubiera estado muy feliz por la noticia. Era una creativa diseñadora que lo que más le atraía de la Alameda era su perfil de lucha contra el trabajo esclavo en la industria de la indumentaria, la denuncia a las marcas que basaban su producción en talleres clandestinos y la formación de cooperativas y marcas libres de trabajo esclavo. Pese a que trabajaba muchas horas para ganarse el pan, siempre se daba un tiempo para investigar cuáles eran las zonas de la ciudad de Córdoba donde se explotaban costureros en talleres clandestinos y que marcas estaban involucradas.
Al poco tiempo de sumarse a la Alameda participó activamente de la polémica por la sanción de la ley antiprostìbularia en Córdoba que desató muchos debates. Sin dudar, Verónica defendió el cierre total de los prostíbulos, pese a la fuertísimo presión de algunos grupos que trataban de disfrazar esos antros de explotación como supuesto «trabajo sexual».

Simultáneamente comenzó a formar el primer grupo de compañeros de la regional, quienes se encargaron de investigar las condiciones de la industria de la indumentaria en la provincia y a la vez capacitarse en las leyes y derechos de los costureros. Así confirmamos que el 90 % de los talleres en esa ciudad eran clandestinos y que la mayoría de las victimas eran ciudadanos peruanos traídos con los mismos métodos de trata y engaño que los ciudadanos bolivianos a los talleres bonaerenses y porteños.
Todo esto lo hizo en muy pocos meses. En marzo de este año, me había enviado un mail que decía «Soy diseñadora de indumentaria y me gustaría poder armar en mi cuidad un grupo de trabajo similar a lo que hacen ustedes en capital. Honestamente no se por donde empezar, ni cómo organizarme, pero me parece vital que exista en cba un grupo de gente que denuncie a los  talleres ilegales, que asista a las víctimas, y que articule talleres  o cooperativas como mundo alameda para ofrecerles a los trabajadores costureros fuentes de trabajo digno, y demostrarle al pueblo cordobés  que se puede fabricar ropa sin explotar a nadie. Se que están sucediendo tantas injusticias en el mundo textil que llegó la hora de hablar y denunciar. Conozco hace algunos años el  trabajo que realizan ustedes y son una gran inspiración para mi».

La invité a que nos reunamos ese mismo mes para comenzar a trabajar y combinamos una reunión en Buenos Aires. En su mail de respuesta ya se notaba su genuina indignación con la explotación a los costureros y sus ganas de comenzar a construir una alternativa: «¡Muchas gracias por esta oportunidad! Tengo tantas ganas de trabajar y tanta bronca adentro acumulada por todo lo que esta pasando, que si  no fuera por cuestiones de trabajo viajaría esta misma noche!».

En los meses siguientes, pese a su juventud e inexperiencia se sobrepuso a los obstáculos y comenzó a formar la regional en Córdoba, reagrupando contactos, armando el primer grupo, difundiendo las denuncias de la Alameda, explorando los barrios donde se explotaban costureros y siempre pensando en cómo armar cooperativas y alternativas de trabajo digno para los costureros. Pocos días antes de la aguda crisis asmática final, Verónica planificaba entusiasmada como reagrupar diseñadores para el próximo cuarto lanzamiento mundial de la marca global y libre de trabajo esclavo, No Chains, impulsada por varias cooperativas. La noticia de su repentina muerte nos paralizó.

Donde quieras que estés ahora, quiero que sepas que te queremos y extrañamos mucho y que vamos a hacer honor a la justa indignación que sentiste por la explotación salvaje de los costureros en tu provincia. Y cuando la Alameda en Córdoba comience a florecer y los costureros empiecen a liberarse de sus cadenas, les contaremos que vos fuiste la que nos alertó y comenzó a generar las primeras iniciativas para terminar con el trabajo esclavo y la explotación de las marcas de indumentaria. Tu ejemplo será para nosotros una fuente de inspiración para continuar aquel trabajo que con tanto entusiasmo y pese a tantos obstáculos, comenzaste a recorrer.

