Festival solidario para una costurera

19 02 2011


En La Alameda, Av. Directorio 3998, hoy sábado 19 de febrero desde las 20:30 hs. hasta las 0 hs. Para ayudar a la costurera de la Alameda Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes del incendio del taller de Luis Viale en 2006. Lourdes se está recuperando de una operación y no puede trabajar en la cooperativa ni cobra subsidio, es por eso que los invitamos a éste evento solidario.

MÚSICA, BAILE, SORTEOS. Bufet a precios populares: COMIDAS TÍPICAS DE BOLIVIA – PIZZAS.





Clausuraron “La Posada” y las víctimas en las garras de los proxenetas

16 02 2011


“Le vamos a retirar la habilitación al bar nocturno La Posada. Anoche lo clausuramos y la idea es proceder como se debe ante las reiteradas denuncias”, sostuvo el intendente Gustavo Pulti después de la inspección y clausura del prostíbulo que desde la mañana de ayer venía siendo señalado en casi todos los noticieros televisivos nacionales de contar con protección de la intendencia y dos jueces federales, Rodolfo Pradas y Alejandro Castellanos.

“Es evidente que estos tipos proceden como se debe cuando les respira en la nuca”, dijo Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, después de conocer la noticia de la clausura.

Un canal de televisión marplatense mostró las imágenes de las mujeres retiradas del prostíbulo “La Posada”. Por información que recibió la Alameda, la Dirección de la Mujer entrevistó a un total de 20 víctimas. Todas ellas tenían las mismas respuestas obviamente armada por sus propios esclavistas. ”Estamos por nuestra voluntad”.

Ninguna menor edad y todas con su documentación al momento de la inspección. Las veinte mujeres dieron el mismo domicilio de residencia y ninguna aceptó la asistencia ofrecida por la municipalidad.

Hoy las mujeres explotadas sexualmente retomaron al mismo ambiente de sometimiento y con sus mismos victimarios. La intendencia de Mar del Plata no tiene refugio para recibirlas. Tampoco fueron a inspeccionar el Hotel “Paraíso”, ni siquiera la casa donde están las mujeres cuando las sacan de “La Posada”. Tampoco se detuvo a ninguno de los rufianes.

Sin ninguno de los esclavistas presos, sin si quiere darle una real asistencia como se pretende que las mujeres declaren la verdad. Suicidas no son. Todas las víctimas de trata prefieren el infierno que conocen a quedar en la calle encima habiendo declarado contra la mafia.

Desde la Alameda conocemos el proceder de las mafias. A las mujeres que tienen sometidas las amenazan con atacar a su familia. Ellos saben precisamente donde viven. Ya que las redes de trata las trajeron a la Argentina desde sus pueblos en Paraguay. Además de la reducción a deuda en que las mantienen. Vale recordar que en el video de la cámara oculta, la chica decía que paga dos mil pesos por la residencia. Cuando este trámite es gratuito.

En el video elaborado por La Alameda y entregados a los jueces federales, Castellanos y Pradas, salió a la luz que todas las mujeres eran llevadas y traídas del prostíbulo a la casa de la mafia en 20 de Septiembre y avenida Independencia. En esta misma situación siguen ellas. Esto seguirá ocurriendo si la justicia y el poder político no se decide actuar con el total de sus fuerzas y romper así con el negocio del comercio de mujeres y niñas.

El video de la cámara oculta dentro del prostíbulo “La Posada” fue lapidario. Demostró la esclavitud de las mujeres. No salían solas. Todas vivían juntas. Son sometidas durante toda la noche en un hotel “Paraíso” lindero a “La Posada”. Sus familiares en Paraguay no saben dónde están realmente. Además la someten con deudas al punto de pagar dos mil pesos por un trámite de documentación gratuito.

La investigación por parte de la Alameda, además de la denuncia, junto con la movilización tanto en Mar del Plata como en Capital Federal llevaron al escándalo mediático de repercusiones nacionales, y hasta internacionales con varias publicaciones en Paraguay y otros países de América Latina.

Tras el escrache y la clausura simbólica había un rumor sobre el allanamiento que se realizaría efectivamente al prostíbulo ubicado en la calle 11 de Septiembre 3030, en el barrio La Perla. De hecho la propia intendencia de Gustavo Pulti pidió una reunión con los miembros de la Fundación Alameda presentes en la ciudad balnearia.

Gustavo Vera, presidente de la Alameda, y Mario Ganora, abogado penalista y vicepresidente de la entidad denunciante, llegaron a la casa de gobierno para tener una breve reunión que solicitó en nombre del intendente, Mario Ciano, Secretario de Gobierno.

En esa entrevista se le señaló al funcionario enviado por Pulti que se necesitan hechos no palabras. Que debía producirse de manera inmediata el allanamiento y la clausura con la posterior asistencia a las mujeres, según ordena una ordenanza en vigencia y reglamentada hace dos semanas.

La Alameda no va a caer en la trampa de la foto con el funcionario para lavar sus culpas. Queremos rescate y asistencia a las víctimas. Que se apliquen las ordenanzas votadas por unanimidad. Queremos que se aplique la ley y los jueces acepten la investigación de la fiscalía federal. Porque no puede dejar a las víctimas en manos de los proxenetas que siguen con impunidad usando el Hotel Paraíso y la casa donde refugian a las mujeres.





