Anticipándose a la movilización de la Alameda del día de hoy, la viuda del fundador de Nuestra Huella S.A., Leticia Esther García de Luaces, se presentó este martes 28 para la indagatoria en el Juzgado Federal de Campana. Mientras que la presidenta de la empresa avícola con sede en Pilar, Alejandra López Camelo, la prima del intendente Humberto Zuccaro, y la subdirectora, Ivana Peressa, postergaron su indagatoria para pasado mañana, o sea este viernes 1 de julio.
La dueña de la empresa argumentó en la indagatoria circunscripta solo al uso de agrotóxicos, que es solo accionista y que las decisiones operativas las delega en la presidenta de Nuestra Huella López Camelo -pariente del intendente de Pilar y cuñada del secretario general de la sección Pilar de UATRE, Jorge Herrera- y en la subdirectora Peressa.
El abogado de la Alameda, Pablo Sernani, aseguró que por el contrario en el expediente el juez Adrián González Charvay “acreditó la responsabilidad de Leticia en el fallecimiento de Ezequiel Ferreyra y la utilización de agroquímicos. Ella argumenta que no conoce porque es accionista. Pero ella es la única dueña. Por eso pagó multas de un millón de pesos al ministerio de Trabajo y a la AFIP. En la causa fueron encontrados recipientes con agrotóxicos, no existían carteles para prevenir su manipulación y dos informes médicos evidencia su uso en las granjas”.
Pese a la postergación de las indagatorias a López Camelo y Peressa, los costureros de la Alameda junto a los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), movilizaron hasta Campana para reclamar en la puerta del juzgado de González Charvay que no iban a seguir aceptando que no se investigue el delito de trata de personas que quedo acreditado en la primer causa de abril 2008, como en el informe presentado por el INADI y el realizado por la relatora especial de las Naciones Unidas que presentó a fines de mayo ante la asamblea general en Ginebra el testimonio de los trabajadores que fueron víctimas de la trata y el engaño para luego ser sometidos a extensas jornadas laborales todos los días de la semana.
“El juez no puede seguir mirando para otro lado. Acá nuestros abogados han hecho muchos esfuerzos y ya presentaron toda la documentación que demuestra la trata de personas, el trabajo infantil y la esclavitud de las familias. Así que González Charvay se tiene que dejar de joder. Que unifique todas las causas de Nuestra Huella. Para luego procesar y meter en la cárcel a estas criminales que mataron a nuestro pibe Ezequiel Ferreyra”, sostuvo Juan Grabois militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Además La Alameda como querellante mediante el trabajador y delegado gremial, Agustín Navarro Farias, presentó dos petitorios al juez González Charvay.
Una de las notas va en el sentido de resguardar a los trabajadores y sus hijos en sus viviendas dentro de las granjas, frenando así los intentos de desalojo por la empresa.
El segundo petitorio es para que se investigue la pista del delito de trata de personas y se profundice su investigación ya que las indagatorias a las empresarias no incluyen la violación a la ley de trata de personas, que quedo demostrado en el propio expediente judicial por el dictamen elaborado por el INADI, organismo que depende del ministerio de justicia nacional.
Para mayor elemento de prueba se presentó el informe de las Naciones Unidas sobre la situación de trata de personas en nuestro país, presentado el 24 de mayo en la Asamblea General de la ONU, donde queda establecido el rol de la empresa Nuestra Huella S.A. en el delito de tráfico de personas como declaró Oscar Taboada ante la Relatora Especial de trata de personas, la abogada nigeriana Joy Ngozi Ezeilo.
El informe lapidario de la relatora por trata de Naciones Unidas, que no incluye la muerte de Ezequiel Ferreyra ya que visitó nuestro país en septiembre del año pasado, se asegura “que la empresa opera con impunidad ya que su propietario está relacionado con las autoridades locales” esto pese a la cantidad de pruebas sobre el trabajo esclavo e infantil.
La descripción de la relatora es muy clara: “la industria avícola también ha recurrido a la utilización de trabajadores migrantes irregulares, a veces en condiciones de trabajo forzoso. Las investigaciones llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales probaron la existencia de trabajo infantil y esclavitud en 30 granjas propiedad de una compañía (por Nuestra Huella), que comercializa en grandes supermercados en Argentina y también exporta a la Unión Europea. Se dice que la empresa opera con impunidad, ya que su propietario está relacionado con las autoridades locales. En cuanto a las labores agrícolas, las familias son a veces reclutadas en su totalidad, aunque sólo el jefe de la familia recibe el pago, se fomenta el trabajo de toda la familia para aumentar la productividad. Al parecer, los niños también se utilizan en la cosecha de la cebolla, el ajo y las zanahorias”.
A su vez la Relatora Especial recuerda en el informe la historia desgarradora de Oscar Taboada, “un sobreviviente de explotación laboral de nacionalidad boliviana, que se vio obligado a trabajar de 16 a 17 horas al día en una granja avícola localizada en la provincia de Buenos Aires. Oscar y su familia trabajaron todos los días de la semana y no se les permitió salir de la granja, que estaba vallada por un cerco eléctrico. Ni siquiera cuando sus hijos estaban enfermos o lastimados se le permitió a Oscar buscar asistencia médica fuera de la granja. Oscar explicó cómo el propietario de la granja forzó a su esposa e hijos pequeños para ayudar a recoger los huevos, mientras que él debía limpiar el excremento de las aves. El trabajo en la granja también involucra el manejo de plaguicidas y otros productos químicos tóxicos sin contar con el entrenamiento o instrumentos adecuados. Según los informes, incluso los niños pequeños estuvieron involucrados en estas tareas. Debido al contacto con productos químicos y las terribles condiciones de trabajo, la esposa de Oscar sufrió un aborto involuntario y otra mujer experimentó una muerte fetal”.
Las naciones del mundo -y se espera que sea tenido en cuenta por el juez González Charvay y el fiscal Bosca- saben por el informe de la relatora que en Nuestra Huella S.A. “cada vez que los trabajadores intentaron quejarse o amenazaron con acudir a las autoridades, el propietario de la granja les reprochaba que sus reivindicaciones no serían tomadas en serio, porque eran sólo migrantes indocumentados y que él estaba bien conectado con las autoridades”.
Finalmente, cuando Oscar tuvo el valor para quejarse de su situación, fue despedido de la granja, sin recibir los pagos pendientes o compensación alguna. “Oscar explicó que, cuando los trabajadores agrícolas bolivianos fueron reclutados, se les ofrecieron buenas condiciones de trabajo, vivienda gratuita y salarios que oscilaban entre los 1.000 y 2.000 pesos. Sin embargo, una vez en la Argentina, se les pagaba unos 800 pesos y se los obligaba a trabajar en condiciones semejantes a la esclavitud”.
La relatora Ngozi Ezeilo estuvo en nuestro país entre el 6 y 11 de septiembre y que en esa oportunidad visitó La Alameda dos veces para interiorizarse por nuestras denuncias penales y poder entrevistar a las víctimas de las redes mafiosas que trafican personas para luego someterlas a la esclavitud, ya sea en el campo, la industria textil o prostíbulos.
CONTACTO: Néstor Escudero: 15 6880 3964 / Juan Grabois: 15 6384 3877