Hasta siempre. Por un mundo sin esclavos, ni excluidos.





Punteros venden viviendas sociales para talleres clandestinos

2 12 2012

viviendas

La Fundación Alameda realizó una investigación con cámara oculta y posterior denuncia penal donde se comprueba que algunas de las viviendas del complejo habitacional de Castañares a cargo del IVC y tercerizada su contrucciòn en el programa Sueños Compartidos, destinada a los damnificados del incendio de Villa Cartón, se estarían vendiendo para instalar talleres textiles clandestinos.

Por Fundación Alameda. 

“El modus operandi que se pone de manifiesto en la videograbación estaría indicando la existencia de una organización criminal que tiene por objeto la comercialización de inmuebles destinados por ley a la promoción o fomento social de personas en estado de emergencia habitacional toda vez que esto no puede ser realizado en forma individual ni aprovechando descuidos de la administración”, señala un párrafo de de la denuncia penal realizada por el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, que el pasado jueves 22 de noviembre inició la causa 45.598/2012 a cargo del juzgado de Instrucción N° 21, Mauricio Adolfo Zamudio.

La denuncia refiere que existen “maniobras ilícitas en perjuicio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)” que llevarían adelante “funcionarios públicos en complicidad con dirigentes o líderes barriales de los denominados ‘punteros’ en la jerga política porteña”.

Betina Vota, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 38, deberá investigar lo denunciado por la Alameda a partir de la ratificación de la denuncia que será tomada por la secretaria Ángeles Gómez Magliorano.

La investigación de la Alameda comienza en el mes de octubre cuando se contactan con Ariel Bucca, puntero de la zona sur. Bucca junto a su mujer, Silvia Gancel, son quienes ofrecen vender el departamento que el hermano de Gancel, un tal Miguel, junto a una vecina adquirieron mintiendo en el censo que se hizo para adjudicar viviendas en el complejo de viviendas de Castañares.

En la propia cámara oculta reconocen que el departamento está a la venta desde hace varios meses y la impunidad con la que se pueden operar los talleres clandestinos: “ahí no te jode nadie”. Los “dueños” no quieren venderlo a menos de 80 mil pesos, ya que tienen que dividir la plata. Bucca lleva a recorrer su barrio, Ramón Carrillo, buscando al familiar que luego los lleva en auto hasta Castañares y General Paz. Recorriendo el barrio de Bucca, éste comenta que le están por asignar dos departamentos, uno para él y otro para su madre, y que los va a vender con todas las comodidades que el plan de vivienda entrega (muebles, cortinas, sabanas, cocina). Bucca asegura “para que los quiero si yo tengo mi casa”.

En el video se lo ve a Bucca en su casa y luego como contacta a los supuestos «compradores» con el dueño del departamento a vender. El supuesto “tallerista”, quien lleva la cámara, pregunta si en el complejo de viviendas se puede armar un taller clandestino con serigrafía. El dueño contesta que “sí” y después el propio Bucca reconoce que ya se instalaron talleres ilegales en el barrio.

Una vez en el auto, junto a Bucca, su esposa y el supuesto dueño del taller se detalla la modalidad para transferir la titularidad del inmueble. Esto se concretaría cuando el adjudicatario del plan de vivienda entrega al «comprador» la adjudicación que le dio el IVC. Después entre «comprador» y «vendedor «se firma un simple contrato de compra y venta y los nuevos “dueños” empiezan a pagar los impuestos del mismo y al cabo de un tiempo se presentan en el IVC para poder realizar la escritura a nombre del nuevo dueño.

“Las viviendas serían entregadas al I.V.C. a efectos de que se las adjudique en base a un listado de adjudicatarios que entregaría la Asociación Civil ‘Las Esperanzas de un Cambio’”, figura en la denuncia penal al dar cuenta de los convenios firmados con el Gobierno Nacional, porteño y la constructora del programa «Sueños Compartidos».