Madres, Abuelas, APDH y Multisectorial de Mujeres en el escrache a “La Posada”

16 02 2011

Por primera vez se unieron en un escrache a un prostíbulo donde se esclavizan mujeres La Alameda con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Multisectorial de las Mujeres. Eso ocurrió ayer en la clausura simbólica a “La Posada”.

Los funcionarios policiales, judiciales y políticos involucrados en la última genocida dictadura militar son los mismos que avalan y protegen el genocido con las mujeres y niñas de la trata de personas. Por los derechos humanos de ayer y hoy. Un mundo sin esclavos.

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http://www.elretratodehoy.com.ar/ver_nota.asp?cod=13778

Madres y Abuelas de Playa de Mayo también se hicieron presentes en la manifestación en contra del prostíbulo “La Posada”, aunque prefirieron estar al margen de la pegatina de la faja de clausura del lugar. “No quisimos poner la faja porque no nos corresponde. Si vamos a apoyar siempre. Nos han contado están reclutando chicas en contra de su voluntad y eso nos parece espantoso”, agregó Angelita.
No obstante, Angelita, una de las presentes, en diálogo con “el Retrato…”, manifestó que “nos hicimos presentes para apoyar la marchar. Nosotros muchas averiguaciones no hemos hechos, pero por lo que nos han contado están reclutando chicas en contra de su voluntad y eso nos parece espantoso. La persona que quiere trabajar en ese oficio que lo haga, pero no que sea obligada”.
“Fue llamado nuestro grupo de apoyo que está muy interiorizado sobre estas cosas. A mí siempre que me llaman me pregunto qué harían nuestros hijos. Seguramente ellos apoyarían, porque estarían en la lucha”, afirmó.





Escrachamos al prostíbulo “La Posada” en Mar del Plata y en Bs.As. marchamos

15 02 2011

Hoy al mediodía desde Mar del Plata y al mismo tiempo en Capital Federal, La Alameda junto a organizaciones cartoneras como la cooperativa El Álamo y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) dejamos en evidencia al prostíbulo de Mar del Plata donde son esclavizadas mujeres gracias al encubrimiento del poder político local, a través del intendente Gustavo Pulti, y el poder judicial, por los jueces Alejandro Castellanos y Rodofol Pradas.

La trata de mujeres desde Paraguay hacia los prostíbulos de Mar del Plata, y puntualmente “La Posada”, viene siendo denunciada ante la justicia por la Alameda hace un año. Hoy volvimos a hacer público un nuevo video registrado dentro del prostíbulo porque las pruebas judiciales que aportamos, además del video los testimonios, no son tenidas en cuenta por los jueces federales marplatenses.


Tanto Pradas como Castellanos rechazaron el allanamiento al prostíbulo donde se esclavizan 23 mujeres. El rechazó de los magistrados va contra la investigación de la propia fiscalía local.

No obteniendo justicia es que decidimos hacerla. Por ello en el día de hoy en Mar del Plata, junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Multisectorial de la Mujer y la agrupación HIJOS, escrachamos el prostíbulo y le pusimos la faja de clausura simbólica. “Este símbolo de la explotación humana y monumento a la impunidad es: CLAUSURADO por todos aquellos que luchamos por un mundo sin esclavos”.

Mientras el escrache y clausura sucedía en la ciudad balnearia, en Capital Federal La Alameda con los cartoneros cooperativizados fuimos hasta la Casa de Mar del Plata. Allí presentamos una carta dirigida al intendente Gustavo Pulti. La recibió el director de la Casa de Mar del Plata, Nino Ramella. El reclamo presentado al titular del gobierno marplatense es la aplicación de la ordenanza que hace caducar las falsas habilitaciones de bares y whiskerias con que se camuflan los ilegales prostíbulos. Esta ordenanza fue sancionada por unanimidad en el Consejo de Deliberantes local. Queremos que sea aplicada en el caso de “La Posada” y que no sea habilitada como intentó hacerlo el intendente Gustavo Pulti.





Cámara oculta al prostíbulo “La Posada” de Mar del Plata

15 02 2011

Los jueces federal de Mar del Plata Alejandro Castellanos y Rodolfo Pradas se negaron allanar el prostíbulo “La Posada” donde 23 mujeres y niñas que fueron traficadas de Paraguay se encuentran esclavizadas. Ante la falta de justicia nos movilizamos en Mar del Plata y Capital Federal. En la ciudad balnearia concentramos en la Plaza España a las 11 hs para ir hacia el prostíbulo “La Posada” a fin de la clausura popular. También en Buenos Aires, a las 12 hs en la Casa de Mar del Plata (Avda de Mayo al 1248) la Alameda y el MTE exigirán a la intendencia local que cumpla con la disposición votada el año pasado y clausure definitivamente la Posada.





En Mar del Plata los jueces federales encubren la esclavitud sexual

15 02 2011


Hoy se realizará una movilización en Mar del Plata que parte de la Plaza España a las 11 hs hacia el prostíbulo “La Posada” a fin de proceder a su clausura popular, ante la impunidad de la que goza en la justicia. También en Buenos Aires, a las 12 hs en la Casa de Mar del Plata (Avda de Mayo al 1200) la Alameda y el MTE exigirán a la intendencia local que cumpla con la disposición votada el año pasado y clausure definitivamente la Posada.