La cámara oculta muestra por dentro las viviendas construidas y en ese momento Bucca aprovecha para decir que existen departamentos en venta por 120 mil pesos. Y vuelve a insistir el puntero que no van a tener problemas y agrega que otros “paisanos tuyos” ya tienen talleres allì.

La denuncia penal de la Alameda se basa en la malversación de caudales públicos, un delito que consiste en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado, y por asociación ilícita de funcionarios con punteros en perjuicio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

La justicia deberá investigar cuántos de los damnificados han sido estafados, a los punteros y funcionarios implicados y la cantidad de talleres ilegales que se montaron allì.

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DENUNCIA PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN ALAMEDA. 

II. Hechos:

En virtud de que la “Fundación Alameda contra el Trabajo Esclavo” que presido inició una investigación acerca de la forma en que se instalan talleres clandestinos de costura en la Ciudad de Buenos Aires, se pudo tomar conocimiento de una serie de maniobras ilícitas en perjuicio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que evidentemente serían llevadas a cabo por funcionarios públicos en complicidad con dirigentes o líderes barriales de los denominados “punteros” en la jerga política porteña. La maniobra con la que habitualmente se sustraerían inmuebles del patrimonio público destinados a proveer de viviendas a personas con graves problemas económicos con la finalidad de ser desviados a una actividad comercial ilícita, no sujeta al control estatal, ha sido objeto de una videograbación la que se acompaña al presente y se ofrece como prueba.

Allí puede verse como tres individuos, presuntos adjudicatarios irregulares de las viviendas construidas en el barrio Castañares en virtud de un convenio entre la Fundación “Madres de Plaza de Mayo” y el IVC , ofrecen en “venta” por una apreciable suma de dinero, entre ochenta y ciento veinte mil pesos, inmuebles para que sean utilizados como talleres de costura, los que se encontrarían a resguardo de inspecciones de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de vinculaciones políticas tanto nacionales como locales. Esta operatoria sería bastante común porque en el video se puede apreciar que los “vendedores” no sólo indican las medidas que deben adoptar para acondicionar el inmueble a esos fines sino que además señalan el lugar donde estarían funcionando otros talleres en fincas de similares características.

Las personas que oficiarían de intermediarios en esa operación de “compraventa” de inmuebles serían Ariel Bucca y Silvia Gancel (T.E. 4613-3211) con domicilio en la casa n° 201 del Barrio Ramón Carrillo de la Ciudad de Buenos Aires. El señor Ariel Bucca se desempeñaría, además, como empleado del supermercado “Jumbo” de Villa Soldatti. La persona que sería presuntamente el adjudicatario de la vivienda que se ofrece en venta no fue posible identificarla.

III. Significación jurídica:

Considero que las conductas mencionadas se enmarcarían en la figura del peculado (art. 261 del C.P.) en virtud de que las referidas viviendas son bienes pertenecientes al estado de los que dispone, conforme lo establecido por la ley, un ente descentralizado, en este caso el IVC, para satisfacer fines de fomento o promoción social de sectores en situación de emergencia habitacional.

En efecto, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el organismo ejecutor de la ley 341, modificada por la ley 2204, ambas de la Ciudad. Según el Acta de Directorio n° 2204 del 23 de octubre de 2006 del IVC, se dispuso la ejecución del Programa de Autogestión para el Desarrollo del Habitat Popular” con el fin de garantizar todas las actividades programáticas que permitieran dar respuesta a las necesidades de los grupos sociales en situación crítica habitacional teniendo en cuenta su localización territorial y las características sociales específicas.

El 1 de junio de 2006 la Legislatura de la C.A.B.A. sancionó la ley n°1987[3], promulgada mediante el decreto n°823/06 del Poder Ejecutivo de la C.A.B.A.[4]. La norma dispuso la expropiación del predio sito entre la Av. Piedra Buena, Av. Castañares, Av. Gral Paz y Au. Luis Dellepiane, con destino a vivienda de los habitantes de “Villa Cartón”. Los destinatarios de las viviendas a construirse en el predio se encuentran en el censo obrante en el anexo 1 de la ley 1987.

El 8 de febrero de 2007 ocurrió un incendio en el asentimiento y arrasó con todo lo que se encontraba allí, tornándolo inhabitable. Ante tal desastre, todos los que vivían en “Villa Cartón” fueron trasladados transitoriamente al Parque Roca, donde fueron alojados en carpas mientras se construían las viviendas transitorias al fondo de dicho predio. Luego fueron mudados al Parque de la Ciudad, y tras la finalización de las obras, al Parque Roca nuevamente. Allí les otorgaron viviendas transitorias hasta tanto se solucionara de manera definitiva la situación habitacional.

El 27 de febrero de 2007, Sergio Schoklender se hizo presente en Parque Roca e hizo saber que tenía un plan para construir viviendas en el predio de Av. Cruz y Av. Varela para todos los afectados por el incendio que no habían cobrado subsidios.

El Arq. Freidin a la sazón presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) convocó a una reunión en la sede de su organismo, para instrumentar esa propuesta. Consideró necesario que se creara una asociación civil para la construcción de viviendas bajo el régimen de la Ley 341 de la C.A.B.A, con el fin de que posteriormente se realizara un convenio con la Asociación Madres de Plaza de Mayo para llevar adelante la construcción.El I.V.C. ya había suscripto con esa Fundación un Convenio de Asistencia Técnica y Cooperación Institucional el 18 de abril de 2007 para la construcción de estas viviendas. El proyecto de construcción de viviendas debería llevarse a cabo en el predio ubicado entre la Av. Piedra Buena, Av. Castañares, Av. Gral Paz y Au. Luis Dellepiane.

En virtud de ello se creó junto a varios vecinos la asociación civil “Las Esperanzas de un Cambio”.. El objeto de la asociación era promover la construcción de viviendas definitivas para los beneficiarios de la ley 1987. El 9 de octubre de 2007 se presentó el trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia, donde se lo registró bajo el n°1790.903/4001277.

El 21 de septiembre de 2007 se suscribió un convenio de asistencia financiera en el marco del “Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábitat Popular”, suscripto por el Arq. Claudio Freidin, Sergio Schoklender, y las autoridades de la asociación civil “Las Esperanzas de un Cambio”..

El objeto del convenio era que el I.V.C. brindara asistencia financiera para la construcción de las 220 viviendas que serían destinadas a las familias de “Villa Cartón” que no habían cobrado subsidios, en el predio sito en Av. Castañares y Av. General Paz. El IVC se comprometía a aportar a la asociación la suma total de veinticinco millones setecientos cuarenta mil pesos ($25.740.000), de los cuales veintidós millones setecientos noventa y dos mil pesos ($22.792.000) provendrían del Programa Plurianual de Construcción de Viviendas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Presidencia de la Nación, mientras que dos millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos ($2.948.000) serían aportados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -de acuerdo al Convenio de Asistencia y Cooperación Técnica y Cooperación Institucional suscripto el 18 de abril de 2007 entre el I.V.C. y la Fundación Madres de Plaza de Mayo-.

El modo de pago operaría de la siguiente manera: El I.V.C. transferiría a la asociación el monto antes estipulado del siguiente modo: 1. El 15% a modo de anticipo, una vez que fuera la aprobada la documentación técnica por el I.V.C. 2. El resto del dinero se transferiría mediante certificaciones mensuales que se emitirían acorde a los avances de la obra. El I.V.C. sería el encargado de controlar el cumplimiento del plan de trabajo y la curva de inversión.

La asociación “Las Esperanzas de un Cambio” sería la encargada de definir a la empresa constructora, en los términos de la Ley n°341. El I.V.C. impuso que fuera la Fundación Madres de Plaza de Mayo la que se encargara de la construcción de las obras porque el entonces Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, había firmado un convenio marco con esa entidad.