Por copia del video de la cámara oculta registrada en el interior del prostíbulo “La Posada” los medios periodísticos pueden acercase a La Alameda, ubicada en Directorio 3998, barrio PArque Avellaneda, Capital Federal. Sino por internet se puede acceder a través de nuestro canal Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=AkN6OZO9s7c

COMUNICADO Y DENUNCIA PENAL
Los jueces federales marplatenses encubren la esclavitud sexual


FOTO: Juez Alejandro Castellanos uno de los jueces que encubre a la mafia proxeneta


FOTO: Juez Rodolfo Pradas el primero en negar el allanamiento a “La Posada”

El poder político y judicial marplatense encubre la trata de mujeres y la esclavitud sexual. En Mar del Plata La Fundación Alameda comprobó el encubrimiento que hacen hombres claves del poder ejecutivo y judicial a la mafia que trafica mujeres y niñas desde Paraguay para la explotación sexual en el prostíbulo de elite “La Posada”. Aseguramos que existe encumbramiento de dos jueces federales porque hemos iniciado hace ya un año una investigación sobre el prostíbulo “La Posada”, propiedad de Juan Carlos Mottillo, un proxeneta cercano a la liga de rematadores. De esa causa iniciada en enero de 2010 aportamos filmaciones con cámaras ocultas y testimonios con identidad reservada. Hace menos de un mes volvimos a ampliar la denuncia con una filmación con cámara oculta dentro de “La Posada” y testimonios. Hasta la propia fiscalía pudo interceptar comprometedoras escuchas telefónicas en el prostíbulo.
Sin importar las lapidarias pruebas aportadas por La Alameda, que fueron obtenidas poniendo en riesgo nuestra propiedad seguridad, el juez federal Rodolfo Pradas rechazó el pedido de la fiscalía de allanar el prostíbulo. Las cuantiosas pruebas fueron ratificadas por una investigación de los propios fiscales. Ello sin importar tampoco al segundo magistrado marplatense. Esta vez fue el joven juez federal Alejandro Castellanos quien se negó a cumplir la ley y así enfrentar con el código penal a la mafia de “La Posada”.
Las pruebas que en sus manos tuvieron tanto el juez Pradas y después Castellanos fueron recolectadas dentro de este prostíbulo de elite que se ubica en el barrio residencial La Perla exactamente en 30 de Septiembre 3030, entre Catamarca y La Rioja, y que funciona en complicidad con un hotel lindero “El Paraíso”, todo ello en la misma cuadra donde vive el obispo católico de la ciudad.
En el prostíbulo “La Posada”, según constató la investigación de la Fundación Alameda y ratificó la fiscalía, se comprobó que son traficadas y explotadas sexualmente al punto de la reducción a la servidumbre mediante deuda 23 mujeres y niñas, traficadas desde distintos puntos de la República Paraguay. Una de las mujeres reconoció la presencia asidua de policías al prostíbulo. Que durante toda la noche son sometidas a la explotación sexual y que luego son trasladadas en taxis todas juntas a otra casa ubicada en la calle 20 de Septiembre hacia la avenida Independencia.
El mecanismo de la ganancia del proxeneta Juan Carlos Mottillo es quedarse con el 50 por ciento de lo facturado por las bebidas como por el llamado pase al cuarto. Explica la mujer en el video las tarifas: 30 minuto a 120 pesos. 60 minutos 240 pesos. Más los obligados 60 pesos por usar el hotel. “El delibery” de mujeres, o sea a domicilio, asciende a 350 pesos la hora.
En el video la propia mujer reconoce que le cobran un monto exorbitado de 2.000 pesos por el trámite de la documentación que es gratuito.
“La Posada” pese haber sido allanado por la justicia en causas por extorsión, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita –en el 2002 quedaron detenidos varios policías en connivencia con el prostíbulo- sigue funcionando en una descarada impunidad.
Al punto que el propio intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, intentó legalizar el prostíbulo “La Posada” encubriéndolo con la habilitación bar, yendo en contra de la ley nacional 12.331 que prohíbe explícitamente la explotación sexual y las casas de tolerancia. El intendente Pulti dio marcha atrás con su intento de habilitación de “La Posada” porque constató el escándalo que se avecinaba sobre él. Pero a confesión de partes relevó de pruebas. Él intentó legalizar la ilegalidad y hasta el día de hoy no ha retirado una sola farsa habilitación de los ilegales comercios donde se esclavizan mujeres y niñas.
Ante tamaña impunidad, la Alameda ha resuelto difundir parte de las filmaciones que prueban contundentemente la trata y la explotación sexual en la Posada y convocar para este martes 15 a las 11 hs en Independencia y España en Mar del Plata a las organizaciones de Derechos Humanos y sociales a fin de movilizarnos hacia La Posada para proceder a clausurar simbólicamente el lugar que los poderosos no quieren cerrar.
Simultáneamente, en Buenos Aires, la Alameda y el MTE marcharan también a las 12 del mediodía a la Casa de Mar del Plata para exigir que se cumpla la ordenanza que establece el cierre de cabarets y wiskerias en la ciudad que esconden en realidad redes de trata y proxenetismo.
Todos los medios tendrán acceso a las imágenes registradas en ese prostíbulo y a la última denuncia penal presentada. Que el pueblo juzgue a los jueces que no quieren juzgar.

Teléfonos:
Patricia Gordón 0223-154988997
Silvina 0223-155250326
Gustavo Vera 011-1561584835

AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA

Señor Fiscal

Gustavo Javier Vera, con domicilio en Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo el domicilio constituido dice:

I) Objeto

Por el presente, viene a ampliar las denuncias formuladas a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 116, 117, 120 de la ley 25.871; 126, 127, 140, 145 bis C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables del local denominado “ Café La Posada” sito en la calle 11 de Septiembre 3024 de la Ciudad de Mar del Plata integrante junto con el “Hotel Paraíso”, sito en la calle 11 de Septiembre 3030, de la red de prostitución que opera en esta Ciudad. Esta denuncia abarca también a sus eventuales cómplices y encubridores.

Sin perjuicio de lo expuesto, forma parte inescindible del objeto esta denuncia la petición de medidas concretas de protección y asistencia social de las presuntas víctimas de esos delitos las que pueden ser privados del lugar en que viven, y de sus escasos medios de subsistencia sino se adoptan los recaudos necesarios con la urgencia que el caso amerita para impedir que se vean en una situación de desamparo generada a partir de la intervención de la Justicia. En ese sentido corresponde exigirle al Estado que se haga cargo de la protección de esas personas en los términos de los arts. 6, 7, 8 y 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por ley 25.632 y de los arts. 6 y concordantes de la ley 26.364. De acuerdo con el referido Protocolo y la ley 26.36 el Estado tiene el deber de prestar en estos casos la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización.

II) Hechos.

A raíz de haber tomado conocimiento por denuncias formulada a la “Fundación La Alameda” del funcionamiento de un prostíbulo de gran envergadura que cuenta con el apoyo de funcionarios de la municipalidad de Mar del Plata y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estas estructuras del gobierno provincial y municipal son las que permiten que opere este local con total impunidad y a la vista de todo el mundo.

El voluntariado de la Fundación realizó la pertinente investigación y filmación del modus operandi del referido prostíbulo que opera en connivencia con el Hotel Paraíso sito en la calle 11 de Septiembre 3030. También llevó a cabo una entrevista con una de las mujeres sujetas a explotación sexual en forma encubierta y simulando que se pretendía una relación sexual a cambio de dinero. La entrevista fue filmada y está contenida en la videograbación que se entrega como elemento de prueba.

De la investigación realizada surge nítidamente que se trata de un local de diversión nocturna que opera a cara descubierta con letreros de neón que indica el nombre comercial del establecimiento. El ingreso al local se realiza previo pago de una entrada. El encargado de vigilar la entrada y de cobrar las entradas informa a los clientes el precio de los tragos (entre los veinte y los cincuenta pesos) y de los servicios sexuales que prestan las mujeres que en número de quince allí trabajan. Estos precios de las consumiciones no corresponden a la realidad por cuanto son mucho mayores (setenta pesos la botella de cerveza). Una vez que el cliente paga la entrada, selecciona una mujer del staff que está en el lugar. Se muestran las chicas personalmente y el “cliente” las elige y ellas son las que informan acerca de las tarifas. Los precios son los siguientes: ciento veinte pesos la media hora y doscientos cuarenta la hora. El “pase” se realiza en el Hotel Paraíso que cobra sesenta pesos. Tanto el local “Café La Posada” como el hotel serían propiedad del mismo dueño. El prostíbulo funcionaría desde las 21.30 hasta las 5 horas del día siguiente dependiendo del número de clientes.

Las mujeres que allí ejercen el meretricio habrían sido en su totalidad reclutadas en la República del Paraguay y provendrían de las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. El propietario del local y del hotel tendría contactos en dichas ciudades paraguayas que son las que reclutan a las meretrices. Estas mujeres una vez arribadas a la Ciudad de Mar del Plata son presuntamente alojadas en una casa también de propiedad del dueño del prostíbulo ubicada en la calle 20 de Septiembre hacia la Avda. Independencia. De esta casa serían trasladas en taxi al prostíbulo o hacia los domicilios de los clientes que contratarían con el proxeneta el servicio sexual con la modalidad del “delivery”. En este caso la tarifa sería del orden de trescientos cincuenta pesos ($350) la hora. Este servicio de taxis para el traslado de las mujeres sería abonado por el dueño del prostíbulo. Es de destacar que existiría también un tráfico importante relativo a la tramitación de las “residencias precarias”, paso previo a la obtención de la documentación. En la entrevista grabada surge que se paga una suma del orden de los dos mil pesos ($2.000) para la obtención de la residencia precaria, lo que está en abierta violación de la ley 25.871 que no admite esos trámites.

Resulta de particular importancia el relato de las mujeres acerca de la relación existente entre la policía y el dueño del establecimiento. La policía pese a tener conocimiento de que es un prostíbulo no procede de conformidad con las disposiciones de la ley 12.331 (arts. 15 y 17) sino que se limita a preguntar si se trafican estupefacientes o si hay menores. Surge del relato que muchas veces consumen los servicios del meretricio.