Es así que mediante la nota n°11.244/IVC/2007 se designó a la Asociación Madres de Plaza de Mayo como empresa constructora para llevar a cabo el proyecto de viviendas, representada en el Convenio por Sergio Schoklender, en su carácter de apoderado general de la fundación. A su vez la Fundación Madres de Plaza de Mayo se comprometía a integrar una póliza de caución a favor del I.V.C. por el 15% del valor total de la obra. Asimismo, la asociación cedía a la Fundación Madres de Plaza de Mayo el cobro de los anticipos financieros y de todos los certificados, de modo tal que la asociación no tendría injerencia alguna sobre el manejo de fondos.

Posteriormente, y en virtud de la transferencia de dinero que realizaría el IVC, los adjudicatarios de la entidad reintegrarían los gastos de construcción cada vivienda con una tasa de interés en un plazo de 30 años, en 360 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. El listado de beneficiarios sería presentado por la asociación junto con la anteúltima certificación, para que, culminadas las obras, se otorgaran las escrituras traslativas de dominio a cada una de las familias adjudicadas.

En síntesis, se trata de un convenio en el que el I.V.C. transfiere veinticinco millones setecientos cuarenta mil pesos ($25.740.000), provenientes del Estado Nacional y el Estado de la C.A.B.A, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de 220 viviendas en el predio de Av. Castañares y Av. General Paz, mediante la intervención de la asociación “Las Esperanzas en Cambio”. La asociación contrata a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para que lleve adelante la obra, en virtud de las disposiciones de la Ley n°341, siendo la Fundación Madres de Plaza de Mayo la encargada de cobrar las correspondientes partidas financieras. Finalizadas las obras, los adjudicatarios deberían restituir en un plazo máximo de treinta años los fondos utilizados para la construcción de sus viviendas con la correspondiente tasa de interés. La adjudicación de beneficiarios se realizaría mediante una nómina brindada por la asociación, y posteriormente se otorgarían las correspondientes escrituras traslativas de dominio. El 4 de octubre de 2007 el referido convenio fue registrado por el Presidente del IVC, Arq. Claudio Freidin.

El 4 de septiembre de 2007 se suscribió una addenda al Convenio de Asistencia Técnica y Cooperación que fuera oportunamente suscripto por el IVC y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el que se adicionó el desarrollo de programas de vivienda por un total de 560 viviendas destinadas a los grupos familiares ubicados en los asentamientos: “Barrio Bermejo” (80 viviendas), “Barrio Obrero” (60 viviendas), “Villa 19” (200 viviendas), y “Villa 21-24” (220 viviendas). Este convenio fue registrado mediante la nota 10.689/IVC/07, firmada por el Arq. Claudio Freidin.

Un nuevo convenio de fecha 26 de marzo de 2008. El documento da cuenta de un acuerdo celebrado entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la Asociación Civil “Las Esperanzas de un Cambio”[5]. Tiene las firmas de Luis Alberto Rafael Bontempo –Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno Nacional- , Sergio Schoklender, Roberto Apelbaum –nuevo director del I.V.C, designado por el Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, ya las autoridades de la asociación civil “Las Esperanzas de un Cambio”.

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda había incluido las obras correspondientes a la construcción de un total de 780 viviendas en el marco del Programa Plurianual de Construcción de Viviendas de esa Subsecretaría. Esas 780 viviendas incluían a las 220 del convenio originario, y se le sumaban 560 nuevas viviendas[6], y todas ellas serían construidas en el predio de Av. Castañares y Av. Gral Paz.

En cuanto a las disposiciones del convenio, se estableció que tanto el I.V.C. como la Fundación Madres de Plaza de Mayo rescindían de mutuo acuerdo los convenios suscriptos entre ellos de fecha 18 de abril de 2007 y del 8 de noviembre de 2007; el IVC y la Subsecretaría rescindían el convenio celebrado el 15 de agosto de 2007; y el I.V.C, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la Asociación Civil “Las Esperanzas de un Cambio” el convenio suscripto el 21 de septiembre de 2007 por las 220 viviendas destinadas a los vecinos de Villa Cartón.

A su vez, la Fundación de Madres de Plaza de Mayo -de manera autónoma y directa, sin que mediara la Asociación Civil “Las Esperanzas de un Cambio”- se comprometía a la construcción de las 780 viviendas en el predio de Av. Castañares y Av. General Paz.