III) Significación jurídica

IIIa). La violación de las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331. La interpretación de las referidas disposiciones a la luz de los tratados internacionales en materia de Derechos humanos

La denuncia formulada versa, en primer lugar, sobre el funcionamiento de un prostíbulo en violación de disposiciones de ley 12.331 (arts. 15 y 17).

El art. 15 de la ley 12.331 establece que “Queda prohibido en toda la República Argentina el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella.

El art. 17 de la ley establece que “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible encubiertamente casas de tolerancia serán castigados con una multa de doce mil quinientos pesos ($12.500) a veinticinco mil pesos ($25.000). En caso de reincidencia, sufrirán prisión de uno (1) a tres (3) años, la que no podrá aplicarse en calidad condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización la pena tendrá la accesoria de pérdida de carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena, expulsión que se aplicará, asimismo si el penado fuese extranjero”.

El decreto reglamentario nº 102.466/37 dispone que cualquier autoridad nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarla a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los casos elevar los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la aplicación de las sanciones que establece el art. 17 de la ley.

Corresponde, en consecuencia, poner en conocimiento de la Justicia la denuncia y los testimonios aportados a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artes. 15 y 17 de la ley 12.331.

La Ley nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario en todo el territorio de la nación tuvo también como objetivo la protección de la mujer en su libertad y dignidad humanas. El ejercicio de la prostitución a título personal sin autorización estatal dejó de ser delito. El criterio abolicionista que la inspira trata, en definitiva, de liberar a la mujer que se dedica a este menester de sus explotadores y la deja libre sin más obligaciones que tratarse si está enferma y la de respetar el decoro público.

El criterio abolicionista de la ley 12.331 está en consonancia con los tratados internacionales ratificados por nuestro país. En este sentido cabe traer aquí a colación los siguientes instrumentos internacionales:
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohibe la trata de mujeres en todas sus formas y la equipara a la servidumbre (art. 6º inc. 1).
• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 6º).
• La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (ratificada por Ley nº 11.925) que establece expresamente que: “Artículo 1 Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Artículo 2 Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”. Hay que destacar que el art. 6º de la referida Convención determina que “Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”.
• El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificado por Ley nº 25.632). Este tratado dispone: “Artículo 2. Finalidad: Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr esos fines. Artículo 3. Definiciones: Para los fines del presente Protocolo: a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años”.

Estos tratados internacionales y la doctrina sobre los que se basan le han otorgado una nueva significación a la antigua Ley nº 12.331.

En efecto, el tema en cuestión está relacionado no sólo con la lucha contra la discriminación contra la mujer sino además con la que se lleva a cabo contra las formas contemporáneas de la esclavitud. También está relacionado con la protección de los niños contra la explotación sexual (art. 34 de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la trata de personas (“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, ratificado por ley 25.632).

Todas estas cuestiones han sido objeto de instrucciones a los fiscales por parte de la Procuración General de la Nación (Res. 99/2009) y de estudios doctrinales (ver “Nuevo escenario en la lucha contra la trata de personas en la Argentina, págs 59/75, publicado por la OIM y el Ministerio de Justicia de la Nación).

IIIb) La violación de las disposiciones de los arts. 140 y 145 bis C.P. La interpretación de sus disposiciones a la luz de los tratados internacionales en materia de Derechos humanos

De ahí que, a raíz de lo expuesto precedentemente y frente a la existencia de prostíbulos como el que se denuncia en el caso de autos, corresponde investigar la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 140 del Código Penal.

El art. 140 del C.P. establece que “Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres (3) a quince (15) años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”.

La Constitución Nacional al momento de organizar la República Argentina abolió la antigua esclavitud (art. 15) y estableció que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley (art. 17) de tal manera que también proscribió las costumbres y prácticas que significaban la sujeción de hecho de las personas. Sin embargo, a mediados del siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX existieron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina prácticas de esa naturaleza las que, a pesar de las buenas intenciones de la Ley Fundamental, prosiguieron funcionando hasta que se consolidó el avance de una legislación social que repudió la explotación del hombre por el hombre. La forma en que está redactada la figura del art. 140 C.P. no es demasiado precisa, constituyendo un tipo demasiado abierto que se presta, de acuerdo con la voluntad del intérprete, a un excesivo rigor y al empleo de la analogía en violación al principio de legalidad, o por el contrario a un excesivo celo garantista que deja impunes a crímenes gravísimos en contra de los bienes jurídicos de la libertad y la dignidad humanas.
Por fortuna existen tratados internacionales ratificados por nuestro país, cuya jerarquía es superior a la del derecho interno (art. 75 inc. 22 C.N.), que definen con precisión el concepto de servidumbre permitiendo cerrar el tipo legal.

Con referencia a la definición de las prácticas análogas a la servidumbre cabe traer a colación los siguientes conceptos:

La prostitución organizada, es decir, la que se lleva a cabo en las llamadas casas de tolerancia donde las mujeres son explotadas por el o los proxenetas que regentean los establecimientos está comprendida en estas prácticas análogas a la esclavitud. En efecto, tanto las disposiciones de los tratados con jerarquía constitucional ya mencionados más arriba (arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), como la doctrina de los organismos internacionales encargados de la protección de los Derechos Humanos la consideran como una forma contemporánea de esclavitud. En este sentido y dicho sea de paso, vale la pena reseñar que con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el día 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”(Resolución nº 317 (IV) del día 2 de diciembre de 1949).

En este sentido también resulta de particular interés la interpretación que le ha dado al fenómeno la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo forzoso está prohibido no sólo en los arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8, inc. 3 apartado a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sino además en el Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930 (n° 29 ) y el Convenio sobre la abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (n° 105) ambos de la Organización Internacional del Trabajo. El concepto de trabajo forzoso está definido en el art. 2 del Convenio n° 29 de la OIT. Este lo define como “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual el individuo no se ofrece voluntariamente”. El art. 25 del referido Convenio estipula que “El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales, y todo Miembro que ratifique el presente convenio tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente”.

Desde que entró en vigor el Convenio n° 29, la Comisión de Expertos de la OIT viene considerando la trata de personas con fines de explotación sexual comercial como una forma de trabajo forzoso. A estos efectos, se entiende por explotación sexual comercial la que implica la utilización o el hecho de ofrecer una persona para la prostitución o la producción de pornografía recurriendo a la fuerza o a la coacción y/o con fines de lucro financiero o material. Los expertos de la OIT entienden que aunque algunas personas adultas han decidido libremente trabajar en la prostitución o en la pornografía, en muchos otros casos se les obliga a prostituirse mediante el engaño, la violencia y/o la servidumbre por deudas. Con frecuencia son víctimas de la trata y se las somete a un trabajo forzoso en condiciones similares a la esclavitud, y son propiedad virtual de sus proxenetas sin posibilidad alguna de escoger a sus clientes, el número de los mismos, los actos realizados o las horas “trabajadas”.

En los documentos de la OIT (“Trata de seres humanos y Trabajo forzoso como forma de explotación. Guía sobre la legislación y su aplicación”, pág 25) se señala que el Tribunal Europeo de Justicia abordó el tema del trabajo forzoso en el caso de seis prostitutas de países de Europa central y oriental, deseosas de ejercer el derecho de entrada al país, residencia y trabajo por cuenta propia en los Países Bajos. El Tribunal Europeo de Justicia entendió que con arreglo a la legislación e la Unión Europea, las prostitutas para no ser consideradas en situación de trabajo forzoso debían prestar servicios:
• Al margen de toda relación de subordinación en lo tocante a la elección de esa actividad, de las condiciones de trabajo y de remuneración,
• Siendo responsable de ello,
• A cambio de una remuneración que se le abona directa y plenamente

Esto no es precisamente el caso de la actividad que se desarrolla en el prostíbulo que aquí se denuncia.

Es evidente que del material fílmico aportado surge claramente la situación de subordinación de las mujeres cuya prostitución se explota además de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. En efecto, se trata de personas que han ingresado a un país extranjero a ejercer una actividad económica fuera del marco establecido en los arts. 21, 22, 23, 24, 51, 52 y 53 de la Ley Nacional de Migraciones y con riesgo de ser expulsadas de comprobarse la naturaleza de su menester a raíz de lo dispuesto en el art. 29 inc. h de la referida ley. Esa situación de vulnerabilidad unida a los apremios económicos incrementados por el sistema de exacciones y controles a los que se ven sometidas por los proxenetas constituye una limitación real y concreta a la autodeterminación. A esto debe sumarse la exhibición permanente de la cordial relación entre los proxenetas y fuerzas de seguridad cuyos integrantes reciben los servicios sexuales.

El art. 145 bis del C.P. reprime con al que “captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación” con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años. La pena se agrava cuando las víctimas fueran más de tres o cuando los autores fueran más de tres y hubieran actuado en forma organizada.

IIIc) La violación de las disposiciones de los arts. 126 y 127 C.P.

La conducta del o de los propietarios, así como las de sus cómplices serían susceptibles de enmarcarse también en otras disposiciones del C.P. En efecto, por tratarse de un prostíbulo de las características detalladas cabe considerar que existen circunstancias que permiten afirmar la existencia de un ambiente intimidación o coerción, de aprovechamiento de una relación de dependencia y de poder para el mantenimiento de esa clase de actividad. Rufianes capaces de desarrollar, en un local abierto al público en plena ciudad, una actividad manifiestamente ilícita ante la vista y paciencia de las autoridades, que, además, disponen de personal de seguridad capaz de imponer el orden en un ambiente propio del hampa y que, asimismo, pueden hacer alarde de una relación de complicidad con funcionarios policiales y del municipio son lo suficientemente temibles para que un puñado de mujeres jóvenes y socialmente vulnerables se vean doblegadas y se avengan, entre otras cosas, a aceptar las relaciones carnales promiscuas. El tipo del art. 126 respecto de las mayores de dieciocho años resulta aplicable en la especie.

Por otra parte el referido prostíbulo tiene como propósito evidente la explotación económica de la prostitución por lo que también resultaría de aplicación lo dispuesto en el art. 127 C.P. Valdría también aquí lo dicho con referencia al abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia y de poder que aparece claramente en el relato de las víctimas y de las personas que abusaron de ellas para completar los elementos objetivos del tipo.