El costo total de la obra se preveía en la suma de ciento cincuenta y un millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos con setenta y seis centavos ($151.944.695,76), fondos que provendrían de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El pago se efectuaría por intermedio del I.V.C, con un primer pago del 15% y el resto a contra entrega de certificaciones mensuales de avance de la obra.

Las viviendas serían entregadas al I.V.C. a efectos de que se las adjudique en base a un listado de adjudicatarios que entregaría la Asociación Civil “Las Esperanzas de un Cambio”.

Conforme surge de las actuaciones de redeterminación de precios del I.V.C, NOT-6076-IVC-2011-0-0, iniciadas el 23 de mayo de 2011 al monto inicial previsto para llevar adelante la obra de las 780 viviendas se agregaron cuarenta y un millones ciento diecinueve mil ochocientos cinco pesos con veinticinco centavos ($41.119.805,25) en el marco del Convenio Marco del Programa Plurianual de Construcción de Viviendas del Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. En la resolución n°6742 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 29 de abril de 2011, que se encuentra agregada a las copias antes referidas, se hace expresa alusión al convenio celebrado el 26 de marzo de 2008, y se estipula expresamente que la reactualización financiera se basa directamente en lo dispuesto en ese convenio. El convenio posee plena vigencia y es la base sobre la cual se opera actualmente para la construcción de viviendas en el predio de Av. Castañares y Av. General Paz.

En cuanto a las adjudicaciones, parte de ellas fueron realizadas por vía judicial, por orden del Juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado C.AyT n°2, en el marco de los autos caratulados “Martínez María Ester y otros c/ Instituto de Vivienda de la CABA y otros s/ procesos incidentales”

Como puede verse a partir de este breve relato, en el caso concreto de autos se estarían sustrayendo viviendas cuya administración y custodia están en manos del IVC , y, en vez de ser destinadas al objeto previsto en la ley, serían entregadas a terceros con otros propósitos de naturaleza espuria. En este sentido, el verbo sustraer descripto en el tipo penal del art. 261 del Código de fondo, remite a la idea de que el objeto es separado o apartado de la esfera de la administración pública en la que legalmente se encuentra. Implica poner las viviendas fuera del alcance de la custodia en la que fueron colocadas para un fin determinado (Cfr. Andrés José D´Alessio “ Código Penal de la Nación-Comentado y Anotado” Tomo II, pág. 1298, Ed. La Ley, 2009 y Edgardo Alberto Donna “Derecho Penal- Parte Especial” Tomo III, pág. 320, Rubinzal Culzoni Editores 2008). Entiendo que resulta, además, de aplicación a los fines de considerar las viviendas de marras como efectos públicos la doctrina “de la pertenencia” establecida por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación in re “Fendrich, Mario César s/recurso de casación” fallada el 20 de agosto de 1997. En este aspecto también corresponde traer a colación la opinión del Dr. Edgardo Alberto Donna “Derecho Penal- Parte Especial” Tomo III, págs. 300/301, Rubinzal Culzoni Editores, 2008 que adhiere junto con otros autores a la referida posición doctrinal.

Por último, no puedo menos que señalar que esta clase de hechos y el modus operandi que se pone de manifiesto en la videograbación estaría indicando la existencia de una organización criminal que tiene por objeto la comercialización de inmuebles destinados por ley a la promoción o fomento social de personas en estado de emergencia habitacional toda vez que esto no puede ser realizado e forma individual ni aprovechando descuidos de la administración.

IV. Petitorio

Por todo lo expuesto, solicito que

1º) Me tenga por presentado, por constituido el domicilio en el lugar indicado más arriba.

2º) Se reciba la prueba aportada y la que se aportará al momento de la ratificación de la presente.

3º) Se proceda de conformidad con lo establecido en los arts. 194, 195 y concordantes del C.P.P.N .

Proveerlo así,

SERÁ JUSTICIA

 








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