IIId) La violación de las normas penales contempladas en la Ley Nacional de Migraciones

Esto último reviste particular gravedad atento lo dispuesto en los arts. 116, 117 y 120 de la Ley de Migraciones (25.871). En este sentido la Ley 25.871 prevé dos tipos penales diferentes:

“ARTICULO 116. – Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina.
“Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”.
“ARTICULO 117. – Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”.
A su vez, la ley de Migraciones (25.871) contempla formas agravadas de estos tipos delictivos cuando determina que:
“ARTICULO 120. – Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias:
a) Si se hiciere de ello una actividad habitual;
b) Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”.
En el caso concreto de autos el o los dueños del prostíbulo no sólo habrían promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su prostitución sino que además habría promovido o facilitado su permanencia ilegal mediante su ocultación con el propósito de realizar una actividad ilícita en sus establecimiento con fines de lucro y contando con el apoyo de funcionarios policiales y del municipio. Esta conducta habría, además, sido habitual, dado el tiempo y la cantidad de personas involucradas.
IV) Prueba
Acompaño como prueba la siguiente:
Un disco compacto correspondiente a la videograbación realizada mediante la cámara oculta.

V) Petitorio
Por todo lo expuesto, solicito:
1. Se tenga por presentada la presente denuncia;
2. Se tenga por ofrecida e incorporada la prueba;
3. Se aplique a los denunciantes y víctimas de estos delitos las medidas de protección contempladas en los arts. 6, 7, 8 y 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por ley 25.632 y 6 y concordantes de la ley 26.364.

Tener presente. Será Justicia,





El juez federal de Campana le teme a las dueñas de Nuestra Huella S.A.

14 02 2011

Un juez que teme a Nuestra Huella S.A.
Domingo 13 de febrero de 2011. Por Lucas Schaerer

El juez federal Adrián González Charvay se niega a unificar las causas por reducción a la servidumbre y explotación infantil contra la empresa, involucrada en el deceso de un chico de seis años

El poder es impunidad. Esto queda claro en el caso de la mayor empresa productora y exportadora de huevos en Argentina. Es que la impunidad de la empresa Nuestra Huella S.A. denunciada por trata de personas, esclavitud y explotación de niños no termina de desmoronarse. No pudo ni siquiera el escándalo nacional por la muerte de un niño de seis años, Ezequiel Ferreyra, filmado cuando tenía cuatro años recolectando huevos en un inmenso galpón con miles de gallinas, pisando descalzo el guano de las aves y reconociendo él mismo que manipulaba veneno.
Miradas al Sur supo por el abogado penalista de las víctimas explotadas en las granjas avícolas de Pilar, provincia de Buenos Aires, que los dueños de Nuestra Huella jamás fueron llamados a indagatoria. María Esther García de Luaces, su hija Luz Luaces y Alejandra López Camelo nunca dieron explicaciones en la Justicia. El actuar en su empresa fue registrado en reiterados allanamientos –el primero en el 2008– y hasta por cámaras ocultas realizadas por la Fundación Alameda desde agosto 2008, y sucesivamente en el 2009 y 2010.
Asimismo Mario Ganora, que representa la querella del trabajador y delegado gremial Agustín Navarro Farías, comentó que se presentaron medidas al juez donde tramita la causa iniciada por violación a la leyes de trata de personas y régimen de residuos peligrosos. En el escrito presentado por el abogado de la víctima se solicita unificar causas paralelas que recopilan cuantiosa pruebas. El juez se niega. Puntualmente se solicitó al juzgado federal N° 2 de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dar vista de los expedientes contra Nuestra Huella que tramitan en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°2 por reducción a la servidumbre y explotación infantil.
“Transcurrido el tiempo y el estado de alerta de la empresa es muy difícil que en los últimos allanamientos surjan pruebas contundentes”, dice Carlos Beizhun, otro de los abogados de la Fundación Alameda que asesora a los trabajadores de las granjas. “La escena de los delitos hoy está modificada; por eso estamos solicitando el expediente con los primeros allanamientos. La próxima semana presentaremos otro nuevo escrito para ver vista de los expedientes paralelos.” Quedó registrado en filmaciones –que este medio ya difundió– que los allanamientos son avisados con varios días de anticipación. Entonces retiran a los chicos de los galpones, se colocan ropa de trabajo y esconden los agrotóxicos.
El primer allanamiento a Nuestra Huella ocurrió el 16 de abril de 2008 en la localidad de Capilla del Señor, ubicada en el departamento de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar. La Justicia descubrió en ese momento que alrededor de 30 personas, entre ellas 20 niños, trabajaban en situación de servidumbre y bajo condiciones insalubres. Durante el allanamiento, el fiscal de Zárate-Campana Juan José Maraggi confirmó que la productora y proveedora de huevos “electrificaba el perímetro por la noche” para que nadie saliera ni entrara; que en cada galpón trabajaba “de 7 a 21 hs. todo un grupo familiar, incluso niños de cinco a diez años”, y que cada familia –siete en total– cobraba 800 pesos.
Justamente las pruebas recolectadas por el fiscal Maraggi –entre ellas el peritaje de Gendarmería por anfetaminas que la empresa daba a los trabajadores para acelerar y mantener sus tareas– son las que el juzgado federal N° 2 rechaza unificar con su causa. Respecto a la trata existen testimonios que demuestran la metodología de captación por parte de la empresa. “Vos venís de Paraguay o Bolivia, entonces la empresa te dice que traigas gente de allá y por eso te pagan más”, expresó Oscar Taboada, el primer trabajador que denunció a Nuestra Huella y que luego fue despedido.
Las dos causas laborales por reincorporación de Navarro Farías y Taboada, como por sus esposas, también son solicitadas para que sean vistas por el juzgado federal N° 2 de Campana. El primer trabajador fue echado por recorrer las granjas haciendo activismo sindical. Su causa avanzó y según el abogado laboralista con oficina en Pilar, Pablo Sernani, tiene confirmado por un tribunal de Cámara el regreso a su puesto laboral en la granja La Escondida, si fuera necesario hasta con la fuerza pública. Según expresó el propio trabajador a este medio, la Justicia mandó a la policía bonaerense del Parque Industrial a efectivizar la reincorporación “pero pasa que son los mismos policías que reciben los maples de huevos todas las semanas. Así que dudo que cumplan con la orden”, contó el joven paraguayo Agustín Navarro Farías.
También el abogado querellante solicitó al juez González Charvay estudios sobre el agua y el suelo en las granjas. Lo hizo amparándose en la ley de residuos peligrosos que penaliza a quien utilizando residuos que “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. En el artículo 55 se agrega que “si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión”. Esther García de Luaces, su hija Luz y la presidenta de Nuestra Huella Alejandra López Camelo conocían muy bien a Ezequiel Ferreyra. El nene falleció el 16 de noviembre cuando fue recluido en el Centro Gallego, un sanatorio con convenio con la patronal.
Para que no cante el gallo. Desde la avanzada de La Alameda que forzó algunas actuaciones de la Justicia, el pánico se apoderó de las empresarias. Ellas quieren evitar que más trabajadores cuenten en Tribunales las condiciones laborales y se unan a los pocos trabajadores que vienen denunciando y organizándose gremialmente en la agrupación Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (Utga). Por eso, las primeras medidas que tomaron fue pagar los sueldos a las madres de familia (hasta entonces trabajaba toda la familia cobrando sólo el padre) y arreglar las viviendas de los trabajadores que están en las mismas granjas. Para los chicos, desde la Navidad y el fin de año de 2009 empezaron a hacer regalos, y hasta alquilaron un pelotero inflable.
Pero con la muerte de Ezequiel, la empresa se volcó con especial dedicación para acallar las voces de denuncia, y sobre todo de los familiares directos de Ezequiel. Para ello acompañaron el velorio y el cortejo fúnebre, además de haber recluido a Ezequiel en el Centro Gallego y –a casi un mes de su fallecimiento– haber pagado un asado. Oscar Taboada y María Garzón observaron la llegada de los cajones de cerveza y una ostentosa parrillada. “La madre y el padrastro de Ezequiel estaban con Zeferino Vieira (el capataz de la granja), uno de los gerentes de Nuestra Huella, César, y el abogado Seone dándose una panzada. Además le compraron un auto cero kilómetro”, relató Taboada, despedido pero con un amparo para vivir en la casa.
Eso no fue todo. La empresa montó en diciembre una farsa de entrevista televisiva con el padrastro de Ezequiel, Darío, en la puerta de su vivienda en la granja La Mimosa III. La filmación fue subida a Youtube. Allí Darío desmiente que Ezequiel trabajara, además salió en defensa de la empresa Nuestra Huella S.A y llegó hasta a agradecer a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. “La gente de Uatre estuvo espectacular.” Vale recordar que Jorge Herrera, secretario general de Uatre Pilar, es el cuñado de la presidente de la empresa, Alejandra López Camelo, que a su vez es prima hermana del intendente local, Humberto Zúccaro.
• Incautación de bienes
La Alameda propuso al gobernador Daniel Scioli un proyecto de ley y reforma al Código Procesal bonaerense para incautar los bienes de las empresas que esclavicen o exploten niños. Esta medida fue copiada de la legislación italiana. En el país europeo se creó por ley un ente autárquico que administra y monitorea los bienes confiscados por el Estado a los grupos mafiosos. Esto permite que se preserven los puestos laborales de empresas con origen mafioso, por ejemplo cementeras o hasta fincas en el campo, y que mediante cooperativas sean administradas en forma mixta con los gobiernos locales. El gobernador bonaerense desde diciembre que no responde la iniciativa presentada en la Casa de la Provincia en Capital Federal. Una iniciativa similar fue la incautación de bienes a un fabricante textil esclavista. El juez federal Sergio Torres allanó un taller clandestino y a diferencias de los anteriores fallos determinó que las maquinas sean entregadas en comodato, hasta tanto concluya el proceso judicial, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Esto permitió que varias cooperativas encabezadas por La Alameda presionaran al Gobierno de la Ciudad para la compra de un predio. Hace poco más de un año funciona en Barracas, Melgar 46, el Centro Demostrativo de Indumentaria, más conocido como Polo Textil, con capacidad para 200 costureros liberados de la industria textil esclava.








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